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Presidenta argentina concede la venia y autoriza instalación de poderosa transnacional
Activistas acampados consiguen frenar a la multinacional
La lucha vecinal frena una planta de Monsanto
La presidenta argentina autorizó una de las mayores procesadoras de transgénicos.
Mauricio Berger
20/12/13 · 15:48
En la ciudad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, en el norte del país, se libra una de las luchas más importantes contra la multinacional Monsanto. En junio de 2012, se ganó otra lucha de los movimientos sociales cuando se celebró el primer juicio penal en Argentina contra productores y fumigadores aéreos. Un agricultor y un aerofumigador fueron condenados por un delito de contaminación con una pena de tres años de prisión condicional (sin cárcel) por fumigar con agrotóxicos campos cercanos a viviendas, en la provincia de Córdoba. La condena llegaba tras diez años de lucha del grupo de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo.
Pero la buena noticia se truncó el mismo día del juicio; la presidenta Cristina Fernández y el gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, anunciaron que Monsanto se iba a instalar en esa provincia, en la ciudad de Malvinas Argentinas. La multinacional iba a levantar una planta de semillas de maíz transgénico por un importe de 1.089 millones de euros, con la promesa de generar 400 puestos de trabajo. El almacén sería el segundo más grande del mundo, proyectando también más de 200 silos de 137 toneladas cada uno, para el almacenaje de semillas que se tratarían con distintos agrotóxicos para cultivar casi cuatro millones de hectáreas de maíz transgénico en Argentina. Al calor de la movilización por el juicio de Ituzaingó y la expansión de la lucha contra los agrotóxicos en toda Argentina por la plataforma Pueblos Fumigados y los colectivos Paren de Fumigar y Paren de Fumigarnos surgió la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
Contra las fumigaciones
Integrada por los propios habitantes y organizaciones sociales y políticas, el colectivo Asamblea Malvinas Lucha por la Vida comenzó a realizar marchas y cortes de carreteras e investigaciones sobre el efecto de los alimentos transgénicos. Además, surgió el Colectivo de Asambleas Socioambientales (Casa). En medio de esta lucha, la presidenta elogiaba que Argentina se colocara, gracias a Monsanto, a la vanguardia de la biotecnológía.
La autorización del cultivo de transgénicos en Argentina fue aprobada en 2004 por el Ministerio de Agricultura. Desde entonces, las autorizaciones al cultivo de transgénicos en Argentina están siendo denunciadas por irregularidades en los estudios de impacto ambiental de los transgénicos, sin que exista hasta ahora control por parte del Estado.
En el caso de la instalación de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas, el Tribunal Superior dictaminó que la instalación no cumple con los requisitos recogidos en diversos tratados internacionales que ha suscrito Argentina para preservar la biodiversidad.
Monsanto empezó a construir su planta con permisos de uso del suelo de la Municipalidad [Ayuntamiento] y una resolución de la Secretaría de Ambiente provincial en marzo de este año, y ya ha levantado el 30% de la obra. Esta resolución avala por ley el permiso a la multinacional para construir la planta con sólo presentar el proyecto y los estudios de impacto ambiental para cada etapa de la obra.
Los ciudadanos de Malvinas Argentinas, apelando a la Ley General de Ambiente de la Nación (Ley 25675), pidieron un referéndum para la instalación de la planta. Según las encuestas, entre un 80 y un 90% de los ciudadanos se oponen a la planta de Monsanto.
Además, según la Ley 25675, los ciudadanos denuncian que el procedimiento para la instalación de la planta de transgénicos viola la ley porque ésta establece la obligatoriedad de presentar el estudio de impacto ambiental íntegro (sin fragmentar las etapas de construcción) y antes del inicio de la obra. También explican que se incumple la normativa porque se impide la participación ciudadana (a través de consultas o audiencias públicas). Sin embargo, aunque la Administración de Justicia ordenó suspender la construcción de la planta, la Municipalidad y la empresa derivaron al Tribunal Superior la decisión, y éste ha desestimado las demandas de los ciudadanos argumentando que sus planteamientos pertenecen al “imaginario colectivo”.
Pasar a la acción
Los activistas han pasado a la acción. Desde agosto, se llevan a cabo cortes de carretera para impedir el acceso de camiones con materiales de construcción. Los activistas, que permanecen acampados a las puertas de la planta, se tumban en el suelo de la carretera y tratan de parar la gran cantidad de camiones, máquinas y personal de la empresa. Desde entonces, ha habido momentos de mucha tensión e incluso se han producido agresiones físicas de trabajadores y policía hacia los activistas. Los acampados han construido cinco puestos de bloqueo con los que tratan de impedir el acceso y salida de vehículos a la planta.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y los autodenominados Autoconvocados del Acampe contra Monsanto han construido en el campamento casas de adobe, huertas ecológicas, hornos de barro, etc. Poco a poco han confluído a las puertas de la planta muchos activistas más procedentes de otras luchas del país, e incluso de otros países, para mantener el bloqueo. En este tiempo, en la acampada se han llevado a cabo charlas, festivales de música y visitas de académicos y artistas como Manu Chao o activistas como Vandana Shiva. Finalmente se ha parado la planta por un periodo de tres meses. La recién creada Comisión Vedora de Derechos Humanos en el Conflicto Monsanto tratará de influir en el cierre definitivo de la planta.
Enfrentamiento con los trabajadores
Desde septiembre, la lucha contra Monsanto no se detiene en la ciudad de Malvinas Argentinas. En estos meses ha habido una gran represión policial contra los activistas acampados a las puertas de la planta de transgénicos que construye Monsanto. Incluso un grupo de delegados sindicales instigaron a los 150 trabajadores de la planta, que se enfrentaron contra los acampados, en su mayoría mujeres. A los pocos días, la policía de Córdoba entró por la fuerza en el campamento. A pesar de las presiones, los activistas mantienen el bloqueo.