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Afrodescendientes garífunas
Ofraneh
Las comunidades Garífunas de Honduras se encuentran a punto de desaparecer, ante las estratagemas jurídicas cocinadas desde el Congreso Nacional y la apatía del Ministerio Público en la aplicación de las leyes nacionales y convenios internacionales suscritos.
Desde inicios de la década de los años 90, comenzó un proceso de titulación de las comunidades Garífunas en Honduras, en el cual se excluyó el hábitat funcional de las comunidades, recociendo exclusivamente sus cascos urbanos en los títulos comunitarios emitidos por el Instituto Nacional Agrario (INA).
Con la emisión de la Ley de Municipalidades en el año 1992, se inició la ampliación de sus cascos urbanos, en los que cuales fueron incorporadas varias comunidades Garífunas. Amparados en dicha ley, a partir de esa fecha se vienen emitiendo a foráneos certificaciones sobre tierras comunitarias.
La piñata efectuada por la Municipalidad de Tela con los territorios de las comunidades Garifunas de la Bahía de Tela, se ha convertido en un despojo a favor de la elite de poder nacional en detrimento especialmente de Triunfo de la Cruz y San Juan Tela. Ante las múltiples demandas de Triunfo de la Cruz Existen un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se reflejan claramente las arbitrariedades cometidas por la Municipalidad de Tela.
En el año 2003, el Banco Mundial (BM) promovió la Ley de propiedad, aprobada en el 2004. Posteriormente el Banco financió el Proyecto de Administración de Tierras de Honduras (PATH). La OFRANEH efectuó en el 2003, una consulta comunitaria en la cual se rechazó el borrador de dicha Ley propuesta por el gobierno. Posteriormente en el 2006, nuestra organización se abocó al Panel Inspección del Banco Mundial, ante la violación de las directrices operativas del banco en relación al Proyecto PATH.
Para el 2007 el Panel del BM presentó su informe final en relación a la petición presentada por OFRANEH, donde señaló que el Estado de Honduras había violado el Convenio 169 de la OIT en relación al derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas, ademas de señalar una serie de inconsistencias por parte de la gerencia del BM en Honduras.
Mientras tanto a lo largo del territorio Garífuna se venían dando usurpaciones, alentadas en su mayoría por empresarios turísticos, que veían en las playas y comunidades Garífunas oportunidades para supuestos proyectos. Desde la Bahía de Tela hasta la Bahía de Trujillo se dieron una avalancha de compras y ventas ilegales, donde las municipalidades y el mismo INA se encontraban involucrados.
Pero es con el golpe de Estado del año 2009 cuando se incrementan los despojos. El caso más simbólico es la Bahía de Trujillo, en donde el empresario canadiense Randy Jurgenson, conocido como el Rey del Porno, logró adquirir a través de amenazas de Expropiación Forzosa la comunidad Garífuna de Río Negro, la que fue posteriormente demolida para la construcción de un muelle de cruceros panamax. De forma previa el Rey del Porno logró hacerse de las montañas circundantes a las comunidades de Guadalupe y Santa Fe, para la construcción de villas de lujo destinadas al mercado extranjero.
A raíz de la emisión de la Ley de regiones Especiales para el Desarrollo (RED) se intensifica las ventas ilegales en las comunidades de los municipios de Iriona y Walumugu, zona donde elementos asociados al crimen organizado vienen controlando el área ante la ingobernabilidad existente. Una de las zonas más volátiles es el paraje conocido como Vallecito y las empresas asociativas Garifunas, las que fueron invadidas en mas de un 70%.
En fecha reciente, el pueblo Garifuna se movilizó a Vallecito, Colón, a exigir una remedición prometida durante años por el INA. Tras dos semanas de espera en el lugar, donde se escuchaba de forma constante como ambientación ráfagas de armas de alto calibre, finalmente hizo presencia el Ministerio Público y la Policía Preventiva, para poder así lograr entrar en el predio invadido.
Mientras tanto, miembros de las comunidades Garífunas, acompañados por OFRANEH, han presentado más de doscientas denuncias ante el Ministerio Público, en relación a despojos, usurpaciones y ventas ilegales de tierras que se encuentran dentro de los territorios comprendidos en los títulos comunitarios emitidos por el INA.
Desafortunadamente ninguna de las denuncias se les ha dado el trámite correspondiente por parte de la Fiscalía. Si mucho se extienden requerimientos o citaciones que en la mayoría de los casos desatienden los citados. La actitud asumida por la Fiscalía ha erosionado entre nuestro pueblo, la fe en el sistema de justicia, contribuyendo de esta forma a la percepción existente de Honduras como estado fallido.
En la actualidad la OFRANEH acompaña tres casos y varias peticiones ante la CIDH. Esta situación es producto de las perpetuas violaciones a los derechos territoriales y humanos del pueblo Garífuna. A pesar de las estratagemas del Estado para prolongar el agotamiento de los recursos internos, la CIDH ha admitido los casos que se encuentran a punto de pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La disolución de los títulos comunitarios Garífunas que ha venido gestando el Estado desde inicios de la década pasada, y la cual hemos denunciado hasta la saciedad, parece ser que esta a punto de concretarse como parte del despojo anunciado en el marco de las Ciudades Fletadas.
En una reunión efectuada el cinco de julio del presente año en el INA, el abogado de esa institución, el Sr. Roy Murillo, recalcó que la Ley de propiedad y su estatuto, pueden ser utilizados para diluir los títulos comunitarios y de esta forma inducir el fenómeno dominó de ventas de tierra, tal como sucedió en la desaparecida comunidad de Río Negro, inducida por Rey del Porno acompañado por el Alcalde de Trujillo, utilizando la Ley de Expropiación Forzosa de 1913.
Ante la situación y los despojos masivos que padecemos los Garífunas, no nos queda más que señalar la ilegalidad del Capitulo III de la Ley de propiedad, y remarcar la indolencia del Ministerio Público, el que si bien existe, es inoperante.