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Hoy a las 8:38 AM

Declaración Pública

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL

Con consternación, hemos tomado conocimiento por varios medios de comunicación, de las acusaciones y persecución que afectan al activista, crítico a la mega minería química en el Ecuador, Carlos Zorrilla.

Conocemos a Carlos desde hace varios años y hemos sido testigos en diversas oportunidades de su trabajo como investigador y promotor de la defensa de derechos socioambientales en temas mineros. Sabemos que ha sido parte de la construcción de organizaciones de defensa de los ecosistemas de Intag, norte del Ecuador, amenazado por proyectos de empresas como Bishimetals, Copper Mesa / Ascendant Copper, y últimamente, Enami ep, del Estado ecuatoriano en convenio con Codelco del Estado chileno.

Reconocemos el derecho de las comunidades a la defensa de su territorio frente a una de las actividades más destructivas del planeta, como ha sido reconocida la megaminería.

Consideramos la persecución a Carlos Zorrilla como un intento más de acallar las voces de la población inteña, así como de muchas comunidades de ese país, que consideran inviable social y ambientalmente la actividad minera. No se trata de un hecho aislado. Ya en el 2006 había sido víctima de persecución, fue allanada su vivienda con sospechosos cargos que luego fueron desestimados, como suele ocurrir cuando se buscan motivos para criminalizar la protesta social y sus liderazgos.

Exigimos a las autoridades del Ecuador el respeto a los derechos humanos y las responsabilizamos de lo que suceda con Carlos Zorrilla, más aún luego de la incitación a la violencia que están propiciando en medios de comunicación y las campañas de deslegitimación contra los líderes comunitarios que están promocionando. Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina exigimos que el gobierno de Rafael Correa cumpla con los mandatos constitucionales emanados de la voluntad de todo el pueblo ecuatoriano y sea fiel a la promesa de reconocerle derechos a la naturaleza, cuestión que ha parecido olvidar con las rondas petroleras en el Yasuní y la persecución de la que están siendo víctimas líderes ciudadanos como Carlos Zorrilla.

Llamamos la atención de que en este caso, las persecuciones se fundamentan en los afanes expansivos de la estatal chilena CODELCO, por lo tanto, creemos urgente que el gobierno de Chile cese sus presiones para vulnerar los derechos de las comunidades y los ecosistemas inteños, en contra de las legítimas demandas de sus habitantes.

América Latina

Diciembre, 2013

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
OCMAL
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