Clajadep :: Red de divulgación e intercambios sobre autonomía y poder popular

Imprimir

Los oscuros laberintos del militarismo y la megaminería en América Latina

Clajadep :: 18.07.13

militarismo y megaminería en América Latina, la comercialización de los llamados bienes comunes (agua y recursos naturales) y la resistencia campesina e indígena a los grandes proyectos de extracción minera

9 preguntas frecuentes sobre militarismo y megaminería en América Latina
por Laboratorio de Paz (Venezuela)
Miércoles, 17 de Julio de 2013 04:19

9 preguntas frecuentes sobre militarismo y megaminería en América Latina
la comercialización de los llamados bienes comunes (agua y recursos naturales) y la resistencia campesina e indígena a los grandes proyectos de extracción minera

Fuente: El Libertario

1) ¿Por qué es importante hablar sobre los proyectos mineros hoy en América Latina?

Cualquiera que tenga interés sobre las principales causas de conflictividad que involucra a los movimientos sociales actuales en América latina podrá constatar que son generadas alrededor de dos temas relacionados: la comercialización de los llamados bienes comunes (agua y recursos naturales) y la resistencia campesina e indígena a los grandes proyectos de extracción minera

Un rápido vistazo regional lo revela: En Bolivia la iniciativa gubernamental de construir una carretera que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ha generado un importante rechazo popular. En Cajamarca, Perú, fueron asesinados por lo menos 4 manifestantes que repudiaban el Proyecto Conga, de la minera canadiense Newmont Mining Corporation. En Argentina las convocatorias han relacionado la denuncia de la aprobación de una ley antiterrorista con la exigencia de Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Leyde Inversiones Mineras. En Ecuador la presión ciudadana logró que el Estado haya sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber violado el derecho a la consulta previa en el caso de la promoción de proyectos extractivos dentro del territorio Sarayaku, además del juicio abierto contra Chevron por la generación de pasivos ambientales producto de su actividad dentro del país. En Guatemala diferentes comunidades indígenas alegan inconstitucionalidad de la Ley de Minería, el decreto 48-97. En Venezuela los pueblos indígenas Pemón, Wayuu y Barí exigen la demarcación de sus tierras rechazando el aumento de explotación de carbón. En todos estos países la movilización en contra ha generado políticas estatales de criminalización de la protesta.

La globalización económica actual exige a los países de América Latina continuar cumpliendo el rol de proveedores seguros de recursos naturales y energéticos al mercado mundial, independientemente del signo ideológico de sus gobiernos. 5 organizaciones indígenas de la región (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI; Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI; Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Conamaq; Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, Conacami) difundieron en marzo del 2012 un manifiesto en el que afirmaban: “Los gobiernos abiertamente neoliberales y los llamados alternativos o progresistas coinciden en insistir en el capitalismo neoliberal extractivista que saquea y depreda la Madre Tierra, vulnera los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y criminaliza a sus líderes, autoridades y dirigentes”.

2) Los países de América Latina están promoviendo mecanismos propios de integración, como el ALBA y el Mercosur. ¿Esto no es bueno para combatir el capitalismo globalizado?

Todos los procesos de integración regionales adelantados hoy en América Latina tienen como primer objetivo la integración de los mercados nacionales para competir, en mejores condiciones, en el mercado internacional. Sin embargo, no es el ALBA o Mercosur el más importante modelo de integración regional en desarrollo en la actualidad, sino la llamada Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un proyecto que abarca las áreas de transporte, energía y telecomunicaciones con la finalidad de promover las oportunidades comerciales en el territorio sudamericano, entendido como un gran mercado, construyendo grandes obras de ingeniería que permitan mejorar y aumentar la capacidad de exportación de recursos naturales y energéticos.

3) ¿Cuándo nació la IIRSA y quienes la financian?

Esta iniciativa se originó en la Reunión de Presidentes de América del Sur en agosto del año 2000 en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil. Fue el Presidente Fernando Henrique Cardoso quien promovió la invitación a conformar un foro de discusión sobre un futuro espacio económico de integración sudamericana, proponiendo la coordinación macroeconómica necesaria “con vistas a la ampliación de la infraestructura física de integración”. En esa reunión la IIRSA fue aprobada por 12 presidentes sudamericanos. Tanto la coordinación técnica como su funcionamiento se delegó a tres bancos: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Además del papel activo en el financiamiento de los estudios y proyectos relacionados con IIRSA, estas instituciones financieras han facilitado y promocionado la participación del sector privado.

4) ¿Cuáles son los intereses promovidos por la IIRSA?

En sintonía con la globalización económica, el objetivo de aumentar el flujo de capitales se encuentra por encima de promover el flujo de las personas y la integración de los pueblos. Los ejes económicos pertenecen a los grandes complejos de extracción de recursos naturales (sectores: mineros, agroindustriales –básicamente monocultivos transgénicos-, forestales, etc.) y/o de prestación de servicios (megaobras, transporte, energía eléctrica, gas, agua, etc.).

5) El IIRSA también habla de “integración” latinoamericana. ¿En qué consiste?

La visión “integracionista” del IIRSA está compuesta por 10 ejes que trascienden las fronteras nacionales con la finalidad de “apoyar” las cadenas productivas empresariales y sirven como base para la armonización de los sistemas regulatorios entre los países latinoamericanos. Los ejes son el instrumento fundamental de la iniciativa IIRSA para lograr sus objetivos de desarrollo. Los 10 ejes de integración definidos son los siguientes: 1) Eje Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela); 2) Eje Andino del Sur (Chile, Argentina); 3) Eje de Capricornio (chile, Argentina, Paraguay, Brasil); 4) Eje del Amazonas (Colombia, Ecuador, Perú, Brasil); 5) Eje del Escudo Guayanés (Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam); 6) Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Paraguay, Argentina, Uruguay); 7) Eje Interoceánico Central (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú); 8) Eje MERCOSUR-Chile (Chile, Argentina, Uruguay, Brasil); 9) Eje Perú-Brasil-Bolivia; 10) Eje del Sur (Argentina, Chile).

6) De qué manera afectan los proyectos extractivos al medio ambiente en América Latina?

América del Sur ha alcanzado altísimos grados de modificación de sus ambientes naturales. Un estudio realizado en el año 2010 ubicó al Brasil en el primer lugar, entre 228 países, por sus impactos ambientales absolutos encima de los Estados Unidos y Brasil. Esa ubicación se debe a su alta tasa de pérdida de boques, deterioro de hábitats naturales, alto número de especies amenazadas y uso intensivo de fertilizantes. Entre los veinte primeros países con los más altos niveles de impacto ambiental a nivel global, también se encuentran Perú, Argentina y Colombia. Las principales causas del deterioro ambiental en América del Sur son la altísima tasa de deforestación de bosques, al avance de la frontera agropecuaria (incluyendo ganadería y agricultura) y a un extractivismo depredador, desde la explotación minera y petrolera, hasta el avance de los monocultivos.

7) ¿De qué manera contribuye América Latina al cambio climático?

Según los estudios la contribución de Sudamérica al total de emisiones globales de CO2 es un 3,11%. El mayor contribuyente de la región es Brasil que se ubica en el lugar 17 en el rango mundial. Si se consideran las emisiones por habitante el mayor contribuyente es Venezuela que se ubica en el puesto 55 del rango mundial. Por otra parte las emisiones de gases de efecto invernadero de Sudamérica consideradas en su conjunto representaron más del 11% de las emisiones totales mundiales. A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo en América del Sur no es el consumo de energía, sino las altas tasas de deforestación y la actividad agropecuaria las responsables de los grandes volúmenes de emisiones.

8) ¿Cuál es la relación entre el militarismo y el extractivismo en América Latina?

El escritor uruguayo Raúl Zibechi ha asegurado que “No hay extractivismo, no hay minería, no hay soja, no hay monocultivos sin militarización de la sociedad… Esto no es que sea un error, la militarización, es parte de modelo. No hay minería a cielo abierto, mega minería sin militarismo”. En cada uno de los países los yacimientos de petróleo, gas, carbón, diamante, oro, bauxita y el resto de los minerales destinados a la exportación se encuentran vigilados por los ejércitos nacionales, por lo que a quienes enfrentan las comunidades indígenas y campesinas en resistencia es a funcionarios de las fuerzas armadas.

9) ¿Existe una relación entre los gastos militares y el desarrollo de proyectos extractivos en la región?

Como lo demuestran las cifras del SIPRI, América latina es una de las regiones del mundo que ha mantenido un alto nivel de compra de armamentos en los últimos años. Por otra parte, como han sido los casos de Argentina y Venezuela, se están promulgando leyes antiterroristas según el patrón creado en los Estados Unidos y, como se viene realizando en Ecuador y Bolivia, los luchadores sociales e indígenas que rechazan los proyectos extractivos han sido acusados de “terrorismo”. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que incluyen un alto presupuesto destinado a la compra de armas, es primero una estrategia simbólica para mantener la gobernabilidad y disuadir a los manifestantes antiextractivistas y, en segundo lugar, la posibilidad real de reprimir y desarticular las protestas contra los grandes proyectos de minería.


https://clajadep.lahaine.org