Imprimir
El linchamiento judicial y mediático que se viene dando contra Berta Cáceres, forma parte de la ofensiva contra los pueblos indígenas del istmo y la apropiación de sus territorios ancestrales para la construcción de hidroeléctricas, minería, mega proyectos turísticos, biopiratería, y algunos negocios más, instigados por inversionistas extranjeros, organismos financieros y la elite de poder regional
2013-11-11
Honduras
Qué hay tras el linchamiento judicial y mediático contra Berta Cáceres
OFRANEH
“Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos,
como la entraña obscura de oscuro pedernal”
Porfirio Barba Jacob
El linchamiento judicial y mediático que se viene dando contra Berta Cáceres, forma parte de la ofensiva contra los pueblos indígenas del istmo y la apropiación de sus territorios ancestrales para la construcción de hidroeléctricas, minería, mega proyectos turísticos, biopiratería, y algunos negocios mas, instigados por inversionistas extranjeros, organismos financieros y la elite de poder regional.
La campaña de linchamiento judicial desatada contra Berta Cáceres, desde el pasado 24 de mayo en Agua caliente, cuando supuestamente elementos del ejército aseguran haber encontrado un arma de fuego en el carro que se conducía la Coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Intibucá (COPINH), culminó con una orden de prisión preventiva en su contra, dictada el 20 de septiembre por la Jueza Alicia Lizeth Naigh, del Juzgado Primero de Letras, departamento de Intibucá.
El caso contra Berta Cáceres tiene todas las características de la justicia de “Alicia en el País de las Maravillas”, donde la sentencia es primero y el veredicto es después. Sin que se presentarán pruebas dactilares que conectaran a la sindicada con el arma y haciendo alarde de la sistemática incapacidad que caracteriza al sistema de justicia en Honduras, la jueza Lizeth Naigh, azuzada por los empresarios de la empresa DESA y los burócratas de la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) procedió a emitir la orden de captura.
Desafortunadamente la aplicación de justicia en Honduras deja mucho que desear. Nuestra organización libró una enorme batalla jurídica para lograr la libertad de Alfredo López, miembro de nuestra organización y acérrimo defensor del territorio ancestral de la comunidad de Triunfo de la Cruz. Alfredo estuvo preso siete años acusado de narcotráfico, hasta cuando su caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ente que en el caso incoado en contra del Estado de Honduras dictamino en su sentencia “Reformar la legislación interna que vulnera los derechos consagrados en la Convención Americana, en especial aquellas normas que limitan o restringen el derecho a la libertad provisional de los procesados”, además de: “Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro no se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los hechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana”.
El desplome jurídico causado por la ausencia de independencia de poderes en el país, fue ratificado por el golpe del Congreso a la Corte Suprema (12-12-12); y en fecha reciente, el abordaje estilo pirata al Ministerio Público, reconfirma el caos jurídico y la subsecuente violencia imperante en el país.
El lamento del sórdido Juan Ramón Martínez
Una de las voces de la caverna apologista del golpe del año 2009 en Honduras, el Sr. Juan Ramón Martínez, publicó una columna el pasado 22 de octubre, intitulada “Entendiendo a Berta”, en la cual tergiversa las problemáticas inducidas por las represas en río San Juan, una de ellas propiedad de Freddy Nasser. Las comunidades de la cuenca de San Juan se han opuesto desde el inicio y hasta la fecha, a la construcción de represas y de la explotación de minerales.
Según Martínez, la defensa del territorio Lenca y la protección de sus ríos, acción encaminada por Berta Cáceres, “tienen su origen en posiciones ideológicas, emparentadas con las estrategias de mantener en dificultades al país, oponiéndose a cualquier fórmula para salir adelante”. La visión de progreso decimonónico en que se encuentran anclados muchos de los ideólogos de la derecha hondureña, los conlleva a ignorar la información en relación al cambio climático y los abruptos cambios en los patrones de precipitación pluvial que padece el istmo centroamericano, situación que afectará severamente la producción de energía hidroeléctrica . Además de existir hasta la fecha una visón sórdida por parte de la derecha fascista de satanizar a los defensores de los bienes comunes, como si fueran agentes de un complot internacional.
La incapacidad de Martínez de entender el significado de res communis (bienes comunes) y el dolor que embarga a las comunidades, el ver los ríos y bosques que han cuidado con esmero, convertidos en desiertos o riachuelos sin vida alguna, demuestra una enorme falta de sensibildiad social. Sencillamente se limita a mirar el “desarrollo” desde el punto de vista de la acumulación de capital, sin tomar en cuenta los impactos sociales y ecológicos de los proyectos. El cambio climático coloca en duda las proyecciones energéticas, en especial en ríos que han visto sus caudales disminuir como consecuencia de la deforestación sistemática que padece y los severos cambios en los ciclos pluviales.
La imposición de un esquema de “desarrollo” neoliberal, bajo el marco de alianza publica privadas, viene excluyendo deliberadamente a las poblaciones locales. Bosque y ríos en Honduras vienen siendo destruidos por sórdidos personajes emparentados con empresarios y políticos. Mientras que las comunidades que han cuidado de su habitad funcional son actualmente excluidos de las tomas de decisiones sobre sus entornos.
Casualmente la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores, casi al unísono con Martínez, señaló a Berta Cáceres como parte de “los grupos interesados en impedir el desarrollo de los proyectos de energía renovable en el país”. Según Flores se ha dado la socialización de los proyectos de energía responsable. Pero parece que la presidenta del COHEP al igual que muchos funcionarios, pretenden desconocer el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), consignada en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La “ignorancia” de los funcionarios públicos que han estado asignados a SERNA, ha conllevado a comprometer al Estado de Honduras como transgresor de la Convención de Viena sobre Tratados (1969).
Es interesante como el ultra conservador de Juan Ramón Martínez, autor de un ditirambo sobre el poeta maldito Porfirio Barba Jacob, ensayo con el cual logró ingresar como miembro de la Academia Hondureña de la Lengua, haya logrado entender a uno de los iconoclastas de la literatura latinoamericana; mientras la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, ríos y bosques, no es más que una manifestación de ludismo trasnochado, con el único objetivo de frenar el “desarrollo” que en este caso beneficia exclusivamente a los individuos asociados con la sórdida elite de poder hondureña.
Comunidad Garifuna Sambo Creek, 11 de Noviembre 2013
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
http://tinyurl.com/qaswe7f