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El Presidente decreta el indulto: se violó el debido proceso.
Se comprobó que en su juicio hubo violaciones graves a los derechos humanos. Trece años preso injustamente
Trece años de injusticia
Patishtán, libre
El Presidente decreta el indulto: se violó el debido proceso
Se comprobó que en su juicio hubo violaciones graves a los derechos humanos
El gobierno pidió realizar un estudio para determinar si procedía aplicar la nueva norma
Tras el anuncio, Osorio Chong ordenó notificar la decisión al profesor tzotzil
Periódico La Jornada
Viernes 1º de noviembre de 2013, p. 2
El presidente Enrique Peña Nieto decretó ayer el indulto en favor de Alberto Patishtán Gómez, al comprobar que al enjuiciarlo hubo violaciones graves a los derechos humanos, particularmente al debido proceso, señaló ayer el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Inmediatamente después de emitir un mensaje ante los medios de comunicación, Osorio Chong ordenó a tres funcionarios de la dependencia que acudieran a notificar personalmente a Patishtán la decisión del Ejecutivo federal, por la cual obtuvo su libertad inmediata.
El indulto se otorgó con base en una adición reciente al artículo 97 del Código Penal Federal, que entró en vigor este jueves.
Aunque la Constitución y las leyes de cada entidad prevén esta posibilidad, es la primera vez que se concede tras comprobarse la existencia de las cuatro causales que señala la reforma al Código Penal:
Que se trate de delitos del orden federal; que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y la seguridad públicas; que existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada, y que ésta haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.
En el caso de Patishtán Gómez –quien el 18 de marzo de 2002 fue sentenciado a 60 años de prisión acusado de participar en el asesinato de siete policías, en un hecho ocurrido el 12 de junio del 2000 sobre la carretera Simojovel-El Bosque, cerca de la comunidad Las Limas, en Chiapas–, éste había agotado todos los medios de impugnación que permite la ley.
El presidente de la República –explicó el secretario de Gobernación– ordenó realizar un estudio técnico-jurídico con el propósito de determinar si el expediente cumplía con el parámetro de excepcionalidad.
El gobierno de la República, dijo, reafirma el compromiso indeclinable con la protección de los derechos humanos, porque el desarrollo pleno de los ciudadanos sólo puede darse cuando hay certeza en la ley y garantías de respeto absoluto a su integridad.
Manifestó que el mandatario refrenda el compromiso de fortalecer las instituciones de procuración de justicia, especialmente en los casos relacionados con la población vulnerable y con los integrantes de las comunidades indígenas.
México está en un proceso de transformación en el que se han aprobado grandes reformas, señaló, como la del nuevo sistema de justicia penal y la de derechos humanos, así como nuevas leyes de amparo, protección y atención a víctimas.
Prometió que el gobierno seguirá impulsando la modernización y armonización del marco jurídico para que la actuación de las autoridades se someta en todo momento al respeto pleno a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.
Para cumplir la decisión presidencial, Osorio Chong envió al sitio donde estaba el profesor tzotzil, para hacer la notificación correspondiente, a David Arellano, director de Asuntos Jurídicos de Gobernación; Ricardo Sepúlveda, director de Política de Derechos Humanos, y Jorge Márquez, oficial mayor de la dependencia.
Antecedentes históricos
En otros casos, como el de los líderes presos del movimiento estudiantil de 1968, el gobierno federal utilizó la figura jurídica de la amnistía con ciertas condiciones, como que los jóvenes salieran de México. En otras circunstancias, también se concedió la amnistía a guerrilleros detenidos, en la década de los 70.
Un destacado antecedente de indulto aplicado en beneficio de una persona ocurrió en los años 70, cuando el entonces presidente Adolfo López Mateos concedió el perdón al pintor David Alfaro Siqueiros, quien estaba preso en el Palacio Negro de Lecumberri por el delito de disolución social, en reconocimiento del servicio que su obra pictórica había brindado a la nación.