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Inició paro nacional agrario en Colombia con masivo respaldo

El paro nacional agrario en Colombia inició este lunes en horas de la madrugada, cuando los sectores cafeteros, arroceros, paneleros, paperos, cacaoteros, ganaderos, salud, camioneros y mineros cumplieron su palabra y cesaron sus actividades, al tiempo que adelantaron que durante todo el día emprenderán movilizaciones de carácter pacífico, para evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado

El movimiento Dignidad Cafetera, uno de los principales promotores de la huelga, ratificó su participación, aunque admitió que algunos cultivadores llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos y, por lo tanto, no acatarán el llamado.

A pesar de su ausencia, la huelga cafetalera está respaldada por los transportadores de carga, trabajadores de salud y otros sectores del agro; cada uno con sus propias demandas y con variedad de opiniones respecto a una posible negociación con el Gobierno.

Dignidad Cafetera, movimiento que representa a cultivadores en 10 de los 32 departamentos del país, ratificó la paralización de los cosechadores, precisando que en Huila (centro) no participarán porque aceptaron una oferta gubernamental de varias ayudas financieras.

Por su parte, la Asociación de Agricultores que integra la mesa de Unidad Agropecuaria y de Transporte adelantó que, en el caso del departamento del Meta, iniciarán una marcha en Bogotá denominada de la ” Dignidad y Fraternidad Agropecuaria”.

A través de un comunicado, explicaron que no obstaculizarán la movilidad de los vehículos, ni la vía pública. Agregaron que la protesta denuncia el incumplimiento, por parte del Gobierno, de un acuerdo previo firmado, que resume promesas como parar las importaciones de arroz, medidas para el contrabando del cereal y controlar el precio de los combustibles.

En tanto, en el Cauca (oeste) si participarán los cafeteros, -que representan a unas 95 mil familias- los paperos -que reclaman un aumento del subsidio- y los lecheros, que aseguran que los Tratado de Libre Comercio (TLC) ha originado que las empresas prefieran comprar leche en polvo importada.

Por otro lado, el gremio de los Cacaoteros manifestó que saldrán a la movilizarse para reclamar al Gobierno “ayuda a la crisis del sector, por la puesta en marcha de los TLC”. La mayoría de estos trabajadores reside en Santander (norte), departamento que ocupa el primer puesto en producción de este alimento.
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Inician paro agrario y de transporte en 12 departamentos de Colombia
Directorio

BOGOTÁ, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector agropecuario y el de transporte, además de los campesinos en general y algunos profesionales de la salud, realizan este lunes un paro en 12 departamentos de Colombia, ya que consideran que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos no maneja de manera adecuada la economía del país colombiano.

Los movimientos ‘por la dignidad’ cafetera, arrocera, panelera, papera, cacaotera etc., junto a los camioneros, mineros artesanales y profesionales de la salud, han decidido parar su actividad distintos departamentos del país.
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Llegó la hora cero, Colombia entra en paro

Bogotá, Miles de productores agrícolas, ganaderos, mineros y trabajadores de la educación y la salud paralizarán hoy a 30 de los 32 departamentos de Colombia en una protesta nacional indefinida en rechazo a las políticas económicas que imperan en el país.

En un año marcado por las movilizaciones sociales, trabajadores de diversos sectores y organizaciones saldrán a la calle “cansados de la entrega de sus riquezas a las trasnacionales” y de la falta de incumplimiento de promesas del Gobierno.

La advertencia del presidente Juan Manuel Santos ha sido clara. La víspera ordenó a la fuerza pública actuar con total contundencia contra quienes bloqueen las vías y advirtió que quienes fomenten la violación serán judicializados.

Días antes había sido enfático al afirmar que “no vamos a sentarnos a negociar nada en medio de un paro”.

Como afirmó en un reciente artículo el periodista Rodrigo López Oviedo, este 19 de agosto se verá “a una población que exige soluciones a sus problemas de ollas vacías, de heridas sin cura, de estudiantes sin escuelas, de escuelas sin maestros, de tierra sin campesinos, de campesinos sin tierra”.

“De nacionales sin nada, dice, de extranjeros con todo, de insumos caros, de cosechas baratas, de democracias de cada cuatro años, de autocracias de todos los días”.

Productores de papa, arroz, algodón, leche, café y otros productos, los médicos y maestros, los camioneros y los obreros, todos unidos saldrán a reclamar y exigir que el Estado cumpla sus obligaciones.

El pasado 22 de julio en Neiva, Huila, 98 representantes de diversas organizaciones de 21 departamentos, convocaron a acompañar las movilizaciones a los indígenas y desplazados, estudiantes, pensionados entre otros sectores.

Los manifestantes afirman que con la aprobación de la Agenda Legislativa en el Congreso, el actual Gobierno “ha posicionado políticas antiobreras y antipopulares, que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones y entregan nuestros recursos naturales a las transnacionales”.

Estas políticas, añaden, “promueven la extranjerización de la tierra, acaba con la producción nacional a través de los Tratados de Libre Comercio, encarece los precios de la canasta familiar, eleva los precios de combustibles, profundizando así la actual crisis económica que ellos mismos no reconocen”.
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Tensión en Colombia ante el paro nacional de este lunes
Publicado: ago. 19, 2013 at 7:00 AM

BOGOTÁ, ago. 19 (UPI) — La tensión reina en el país a raíz del paro nacional de este lunes, una protesta que integra varios sectores agrarios del país y la posibilidad de disturbios.

Así lo confirmó el dirigente sindical Tarcisio Mora. “Toda la unión sindical está unificada para realizar esta protesta, señaló a El País de Cali. Mora dijo además que “varios sectores han decidido participar en el paro, debo decir que son la mayoría de sectores sociales. Vamos a protestar porque el gobierno que no se ha cumplido sus compromisos.

Según Mora el magisterio y el sector de la salud tienen programado unirse a esta protesta. Junto a ellos están los azucareros, los cafeteros, paperos, mineros, campesinos y algunos transportistas de carga. Sin embargo, la Asociación Nacional de Transportadores de Carga por Carretera (Asecarga), declararon el viernes que no se sumarán al paro.

Los voceros de Asecarga informaron que luego de sostener una reunión entre representantes de los representantes del gremio y el viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñan, en la que se evaluarían alternativas para evitar la movilización, se logró que el gobierno revise los precios de los combustibles, del diesel Acpm, peajes y llantas.
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Alerta amarilla en la inestable región del Cauca colombiano
Publicado: ago. 19, 2013 at 7:10 AM

CALI, Colombia, ago. 19 (UPI) — Las autoridades policiales del Valle del Cauca se encuentran desde ya en alerta amarilla para garantizar la seguridad en la región durante el paro de este lunes.

El comandante de la Policía de Cali, general Fabio Alejandro Castañeda dijo que la ciudad contará con más de 300 policías del grupo anti-motines Esmad, dispuestos para evitar cualquier disturbio o conato de desorden que pueda presentarse. Castañeda insistió en que no se permitirá el bloqueo a ninguna vía ni ningún acto de violencia.

La Policía Nacional ha dispuesto que tres generales se encargarán de coordinar operativos de control en las zonas de Popayán-Cali, Popayán- Pasto y Cali-Buenaventura. Los tres oficiales son Ramiro Mena, Jorge Rodríguez Peralta y Gustavo Moreno. “Esperamos que todo se dé en calma y sin violencia. Quien incurra en actos vandálicos será detenido y puesto en manos de la Justicia”, enfatizo Castañeda.

Al término de un concejo de seguridad, el secretario de Gobierno del Valle, Jorge Homero Giraldo, indicó que lo que más preocupa a las autoridades es la infiltración en las marchas de personas ajenas a las protestas y el traslado de comunidad de otros departamentos al Valle del Cauca, para protagonizar bloqueos en las carreteras, dijo El País.

LATAM: Reporte
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Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares

MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO

Paro Nacional Agrario y Popular -­‐ 19 de agosto de 2013

La Constitución Política de Colombia afirma que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones; Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.

Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para que se salde la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativa en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que favoreciendo intereses del capital va en contra de los intereses del pueblo.

Según cifras del mismo DANE el INB es más alto en lo rural que lo urbano, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el informe del PNUD (Colombia Rural, razones para el esperanza del 2011) la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea, según el IR, que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el
31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones. No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto haciende la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.

Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto que enfrenten estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Según la Defensoría del pueblo el 40,8% de la población

total en el país se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria y el Informe Nacional de Desarrollo
Humano muestra que el Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria pasó de 1,04% a 0,95%entre 1991 y 2008.

Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos se ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.

Ante tal situación, se requiere la construcción de una política pública agraria estructurada y coherente con las necesidades del pueblo colombiano, de la que debe hacer parte el Estado, con la participación directa y decisiva del movimiento agropecuario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afro e indígena, que fortalezca y potencie la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional.

La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de Defensa, Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan el campo y lo popular.

Nos asiste las razones justas para protestar y exigir al gobierno que cumpla con su compromiso, ante ello tenemos 6 exigencias centrales, cada uno de estos puntos tiene sub-­‐puntos que las sustentan.

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios
públicos y vías.

Las organizaciones y comunidades del sector agropecuario y popular presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.

Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.

1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

1.1. Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios internacionales, los cuales garanticen una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios.

1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores y productores agropecuarios.

1.3. Reducción de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.

1.4. Exigimos la modificación de la política antidroga y solicitamos acordar una política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.

1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos productores, incluyendo lo relativo al manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala y garantías efectivas para el acceso a los mercados.

1.6. Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspensión y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países.

1.7. Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de créditos blandos para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.

1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero.

2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.

2.1 Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER: La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y La titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios.

2.2 La compra directa de tierras por el INCODER para ser tituladas de manera colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas.

2.3 Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido su extranjerización; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.

2.4 Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras poseídas por campesinos, para luego adjudicarlas a éstos.

2.5 Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.

3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA.

3.1 La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución.

3.2 Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.

3.3 La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.

4. EXIGIMOS LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA.

4.1 Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

4.2 Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.

4.3 Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.

4.4 Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.

4.5 Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos mineros en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

4.6 Sujeción del desarrollo de actividades mineras a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.

4.7 Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.

5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTÍAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.

5.1 Adopción por parte del Estado colombiano, de la convención de los derechos de los campesinos y las campesinas, aprobada en la reunión de la comisión de los Derechos Humanos de las ONU.

5.2 Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del
Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.

5.3 Otorgar el derecho a la consulta previa, a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y en lo cultural.

5.4 Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación del desarrollo rural.

6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS Y VÍAS.

6.1 Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica y media, superior y técnica.

6.2 Exigimos el nombramiento de planta docente.

6.3 Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.

6.4 Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.

6.5 Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.

6.6 Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.

6.7 Devolución de las micro-­‐centrales hidroeléctricas a las comunidades.

6.8 Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.

6.9 Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.

6.10 Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural.

Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.

MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-­‐MIA NACIONAL-­‐
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y Popular del 19 de Agosto!
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1. Mineros no ceden

Las negociaciones entre Conalminercol y el Gobierno siguen rotas. Son tres peticiones: ‘itinerancia hacia adelante’, es decir, que puedan movilizarse por donde quieran y explotar los recursos minerales; esto no lo admite el Gobierno. Reclaman un nuevo proceso de formalización, lo que no es posible debido a que se cayó la Ley 1382 del 2010, que reformó el Código Minero. Reclaman que se permita el uso de cierta maquinaria, pero el Gobierno solo lo acepta para solicitudes de hace dos años.

2. Camioneros, por costos

Los camioneros piden rebaja de 2.000 pesos en el ACPM, regreso de la tabla de fletes con tarifas mínimas por carga, rebaja en peajes y contratos de trabajo con las empresas. El Gobierno ha rechazado la rebaja del ACPM porque dice que tendría que sacrificar recursos de inversión social. En cambio les eliminó la póliza de chatarrización y anunció sanciones a quienes les hagan cobros adicionales a los camioneros.

3. ‘Dignidad’ dividida

Los cafeteros de Antioquia no quieren paro, organizaron ‘caravanas de protesta’, mientras que los de Huila dejaron ver que nada les gusta. Por ejemplo, luego de aprobarse el pago inmediato del subsidio PIC, ahora piden que no se exija la factura para cobrar; el Gobierno no acepta este punto porque son recursos públicos.

Dignidad reclamó por los topes que se imponen en la venta de café, de acuerdo con la información que se tiene de cada productor; el Gobierno se ajusta a este sistema para la entrega de los subsidios.

Adicionalmente, esta semana hubo un ‘agarrón’ entre Dignidad y los miembros de los comités de cafeteros. Anoche, Huila anunció su decisión de aplazar el paro.

4. Gremio cafetero responde

El gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, anunció que los desembolsos del Programa de Protección del Ingreso Cafetero (PIC), al cierre del viernes, sumaban 620.203 millones de pesos, mientras que el 97 por ciento de las facturas, presentadas por 328.723 cafeteros, han sido aprobadas para pago y el 3 por ciento restante, investigadas por posible fraude. (Lea también: Cafeteros del sur del Huila se ‘bajaron del bus’ del paro).

Hoy se hace el pago inmediato del PIC a través de 34 cooperativas de caficultores y en más de 500 puntos de compra. Para el caso del Huila, el 82 por ciento de los productores han recibido el auxilio; en Quindío, el 81 por ciento y en Risaralda, 78 por ciento. Los subsidios se entregan desde hace 42 semanas.

5. Peticiones del agro

La llamada Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) radicó ante el Ministerio de Agricultura su pliego de peticiones.

Entre otros temas piden una política pública agraria coherente con las necesidades de los productores, precios de sustentación para comprar cosechas, reducción de los precios de los combustibles, peajes e insumos para la producción, freno a las importaciones de alimentos y la suspensión de los tratados de libre comercio, seguros de cosechas, condonación total de las deudas de los productores, adjudicación y dotación de predios y el marginamiento de los inversionistas extranjeros y revertir la propiedad de sus tierras.
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Norte de Ecuador alerta porque siempre hsy cortes fronterizos

Carchi está en alerta por paros gremiales en el sur de Colombia

Publicado el 19/Agosto/2013

Autoridades, comerciantes y camioneros de tulcán adoptan medidas de precaución y seguridad

Las autoridades de Carchi dictaron medidas de seguridad, para evitar desmanes a consecuencia del paro decretado a partir de hoy por los sectores agropecuario, de transporte, salud y educación en el sur de Colombia.

La protesta generó preocupación en los sectores de la transportación y comercio internacional del Ecuador, debido a que, en los últimos paros (6 desde 2004 a 2013), ha sido suspendido el comercio exterior, por el bloqueo del puente binacional de Rumichaca y diversas vías que unen a ecuatorianos y colombianos..

Tractocamiones ecuatorianos han sido atacados y los conductores agredidos en paros anteriores por parte de los protestantes colombianos, recordaron. Guillermo Pozo, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi manifestó que la Asociación Colombiana de Camioneros le remitió ayer una comunicación en la que solicita que no ingresen desde hoy al vecino país para evitar represalias.

El temor es mayor en las empresas que movilizan carga líquida, vehículos nuevos y productos refrigerados y perecibles desde Perú y Ecuador hacia Colombia o provenientes desde Venezuela al Ecuador.

Pozo negó que las constantes paralizaciones están obligando a empresarios de los dos países a utilizar la vía marítima. Para no paralizar sus operaciones Jorge Merino, comandante del Batallón Mayor Molina, de Tulcán, informó que está listo un plan de contingencia en el puente de Rumichaca y en más de 36 pasos no reconocidos entre Ecuador y Colombia, para evitar que posibles desmanes protagonizados en las zonas fronterizas de suroccidente colombiano atenten contra la seguridad nacional.

La gobernadora del Carchi, Laura Mafla, luego de presidir una sesión del Consejo de Seguridad Provincial priorizó los temas de seguridad y movilización frente al paro del sur colombiano y anunció medidas preventivas para garantizar la seguridad en el territorio ecuatoriano.

Entre las resoluciones constan un plan de contingencia que articulará acciones para garantizar un libre tránsito y seguridad en el Ecuador; garantizar el flujo de comerciantes y turistas en el paso del puente internacional de Rumichaca en el lado ecuatoriano con la participación del Policía Nacional, el Ejército y la Aduana.

Los tres estamentos serán los responsables de la seguridad interna y externa. El Consejo de Seguridad Provincial se declaró en sesión permanente para hacer un seguimiento de la paralización en el país vecino. (RVC)