Por eso los muchachos marcharon con cintas negras en la boca. Vamos bienj señor Correa…
Los reportajes del Yasuní deben pasar por el filtro del Ministerio del Ambiente Dentro del Yasuní.
EL COMERCIO
31/08/2013
El Ministerio del Ambiente (MAE) recordó las normas para los medios de comunicación que deseen realizar algún trabajo periodístico dentro del Parque Nacional Yasuní. Ayer circuló un boletín electrónico con una serie de requisitos que, según esa cartera, datan del 2011. Una de las reglas que más preocupación genera es la de entregar “los resultados de la filmación y/o reportaje” al Ministerio antes de que sean difundidos públicamente. La idea del Ministerio, según ese boletín, es “informar a la ciudadanía de manera adecuada”. Este anuncio ha generado el rechazo de comunicadores, quienes ven esas reglas como una forma de “controlar” los contenidos y generar una posible censura previa. Estos controles al trabajo de la prensa, por parte del Ministerio, coincide con el momento en que periodistas nacionales y extranjeros visitan el Parque Nacional Yasuní para recoger las reacciones acerca de la posible explotación del bloque ITT que está en el extremo nororiental de esa reserva. Así, los periodistas deberán cumplir con varios requisitos antes de su visita al Parque, en su estadía y al terminar su investigación. Según el formulario que se entrega para el inicio de una filmación o reportaje, se pide una garantía por USD 500; detallar los lugares que se recorrerán; las visitas puntuales que desean realizar; así como la información que se requiera recabar del Parque Nacional Yasuní. Además, detallar el tipo de reportaje o filmación que se realizará; el título de la misma y el cronograma de actividades junto con las copias de cédulas de los que integrarán la comisión. A esto se suma que durante la permanencia en el Parque todas las actividades serán “coordinadas y supervisadas por la administración del área protegida”. Esta emitirá el informe respectivo de cumplimiento. Al final de la visita, la garantía de USD 500 será devuelta solamente al entregarse tres copias del material producido para el uso del Ministerio del Ambiente. Paúl Mena del Foro de Periodistas del Ecuador mira con “preocupación” esta serie de requisitos que podría en algún momento afectar el normal desarrollo de la práctica periodística. “Los ciudadanos necesitan que los medios de comunicación y los periodistas les den la información sin censura previa o control previo de contenidos”. Él destaca que el comunicado del Ministerio “no especifica la base legal” para controlar el material periodístico y que así no se afecte el derecho de la libre expresión consagrado en la Constitución. La periodista y activista ambiental Milagros Aguirre recuerda que esos requisitos ya se estaban exigiendo desde mucho tiempo antes, a periodistas y documentalistas, para entrar a comunidades waorani ubicadas en la Zona Intangible del Yasuní, como Bameno o Boanamo. En todo caso, considera que dada la coyuntura sobre el Yasuní, la solicitud del Ministerio, “no es muy amable para con una prensa ávida de información”. El Ministerio sostiene que estas no son nuevas reglas para la visita de periodistas ya que los requisitos solicitados están vigentes desde agosto del 2011. En esa fecha Mercy Borbor, como ministra del Ambiente encargada (la titular era Marcela Aguiñaga, actual asambleísta), firmó el Acuerdo Ministerial 136 en cuyo artículo 3 se establece que previo a la autorización se debe presentar una garantía de USD 500. Ahí también se determina que “deberá entregarse tres copias del material producido para el uso del MAE”: Estas exigencias plantean dudas: ¿Qué pasa si los funcionarios del Ministerio ponen reparos al contenido? ¿Podrá este ser publicado? Son interrogantes que para los periodistas deben ser despejadas por la autoridad de inmediato. El oficialismo se reunió El bloque de Alianza País mantuvo ayer una reunión privada en la cual se definió la postura sobre la explotación del bloque ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Uno de los temas debatidos fue la aplicación de la figura de la consulta prelegislativa que no será aplicada; la presencia de pueblos no contactados en las áreas de influencia y las condiciones de explotación del bloque como la tecnología que se usará para sacar el crudo y la empresa que realizará la explotación del ITT.