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Crecen los ataques contra las organizaciones que tienen pruebas clave para acusar a los violadores de derechos humanos, mientras se intenta derogar la ley de amnistía y se avecinan elecciones donde ninguno de los candidatos tiene las manos limpias
Guerra contra la memoria en El Salvador
Crecen los ataques contra las organizaciones que tienen pruebas clave para acusar a los violadores de derechos humanos, mientras se intenta derogar la ley de amnistía y se avecinan elecciones donde ninguno de los candidatos tiene las manos limpias.
Alexandra McAnarney
Traducción: Clayton Conn
Desinformémonos
Con una ola de juicios públicos y un mayor acceso a los archivos históricos, países como Guatemala y Brasil avanzan en el rescate de la memoria de las víctimas de abusos contra los derechos humanos, perpetrados durante los regímenes militares y las dictaduras de los años sesentas, setentas y ochentas. Las narraciones alternativas de la historia presentadas en los ensayos y los archivos abren lentamente la puerta a la justicia en toda América Latina. En El Salvador, sin embargo, parece que el tiempo se mueve hacia atrás.
En las primeras horas de la mañana del 14 de noviembre del año 2013, tres hombres armados irrumpieron en las oficinas de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, detuvieron a dos empleados a punta de pistola y prendieron a fuego a los registros. Aunque existen copias de seguridad, los materiales quemados contienen evidencia vital en tres casos relacionados con la desaparición forzada de niños durante la brutal guerra civil de 12 años en El Salvador.
El atentado se produjo sólo seis semanas después de que la Arquidiócesis Católica de San Salvador cerró bruscamente su oficina de derechos humanos, Tutela Legal, que alberga a unos 50 mil documentos que detallan abusos contra los derechos humanos.
Ambos incidentes coinciden con la decisión del Tribunal Supremo, que deliberará sobre la constitucionalidad de su Ley de Amnistía de 1993, que protege de juicios a los autores de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil, que cumple ahora 20 años.
Si la ley se revoca, los archivos de la oficina de Tutela Legal pueden proporcionar evidencia clave para el enjuiciamiento de los nuevos casos. Los archivos fueron utilizados por el informe de la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1993, “De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador”, el cual encontró que el 85 por ciento de las violaciones a los derechos humanos durante este período las llevaron a cabo las fuerzas gubernamentales, apoyadas por los Estados Unidos.
Para las víctimas de violación, tortura y asesinato, pareció que la justicia estaba a su alcance. En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la ley de amnistía no puede proteger a aquellos que llevaron a cabo la masacre de diciembre de 1981 en El Mozote, donde los soldados del gobierno mataron a casi 800 personas, la mitad de ellos niños. El 27 de agosto de 2013, el coronel Orlando Montano – uno de los responsables de llevar a cabo el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, el ama de llaves y su hija adolescente – fue condenado a dos años de prisión por un tribunal federal de Boston bajo cargos de inmigración. Montano, que vivió en los Estados Unidos durante los últimos 12 años, probablemente enfrentará cargos de extradición a España.
Sin embargo, El Salvador sigue ofreciendo una narrativa dominante profundamente coloreada por las élites del país, que intentan mantener su estatus económico y político. Muchos especulan que el cierre de la oficina de Tutela Legal es resultado de la presión de grupos de abogados pro-amnistía, miembros de algunas de las familias más poderosas del país. El ataque a Pro-Búsqueda sucedió tres días después de la Corte Suprema escuchó los testimonios de los sobrevivientes de una incursión de 1982, llevada a cabo por las fuerzas del gobierno. Ninguno de los presuntos autores se presentó a la audiencia.
De la locura a la fuga de la juventud
“Quiero decirle a El Salvador que la iglesia cumplió con su objetivo en un momento difícil y trágico, pero caminamos hacia adelante, de la mano con la democracia”, declaró el ex presidente y miembro del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Armando Calderón Sol, en una entrevista con La Página. “Hubo una transición en el poder, y caminamos hacia la paz y la democracia. Las oficinas de Tutela Legal cerraron porque la democracia finalmente puede sostenerse sobre sus propios pies”.
Sin embargo, no está claro cómo la democracia puede sostenerse sobre sus propios pies, si las narraciones de la guerra civil de la élite silencian la memoria de la mayoría, y sobre todo si esa democracia fue construida por la brutal represión.
A muchas organizaciones de justicia social y de derechos humanos les preocupa que esté en marcha una campaña sistemática para borrar el registro histórico. El procurador de Derechos Humanos, David Morales, condenó el acto como una táctica regresiva de intimidación y represión no vista desde la guerra civil. Esto hace que el ataque sea aún más chocante, regresivo y anacrónico. Posiblemente descubre las angustias de la élite sobre los archivos que pueden obligarlos a enfrentarse a un “Yo Acuso”, de quienes ya no existen. Es un toque final tipo Derridá: literalmente, eligiendo olvidar la memoria que alberga, Tutela Legal cerró sus archivos.
Los hechos del 14 de noviembre son aún más escalofriantes porque Pro-Búsqueda es una organización que busca promover la justicia y la reconciliación a través de la reunificación de los niños desaparecidos con sus familias. Durante los últimos 20 años, Pro-Búsqueda recibió 921 informes de niños que desaparecieron. La mayoría fueron asesinados en combate o quedaron huérfanos cuando sus padres murieron. Las pruebas de ADN realizadas por la organización identificaron a los padres de 382 de los desaparecidos, y de ellos, 235 se reunieron con sus familias. La mayoría de los casos restantes, 529, siguen sin resolverse.
El incidente subraya aún más la cruel falta de reconocimiento del pasado que afecta el presente por parte de grupos con intereses especiales, particularmente en el área de desarrollo de la juventud.
Más de 75 mil personas murieron durante la guerra civil, y se estima que más de 8 mil desaparecieron. No existen cifras exactas sobre el número de niños desaparecidos. Lo que se sabe es que más de un millón de salvadoreños fueron expulsados del país, muchos de ellos hombres jóvenes que huyeron del reclutamiento forzado de las fuerzas guerrilleras o del asesinato por parte de escuadrones de la muerte. Su llegada a las zonas urbanas como South Central, de Los Angeles, y su necesidad de encontrar pertenencia social, impulsaron el desarrollo de crisis de las pandillas actuales.
Combinado con los desaparecidos y los que se encontraban entre la migración forzada y la pertenencia a pandillas, se puede decir que El Salvador experimentó la pérdida de toda una generación de jóvenes. Es tal vez menos que una coincidencia que en los barrios y ciudades donde la lucha fue peor – Mejicanos, Soyapango, San Miguel -, la violencia de las pandillas también es peor. De alguna manera, los fantasmas de los que desaparecieron reverberan en los espacios marginados en el país, y los miembros de las pandillas son, en este sentido, los monstruos de nuestra propia creación.
Pero no todos los jóvenes salvadoreños se definen a través de la lente de la migración y las pandillas. Según el libro de hechos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, aproximadamente 1.27 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años viven en El Salvador. Las estimaciones conservadoras sitúan que pertenecen a pandillas entre 15 mil y 20 mil de ellos. Si todos los involucrados en las pandillas están entre las edades de 15 y 24 años, representan entre el 1.2 y el 1.6 por ciento de todos los jóvenes. En cuanto a la tasa neta de El Salvador en cuanto a migración (-8.78 migrantes por cada mil habitantes) para los jóvenes entre 15 y 24 años, un total de 11 mil 150 jóvenes salvadoreños abandonaron el país en 2012.
Si las matemáticas aciertan, casi 1.24 millones de jóvenes no están involucrados ni en pandillas ni en la migración forzada. Esto significa que los 1.24 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años tienen la oportunidad de lograr cosas extraordinarias, en beneficio del país.
Para los jóvenes que crecen en un país que permite altos niveles de impunidad, el futuro parece incierto. Al aniquilar la memoria de los niños desaparecidos, se corre el riesgo de perder los espacios y los testimonios necesarios para reflexionar sobre temas de actualidad – los problemas de pandillas en El Salvador se desarrollaron porque los jóvenes que huyeron de la guerra y luego regresaron fueron esencialmente olvidados.
Mientras la juventud salvadoreña crece en una caja de resonancia histórica, parece como si hubiera un mayor esfuerzo por aplastar a los recuerdos de la guerra civil que no están en línea con el status quo. Una verdadera democracia alberga múltiples narrativas, por inconvenientes que puedan ser algunas. A pesar de las afirmaciones de que El Salvador camina de la mano con la democracia, la realidad es que todavía hay un largo camino por recorrer.
La anaconda
“América Latina es una bella anaconda que se golpea los dientes a colazos. Uno no sabe nada de política, pero se ha oído decir que tiene su corazoncito”, escribió Roque Dalton en su poema El ser social determina la conciencia social.
Desde que Dalton escribió estas líneas a finales de los años sesentas, las cosas cambiaron en América Latina. Existen espacios conmemorativos en honor a las narraciones de la izquierda y la derecha en Argentina, Chile, Brasil y Guatemala. Estos espacios y testimonios proporcionan abundante material para la reflexión política que garantice que estas atrocidades nunca vuelvan a ocurrir.
Con las elecciones programadas para llevarse a cabo el próximo 2 de febrero de 2014, El Salvador conocerá si el país seguirá apoyando a la orientación socialdemócrata del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) o volverá a las políticas neoliberales del derechista ARENA. El Salvador también determinará si el país proporcionará el espacio necesario para que las voces de las víctimas cuenten sus historias y persigan un mínimo de justicia, o para que el país por lo menos profundice sus reflexiones.
Mientras que la administración del FMLN probablemente no tratará de enjuiciar a los criminales de guerra, sí permitirá que sigan existiendo los espacios de memoria y los archivos, y buscará la forma de indemnizar a las víctimas y permitir que los tribunales decidan sobre cuestiones jurídicas relativas a los casos de derechos humanos. Dado que la ley de amnistía fue aprobada durante la presidencia de ARENA de Alfredo Cristiani, quien estuvo en el poder desde 1989 hasta 1994, un gobierno de ARENA preservará la impunidad.
Por ahora, lo que se recordará es una pregunta tan incierta como quién ganará las elecciones. En una reciente encuesta realizada por la Universidad Francisco Gavidia (UFG) y el Centro de Estudios Ciudadanos, el FMLN está a la cabeza. Con sólo el 35.9 por ciento de aprobación de los votantes, el partido todavía no tiene el necesario 50 por ciento más uno de los votos válidos para ganar en la primera vuelta de las elecciones, lo que provocó hace que los expertos piensen que habrá una segunda vuelta.
Mientras tanto, las posibilidades de anular la Ley de Amnistía son escasas. En la entrevista con La Página, el ex presidente afirmó: “La ley terminó con una guerra fratricida, y trajo el perdón y el olvido”.
En general, los individuos y las familias que tienen un interés personal en seguir adelante y el capital suficiente para hacerlo presiona bastante por ese perdón y ese olvido, incluso secretamente. ¿Quién puede olvidar la avalancha de artículos que vinculan a la firma de capital privado de Mitt Romney, Bain Capital, con las familias salvadoreñas adineradas vinculadas a los escuadrones de la muerte? Idealmente, debe haber un espacio para dos narrativas y espacio para la justicia necesaria para seguir adelante.
Sin embargo, tras una mirada más cercana, ninguna de las manos de los candidatos presidenciales está limpia. El candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, fue el responsable al mando de miles de asesinatos entre 1986 y 1990. El candidato de ARENA, Norman Quijano, nunca estuvo implicado directamente en violaciones a los derechos humanos, pero su partido fue responsable de las violaciones más graves de derechos humanos cometidas durante la guerra civil – entre ellas, las masacres de El Mozote y El Sumpul, y el asesinato del arzobispo Romero. También está el hecho de que el fundador de ARENA y de los escuadrones de la muerte, Roberto D’Aubuisson, tuvo inclinación para torturar a sus víctimas con un soplete, una afición que le valió el apodo de “soplete Bob”. Como candidato de un tercer partido, el ex presidente Elías Antonio Saca, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), representa más de lo mismo. Formado en enero de 2010, el partido está compuesto en su mayoría por ex miembros de ARENA, y formó una coalición con dos partidos más pequeños. Uno de sus partidarios más públicos, Joaquín Villalobos, es considerado uno de los responsables del asesinato del poeta Roque Dalton.
Con tantos interesados en moldear las narrativas del pasado para preservar su libertad, la pizarra nunca estará verdaderamente limpia. Pero por el bien de los 1.24 millones de jóvenes que crecen en la era posterior a la guerra civil, y que tratan de encontrar su lugar en la sociedad civil salvadoreña, una pluralidad de narrativas y perspectivas es necesaria para asegurar que avancen en la conformación de un futuro político que finalmente rinda resultados positivos. Será el papel de ellos borrar la pizarra. Muchos tratan tan duramente de perdonar y olvidar que repetirán sus errores mortales.
Mientras tanto, el olvido seguirá funcionando como una imposición llevada a cabo por unos pocos para prolongar la falta -asombrosamente irresponsable- de conciencia sobre los efectos de la guerra civil sobre la juventud de hoy. Mientras las organizaciones de derechos humanos enfrentan la posibilidad de más amenazas, los informes indican que emerge una nueva encarnación de “los desaparecidos”: los pandilleros opuestos a la erosionada tregua y los competidores en las rutas de tráfico de drogas que son asesinados y desaparecidos sin dejar rastro. Aunque no existen cifras exactas, un creciente número de desapariciones anula los festivos informes de una reducción de las tasas de homicidios (que en todo caso, aumentaron constantemente en los últimos meses).
Dado que es políticamente conveniente no olvidar los actos criminales de los históricamente marginados, los pandilleros seguirán recibiendo poco perdón. El tiempo dirá si las víctimas serán recordadas más allá de las posturas políticas para formar la conciencia de votantes potenciales.