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Responsabilizamos una vez más al Estado de Guatemala de ser el provocador directo de la conflictividad social que se vive en los territorios indígenas al imponer la fuerza pública en contra de las legítimas demandas de los pueblos
GUATEMALA_COMUNICADO URGENTE_ASAMBLEA PERMANENTE DE DEFENSA DEL TERRITORIO Q’ANJOB’AL
20 de noviembre de 2013 a la(s) 17:57
Las y los delegados municipales, en representación de las nacionalidades Akateko, Chuj, Q’anjob’al y Pueblo no indígena, constituidos en ASAMBLEA PERMANENTE DE DEFENSA DEL TERRITORIO a la opinión pública nacional e internacional:
COMUNICA:
1. A partir del 30 de septiembre del presenta año, se inicia un proceso de diálogo informal con el Organismo Ejecutivo. A raíz de ellos, el 8 de octubre del 2013, se entregaron dos textos petitorios al Presidente de la República, una presentada por los Alcaldes Municipales y otra presentada por los pueblos.
2. El presidente, en esa oportunidad, justifico en forma desmedida el otorgamiento de licencias en materia de generación eléctrica, dejando entrever el condicionamiento de programas y proyectos de desarrollo con esos otorgamientos de licencias. Resaltó además, la presentación de iniciativas de leyes al Congreso de la República, con las cuales, se resolvería parte de las peticiones, como si éstas ya estuvieran en vigencia.
3. Ofreció dar respuestas a los dos textos petitorios presentados en el transcurso de 30 días, fecha en la cual vendría a Huehuetenango, reiterando que se centraría en lo relativo a la generación de energía eléctrica con fuente hídrica porque en los temas de Petróleo y Minería, no existían licencias vigentes y operaciones vigentes.
4. Curiosamente, el 30 de octubre 2013 se realizó una reunión sin representantes de los pueblos ni alcaldes municipales, limitándose el evento entre representantes de Gobierno y Asociaciones Civiles que públicamente han expresado su apoyo a Hidro Santa Cruz. En esa reunión, se informó que están vigentes en Huehuetenango, “20 licencias para minerales metálicos” y que hay “44 solicitudes para licencias de exploración de minerales metálicos”
5. El día 18 de noviembre 2013, se desarrollo otra jornada de diálogo informal en la que estuvieron presentes los alcaldes municipales de la región y nosotros. En representación del Gobierno, la Viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, el Coordinador del Sistema Nacional de Diálogo y la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia para informar de la respuesta del Presidente de la República a los petitorios presentados el 8 de octubre 2013. Las respuestas se sintetizan en 8 puntos:
a. Que las licencias otorgadas no se pueden anular
b. Que los pueblos Akateko, Chuj y Q’anjob’al, como tales, tienen pleno reconocimiento legal y constitucional
c. Que en Guatemala no existen Presos políticos sino personas que han delinquido.
d. Que existe un Programa Nacional de Resarcimiento encargado del resarcimiento.
e. Que se coincide que los programas y proyectos de desarrollo son una obligación intransferible del Estado.
f. Que la asignación de presupuestos a las instituciones del Estado dependen de la recaudación tributaria.
g. Que el uso responsable de los recursos se mejorara.
h. Que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se incorpora como testigo de honor.
6. Frente a estas respuestas, las y los delegados y representes de los pueblos realizaron una rápida consulta interna, llegando al consenso de no recibir el texto de 16 páginas en que constan dichas respuestas porque:
a. Lo único novedoso es la reafirmación del uso inminente de la fuerza pública si los pueblos se siguen oponiendo a las iniciativas corporativas. Los Alcaldes Municipales habían solicitado evitar la suspensión de garantías constitucionales pero esta petición fue aprovechada para justificar su constitucionalidad.
b. Las licencias otorgadas no se pueden anular por no haber normativa que lo permita. En todo caso existen procedimientos legales y administrativos que no facilita su anulación.
c. La exposición de las respuestas tiene una alta carga de sátira, racismo y discriminación. Si es cierto que el Estado reconoce la existencia de los Pueblos, ¿Por qué en la práctica no reciben ese trato? ¿Por qué no se les permite a esos pueblos el derecho a decidir como pueblos, su propio modelo de desarrollo? Porque no se les consulta de manera previa, libre y de buena fe? Se llego al extremo de querer dar lecciones de cosmovisión a los delegados y representantes de los pueblos, quienes en su mayoría son guías espirituales, miembros de los Consejos de Ancianos y de las Alcaldías Indígenas.
d. El menosprecio expresado con relación a las 28 consultas comunitarias de buena fe calificándolas como irrelevantes.
e. La forma irresponsable de utilizar iniciativas de ley como solución y respuesta a las peticiones planteadas tales como: la iniciativa de Ley de desarrollo rural integral, la iniciativa de ley de moratorio de licencias.
f. Hay respuestas engañosas y tendenciosas como el hecho seguir ofreciendo la pavimentación de la carretera entre San Mateo Ixtatán y Barillas cuando dicha carretera desde Huehuetenango hasta Barillas está en completo mal estado. En todo caso, es una obligación intransferible del Estado y no una condicionante del otorgamiento de licencia.
7. El sistema Nacional de Dialogo, una vez más ha demostrado que no está a la altura de los acontecimientos. Éste, ha perdido credibilidad. Ni siquiera tiene capacidad de moderar democráticamente una agenda, mucho menos conciliar posiciones diversas e intereses multiculturales.
8. Solicitamos al Sistema de Naciones Unidas su mediación urgente e inmediata entre el gobierno y los pueblos originarios en cuestión. Es inminente la imposición de la fuerza pública en el territorio Q’anjob’al, donde están situadas las nacionalidades Akateko, Chuj, Q’anjob’al y el pueblo no Indígena. La gestión del Sistema Nacional de Dialogo, en este momento, entorpece y limita avanzar en procesos sostenible de dialogo.
9. Reiteramos a la opinión pública que, sí existen presos político. Las personas detenidas a solicitudes de mala fe de las empresas no son delincuentes ni terroristas; son defensores de la soberanía nacional, luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
10. Responsabilizamos una vez más al Estado de Guatemala de ser el provocador directo de la conflictividad social que se vive en los territorios indígenas al imponer la fuerza pública en contra de las legítimas demandas de los pueblos.
Por la dignidad de las nacionalidades Akateka, Chuj, Q’anjobal y Pueblo no indígena:
ASAMBLEA PERMANENTE DE DEFENSA DEL TERRITORIO Q’ANJOB’AL
Huehuetenango, 20 de noviembre de 2013