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Los émulos de Correa
Alucinación del poder

Raúl Prada Alcoreza

Parece un efecto dominó o, si se quiere, efecto por difusión. Después de la clausura indebida, ilegal e inconstitucional, por parte de Rafael Correa, de la ONG Pachamama, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de la madre tierra, los émulos en Bolivia, continúan con el despliegue desmañado de la misma conducta despótica. El Ministro de la Presidencia ha informado sobre la decisión del gobierno de clausurar la ONG IBS. Los argumentos usados no dejan de ser sorprendentes, a pesar del discurso tan deteriorado del gobierno contra las ONGs, que no caen bajo su control o de cierto perfil de apoyo a las organizaciones indígenas.

Raúl Prada Alcoreza

Raúl Prada AlcorezaEscritor, docente-investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Demógrafo. Miembro de Comuna, colectivo vinculado a los movimientos sociales antisistémicos y a los movimientos descolonizadores de las naciones y pueblos indígenas. Ex-constituyente y ex-viceministro de planificación estratégica. Asesor de las organizaciones indígenas del CONAMAQ y del CIDOB. Sus últimas publicaciones fueron: Largo Octubre, Horizontes de la Asamblea Constituyente y Subversiones indígenas. Su última publicación colectiva con Comuna es Estado: Campo de batalla.

El Ministro de la Presidencia dice que las razones de la clausura tienen que ver con la injerencia política de la mencionada ONG. ¿Cuáles son los fundamentos legales de este atentado contra la democracia, haciendo gala de un arbitrariedad institucionalizada, suspendiendo los derechos fundamentales? No hay principios legales, solo la apreciación de una injerencia política, porque se trata de una ONG que apoya al CONAMAQ y al CIDOB. ¿Esta es una “razón” suficiente como para atribuirse el cierre de una ONG, amparada por convenios, acuerdos, leyes, normas y regulaciones institucionales? ¿Es un delito apoyar a las organizaciones indígenas? Otro argumento vertido por el ministro ha sido tan insólito como el anterior. Dice que si quieren las ONGs incidir en estos asuntos, considerados “internos”, que se conviertan en partido político. ¿Para apoyar a las organizaciones indígenas, en distintos proyectos, desde culturales hasta productivos, deben convertirse en partido politico? La torpeza gubernamental no podía llegar más lejos.

Aprovechando el festejo del lanzamiento del satélite Tupac Katari, el gobierno, decide esta clausura, confiando en la distracción pública, ocasionada por la algarabía del evento, nombrado ampulosamente como relativo al “ingreso a la era espacial”. Una vez perpetrada la desvergonzada intervención gubernamental a la sede del CONAMAQ, con una acción punitiva paralela de fuerzas combinadas de mercenarios y de policías, el ejecutivo clausura, como si nada, a una institución no gubernamental, que ha venido apoyando distintos proyectos de promoción cultural e identitario, proyectos formativos y productivos, desde la década de los sesenta del siglo pasado. Lo hace, haciendo gala del despotismo acostumbrado, suspendiendo nuevamente derechos fundamentales, como si se estuviese en un Estado de excepción no declarado. ¿Puede legalmente hacerlo? No. Viola la Constitución, las leyes y los convenios internacionales. Al respecto, el único convenio internacional que respeta es el Dakar; lo ha dicho el Ministro de Gobierno, compungido por la amenaza del CONAMAQ de bloquear el Dakar. Estas son las grandes preocupaciones del gobierno “progresista”. Con esta actitud, responde simplemente a su compulsión deportiva por las competencias internacionales, así como su desatada inclinación bélica por acallar la voz crítica de la organización indígena de tierras altas. El gobierno “progresista” ya tiene una lista larga de atropellos a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, violaciones sistemáticas a la Constitución. Con el atentado a la sede de CONAMAQ y la clausura de una ONG se suman estos despropósitos a esta lista. Todo un historial autoritario.

Ciertamente, ninguna instancia estatal va a defender la institución no gubernamental del atropello sufrido. Ni la fiscalía, el Órgano judicial, menos el Congreso; todo los órganos del Estado, están al servicio del gobierno, subsumidos al monopolio de la violencia estatal, arrastrados a la arbitrariedad por el despliegue de una burocracia mediocre y déspota. ¿La sociedad va decir algo al respecto? Lo hizo contra la medida del “gasolinazo”, lo hizo apoyando a la VIII marcha indígena. Pero, no se pronunció mayormente ante la irrupción violenta perpetrada contra la sede del CONMAQ. Los medios de comunicación, tanto oficiales como empresariales, que cada vez más se parecen, conforman un conjunto de aparatos de propaganda, que, a su vez, son de encumbramiento, salvo alguna excepción honrosa, no se ocuparon mucho del asunto, a no ser la presentación de la noticia, que en muchos casos aparecía como conflicto de dos bandos. ¿Dos bandos? ¿Se puede hablar de dos bandos cuando contrastamos una organización representativa de dieciséis regiones (suyus) y una improvisación atropellada de una trucha organización indígena, sin representación, ni bases? La objetividad es lo que brilla por su ausencia en los medios de comunicación.

Las víctimas se encuentran a merced de la violencia estatal, indefensas, ante el doble atropello, el perpetrado como acción, como facticidad de la violencia, y el de estar condenados a soportar las extravagantes explicaciones de los ministros. El mensaje es claro: puedo hacer lo que me venga en gana. No importa la Constitución, la leyes, los derechos; sólo importa la predisposición intolerante del gobierno, la voluntad despótica de controlarlo todo, acallado toda crítica, toda resistencia, incluso cualquier tibia actitud de moverse por terrenos no permitidos por el gobierno. ¿La sociedad va permitir que siga este despliegue de violencia estatal, que no es otra cosa que la suspensión de la democracia? Ya lo dijimos antes, un pueblo que no lucha por sus derechos y por su Constitución, es un pueblo que ha renunciado a sí mismo y a su dignidad.

En determinadas situaciones, se pierde la noción de las proporciones; se cree que lo que se hace no tiene mayores consecuencias, pues se cuenta con el monopolio mediático del discurso, que repite lo que ya nadie cree: injerencia extranjera. La única injerencia que se da es la intrusión gubernamental en las organizaciones no gubernamentales, la intervención prebendal en las organizaciones sociales, la intromisión divisionista en las organizaciones indígenas, el manejo doloso en el Fondo Indígena, la inescrupulosa ocupación de los territorios indígenas, la complicidad en el saqueo de los recursos naturales, propiedad de los bolivianos, de acuerdo a la Constitución. Esta última injerencia inconsulta es grave, pues toda afectación a los recursos naturales y a los pueblos asentados en el entorno, requiere consulta pública y, si se trata de pueblos indígenas, consulta con consentimiento, previa libre e informada. La gama de intromisiones inconstitucionales y arbitrarias del gobierno definen un perfil desbocado, el perfil de la alucinación del poder, arrastrándonos a la expansión intensiva del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

A pesar de la demostración de fuerza, lo que el gobierno hace es manifestar su desesperación. Se encuentra ante un periodo electoral, en la víspera del cual no aparecen señales que anuncien la repetición de resultados parecidos o próximos a los logrados en anteriores elecciones. Todo parece anunciar, más bien, una segunda vuelta. Es difícil creer que esta situación mejore con el lanzamiento del satélite Tupac Katari, de tecnología china, que si bien puede anotarse como un paso importante en el ámbito de las comunicaciones, usando una antena espacial, mejorando las el sistema de comunicaciones, este logro no borra las contradicciones profundas del “proceso de cambio”, ni los crasos errores del gobierno. No borra el camino regresivo del gobierno “progresista”, que optó por preservar el Estado-nación, reduciendo a folklore la triple condición plurinacional, comunitaria y autonómica del Estado. Menos aún, cuando los gobernantes, creen que pueden seguir con sus atropellos, sin mayores consecuencias.

Estamos ante un gobierno que levita como un espectro atormentado, suspendido sobre el drama de la “realidad”. Estamos ante un gobierno que orbita la gravitación de un imaginario delirante. Se cree portador de la voluntad de los movimientos sociales, movimientos que el mismo gobierno anuló, al cooptar a sus organizaciones, al convertir la relación con ellas en una relación prebendal y clientelar. El gobierno no conlleva ninguna voluntad de los movimientos sociales, pues ha neutralizado esta voluntad, convirtiendo a sus dirigentes en subalternos, en patéticas figuras de la obediencia y sumisión, en instrumentos dóciles de las políticas restauradoras del gobierno “progresista”. El gobierno se ha convertido en un satélite que orbita alrededor de un agujero negro, órbitas cada vez más veloces y de menor diámetro, avanzando rápidamente al horizonte de su desaparición, hasta ser tragado por la inmensa gravedad de la nada.

Es difícil saber si el pueblo va reaccionar ante esta decadencia y descomposición. Lo ha hecho antes, ante sucesos extremos. El último atropello no es un evento extremo, en la intensidad de los que ocasionaron la reacción popular; sin embargo, es, desde ya, una injusticia cometida. Ante la cual no solamente debemos indignarnos, sino exigir enmendar el desajuste y la vulneración. La crisis del proceso ha llegado lejos, no sólo se ha rifado la oportunidad histórica de la descolonización, sino que ha desencantado y frustrado tanto a la gente, que ha evaporado todo entusiasmo, arrojándola a la pusilanimidad más pasmosa. No es fácil salir de esta inercia, sobre todo cuando el gobierno ha cerrado todos los espacios de la participación democrática.

Gobiernos ““progresistas”, en la era satelital, que convierten la progresión en una regresión, que convierten la “revolución” en una contra-revolución, la transformación en una restauración, la política en una simulación, recurren a la amenaza constante, atemorizando a organizaciones y a ciudadanos, blandiendo la sombra del cierre como bandera; en el caso de ciudadanos, con la sombra del terror judicial, inventándose procesos interminables. Recurriendo, como acompañamiento a esta administración de ilegalidades, al chantaje y la coerción. Los estrategas de estos procedimientos creen que se puede conservar el poder mediante el control total, la cooptación, el clientelismo, la corrupción, la amenaza permanente, la propaganda descomunal, el montaje ininterrumpido. Nada más equivocado; así como un gobierno no puede sostenerse por largo tiempo sobre las bayonetas, tampoco puede sostenerse por largo tiempo con el recurso obsesivo de la violencia, el uso descarnado de la amenaza y la economía política del chantaje.

Estos procedimientos paralelos, empero recurrentes, a lo que habrían dado lugar es a un dominio aparente de la cascara de la esfera social, carcomiendo sus propias defensas, vaciando de todo contenido a la política, deteriorando la credibilidad, destruyendo la cohesión social de las organizaciones. Lo único que se puede mantener así, en el corto plazo, incluso, alargando el elástico, en el mediano plazo, es la formalidad de las apariencias. Los estrategas de este desastre dan muestras evidentes de arrobamiento. Creen que dan pasos adecuados a su propia preservación, cuando lo único que hacen es avanzar al abismo en una noche de niebla espesa.