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Denuncian desaparición de 70 autodefensas en Guerrero

La CRAC-PC anunció que demandarán al gobernador ante la CIDH

Periódico La Jornada
Viernes 30 de agosto de 2013, p. 14

Tixtla, Gro., 29 de agosto.

Al menos 70 indígenas mixtecos detenidos el martes pasado por elementos del Ejército y de la Marina durante una protesta efectuada en la cabecera municipal de Cruz Grande, en la Costa Chica, están desaparecidos, informó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Arturo Campos Herrera, promotor de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, y Gonzalo Molina González, promotor de la CRAC en Tixtla, exigieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero que informe del paradero de sus compañeros. “Para nosotros están en calidad de desaparecidos; hay testigos que vieron que los llevaron en vehículos militares”, insistió Molina.

Molina González anunció que demandarán al gobernador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explicó que se está recabando la información para entregarla al Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan para que interponga la denuncia.

“Representantes de la CIDH estarán aquí la semana entrante y les entregaremos el expediente de las violaciones a la ley 701 del estado, que protege las actividades de la CRAC-PC, así como el convenio 169 de la OIT. También demandaremos la intervención de Amnistía Internacional”.

También pidió que les devuelvan 500 armas que el Ejército decomisó a los agentes comunitarios en acciones recientes.

Reconoció que ellos tienen en su poder armas que decomisaron a la policía municipal de Tixtla, sin mencionar el número.”Las vamos a entregar ante los medios de comunicación para demostrar al gobernador y al Ejército Mexicano que extrañamente dichos policías utilizan armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y cómo es posible que no los hayan detenido”.

Anunció que este viernes elementos de la CRAC-PC marcharán en Tixtla para “exigir la libertad de nuestros compañeros coordinadores Nestora Salgado García, de Olinalá, y Bernardino García, de El Paraíso, y de 91 policías comunitarios, 70 de ellos desaparecidos. No dejaremos de movilizarnos hasta que no se libere al último de nuestros compañeros”.

Saira Rodríguez, hija de la comandanta Nestora, informó que luego de solicitar la intervención de la embajada de Estados Unidos en México, el gobierno mexicano le permitió visitar a su mamá, recluida en el penal El Rincón, de Tepic, Nayarit, desde el 21 de agosto. A través del medio digital Ángeles Press, de California, donde vive, Saira señaló que su progenitora “está quebrada sicológicamente por la gran injusticia que vive”.

Cuando arrestaron a su madre, señaló, “no la dejaron decir que es ciudadana estadunidense ni le dejaron usar su identificación. No le permitieron hacer ninguna llamada, y la obligaron a firmar un documento cuyo contenido desconoce, pero supone ella que era una declaración de culpabilidad por los cargos que le imputan de secuestro y tortura”.

En Acapulco, el gobernador Aguirre Rivero sostuvo que “no habrá hostigamiento (contra los guardias ciudadanos) siempre y cuando no se aparten de la ley, pero si alguien porta armas reservadas para el Ejército, se procederá al desarme. La ley se tendrá que seguir respetando”. Puntualizó que las policías comunitarias no pueden seguir haciendo funciones de jueces ni bloqueando carreteras o efectuando detenciones.