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Los daños colaterales del modelo y las necesidades del mercado mundial
Por Agustín Santarelli y Juan Agustín Maraggi
Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. (Atahualpa Yupanqui)
Cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió su segunda presidencia, en diciembre de 2011, sostuvo: “No soy la Presidenta de las corporaciones”. Poco antes y poco después presentó orgullosamente acuerdos con Monsanto (la principal empresa de agronegocios del planeta), Barrick Gold (campeona mundial de las mineras), y Chevron (una de las principales compañías de petróleo del universo).
Más allá de la contradicción discursiva, no resulta tan extraña la presencia de estas y otras corporaciones, si se acuerda con que el centro de la política económica Argentina y latinoamericana tiene un marcado eje en la explotación y exportación de bienes comunes de la naturaleza. La producción primaria encuentra espacio en un mercado mundial que fomenta la agroexportación, el extractivismo minero y nuevas formas de explotación petrolera.
El gran capital transnacional se vuelca sobre los recursos, financiando, e incluso adquiriendo tierras y territorios tanto de nuestra región como de otros países del denominado tercer mundo.
Este requerimiento del orden económico y las nuevas tecnologías generan la expansión de la frontera productiva y la indefectible expulsión de campesinos y pueblos originarios de sus territorios.
Reconocido este panorama, se deberá considerar que cada una de las resistencias de los pueblos, los campesinos, los indígenas y las organizaciones se realizará (también indefectiblemente) no sólo ante un proyecto y modelo de país, sino también frente al poder internacional, llámese imperialismo. En paralelo, se impone buscar otro modo de trabajar y relacionarse con la tierra, proponer otro modo de organización y forma de vida, si es que se pretende salvar a la especie humana.
EL PROBLEMA DE LA TIERRA
Oficialmente, se reconoce que en nuestro país existen actualmente 857 conflictos rurales diseminados en 9 millones de hectáreas, que afectan a unos 64 mil agricultores familiares (campesinos e indígenas).
Así lo confirma el primer informe sobre relevamiento y sistematización de problemas de tierras realizados por el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación.
El 43% de los conflictos se desarrollan entre el último año y los nueve anteriores. En tanto que otro 21% de los conflictos tienen una antigüedad de entre 10 y 19 años. Esto muestra que la mayoría de los casos son relativamente nuevos.
El propio informe relaciona que: “sin dudas que este dato debe leerse a la luz de la innovación tecnológica y del impacto de la expansión de la frontera agropecuaria sobre la estructura agraria y los agricultores familiares”.
Hoy, el 85% de los conflictos se da en tierras de más de 5 mil hectáreas y en provincias del Noroeste Argentino y patagónicas. Este dato, nos recuerda que hace un par de décadas esas tierras no eran tan productivas y, no parecían despertar demasiado interés más allá del de sus habitantes originarios.
En la mitad de los conflictos relevados, las familias campesinas e indígenas implicadas recibieron amenazas de desalojos y aprietes por parte de privados amparados por el Estado.
EL PROBLEMA DEL INDIO
En los últimos tres años se registran al menos doce muertes en los pueblos originarios de todo el país como resultado de la represión policial y la acción de grupos armados, en relación a disputas por la tierra.
El documento de la reciente Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas realizada en Formosa el 3,4 y 5 de Junio, sostiene que “las situaciones trágicas en territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de Gobierno le dé la magnitud que corresponde. Pareciera que es más sencillo lograr mantener esa realidad oculta”.
Como mandato de la Cumbre de Formosa, los pueblos originarios enviaron una carta a la Presidenta pidiendo una audiencia y que se atiendan las demandas planteadas allí. A pesar de la vigilia y de las marchas a Casa Rosada cada miércoles del mes de junio, no ha habido respuesta. El único que salió a decir algo fue Daniel Fernández, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aunque sus palabras no fueron muy felices: acusó al representante de la Comunidad Qom, Félix Díaz, de estar siendo utilizado por los grandes grupos mediáticos y además expresó que “hubo una serie de accidentes” y que exageran quienes “hablan de etnocidio”. (ver entrevista a Félix Díaz).
Además de las cuestiones de discriminación, del ensañamiento y la indiferencia hacia los pueblos originarios, lo que está de fondo es el conflicto por la tierra, por la propiedad, y por lo que de ella puede extraerse. Como ya lo dijera el peruano José Carlos Mariátegui, el problema del Indio es el problema de la tierra.
CAMPESINO
En octubre de 2012, organizaciones rurales de base presentaron un proyecto de ley nacional para frenar desalojos y declarar la función social de la tierra.
El oficialismo nacional había prometido impulsarla pero “hasta el momento no hemos logrado que se apruebe esta ley, que suspendería por 5 años los desalojos”, cuenta a Mascaró Pablo Orellana, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) de Juríes y del Frente Nacional Campesino.
Pablo Orellana observa que “hoy en Santiago en general es un retroceso lo que estamos viviendo, porque hay mucha presión, y a los responsables de los campesinos y pequeños productores se les está comprando por monedas y tentando con herramientas e infraestructura, buscando la unidad y la convivencia con los empresarios”.
Orellana cuenta que el poder político, económico y judicial, ha ido buscando nuevas formas de persuasión para correr a los campesinos de las tierras. Por un lado, apela a la pelea entre vecinos y la conformación de grupos armados que amedrenten a los más combativos (como el caso del asesinato de Cristian Ferreyra en noviembre de 2011), y por otro buscan extorsionarlos con dádivas y promesas, utilizando carátulas judiciales que lejos están de reflejar la realidad del conflicto, y sustentándose en una Constitución y un Código Civil que muestran la lógica del avance de las multinacionales, y no la propiedad como un bien común.
“Los empresarios les ofrecen un terreno en el pueblo a cambio de que negocien y se resignen a sus tierras. Hay una extorsión, porque los aprietan y les dicen: agarrá esto antes de que te deje sin nada”, explica Orellana.
Ese campesino desalojado, despojado de su tierra suele terminar engrosando los cinturones conurbanos de las grandes ciudades en busca de una salida laboral (ver recuadro El techo es la tierra), o siguen ligados al trabajo rural como mano de obra de los mismos empresarios que se adueñan de sus tierras.
Como explica Pablo Orellana, “la mayoría de esos campesinos termina trabajando en los desflores. Es un círculo perfecto para las grandes empresas como Dreyfus, Morgan, Adecco, o el mismo Monsanto, que tercerizan la contratación de la mano de obra”.
En distintas economías regionales como en la fértil pampa húmeda se recluta a changarines de las provincias para trabajos manuales.
Con naturalidad, el diario La Opinión de Pergamino realizó una nota en enero de 2009 donde se contaba la particularidad de los changos santiagueños que eran llevados hasta esa ciudad por “reconocidas consultoras: Manpower y Adecco”.
El diario pergaminense decía: “El santiagueño es elegido porque su trabajo es calificado y puede soportar las altas temperaturas. `Los changos tienen mano de obra calificada porque conocen el trabajo a la perfección´, explicó el titular de Manpower. Luego se explica que “El santiagueño es prolijo, ordenado, sumiso, tiene los objetivos delineados, no es conflictivo. `Son personas muy dóciles que se adaptan a vivir y trabajar en grupos y se pueden adaptar fácilmente a las jornadas de la época estival cuando por lo general en el campo hace más de 40 grados. Son especialistas en esta tarea´, reveló Hernán Alonso, titular de Adecco”.
Nota completa en edición impresa. Mascaró #13, julio 2013.
Fuente: Revista Mascaró