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Estado fallido subasta territorio y subsuelo, y viola el derecho a la consulta libre e informada
Honduras: Petróleo, “ciudades modelo”, REDD+ y la farsa de la “consulta previa”

OFRANEH *

El Estado de Honduras se encuentra a punto de ser subastado por retazos a inversionistas extranjeros. La decisión tardía por parte del estado de Honduras de efectuar una socialización - consulta del contrato firmado con el grupo BG demuestra una vez más la inconsistencia en materia jurídica de la actual administración gubernamental; desvirtuando de esta forma el Convenio 169 de la OIT, en especial el artículo 6, referente a la consulta, y consentimiento, previa, libre e informada.

El golpe de 2009 convirtió a Honduras en un laboratorio político, social y económico, con la posible mira de replicar la lección en países latinoamericanos afligidos de endebles democracias, además como respuesta del imperio al fortalecimiento del ALBA, UNASUR y el CELAC. El golpe de Estado en contra de Fernando Lugo en Paraguay no fue más que una réplica del golpe en Honduras. En un futuro no muy lejano, las Cortes Supremas en los países bajo la férula imperial, terminarán siendo presas de la jauría de legisladores afines a los mandatos e intereses del norte.

Mientras tanto, Honduras sucumbe en una violencia demencial, con un promedio de 85 asesinatos por cada cien mil habitantes, al mismo tiempo que los narcotraficantes mexicanos controlan extensas zonas del país. Por supuesto que las armas legales e ilegales pululan, y para colmo de males la réplica de la Operación Rápido y Furioso promovida por el gobierno de los Estados Unidos, la Operación Náufrago dejo ciento de armas largas en manos de temibles delincuentes.

Honduras inició el año con un gobierno en bancarrota moral y económica, donde las agencias de prensa sistémica, no vacilan en utilizar la palabra estado fallido. Pero por supuesto que dicha condición ha sido inducida tanto por compañías transnacionales como también por aquellos países del norte que históricamente han vivido de saquear a sus colonias del sur.

Honduras: Estado fallido subasta territorio y subsuelo (1)

La aprobación de la Ley de Minería y de Regímenes Especiales de Desarrollo, la nueva versión maquillada de las denominadas “Ciudades Modelo” por parte del Congreso Nacional, es un indicador del colapso del estado-nación, el cual se encuentra a punto de ser subastado por retazos a inversionistas extranjeros.

El pasado 23 de enero, el Congreso Nacional aprobó una nueva Ley de Minería e Hidrocarburos, sin tener en consideración las objeciones expuestas por comunidades y organizaciones ambientalistas, dando luz verde a la minería a cielo abierto y además permitiendo que compañías mineras estados-nación puedan participar directamente en la explotación de los yacimientos. Como muestra se encuentran los vergonzosos e irrisorios impuestos que pretende el estado de Honduras cobrar, además de los cuestionables períodos de concesión a otorgar.

Antes de aprobar la Ley de Minería e Hidrocarburos, el pasado 11 de diciembre, Honduras firmó un memorando de entendimiento con la compañía británica BG, para la exploración y posterior explotación de petróleo y gas natural en la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña.

Cabe recordar el accidente del pozo Macondo, en el Golfo de México, como resultado de un inapropiado manejo por parte de la compañía británica BP y Halliburton. La BG no se encuentra exenta de accidentes, tal como aconteció el año pasado en la plataforma Elgin en el Mar del Norte. El alto costo económico y ecológico de la explotación de hidrocarburos en alta mar, parece ser que no causa preocupación alguna a la actual administración, la que busca a toda costa fondos para poder subsanar la actual crisis fiscal que atraviesa Honduras.

Desde la OFRANEH el año pasado en diciembre, efectuamos un llamado a la moratoria de la exploración y explotación de hidrocarburos en Honduras. Entendemos perfectamente la grave crisis económica por la que atraviesa el país y la factura del costo de importación de hidrocarburos. Sin embargamos sopesamos las posibles ganancias de la explotación de hidrocarburos con el costo de la consecuencias del cambio climático.

El Estado de Honduras y ONU-REDD violan el Derecho a la Consulta (2)

Una vez más el Estado de Honduras viola el derecho a la consulta consignado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidassobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al incorporarse al programa de Reducción de las Emanaciones Causados por la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD+) al haber excluido al pueblo Garífuna del proceso de consulta en la elaboración del denominado R-PP (Readiness Preparation Proposal) financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y el Programa ONU-REDD.

El estado de Honduras participó en Washington entre los días 19 al 22 de marzo en una reunión del FCPF (PC14), además de Chile, Papua Nueva Guinea, Suriname, Tailandia y Vanatu. Los seis países compartirán 23 millones de dólares, con el propósito supuestamente de prepararse para la implementación de los programas REDD+.

En el borrador del denominado R-PP de septiembre del 2012, la OFRANEH es mencionada como “La organización que dicta las políticas indígenas en los territorios Garífunas, hace incidencia política y vela por el derecho del pueblo”, además en el mismo borrador se incluye a la organización en los talleres de socialización y preconsulta que nunca fueron realizados. Como por arte de magia y sin haber contactado los funcionarios estatales o de Naciones Unidas a nuestra organización, en el R-PP de marzo del 2013, la OFRANEH desaparece del documento como la organización representante del pueblo Garífuna.

La actitud asumida por la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), el FCPF y ONU-REDD de excluir a la OFRANEH en la elaboración del R-PP, deniega el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas, situación que previamente había sido señalada por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) en su carta de febrero del 2012. Ciertamente es un misterio como la CONPAH aparece ahora firmando una carta de aceptación, cuando es de conocimiento público que la actual administración gubernamental, regida por el Sr. Porfirio Lobo viola sistemáticamente los derechos humanos y desconoce totalmente el derecho a la consulta.

Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, no obstante el Derecho a la Consulta previa libre e Informada (CPLI) continua siendo ignorado, existiendo una larga lista de violaciones a dicho derecho. Hasta la fecha ninguna administración gubernamental ha realizado algún esfuerzo por legislar una Ley para la Consulta.

Una de las mayores aberraciones neocolonialistas que se ha dado, es la emisión de la Ley de Propiedad, la cual en su artículo 100 del Capítulo III, apertura la destrucción de la propiedad comunitaria. Esta se encuentra íntimamente ligada con la cosmovisión de los pueblos indígenas y es fundamental para la preservación de los territorios ancestrales.

La OFRANEH realizó una consulta comunitaria en el año 2003, en relación a la Ley de Propiedad, donde rechazamos los dos borradores presentados por el estado de Honduras. En el año 2004 se aprobó la Ley, sin que se tomara en cuenta las observaciones presentadas por la asamblea comunitaria garifuna. Posteriormente la OFRANEH recurrió al Panel de Inspección del Banco Mundial, organismo financiero que impulsó la Ley de Propiedad. El Panel señaló que el Estado de Honduras no se ciñó al Convenio 169 de la OIT. En el año 2009 recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, la cual en el 2010 declaró sin lugar el recurso interpuesto.

Actualmente se ventila como una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH). La Ley de propiedad vigente, en su Capítulo III artículo 100, se presta para finiquitar los títulos comunitarios que defienden los exiguos reconocimientos territoriales otorgados por el estado de Honduras.

La actual administración Lobo viene promoviendo una serie de proyectos altamente destructivos, al mismo tiempo violentando el CPLI de forma sistemática: desde la inconsulta represa del Patuca III y la destrucción de los humedales de la Moskitia, la explotación petrolera en la plataforma continental y las graves consecuencias que acarreará para la plataforma continental en el golfo de Honduras, pasando por las innumerables microrrepresas en el territorio del pueblo Lenca, hasta las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y la abusiva subasta del territorio Garífuna.

No desconocemos la gravedad de la deforestación que existe en el país, donde se pierde 3,4% de su cobertura forestal por año. La mayoría de las comunidades indígenas del país vivimos en áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento, indicador de la preservación de nuestros hábitats. La corrupción y la ingobernabilidad imperante son los pilares del ecocidio existente y los mayores depredares del bosque se encuentran dentro del Congreso Nacional o forman parte de los partidos políticos tradicionales, basta ver el informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), documento del año 2005, el cual señala las conexiones entre políticos y deforestares. Desafortunadamente el documento de la de la EIA continúan siendo vigentes.

No nos extraña la posición asumida por el Estado de Honduras a través de SERNA, especialistas en ignorar o comprar voluntades como parte de su estrategia oficial. Preocupante es la actitud de las Naciones Unidas en Honduras, conociendo la deplorable condición del país, la ausencia de respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, faculte al programa REDD+ lo que se puede convertir en un saqueo de los territorios de los pueblos indígenas, además de violar su propia Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El retiro de la Confederación de Pueblos Indígenas de Panama (COONAPIP) del programa, UN-REDD y los señalamientos del Consejo Indígena Centroamericano (CICA) sobre “intolerancia y discriminación racial hacia los Pueblos y organizaciones indígenas”, son señalamientos sumados al repudio que la OFRANEH ha venido indicando sobre el Programa REDD+, el cual cada día demuestra nos es mas que una falsa solución al cambio climático, y una forma mas de desterritorialización y acaparamiento de tierras y territorios.

La pesca de arrastre y la apropiación del territorio marítimo de las comunidades garífunas (3)

La Ley de Pesca y Acuicultura a punto de ser aprobada por el Congreso Nacional, tras el dictamen firmado el pasado 14 de agosto, coloca en un inminente peligro el territorio marítimo de las comunidades Garifunas y la dieta de nuestro pueblo. El Artículo 52 de dicha ley, contempla la entrada de la flota camaronera al santuario de las tres millas náuticas reservado para los pescadores artesanales, y el Artículo 54 determina la suspensión especial del acceso a la pesca artesanal

La pesca ha sido tradicionalmente uno de los pilares de la dieta de nuestro pueblo, sin embargo el efecto nocivo de la pesca de arrastre ha disminuido notablemente la captura efectuada por los pescadores artesanales, los que durante años han venido observando como los barcos de la flota industrial de las Islas de la Bahia, utilizaban sus redes dentro de las tres millas, especialmente en las áreas vecinas a las desembocaduras de los ríos.

“Se ha determinado que la pesca de arrastre de fondo es una de las técnicas más difíciles de manejar en cuanto a las capturas incidentales y las repercusiones en los hábitats”, indica el informe de la FAO “El estado mundial de la pesca y la acuicultura” (2012). Sin embargo en Honduras la flota camaronera persiste en la destrucción de los bancos de pesca, al capturar por cada libra de camarón 15 libras de otras especies, que usualmente son desaprovechadas.

La flota camaronera ha generado un impacto ecológico de enormes dimensiones, sin embargo el poder de cabildeo de los empresarios dueños de las naves impide cualquier acción para frenar su capacidad de destrucción. Ahora a través del artículo 52, se abre las puertas a la extracción de camarón “regulada” dentro del ámbito de las tres millas, en detrimento de los pescadores artesanales del pueblo Garífuna.

En América Latina ya existen algunos ejemplos de prohibición total de la pesca de arrastre: Venezuela (2009), Belice (2010), Ecuador (2012) Costa Rica (2013); en Chile está prohibida la pesca de arrastre de fondo en todos los montes submarinos de Chile. Es inaudito el retroceso que se pretende dar en Honduras, con la pesca regulada de camarón en el santuario de las tres millas.

Las 47 comunidades Garífunas se encuentran localizadas en su totalidad en la orilla del mar, siendo el territorio marítimo para nuestra cultura de una enorme importancia, tanto como las playas, deltas de los ríos y cordones litorales donde habitamos; no obstante en los someros reconocimientos territoriales por parte del Estado de Honduras nuestro derecho sobre el mar son prácticamente desconocidos.

En la cosmovisión Garifuna, el mar es fuente de vida y se encuentra ligado enormemente a la espiritualidad. Hemos visto su permanente saqueo y el agotamiento de ciertas especies que poseen un valor comercial en el mercado internacional, en detrimento de la dieta de nuestro pueblo; además de las consecuencias del cambio climático que dificultan la captura de peces, ante el calentamiento de las aguas superficiales y la migración de las especies buscando hábitats más propicios.

Para el pueblo Garífuna el mar es sinónimo de vida, y el uso del territorio marítimo forma parte integral de nuestra cultura. Abrir las puertas a la flota pesquera es nada más que entregar el territorio marítimo a la flota pesquera hondureña y posiblemente la extranjera a través de la transferencia de cuotas de pesca que viene amarrada con la nueva Ley.

La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) es la instancia gubernamental, a la cual se encuentra adscrita la Dirección General de Pesca (DIGEPESCA), institución que omitió desde el inicio llevar a cabo una Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) como se encuentra consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés).

El actual anteproyecto de Ley de Pesca, incluye la definición de Consulta Previa, en un índice a su inicio, señalando que: Acción de consulta a la sociedad civil gestionada por la autoridad competente mediante exhibición de intenciones de manejo y el sustento que se posee, en los procesos de gestión pesquera o acuícola. En el caso de los pueblos indígenas y afrohondureños, se enmarca en el convenio 169 de la OIT, con carácter de obligatoriedad. La finalidad de la consulta es llegar a un acuerdo previo a las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Posteriormente en el artículo 12, De los Procesos de Consulta Previa indica que: El estado respetará el proceso de consulta previa relativo al dictado de normas que involucren los intereses manifiestos de los pueblos y comunidades indígenas y afrohondureñas y sus modelos de gobernanza acreditadas en el Registro nacional de Pesca y acuicultura (RNPA), en los procesos de consulta previa relativa al dictado de normas y políticas de pesca y acuicultura que involucren los intereses manifiestos de los pueblos indígenas y afrohondureños.

Aunque el artículo 12 de la Ley, se refiere a la Consulta Previa, esta nunca se llevó a cabo. DIGEPESCA realizó una socialización instantánea, sobre los Art. 52 y 54 que colocan en riesgo el territorio marítimo de las comunidades Garifunas y por ende la dieta de nuestro pueblo.

El artículo 13 de la Ley incluye la Protección de los Buzos. Cabe señalar que el pueblo Miskito cuenta con más de 4000 lisiados como consecuencias del buceo industrial y 400 fallecidos. Se ventila en la actualidad un caso ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) en relación al genocidio cometido por los empresarios propietarios de las embarcaciones que durante más de dos décadas saquearon los bancos de pesca de la plataforma continental frente a la Moskitia.

Las Ciudades Modelo, “Tercerización” de la Justicia y Etnocidio (4)

La irrupción del economista estadounidense Paul Romer en el ámbito nacional, aperturó el arribo de antaños espectros del colonialismo en Honduras. Al estilo de William Walker y los Caballeros del Círculo Dorado, grupúsculos esclavistas del sur de los Estados Unidos que pretendieron crear colonias en el Caribe y Centroamérica; Romer aprovechando la crisis surgida del golpe de estado del año 2009, se reunió con la elite de poder nacional, los cuales aceptaron la idea de rematar franjas del territorio hondureño, para consolidar estados-ciudad, réplicas de los paraísos fiscales existentes en el sureste asiático y las islas bajo influencia británica.

Uno de los casos mas aberrantes en materia de despojo territorial es el del pueblo chagosiano, quienes habitaban el archipiélago de Diego Garcia en el océano Indico. En el año de 1966, Inglaterra que poseía los derechos coloniales sobre el archipiélago, se los cedió a los Estados Unidos a cambio de un submarino nuclear polaris. El Pueblo Chagosiano conocido también como Ilois, oriundo del archipiélago de Diego García fue forzado por las tropas estadounidenses a relocalizarse en la isla de Mauricio el 26 de abril de 1969, donde han vivido durante décadas como parias.

Los chagosianos iniciaron un proceso en las corte británicas en 1998, dos años después el Tribunal Supremo dictaminó ilegal la expulsión, y para el 2004 la Corte de Apelaciones confirmo el fallo. En el año 2008 la Camara de los lores, instancia superior del sistema de justicia británico falló a favor del gobierno. “Elargumentoesgrimido por los lores fue que el gobierno contaba con títulos suficientes para legislar sobre una de sus colonias en función de la seguridad de los intereses del Reino Unido”.

Como remate a la apelación presentada a la Corte Europea de Derechos Humanos, el canciller David Miliband anunció la creación de una enorme área protegida que no permitiría la presencia de humanos, pero si de los militares estadounidenses y su replica de Guantanamo en el océano índico. De los 2000 Ilois deportados a la isla de Mauricio, sobreviven 700. Suelen ser afectados por una enorme nostalgia, al cual se refieren en su idioma creole comosagren, una tremenda tristeza que los lleva a la muerte.

La Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) marco jurídico de las Ciudades Modelo en Honduras, fue declarada inconstitucional en octubre del año pasado por la Corte Suprema de Justicia, dictamen que derivó en un golpe por parte del Congreso nacional al destituir ilegalmente a los magistrados que votaron en contra de la iniciativa neocolonial. La ley RED, ahora bajo el nombre de Ley de Regímenes Especiales de Desarrollo, fue aprobada en un segundo debate el 23 de enero en el Congreso Nacional, ratificando el poder Legislativo la entrega de franjas del territorio nacional a capitales o países extranjeros.

Una de las aberraciones jurídicas más temerarias que incluye la Ley RED o Ciudades Modelo es la entrega de la aplicación de justicia en los retazos de Honduras que pretende subastar el Congreso Nacional. Tanto los “ideólogos” Paul Romer como Mark Klugman, señalan alTribunal Supremo de la Isla de Mauricio,como el lugar idóneo para dirimir los casos en apelación, incluso se ha mencionado al Comité judicial del Consejo Privado (JCPC, por sus siglas en inglés) para los recursos de casación.

Klugman insisteque “el desarrollo económico se funda esencialmente en la existencia de un poder judicial con plena credibilidad”, de ahí la importancia de la tercerización (outsourcing) de justicia. En unboletínde la Agencia Nacional de promoción de Inversiones de Mauricio, de noviembre del 2011, se señala que la legislación de Mauricio se aplicara en las RED de Honduras. Por supuesto que el pueblo hondureño fue el último en enterarse de las patrañas de la mara nacionalista sobre su desconfianza y entrega del sistema legal hondureño. La noticia apareció primero en el extinto portal red.hn, y posteriormente en el periódico ingles The Guardian. Es hasta septiembre de este año cuando los medios de comunicación hondureños comienzan a mencionar la tercerización de la justicia en los territorios a subastar.

El fallo final sobre los múltiples recursos de inconstitucionalidad presentados en contra de la Ley RED, será una de las tareas más cruciales de la Corte Suprema de Justicia. Aceptar que la isla de Mauricio y las Cortes Británicas sean las encargadas del manejo de los asuntos legales en las RED, es simplemente reconocer su inoperancia jurídica y su eventual desaparición y finalmente del Estado Hondureño, el que pasará en retazos a ser controlado por los inversionistas extranjeros.

Paul Romer señalaba con sorna la necesidad de crear un Manual de Ciudades Modelos para Idiotas. Irremediablemente los Congresistas hondureños pueden contribuir a la elaboración de un Manual para Destruir Estados y sus Democracias. El primer paso es un golpe de estado que elimine la participación de las posibles fuerzas opositoras a los saqueos de recursos. El segundo paso es entregar el territorio nacional a fuerzas irregulares con enormes capitales financieros como son los carteles de las drogas. Posteriormente socavar cualquier residuo existente de la administración de justicia. Y como final feliz para los neocolonialistas: la subasta del territorio y el subsuelo.

Del Mare Liberum y la Explotación de Hidrocarburos en la Zona Económica exclusiva

Las aberraciones jurídicas de la administración, Lobo forman parte del manual de desmantelamiento del estado y golpe permanente, en la que ha sido sumergida Honduras. El asalto a la Corte Suprema y la Fiscalía General por parte del Poder legislativo garantizan la entrega del país por retazos como se pretende con la ley RED-ZEDE y la Ley de Reconversión de la Deuda.

Hace cuatrocientos años el jurista holandes Hugo Grotius publicó el libro intitulado Mare Liberum (Mar Libre), en contraposición al mare clausum, concepto con el cual Portugal aducía el monopolio sobre su comercio en los mares del océano índico. Grotius argumentó que el mar era de todos. Ciertamente el concepto funcionó hasta que la visón capitalista a ultranza de la explotación del mar nos ha conducido a una destrucción de los recursos marinos los que se creía inagotables; el ecocidio cometido por la pesca de arrastre ha llegado a un punto de un imposible retorno. En el caso de Honduras, la flota pesquera industrial en su mayoría afincada en la Islas de la Bahía, arrasó con la riqueza ictiológica en el golfo de Honduras y zonas adyacentes.

La entrega de las tres millas de la franja costera a la flota pesquera, ya sea nacional o extranjera es una idea tan descabellada como el convenio recientemente firmado con el Grupo GB para la exploración y explotación de 35mil kilómetros cuadrados de la zona económica exclusiva de Honduras, frente a la costa de la Moskitia; entrega que nunca fue consultada con el pueblo Garífuna, situación que contrasta con el reciente acuerdo entre el grupo GB, el estado de Honduras y la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en ingles).

La entrega de 35,246 kilómetros cuadrados de la plataforma continental por un período de cuatro años de exploración, prolongable por dos años más, y de 20 años de explotación, sin licitación alguna que implicara la presencia de otros postores más allá del Grupo BG, no desató mayor preocupación en la bancada nacionalista, la cual gracias al golpe de estado del año 2009, posee una mayoría absoluta en el Congreso, situación que les ha permitido aprobar leyes desprotegiendo totalmente al pueblo hondureño a favor de presuntos inversionistas extranjeros.

Las regalías de la entrega de la plataforma al Grupo BG son irrisorias: Según el contrato (abril 2013) BG cancelará “50 mil dólares por la totalidad del área del contrato y en el período de desarrollo y producción un dólar por hectárea de la zona seleccionada para explotación”. Las ganancias se repartirán un 50% para el Estado en caso que la producción no supere los 100 mil barriles por día, y de un 58% para el Estado en caso que la producción supere los 100 mil barriles por día; además de un canon simbólico de seis millones de dólares.

El contrato señala la entrega de $250,000 por año para programas sociales en las comunidades ribereñas del departamento de Gracias a Dios, donde habitamos los pueblos Miskito y Garífuna; los que nunca fuimos consultados de forma previa libre e informada, desconociendo el derecho sobre el territorio marítimo de nuestras comunidades.

La decisión tardía por parte del estado de Honduras de efectuar una socialización- consulta del contrato firmado con el grupo BG, demuestra una vez más la inconsistencia en materia jurídica de la actual administración gubernamental; desvirtuando de esta forma el Convenio 169 de la OIT, en especial el artículo 6, referente a la consulta, y consentimiento, previa, libre e informada.

El pasado 5 de agosto, la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) envió a nuestra organización una nota, señalando el interés en efectuar una “socialización del Proyecto de Exploración Petrolera en el Mar Caribe Hondureño, en apoyo a la firma British Gas Group”. En un párrafo adicional de la misiva de SERNA, solicitan “una cita para dialogar en relación al proceso de consulta sobre el proyecto”.

Aparentemente SERNA confunde la socialización con la consulta, además que desvirtúa totalmente la condición de previa, para convertirla en un simple acto de aprobación tras la firma del contrato por el poder ejecutivo el pasado 9 de abril y la súbita aprobación, el 23 de mayo sin mayor debate por el Congreso Nacional.

Explotación petrolera, cambio climático y posibles consecuencias ambientales

Honduras es considerado por el Germanwatch como el país más afectado por las consecuencias del cambio climático en el período entre 1992 y 2011. Huracanes y tormentas tropicales se ensañaron con el país dejando una estela de muerte y destrucción. Si bien, el estado a través de SERNA elaboró una Estrategia Nacional sobre Cambio Climático (ENCC), en el documento de 113 páginas se refiere solo en seis ocasiones a los pueblos indígenas, exclusivamente en materia forestal, sin referencia alguna sobre la mitigación y adaptación al cambio climático. Tanto el pueblo Garifuna como el Miskito habitamos en frágiles cordones litorales y deltas de ríos que han sido los lugares mas afectados por los fenómenos meteorológicos.

Casualmente parte del área de exploración y factible explotación otorgado al Grupo BG se traslapa con el Sistema de Arrecifal Mesoamericano (SAM), el cual se supone es la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, y es conformada por varias áreas protegidas desde México hasta Honduras. El sector del SAM comprendido entre el cabo Camarón a Barra Patuca coincide con la zona de explotación de hidrocarburos concedida recientemente por el gobierno de Lobo.

Las supuestas organizaciones ambientalistas a cargo de las áreas protegidas del SAM no han vacilado en reprimir a los pescadores Garifunas, mientras han permanecido en un silencio absoluto sobre la entrega de la plataforma continental frente a la Moslkitia a BG. Parece ser que las fundaciones ambientalistas han olvidado las consecuencias del desastre en el pozo Macondo en el golfo de México en el año 2010, manejado por la empresa British Petroleum (BP), con un derrame estimado de 4,9 millones de barriles de petróleo; y el pozo Ixtoc, en la Bahía de Campeche en 1979.

El grupo BG no ha estado exento de accidentes, basta recordar el caso de la plataforma Elgin en el mar del norte, operada por las petroleras TOTAL, ENI y BG. Incluso el mismo ex jefe de BG, Frank Chapman declaró que existía un nivel inaceptable de deterioro en la seguridad y la rata de accidentes sufridos por la empresa.

El Grupo BG, así como la mayoría de las empresas petroleras, se ha visto envuelta en sonados casos de corrupción financiera, ya sea para obtener concesiones o reducir los estándares ambientales. Uno de los más sonados se dio en Italia en el año 2007, en relación a la construcción en Brindisi de una planta de gas natural liquificado. El pago de sobornos por parte de BG para obtener los permisos requeridos se convirtió en un escándalo que conllevó al arresto de cinco personas vinculadas a la compañía británica.

Un episodio de corrupción fue denunciado en Kazakhstan, cuando BG y otras compañías petroleras pagaron $90 millones para obtener permisos de explotación en el mar Caspio. En febrero del 2010, Kazakhstan impuso una multa de 21 millones de dólares como resultado de las fallas en las operaciones de la explotación de gas natural. Desde Tarija (Bolivia) hasta Queensland (Australia), las actividades de BG han sido señaladas por las poblaciones locales como perjudiciales para el medio ambiente.

El reciente informe del IPCC, indica que estamos contrarreloj para poder frenar el impacto del cambio climático, y aun así sabemos que los pueblos que habitamos en la orilla del mar estamos condenados tarde que temprano al desplazamiento, además de tener que confrontar la súbita perdida de los recursos marinos, pilar de nuestra alimentación.

Comulgar con la explotación de hidrocarburos en nombre de simbólicos proyecto sociales o prebendas económicas para nuestros líderes nos convertiría en simples cómplices de un esquema planetario de autodestrucción. Las falsas soluciones al cambio climático promovidas por los organismos internacionales como el Programa REDD+ o el cambio de patrón de producción energética, que incluye el aniquilamiento de los ríos, son alternativas de bajo impacto a la gran problemática existente. Energías como la solar y la eólica o el OTEC (conversión de la energía termal oceánica) han sido denegadas en la última década persistiendo de forma perversa la continuidad de la era del petróleo, poniendo en riesgo la sobrevivencia futura de la humanidad.

Notas:

1. Sambo Creek, 28 de enero de 2013: http://ofraneh.wordpress.com/2013/01/28/honduras-estado-fallido-subasta-de-territorio-y-subsuelo/

2. Sambo Creek, La Ceiba Atlántida, 3 de abril de 2013: http://ofraneh.wordpress.com/2013/04/03/redd-estado-de-honduras-y-onu-redd-violan-el-derecho-a-la-consulta/

3. Sambo Creek, 9 de septiembre de 2013: http://ofraneh.wordpress.com/2013/09/09/honduras-la-pesca-de-arrastre-y-la-apropiacion-del-territorio-maritimo-de-las-comunidades-garifunas/

4. Sambo Creek, Atlántida 16 de octubre de 2013: http://ofraneh.wordpress.com/2012/10/16/ciudad-modelo-tercerizacion-de-la-justicia-y-etnocidio/

* Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Sambo Creek, 15 de octubre de 2013.