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La estratregia del autogobierno ha permitido mejorar la vida de los pueblos
México en armas
El 1 de enero de 1994, cuando México anunciaba su entrada en la ‘modernidad’, un ejército indígena, el EZLN, declaraba la guerra al Estado y recordaba los males ancestrales del país: injusticias, pobreza, autoritarismo.
Dos décadas después, el hartazgo se ha multiplicado entre los mexicanos y miles se han alzado en armas, aunque menos organizados, ante la mirada de un gobierno que no sabe qué hacer.
Dispuestos todos a garantizar una seguridad que el Estado no les da, grupos de todo tipo se mezclan en territorios donde impera el crimen organizado. ¿Se avecina una verdadera revolución social o el caos?
31.12.2013 · María Verza · (México)
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Autodefensas de Tecalpatepec (Michoacán, oeste de México).
“Nos llevó 12 años reunir el valor, pero cuando después de pagar todo lo que nos pedían, después de tantas extorsiones e impunidad, empezaron a llevarse a nuestras mujeres y a violar a las niñas y devolvérnoslas embarazadas, dimos el paso. Solo el pueblo podía defender al pueblo”. El doctor José Manuel Mireles, del municipio de Tecalpatepec (Michoacán, oeste de México) explica con serenidad el detonante del alzamiento en armas de su pueblo, el 24 de febrero de 2013, contra el cártel de los Caballeros Templarios. “Nunca pensamos que esto fuera a salir pero salió, nos dieron 24 horas y ya llevamos 10 meses”.
Hay sido meses duros pero ahora, dicen, tienen por lo que morir. Mireles recuerda, por ejemplo, la masacre de Los Reyes, el pasado mes de julio. Dos centenares de personas se manifestaban contra la inacción del ayuntamiento ante la violencia y a favor de los grupos de autodefensa. “Era una manifestación de paz, no íbamos armados, llegaron unos hombres y empezaron a acribillar a todos a sangre fría”, contó un testigo.
“Las balas salieron desde dentro de la presidencia municipal”, asegura tajante Mireles. “Tengo dos sobrinos con balazos. Fueron a atenderse al hospital y no los quisieron recibir por miedo. Una enfermera fue a atenderlos a la casa. Una semana después la mataron junto a sus dos hijos”.
Su región, una zona agrícola y ganadera muy próspera conocida como Tierra Caliente, nada tiene que ver con las empobrecidas mesetas purépechas también de Michoacán donde en abril de 2011 otro pueblo, Cherán, se alzó también en armas contra el crimen, en aquella ocasión, hartos de los talamontes que destruían sus bosques, secaban sus ríos y desaparecían o asesinaban a quienes se opusieran a ellos. “Ellos son indígenas y su organización es de antes de la llegada de los españoles –distingue Mireles-; nosotros somos un pueblo más joven creado con la estructura política nacional. Pero ellos han sido nuestro ejemplo”.
Hay otras diferencias: las comunidades indígenas suelen organizarse para otros temas, no solo en seguridad, y no se expanden como sí ha hecho el movimiento de autodefensas de Tierra Caliente. Surgió en 3 de los 113 municipios de Michoacán, ahora controla 28. “Nosotros vamos a donde nos piden ayuda”, justifica el doctor Mireles mostrando una carta en la que uno de los pueblos vecinos les solicita apoyo. “Todos los estados de la República que estén en la misma situación que nosotros, deben defenderse”.
Un mes antes de los alzamientos en Michoacán, el vecino estado de Guerrero vivía una situación similar. En las localidades de Ayutla y Tecoanapa el detonante fue el secuestro de un comisario, un líder comunitario respetado por la ciudadanía. Los civiles no aguantaron más. Agarraron cualquier arma a su alcance, desde fusiles a machetes y pistolas, y fueron casa por casa hasta que lograron rescatarlo. Pronto otros les imitaron, mujeres incluidas.
“En Xaltianguis vivíamos una especie de parálisis emocional”, explica Miguel Angel Jiménez, el comandante de esta localidad a media hora de Acapulco. “Hay ejército y policías locales y estatales pero no me pregunte qué hacen. Son los otros los que campaban a sus anchas. Un día los mañosos [criminales] fueron a buscar a un joven y como no lo encontraron sacaron a su padre a plena calle y ahí le cortaron la cabeza. Por eso propuse unirnos a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG)“, explica Jiménez.
Corría el mes de agosto y Xaltianguis saltaba a las portadas de México por ser el primer pueblo en el que las mujeres también se armaron. En cuatro días hubo 102 voluntarias. “No sabíamos nada de seguridad ni de disparar, pero aprendimos”, dice Rosa Elena Flores, un ama de casa de 33 años.
Autodefensas (María Verza)
En casi todos los lugares donde hubo alzamientos, la primera intención de los grupos fue poner a disposición de las autoridades a los criminales que detenían pero al ver cómo esos delincuentes quedaban libres poco después les hizo desconfiar de todos. En algunos lugares incluso se llegó a detener temporalmente a militares para presionar a las autoridades. No hubo éxito. “En México dejan impunes el 93% de delitos”, sentenciaba a fin de año el diario Reforma en su portada.
Así, durante todo 2013 se fueron multiplicando en Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tabasco, Oaxaca, Veracruz… distintos grupos (Frente Campesino Franciso Villa, Pueblo Unido contra la Delincuencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo) dispuestos a tomarse la justicia por su mano, una situación explosiva de la que ya ha alertado la ONU y que está dejando, al menos en Guerrero y Michoacán, cientos de desplazados internos.
Además, ocurre en un país con enormes desigualdades, donde con el cambio de siglo el crimen organizado se apoderó de los vacíos de poder que surgieron tras el desmoronamiento del sistema priísta (según explican investigadores como Edgardo Buscaglia) y donde proliferan las armas en poder de fuerzas no gubernamentales (desde narcotraficantes a ex guerrilleros, pasando por cazadores y campesinos).
Según un informe del mes de mayo del International Crisis Group (ICG) hay milicias de algún tipo en al menos 9 estados de los 32 del país (otras fuentes dicen que en 13) pero la situación es especialmente preocupante en Michoacán y Guerrero donde se combinan grupos muy estructurados y con siglos de tradición (los conocidos realmente como policías comunitarias), con otros más espontáneos (autodefensas) centrados solo en dar seguridad.
Además, según el ICG, también hay que distinguir entre “los grupos de autodefensa que son respaldados por sus comunidades y aquellos que son meras fachadas de los cárteles criminales” y aspiran a imponerse frente a sus contrarios. El problema es que distinguir a unos de otros es tan complicado como garantizar que la delincuencia no se infiltre entre ciudadanos que reclaman su legítimo derecho a la seguridad. En Guerrero, según la revista Proceso, la Procuraduría General de la República investiga presuntos vínculos con el narcotráfico de, al menos, 15 alcaldes de pueblos donde han surgido movimientos armados. “Ojalá no estén inmiscuidas algunas malas personas en el movimiento, que ha crecido tanto”, decía por su parte un líder de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora, al diario Reforma.
Zapatistas. (AP/Ivan Castaneira)
GUERRA, JUSTICIA, DESARROLLO
Cada uno de estos grupos armados viven fases diferentes. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que puso en jaque a México en 1994 durante 12 días de guerra, sigue en armas (aunque estén calladas) y “en rebeldía”, como muestran sus últimos comunicados, pero optó desde hace una década por autogobernarse al margen del Estado, una estrategia que ahora intentan compartir con otros colectivos mexicanos a través de su “escuelita de la libertad” por la que en menos de 6 meses habrán pasado más de 5.000 activistas.
En Michoacán, sin embargo, la tensión es máxima. Se encuentran en una situación “de guerra civil”, según el diagnóstico del académico sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, René Jiménez. Y no hay más que pasar un día con el Dr. Mireles y sus hombres para confirmarlo. Los autodefensas salen a diario, armados hasta los dientes (llevan desde escopetas viejas a rifles de asalto), a patrullar o ganar terreno con un único objetivo: “hacer lo que el gobierno no hace, limpiar Michoacán de Caballeros Templarios”, en palabras de Mireles.
“Donde vamos hay puras emboscadas pero vamos ganando porque a nosotros nos apoya el pueblo y ellos cada vez tienen más difícil reclutar sicarios”, asegura uno de sus hombres. “Además, ellos disparan al aire todo asustados mientras que nosotros somos buenos cazadores y, después de tantos años de horror, se nos acabó el miedo”.
En Guerrero, organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con 18 años de historia, además de proteger a sus pueblos con grupos de comisarios que patrullan la comunidad, imparten justicia y se encargan de la reeducación. “Hay hambre, hay miseria, no hay trabajo y por eso hay tanto delincuente, pero ahora muchos otros pueblos, no solo indígenas, también están diciendo ‘¡Basta ya!’”, dice Felícitas Martínez, una de las líderes de este colectivo en San Luis Acatlán. “Los que quieren y aceptan nuestras normas, que siempre las toma la asamblea, se integran a la CRAC, y los otros o se unen a otros colectivos o se organizan por su cuenta”.
Mural zapatista en Caracol Oventic. (M.C.)
SIN ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL
La reacción del Estado al surgimiento de todos estos grupos, avivados en muchos casos por el malestar social generado por las reformas puestas en marcha por Enrique Peña Nieto, ha sido dispar. Las policías comunitarias están avaladas por las leyes mexicanas pero, como señala el ICG, no está clara la cuestión de los permisos de armas y las autoridades han hecho detenciones, por ejemplo, de miembros de la CRAC, por este motivo.
En Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos criticó que el gobernador Angel Aguirre primero apoyara económicamente a alguno de estos grupos y luego detuviera a sus integrantes “sin que se adviertan acciones a fin de atender las causas de fondo que originaron el surgimiento” de estas milicias. “Es inaceptable –continua esta institución- que las comunidades tengan que asumir de manera permanente cargas públicas que no les corresponden, que pueden llegar a traducirse en reductos de poder en los que se ejerzan prácticas injustificables e ilegales”.
En Michoacán, el presidente Peña Nieto puso en marcha en mayo su ‘nueva’ estrategia de seguridad consistente en desplegar –como hizo el presidente Felipe Calderón- miles de soldados y policías. Y en noviembre el ejército tomó el control del puerto de Lázaro Cárdenas, principal punto de entrada y salida de todo tipo de mercancías, legales e ilegales.
Teóricamente las fuerzas federales tenían como objetivo luchar contra el crimen organizado y desarmar a las milicias irregulares que “ponen en riesgo a todo México”, según palabras de uno de los hombres fuertes del presidente, Luis Videgaray. En la práctica, los militares y policías federales dejan hacer a las autodefensas, por ejemplo, mirando para otro lado –literalmente- cuando pasan con sus armas en ristre convoys de más de 20 camionetas.
El resultado, como alerta el ICG, es que el Estado ha dejado de tener el monopolio del uso de la fuerza y de la impartición de justicia, algo que “erosiona el Estado de Derecho” especialmente en zonas como Michoacán o Guerrero donde la violencia es cada vez “más preocupante”. El think tank critica también que el gobierno de Enrique Peña Nieto ni siquiera ofrezca un diagnóstico sobre los tipos de milicias que hay y cómo actuar ante cada una de ellas. “Parece carecer de estrategia”, indica su informe.
“No saben qué hacer”, coincide el académico de la UNAM René Jiménez. “No se enfrentan al problema real”. “Su proyecto más concreto, la creación de una gendarmería, se desinfla cada vez más. Lo único claro que es el Estado ha fracaso a la hora de satisfacer sus obligaciones básicas: dar seguridad a la población, seguridad física y también alimenticia, sanitaria y educativa”.
La situación a partir de ahora no es halagüeña porque la pauta parecen marcarla las armas, cientos de miles, millones de ellas. “Vienen cosas complicadas y graves para todo el país”, augura Felícitas Martínez desde Guerrero tras lamentar la desunión entre las distintas organizaciones que, según dice, solo beneficia al gobierno.
Desde el establisment se alerta del peligro de que México se pueda “paramilitarizar” y convertir en otra Colombia (no hay que olvidar que a los grupos sociales se unen todos esos pequeños grupos de seguridad privados). Y en otros sectores, se apunta la posibilidad de que el auge de todos estos movimientos pueda provocar a medio plazo un verdadero cambio.
Zapatistas. 2013
“Por esto es relevante hablar de nuevo de los zapatistas –señala René Jiménez- que siguen alzados pero, a la vez, han desarrollado estrategias de autogobierno que les han permitido mejorar la vida de sus pueblos”. “Lo que no pasa en 20 años pasa en dos días y hoy se ven pequeñas luces: pueblos que han optado por organizarse aunque vayan a distintas velocidades”, añade el investigador.
La clave es cómo reaccione el Gobierno, estancado, a su juicio, en las mismas políticas infructuosas de siempre, dictadas por los poderes económicos dominantes. “La única salida es que se escuche a los ciudadanos y que estos participen en las soluciones”.
En el fondo, es la misma receta que, de forma más diplomática, ofrece el ICG cuando recomienda trabajar con los proyectos más auténticos de policías comunitarias, contener la expansión de los grupos irregulares y mejorar la seguridad de todos los mexicanos. “A largo plazo, el desarme sólo puede funcionar si el gobierno protege a sus ciudadanos en todo el país”. Una asignatura todavía pendiente.
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Nota del Profesor J:
Decir que el desarme puede funcionar “si el gobierno protege” es una pésima conclusión del ICG, ya que si se está comparando con los zapatistas, entoinces habría que decir que la solución es el autogobierno en las localidades, comunas y regiones.