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El enfrentamiento entre autodefensas, los Caballeros Templarios y fuerza federales es parte de una estrategia deliberada, advierten. El fin es paramilitarizar, cambiar la función de tierras y habitantes y reconcentrar el negocio criminal de una forma manejable para el Estado
Michoacán, entre la manipulación del Estado y el crimen organizado
El enfrentamiento entre autodefensas, los Caballeros Templarios y fuerza federales es parte de una estrategia deliberada, advierten. El fin es paramilitarizar, cambiar la función de tierras y habitantes y reconcentrar el negocio criminal de una forma manejable para el Estado.
ADAZAHIRA CHÁVEZ
Desinformémonos
México. El escenario de enfrentamientos entre autodefensas, miembros de los Caballeros Templarios y el ejército en Michoacán es un terreno resbaloso, advierte el analista Carlos Fazio, quien lo ubica como una situación deliberada y provocada por el Estado para desestabilizar la zona y generar terror con miras a una refuncionalización no sólo del territorio, sino de sus habitantes. Daniel Negrete, un veterano activista social de la zona de Tierra Caliente, advierte que no hay ue confiarse, pues las autodefensas reciben apoyo del ejército y, presumiblemente, de un cártel rival de los Caballeros Templarios.
Ninguno de los dos entrevistados por Desinformémonos niega el terror que vive la población bajo los cárteles, ni que dentro de las autodefensas hay civiles que legítimamente toman las armas para defenderse o se “van con la finta”, como expresa el activista, pero ambos señalan que el proceso apunta hacia una planeada paramilitarización de la zona que sea funcional al gobierno federal.
“Vemos lo que está pasando con las autodefensas como un proceso de paramilitarización, con el apoyo de la federación y al parecer de uno de los cárteles. Están pertrechados por parte de militares que están supuestamente de civiles, y les mandan recursos de Jalisco”, alerta Negrete. Fazio resalta el hecho de que los líderes de las autodefensas han dicho que desde el comienzo de su organización tuvieron apoyo del ejército y de la Policía Federal y que desde el inicio salieron a patrullar juntos.
La explosión de violencia en el estado inició con la declaración de “guerra al narcotráfico” del entonces presidente Felipe Calderón (oriundo de la entidad) en 2006. En ese momento, recordó Fazio en entrevista anterior con esta revista, surgió el grupo conocido como La Familia Michoacana (hoy Los Caballeros Templarios), “que en su primera aparición pública dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que enfrentaría a expresiones foráneas –como los Zetas o el cartel de Sinaloa”.
Los enfrentamientos repuntaron en octubre de 2013, con la salida a la luz pública de diversos grupos de autodefensa, y tomaron una nueva fase en enero de 2014, con la toma de municipios bastión de Los Templarios por parte de estos mismos grupos, que anunciaron su intención de acabar con el cartel.
El líder más visible de las autodefensas, José Manuel Mireles, sufrió un accidente en una avioneta sin que hasta el momento haya sido aclarado lo que sucedió, y desde entonces permanece bajo resguardo del gobierno federal. El ejército y la policía federal iniciaron un proceso de desarme de civiles y de algunas policías municipales, y de toma de control de pueblos. Este proceso está en fase de negociación con los grupos de autodefensa pero ya causó tres muertos. El gobierno anunció que la Policía Federal ya controla 20 ayuntamientos de la zona y detuvo a cerca de 40 personas.
El clima en esta zona, conocida como Tierra Caliente, es de miedo, informa Negrete: “La gente está asustada sobre todo por la presencia militar. Desde el 14 de enero hay un toque de queda no oficial. Desaparecieron las policías municipales de Apatzingán, Nueva Italia y Uruapan, entre otros municipios, y la Policía Federal asumió sus funciones”. El activista señala que llegaron a la zona cerca de 20 mil efectivos gubernamentales, entre policías federales, ejército y marinos. “Los soldados están cuidando las tiendas –Oxxos, Walmart, los bancos- y los rondines se los dejaron a la federal”.
Negrete señala que a pesar del anuncio del gobierno federal de que desarmará a los grupos de autodefensas, su información es que donde son oriundos no entregarán las armas. Además, señala, analizan la propuesta de convertirse en policías rurales al estilo porfirista –como auxiliares de la federación.
El colectivo Ángela Esperanza, que estudia temas como la violencia y la resistencia civil, define que la acción de “militarización de la seguridad pública”, implica la aparición no sólo de fuerzas combinadas (Fuerzas Armadas militares regulares y cuerpos policíacos) y de fuerzas armadas del delito organizado, sino también la de grupos armados irregulares (paramilitares y parapoliciales) y grupos de civiles armados para la autodefensa. “Este proceso de extensión cualitativa de la guerra es inocultable: a la fecha ya ha causado más de 150 mil muertos, 27 mil desaparecidos y decenas de miles de desplazados, en donde todas las clases sociales están involucradas”, escribió en 2013.
La (para)militarización y los distintos grupos
El analista Carlos Fazio anunció en 2013, en entrevista con Desinformémonos, un periodo de descomposición y reacomodo de los grupos armados en función de una estrategia del gobierno peñista: reconcentrar el negocio criminal y tomar posesión de territorios.
Dentro de este “laboratorio” del nuevo proyecto de seguridad peñista en que se convirtió Michoacán, enumera Fazio, se pueden distinguir a cuatro categorías de actores civiles armados: las policías comunitarias que se rigen por usos y costumbres indígenas, como Cherán –amparadas por la Constitución “y que son justo las regiones donde ahora no hay conflicto”. En segundo lugar, las autodefensas, que surgen en el momento en que entra a gobernar Peña Nieto, “y que se pueden singularizar en estos grupos que el doctor Mireles parece encabezar. Esos han tenido muy buen aprensa en el sentido de que son grupos civiles que están resistiendo a los Caballeros Templarios”.
Después se encuentran quienes participan en grupos criminales: en tercer lugar está el cártel de Los Caballeros Templarios, y en cuarto el de Jalisco Nueva Generación. Lo que es más difuso, puntualiza el experto en geopolítica, es “si a la vez están actuando grupos paramilitares que responden al ejército y a la policía, y que pueden aparecer como parte de alguna de estas autodefensas. También podrían estar actuando mercenarios, incluyendo extranjeros”.
Negrete afirma que sobre todo en los lugares de mayor presencia de Los Templarios, las autodefensas hacen una asamblea –“no llegan todos los del pueblo, pero la asumen como tal”- y es entonces cuando toman el pueblo. En el caso de Nueva Italia y Parácuaro, por ejemplo, los integrantes del grupo de autodefensa no son habitantes de esos lugares. Negrete reconoce también que el común de la gente ve a Mireles como un héroe que los está liberando. Las últimas noticias dan cuenta de una devolución de las tierras robadas por los Templarios a sus legítimos propietarios.
La hipótesis: los reacomodos y el negocio criminal
Carlos Fazio considera que el gobierno quiere descabezar a los Caballeros Templarios, “y puede ser que esté en alianza con el grupo Jalisco Nueva Generación. El ejército pudiera estar armando a civiles para combatir a alguno de los grupos de la economía criminal”.
La hipótesis principal del analista es todavía una incógnita sin despejar: si el gobierno en realidad lo que quiere es monopolizar en un solo grupo de la economía criminal todos los negocios que están tipificados en la ley como crimen organizado, y que lo que quiere es volver a los viejos tiempo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde desde la Secretaría de Gobernación y los cuarteles militares llegaban a acuerdos con los cárteles –en ese entonces, el de Guadalajara- e ir hacia una monopolización de estos negocios bajo un pacto con el gobierno.
El también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México no descarta que en algunas zonas haya grupos legítimos de gente que está harta y se arma –pone como ejemplo a la zona purhépecha- no sólo contra los Templarios sino contra otros grupos criminales y contra las propias autoridades, “que en vez de garantizar el orden se dedican a extorsionar y a hostigar a la población. Es posible, sí, que haya un fenómeno de que parte de la población se arme y tenga un fin de defensa legítimo, como puede ser en algunas partes de Guerrero y Oaxaca, pero estamos en una pendiente resbalosa y hay que tener mucho cuidado”.
El colectivo Ángela Esperanza advierte: “Pareciera ser, pues, que la interpenetración del ‘orden legal’ con el ‘orden delictual’ es la forma en que se garantizaría la construcción de un monopolio del crimen organizado en tanto mercancía en proceso de construcción. Esto podría explicar que para ello, el aparato del poder del Estado se caracterice por la protección que una parte del ‘dominio del orden legal estatal’ brinda a una parte del ‘dominio del orden delictual territorial’”.
Fazio admite que hay muchas dudas por resolver acerca de las autodefensas, pero lo que ve como definitivo es que “en México se está dando una guerra civil molecular, donde hay grupos armados que son llevados a enfrentarse unos contra otros pero como parte de una política de Estado. En el fondo, todo tiene que ver por una guerra por el territorio y los recursos estratégicos”.
El periodista y académico resalta que el gobierno “filtró” a varios medios que los Caballeros Templarios dominan varias partes de la economía del Estado, incluida la exportación de limón, aguacate y de hierro a China. “Lo que hablamos es que la economía criminal está entrelazada con los negocios, y me temo que haya grupos empresariales que tienen grupos armados y están coludidos con funcionarios del Estado. En el discurso oficial todo se centra en Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y autodefensas, pero nunca nos hablan de los políticos, empresarios, banqueros y aduanales; es decir, toda la estructura económica y gubernamental que tiene que ver con la importación-exportación de distintos productos de la economía nacional por el puerto de Lázaro Cárdenas”.
Al igual que en Ciudad Juárez (2008-2009) y en Tamaulipas (2020-2012), “se puede estar generando una confrontación violenta entre civiles, coordinada por militares y policía, para desestabilizar, generar terror y llevar a una refuncionalización de los territorios, pero también de los habitantes que están ahí”.
En su análisis de 2013, el colectivo Ángela Esperanza advirtió que diversos sectores del régimen han ido transfiriendo tareas policíacas y militares a grupos de civiles, organizados con técnicas militares, quienes al estar armados, y construir intencionalmente elementos de fractura dentro de las comunidades, comienzan a instalar potenciales condiciones de otra forma más en que se expresa la guerra civil que, a su vez, hace “indispensable” la presencia de Fuerzas Armadas en el lugar, con el fin de evitar la confrontación construida desde el aparato de poder.
El cambio no solamente estará en quienes controlarán la economía criminal, sino también en quiénes van a controlar la tierra, la minería, la agroindustria, la exportación de limones y aguacates, y otros insumos que se generan en ese estado, finaliza el analista.