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“Si el gobierno enviara a la mitad de la policía que le manda a los profesores que están en plantón, Michoacán entero estaría libre de delincuencia organizada”.
“Si ellos hicieran su trabajo, nosotros no arriesgaríamos la vida”: Aquila
México. El encarcelamiento de 40 guardias comunitarios de Aquila “es un mensaje de intimidación de las autoridades a los otros grupos organizados como guardias”, valora su defensor, el abogado Leonel Rivero. Habitantes de la comunidad michoacana apuntan a que la raíz del conflicto, que los llevó a formar un cuerpo propio de seguridad y a vivir un operativo policiaco en su contra, es política y “todo señala hacia la mina” Ternium, que explota hierro en su comunidad, señala Homero Bravo.
La organización de la guardia comenzó porque el cartel denominado “Los Caballeros Templarios” aumentó las extorsiones contra los indígenas a partir de que éstos comenzaron a recibir pagos por extracción de mineral de su tierra. Los habitantes de Aquila afirman que el gobierno nunca hizo nada por detener a la delincuencia organizada. “Nada más la Policía Federal es la que hizo un poco, pero ya se los llevaron”, informa Homero Bravo, uno de los comuneros que salió de Aquila para ver la situación de los detenidos y ya no pudo regresar por las amenazas de muerte recibidas.
A lo nahuas se les acusó de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en distintas modalidades, informa su defensor. La operación judicial llegó por supuestas denuncias anónimas que señalaron que los guardias realizaban actos ilegales, sin señalar cuáles, lo cual “es completamente absurdo”, informa su abogado. Diecinueve de ellos alcanzaron la fianza, pues se les acusó de portación de arma sin licencia, y 21 más seguirán en la cárcel pues se les imputa posesión de armas de uso exclusivo del ejército, delito considerado grave.
A los comunitarios también se les acusó de delincuencia organizada, pero las autoridades no lograron acreditarlo. “Los acusaron de esto, por un lado, para poder enviarlos a un penal de alta seguridad, y por otro, para hacer un símil entre las guardias comunitarias y los grupos delincuenciales”, valora Rivero.
Los guardias presos fueron enviados al penal de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz, donde uno de ellos, informan los comunitarios, ya perdió sus facultades mentales por la tortura física y sicológica a la que fue sometido.
Rivero señala que aún no he tenido acceso completo al expediente, pero afirma que no se respetó su derecho a la defensa adecuada “porque no les permitieron acceso a la abogada que habían designado y se les asignó un defensor de oficio”. El resultado es que los guardias comunitarios se realizaron imputaciones mutuas, lo que los está perjudicando en el proceso legal.
“La existencia de una guardia comunitaria que cumpla funciones de seguridad pública lesiona intereses y pone en evidencia la poca funcionalidad de la policía y de las fuerzas armadas, que han estado realizando labores de seguridad pública”, denuncia Leonel Rivero.
Mina y “Caballeros Templarios”
Ofelia Alcalá, comunera de San Miguel Aquila, informa que la mina de hierro que explota la empresa Ternium, conocida antes como “Las Encinas”, tiene más de 30 años operando en la localidad a través de acuerdos con los comisionados de bienes comunales. Alcalá denuncia que a la comunidad nunca le pagaron regalías por la extracción del mineral, sino solamente por la ocupación de las tierras y les dieron algunos empleos temporales.
Las complicaciones comenzaron cuando la comunidad decidió exigir un pago de acuerdo con el volumen de mineral extraído. “Mataron a dos comisariados por eso. La comunidad detuvo la extracción por cinco años, pero luego regresó la empresa a seguir sacando el fierro sin pagar”, relata Alcalá. La comunera recuerda que en 2011, la comunidad paró de nueva cuenta las operaciones de la empresa para que se pagara más que los mil 500 pesos anuales por comunero por uso de la tierra, y para lograr un convenio de regalías. Después de una mesa de negociación a la que no se presentó la minera, y donde el gobierno tomó el papel de negociador, se logró acordar un pago de 3.80 dólares por tonelada de material extraído, aunque la comunidad exigía cinco.
El pago de lo convenido entre la empresa y la comunidad de Aquila duró solamente dos meses. Los comuneros protestaron y el pago volvió, pero entonces llegaron también las extorsiones, relatan los comuneros. “Llegó el crimen organizado a pedir cuotas, 2 mil pesos por comunero”, informa Ofelia. “Así estuvimos año y medio, llegaban y decían, échele para acá lo mío, y ya”.
Las exigencias de los delincuentes aumentaron, además de que robaron un tractocamión y una pipa, pertenecientes a una pequeña empresa de transporte de material de la comunidad, informa Alcalá. “Les decíamos, cómo te voy a pagar si me quitaste el carro para trabajar”, recuerda la comunera. Luego vino el robo de autos, los levantones y el saqueo de materiales minerales en un lote diferente al que ocupa Ternium. Los comuneros le avisaron a la empresa, y ésta contestó que no sabía nada, declara Alcalá.
“Nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer?”, señala Ofelia Alcalá. “Estábamos nada más viendo, el gobierno no hacía nada para evitar el robo, no dio la cara, y en asamblea general decidimos que teníamos que ver por lo nuestro, que si no nosotros, ¿quién lo iba a hacer?”, recuerda la comunera. Así surgió la guardia comunitaria.
“Cualquiera hubiera hecho lo mismo”, considera Antonio Paulino. “Llegaban los malandros y si les gustaba una mujer, se la llevaban. Te decían, ahí me bañas a tu hija, que vengo al rato por ella”, relata el joven comunero. Paulino declara que ya nadie podía salir tranquilo. “Toda la población estaba sufriendo”, declara Homero Bravo. “La gente dijo que el gobierno no nos cuidaba y estaba unido a la delincuencia organizada”. Los habitantes de Aquila “lo único que hicimos fue unirnos para defendernos del crimen organizado y del gobierno que nos afectó”, apunta Paulino.
“Si el gobierno no está cumpliendo las funciones que la misma Constitución le marca, entre ellas la de la Seguridad Pública, es evidente que los ciudadanos pueden organizarse ante un estado de necesidad para proteger no solamente sus propiedades, sino su vida y la de su familia. Eso es viable”, afirma Leonel Rivero.
Desde la conformación del cuerpo comunitario de seguridad, informa Alcalá, se retiraron los delincuentes, pero “se vinieron las cosas duras”. Bravo señala que los saqueadores y la gente ligada al cártel se fueron a Colima cuando se formó la guardia y se denominaron desplazados, “y el presidente municipal se fue con ellos. Hicieron marchas para decir que no querían a la guardia comunitaria ni a la Policía Federal, que son los únicos que no nos han afectado”.
En sus primeros días de funcionamiento, la guardia tradicional detuvo a un cabo del ejército acompañado de un miembro de “Los Caballeros Templarios”. El efectivo militar confesó el involucramiento del ejército con el crimen organizado. “Así fue. Nosotros entregamos al cabo a la Policía Federal, y ahora se esfumó”, confirma Antonio Paulino.
El golpe gubernamental
El 14 de agosto, un operativo coordinado del ejército, la marina y la policía estatal entró a Aquila y detuvo a 49 integrantes de la guardia comunitaria, de un total de 300 elementos –en declaraciones públicas, el gobierno estatal amenaza con realizar más operativos. “Nos trataron como si fuéramos nosotros los criminales, cuando solamente estamos defendiendo nuestros derechos”, reclama Bravo. “Se llevaron hasta a los cocineros”. Los pobladores denuncian que con el ejército, venían miembros del crimen organizado vestidos como militares.
Paulino afirma que el día que detuvieron a sus compañeros, ellos se acercaron a dialogar con las autoridades “pero nos recibieron a tiros”. Reynalda Cruz muestra en sus piernas las cicatrices que, asegura, le provocaron las esquirlas de las balas del ejército. “Hay mujeres embarazadas, niños y viejitos golpeados y enfermos de susto”, declara la mujer.
El comunero informa que las armas que les quitaron “no eran de nosotros, sino de la policía municipal. No se las quitamos a la fuerza, les explicamos y ellos accedieron a entregarlas”, asegura. “Ahora los compas están presos en una cárcel de alta seguridad por defender su vida, su familia y sus poquitas propiedades”. A los familiares que se trasladaron a la capital michoacana, Morelia, a dar seguimiento a la situación de los detenidos, “nos quemaron un autobús”, denuncia Paulino. “Nosotros ya no podremos volver a Aquila, pero allá están nuestro familiares y no quedemos que queden a merced de la delincuencia organizada”, reclama.
Después del operativo, informan los comuneros, el presidente municipal volvió a Aquila bajo la protección del gobierno estatal, “echando bala y asustando a la gente”. Los efectivos policiacos continúan en una supuesta búsqueda de armas, señalan los comuneros, “pero ya no tenemos”, precisa Bravo.
Bravo confirma que a dos guardias comunitarios –que en los medios se anunció que cayeron abatidos en un enfrentamiento con las autoridades – los mataron “a sangre fría” y por la espalda solamente por traer su playera con la leyenda “Guardia comunitaria. Por un Aquila libre” dentro del lote minero. “Si alguien famoso muere, le dedican 15 días de reverencia. A nuestros compañeros los asesinó el Estado y eso permanece impune”.
Los habitantes de Aquila aseguran que cuentan con el apoyo de las otras policías comunitarias que se formaron en el estado, como “Tepalcaltepec, Buena Vista, Villa Victoria, La Ruana. También tenemos gente en La Naranja, pero los hombres de ahí están encerrados en Perote”, recalca Paulino.
Paulino considera que “si el gobierno enviara a la mitad de la policía que le manda a los profesores que están en plantón, Michoacán entero estaría libre de delincuencia organizada, y si hicieran su trabajo, nosotros no tendríamos que estar arriesgando la vida”.
Lo que hizo el gobierno “está muy mal. ¿Por qué no nos ayudan mejor a hacer la justicia? Estamos en una situación muy difícil”, recalca Reynalda Cruz. “Nosotros sólo estábamos cuidándonos”, finaliza Paulino.
“Es evidente que el Estado no ha cumplido su obligación de garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos, y que esa incapacidad queda demostrada con la forma exponencial en que ha crecido el crimen organizado. Por otro lado, es evidente que varios grupos del propio gobierno se han manifestado contra la existencia de las guardias comunitarias”, abunda el defensor, “pero esto puede ser una alternativa ante la falla del sistema para garantizar la seguridad”.