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Los comunes son una hipótesis política emergente, lo que les confiere una potencialidad política destacable en un momento en el que, a nivel mundial, los Estados-nación no parecen ser capaces de garantizar los derechos básicos de sus poblaciones
Aportaciones desde el cooperativismo a las instituciones de gestión de los comunes
Por Idearia
Diagonal
Ana Méndez y Fernando Sabín
Crisis y oportunidad Recuperar en el siglo XXI el concepto de lo común significa poner en el centro la defensa de los medios y modos de vida que garantizan la reproducción de la vida en las sociedades actuales. (Observatorio Metropolitano)
En actual contexto de privatización y financiarización de la capacidad de reproducción social, los comunes son una hipótesis política emergente, lo que les confiere una potencialidad política destacable en un momento en el que, a nivel mundial, los Estados-nación no parecen ser capaces de garantizar los derechos básicos de sus poblaciones y donde, específicamente en el caso español, el desmoronamiento institucional del régimen del 78 abre una ventana de oportunidad a que se inicie, proceso constituyente mediante, un cambio institucional de gran envergadura.
Nos encontramos en medio de una contrarrevolución neoliberal donde los procesos de acumulación financiera de la clase capitalista se basan en gran medida en el cercamiento (la privatización y explotación) de los recursos comunes ya sean materiales y universales (como el agua, el aire o el ADN) o producidos local y socialmente (el conocimiento, los cuidados o la cultura), y donde el proceso de deterioro de los derechos sociales alcanzados durante el desarrollo del Estado del Bienestar (sanidad, pensiones, educación, etc.) es casi tan rápido como la profundización de la crisis de legitimidad que señala a las élites como culpables. La llamada acumulación por desposesión, teorizada por el geógrafo marxista David Harvey, parece estar detrás de cada hospital privatizado, cada infraestructura cedida, cada pedazo de calle público alquilado, cada hectárea de tierra urbanizada, o cada tasa de acceso a la cultura o el conocimiento (como se puede ver en el territorio madrileño, un caso especialmente destacable por la notoriedad de los actos y personajes, convertido desde hace años en el campo más avanzado de experimentación neoliberal). Son tantas las acciones que describen el ataque a la riqueza común, sea pre-existente o producida entre todos a través de innumerables generaciones, que se acaba constatando que estamos ante un sistema complejo de expolio que busca “la explotación total de la totalidad del mundo”.
Frente a esta situación, y más allá de oponer movimientos de resistencia más o menos efectivos al avance de las medidas de austeridad y de privatización como están siendo las mareas, tenemos que plantear modelos de transición que superen la inacción por el miedo al vacío o el enquistamiento en discursos que plantean que lo mejor es volver al desarrollismo del pasado. Modelos que se alejen de un mercado capitalista cada vez más voraz y que democraticen una administración pública gobernada en muchos casos por quienes la están desmantelando y que adolece de graves problemas estructurales como son la baja tasa de renovación de sus élites, la falta de transparencia y de democracia interna, el exceso de celo burocrático o el autoritarismo de su gestión, por citar solo algunos de los elementos críticos más compartidos socialmente y que requieren de medidas de renovación estructurales. Es en este espacio, central pero no exento de complejidades y contradicciones, donde se sitúa la propuesta política de los comunes desde “el convencimiento de que no es posible la construcción de una sociedad viable sin el reconocimiento de los bienes, conocimientos y riquezas que son comunes a todas y todos y que hacen posible la vida en común. Que estos bienes comunales son esenciales tanto para el mantenimiento de la vida como para garantizar una justicia social, y que comprenden tanto elementos del medio natural, como la tierra, el agua, los bosques y el aire, como otros recursos generados en sociedad (gestionados a menudo por instituciones públicas y privadas que han demostrado poco respeto a su conservación y mejora) como son el espacio público, la sanidad, la educación, los cuidados colectivos, la cultura y el conocimiento.” Madrilonia en La Carta de los Comunes de la Ciudad de Madrid. Para el uso y disfrute de lo que de todos es.
Madrilonia define en su libro los comunes como: “un sistema de gestión de recursos que engloba tanto a las propiedades comunales como a los bienes comunes o recursos de dominio público y al modo de gestión de estos bienes y a las comunidades que los gestionan. El modelo de gestión se basaría, independientemente de su naturaleza, en cuatro criterios fundamentales que todo gobierno de lo común debería respetar: 1. Universalidad. 2. Sostenibilidad. 3. Democracia. 4. Inalienabilidad”. Y es precisamente en la puesta en funcionamiento de instituciones que combinen estos cuatro criterios donde podemos extraer aportaciones muy interesantes de la experiencia del cooperativismo.
Las cooperativas se podrían considerar instituciones del común de base democrática cuya función, como se describe en los escritos utópicos de Charles Fourier o Robert Owen en los que se basan las primeras experiencias cooperativas, debería ser la de asegurar el sustento material de unas relaciones sociales no dependientes, es decir, emancipadoras para el individuo y la comunidad. De esta manera, la recuperación de las esferas de la reproducción social que garantizan la vida en común no tendrían que estar mediadas por la administración del Estado sino articuladas a través de la auto-organización y la aplicación de principios como el valor de uso, la sostenibilidad y gestión colectiva y transparente.
La gestión de lo común
Además de las diferentes formas de resistencia existen cada vez más iniciativas de base comunitaria de reapropiación de lo público-estatal en peligro para transformarlo en público-común: la gestión colectiva y ciudadana de centros sociales en edificios públicos, plazas, solares y huertos urbanos, hospitales (experiencia reciente en Grecia), bibliotecas o sistemas de agua potable (como en Cochabamba), son algunos de los ejemplos, fundamentalmente urbanos, que cabría señalar. Aunque es la escasez impuesta y la precariedad vital la que impulsa de forma determinante muchos de estos procesos de autorganización y recomposición de vínculos de solidaridad, esto no evita que existan altas probabilidades de que se eleven de forma significativa los conflictos sociales por la competencia ante unos recursos comunes cada vez más inaccesibles.
La premio Nobel de economía Elinor Ostrom, en su artículo “Reformulating the Commons”, sobre el gobierno de los bienes comunes habla de empresas autogestionarias como las instancias de cooperación más adecuadas para la gestión sostenible y sostenida de algunos comunes de acceso limitado o de propiedad común. A través de su análisis de la organización de los sistemas tradicionales de gestión de lo que llama “recursos de acervo común”. Ostrom concluye que estas iniciativas autogestionarias, similares a los que nosotros nombramos como cooperativas, son más eficientes garantizando su acceso, perdurabilidad y regulación que los modelos de propiedad pública o privada. Podríamos decir que algunos de los principios básicos del cooperativismo como la propiedad colectiva, la gestión democrática, el respeto a las normas establecidas colectivamente, la intercooperación o la autonomía emanan de las prácticas históricas analizadas por Ostrom y son elementos definitorios de la capacidad de las comunidades para haber sostenido algunos recursos comunes durante cientos de años.
“Economía cooperativa: De la resistencia obrera a la emancipación social”.
Este lema de los años 30 del siglo XX refleja cómo el cooperativismo, en tanto que filosofía y práctica económica de organización colectiva, intentó en pleno auge del movimiento obrero dar respuesta a casi todas las necesidades básicas humanas antes de que muchas de ellas acabasen asumidas por los estados a medida que la expansión de las luchas obreras logró imponer las medidas redistributivas que articularon el estado de bienestar. Pero el actual desmantelamiento de los sistemas públicos de protección hace que las cooperativas se convierten de nuevo en organizaciones útiles para poder recuperar, de forma mutualizada, la capacidad de acceso a ciertos bienes o servicios básicos. La salud, el conocimiento, el consumo, la educación, el transporte, la vivienda, la energía o el acceso a crédito son áreas de fuerte experimentación en las que están emergiendo con fuerza algunos proyectos cooperativos como coop57, Fiare, Som Energía o Sostre Civic, sin olvidar los que llevan ya muchos años de consolidación.
En este sentido, las cooperativas de consumidores y usuarias materializan la idea de que una comunidad, territorializada o virtual, puede lograr la satisfacción de una necesidad común a través de una empresa de propiedad colectiva y gestión democrática basándose en el valor de uso. Así sería en caso de la vivienda donde el cooperativismo posibilitaría una salida al inmenso patrimonio común de viviendas vacías a través de las cooperativas de cesión de uso: un modelo de usuarias de vivienda sin ánimo de lucro en el que la propiedad de las viviendas siempre recae en la cooperativa, nunca en el individuo, neutralizando casi totalmente los fines especulativos. Siguiendo con ejemplos de este tipo cabe destacar la experiencia de la cooperativa de consumidores de energía Som Energía, un proyecto con una fuerte comunidad creciente e implicada que a través poner como recurso común la producción y comercialización de energía renovable favorece el cambio de modelo energético. Así mismo, asistimos a un gran crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito, como Coop57 y Fiare, en las que el dinero funciona como un recurso común al servicio de las necesidades de los proyectos surgidos de las comunidades. Muchas de estas iniciativas comparten su apuesta por escalar en masa crítica e impacto a partir del trabajo en red y la intercooperación entre nodos territoriales locales. Un desarrollo organizacional que se sostiene en el crecimiento personal de las socias que participan. Históricamente las cooperativas se distinguen por ser empresas cualificantes, en las que la autoformación, la experimentación y la participación democrática interna o externa de las personas socias se convierten en factores fundamentales para garantizar su fortaleza como organizaciones.
Es importante resaltar que si bien las cooperativas pueden ser instrumentos válidos para organizar la gestión de algunos recursos comunes, el mero hecho de constituirse en cooperativa no garantiza que los recursos gestionados se tratan como comunes. Por otra parte, no toda la riqueza se puede gestionar a partir de estas figuras organizativas, y aquí habría que distinguir entre los comunes “cooperativizables”, sujetos a una comunidad de referencia que se beneficia de ellos de manera excluyente, de aquellos comunes que necesitan una gestión mucho más abierta y no propietaria como en el caso de muchos de los comunes inmateriales (como el conocimiento o la cultura), los comunes netamente urbanos (plazas, calles, infraestructuras) o los comunes que abarcan comunidades planetarias (como los mares o la atmósfera). Así mismo, se debe diferenciar entre los recursos que son producidos por las comunidades, recursos que son gestionados pero no poseídos por las mismas, y recursos de propiedad común. El modelo cooperativista, en definitiva, es una más de las diversas herramientas que debemos desarrollar en la lucha por recuperar la capacidad de reproducción social, es decir, la capacidad de procurarnos alojamiento, sustento, educación, cuidados, sociabilidad y auto-gobierno, que nos está siendo arrebatada por la nueva ola de cercamientos de lo común llevada a cabo por el capitalismo financiero.
(Este artículo se publico originalmente en la revista El Ecologista nº77)