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Yaquis, cuatro meses de resistencia legal y acción directa

Plantados en la carretera bajo sol y lluvia, con juicios ganados en el máximo tribunal de México y con manifestaciones de la sociedad civil a su favor, los yoeme no cejan en su exigencia: que se detenga la extracción del agua de su río.

Giovanni Velázquez
Desinformémonos

México. A cuatro meses de iniciado el bloqueo carretero en Vícam, Sonora, para exigir el cierre del Acueducto Independencia, el pueblo yaqui continúa la defensa de su río con nuevas acciones legales y manteniendo el plantón en su territorio.

El Acueducto Independencia sigue en operación, extrayendo ilegalmente agua del río Yaqui, pues no cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental. El que tuvo fue declarado insubsistente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dos ocasiones. En la primera, además, se reconoció a la tribu yaqui el derecho a consulta y decisión para aprobar o cancelar la obra; y en una segunda se aclaró esa misma sentencia, después de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunciaron que no entendían los alcances del procedimiento con respecto al trasvase de agua. La extracción del líquido inició antes, sin permisos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y con procesos legales en su contra.

La omisión de las autoridades ambientales para cancelar la operación del acueducto no es otra cosa más que complicidad, con el objetivo de perpetuar el saqueo de la cuenca del río Yaqui y beneficiar el mayor tiempo posible a empresario y ganaderos. Los negocios en torno al aprovechamiento y especulación del agua son fundamentales para su proceso de acumulación, pero a costa del empobrecimiento, exclusión y exterminio de la población del sur de Sonora y de la propia ciudad de Hermosillo.

La PROFEPA se niega a responder a los cuestionamientos en torno la cancelación de la obra y los responsables directos de que no se realice. El analista Luis Hernández Navarro, durante el foro Crónicas del Despojo –realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-, señaló que estas dependencias tienen una función evidente bajo la lógica neoliberal de devastación ambiental: “Buscan relajar la interpretación y aplicación de la normatividad ambiental, creando toda una simulación. Lo que priva es la impunidad ambiental y la rectoría de los grandes capitales”.

La tribu yaqui sigue en espera de justicia, mientras se le quita al agua necesaria para su desarrollo social, económico y cultural. Las pocas lluvias, generadas por los remanentes del huracán “Manuel”, sólo sirvieron para dejar charcas a lo largo de un río Yaqui totalmente seco dentro del territorio de la tribu, debido a políticas hídricas enfocadas al despojo sistemático. El panorama puede parecer de impotencia y desánimo ante la falta de acciones concretas de la democracia mexicana, pero las autoridades tradicionales de los yaquis siguen adelante con acciones legales acompañadas por resistencia civil. La manifestación en la carretera internacional México-Nogales alcanza ya los cuatro meses, sin que haya solución a la demanda para detener el trasvase del agua.

La PROFEPA apela a tiempos institucionales mientras acumula expedientes, emanados de quejas presentadas por la tribu e integrantes de la sociedad civil bajo la forma de “Denuncia Popular”, establecida por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Las quejas son contra quien resulte responsable por la construcción y operación del Acueducto Independencia. Sumado a ello, representantes yaquis presentaron la semana pasada más de 9 mil firmas –recabadas vía internet- para solicitar la suspensión de dicha obra, dirigidas a Jorge Carlos Flores Monge, delegado de la PROFEPA en Sonora; Francisco Alejandro Moreno Merino, Procurador Federal de Protección al Ambiente, y Juan José Guerra Abud, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Bajo este panorama, se planteó realizar el proceso de consulta para aprobar o rechazar el nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental. Sin embargo, la comisión intersecretarial establecida con representantes federales y estatales de la Secretaría de Gobernación, SEMARNAT y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), anunció su arranque sin que conozcan los procedimientos bajo los cuales se rigen las leyes internas de la tribu yaqui. Diversos actores sociales denuncian que se busca una consulta express, cuya respuesta pueden manipular para determinar la aprobación del acueducto. El gobierno de Sonora busca involucrarse para aumentar las divisiones en la tribu que generó durante el período de Guillermo Padrés Elías.

En el territorio yaqui, las autoridades tradicionales y la Tropa Yoeme (toda la población yaqui) se mantienen en alerta para que la consulta no sea un engaño –como sucedió en el caso de la Presa Pilares, cuya construcción desplazará al pueblo guarijío, al sur de Sonora. Mario Luna, secretario y vocero de la tribu yaqui, señaló: “Para confiar en que la consulta efectivamente va encaminada a salvaguardar nuestros derechos humanos, necesitamos que se detenga la construcción y operación del acueducto, el cual en sentido estricto ya no cuenta con los permisos para extraer agua”.

El descontento popular aumenta, y lo que fue un problema regional por el abasto del agua ya cobró otros matices a escala nacional e internacional. La protesta contra la mercantilización y privatización del agua se legitima con argumentos de derechos humanos, cosmovisiones y devastación ambiental, entre otros aspectos. Otras comunidades indígenas de México, al igual que los yaquis, enfrentan una oleada de proyectos y obras hidráulicas, como fue denunciado en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Los asistentes denunciaron el papel del Estado mexicano como garante del gran capital, y a ambos como responsables de la catástrofe económica, política y social del país.

El acompañamiento a la tribu yaqui aumenta, en la medida que se socializan las afectaciones que implica concebir al agua como mercancía. Los solidarios con la tribu han tomado los espacios públicos como espacios de denuncia, como se demostró en un acto político-cultural organizado por la Red contra la Represión y por la Solidaridad en la explanada del Palacio de Bellas Artes. La lucha de la tribu hizo eco en una población acostumbrada ya a pagar el agua que consume diariamente.