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Ganaron todos los recursos legales que interpusieron contra el Acueducto Independencia, pero el robo del agua contra la milenaria tribu no se detiene.
Derecho sin justicia para los yaquis
Ganaron todos los recursos legales que interpusieron contra el Acueducto Independencia, pero el robo del agua contra la milenaria tribu no se detiene.
Giovanni Velázquez
Desinformémonos
México. La tribu yaqui estrecha sus alianzas con organizaciones indígenas y expone su rechazo al Acueducto Independencia ante funcionarios de Naciones Unidas, pues no confía en que el gobierno mexicano detenga la megaobra aunque los indígenas hayan ganado por la vía legal.
“La sentencia emitida por la Suprema Corte, el 8 de mayo pasado, constituye un hecho histórico, puesto que hace un reconocimiento del derecho de consulta, información y participación de los pueblos indígenas en todas las obras de infraestructura que afecten nuestros derechos naturales y territorios”, señaló Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Vícam, a casi tres meses de iniciado el bloqueo carretero que mantiene la Tribu. “De ahí que insistamos en la importancia de que se cumpla con la ley y de que todos los órdenes de gobierno acaten esta decisión, pues es la única forma de que prevalezca el pacto de paz que existe entre el pueblo yaqui y el Estado mexicano”.
La deuda del Estado mexicano con los pueblos indígenas sigue sin saldarse. Las estrategias del poder gubernamental se articulan para negarles todo derecho, incluso la vida y libertad, aún si se encuentran reconocidas por unas leyes. Éstas son interpretadas a su modo; cuando no se pueden interpretar, entonces se niegan, y la justica nunca llega.
Desde el 13 de agosto de 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, emitió el oficio SGPA/DGIRA/DG/5677, en el cual dejó insubsistente “la autorización en materia de Impacto Ambiental contenida en el oficio número SGPA/DGIRA/DG/1633/11 correspondiente a la autorización del Acueducto Independencia”, mediante un telegrama oficial enviado el 14 de agosto. En él se notificó al Juez Décimo de Distrito en el estado de Sonora para que haga lo correspondiente con los responsables del Proyecto Sonora SI, para detener las obras y su operación ante la nulidad del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). El 19 de agosto, el secretario del Juzgado Décimo, Fernando Morales Flores, presentó el acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia de amparo a favor de la tribu yaqui.
Ese mismo telegrama enviado por la SEMARNAT, recibido en Hermosillo el día 16, señala que para realizar la nueva evaluación de impacto ambiental se debe otorgar la garantía de audiencia a la tribu yaqui. Para la Tribu -y de acuerdo al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, no se trata sólo del derecho a tener audiencia, sino a una consulta previa, libre e informada en cada fase de la evaluación ambiental. De esta manera, como pueblo indígena, decidirán si aceptan o rechazan la existencia de la obra.
Para el pueblo indígena yaqui, el camino recorrido por cerca de cuatro años está marcado por el “avanzar resistiendo”. Han ganado en su totalidad los recursos legales interpuestos contra la construcción del Acueducto Independencia. En estos momentos, la obra hidráulica del proyecto Sonora SI -respaldado por el gobierno de Sonora, empresarios y políticos nacionales y de la capital, Hermosillo- no puede ocultar la ilegalidad del trasvase de las aguas del río yaqui, ni puede justificar la extracción de grandes volúmenes de agua en el abastecimiento de la capital de Sonora.
Después de agotar los tiempos por parte de las autoridades ambientales, la SEMARNAT y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) recibieron mil 500 demandas individuales por parte de la sociedad civil, interpuestas “en contra de quien resulte responsable, por los hechos, actos y omisiones que han producido desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, además de por haber contravenido las disposiciones legales y demás ordenamientos”.
El pueblo yaqui no espera que la “buena fe” del gobierno mexicano resuelva inmediatamente el robo del agua, pues la experiencia hasta ahora es que las instituciones legales y dependencia federales han agotado y sobrepasado los tiempos establecidos para ejecutar las sentencias. Por ello, diversifican su movilización de acuerdo a las posibilidades y redes en las que se ha insertado a nivel nacional e internacional. La Guardia Tradicional recibió en el recinto oficial del pueblo de Vícam, a comisionados de la Unidad de Observación de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos. Se expusieron las violaciones constantes a los derechos de la población yaqui, resultado de la intención de despojarlos del vital líquido.
Durante la Cátedra “Tata Juan Chávez Alonso”, celebrada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a convocatoria del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el delegado de la Tribu, Mario Luna Romero, hizo notar que la resistencia depende en gran medida de la estructura milenaria heredada de sus mayores y que, en conjunto con las muestras de apoyo de sectores sociales organizados, siguen dando la batalla pese a tener la razón jurídica, histórica, moral, ética y humana.
“Aun con el hostigamiento en contra, aun con la amenazas y presión de la que somos objeto -en el sentido de que todos los recursos institucionales de gobierno en salud, educación, economía agrícola y ganadera se nos retiraron y no tenemos presupuesto gubernamental para poder subsistir-, el hecho de que seamos un gobierno autónomo ha permitido que podamos sobrevivir y resistir en la lucha, y que hagamos alianzas con los demás pueblos indígenas por medio del CNI y el EZLN”, señaló el delegado.
Con la ley de su parte, la tribu yaqui continúa en el bloqueo de la carretera en Vícam. No obstante las declaraciones del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y los medios de comunicación afines a él, las autoridades tradicionales no acordaron ninguna negociación para “liberar” la carretera, pues la exigencia es “hacer respetar las leyes mexicanas y detener el robo de agua”, comentan integrantes de la tropa yoeme, compuesta por todo el pueblo yaqui. Los pobladores siguen en alerta ante las constantes amenazas de los operadores políticos del gobierno estatal, quienes, en voz de Jesús Moroyoqui, pretenden desconocer la propia estructura de autogobierno yaqui.
En el resto del país, la tensión para los pueblos indígenas aumenta al ejecutar el gobierno mexicano órdenes de aprehensión, desapariciones, encarcelamientos y asesinatos hacia defensores de sus bienes naturales contra el saqueo y depredación del sistema neoliberal. Y aunque existe respuesta organizada, las fuerzas del estado pueden estar preparándose para acciones de represión a mayor dimensión.
Esto lo saben la tribu yaqui y los integrantes del CNI, quienes reiteraron su palabra colectiva en el marco de su pronunciamiento en San Cristóbal de las Casas, Chiapas: “actuaremos en consecuencia ante cualquier intento de represión al campamento en resistencia que se mantiene en la carretera internacional a la altura de Vícam, primera cabecera de la tribu yaqui”.