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El gobierno mexicano permite el crecimiento del crimen organizado y los grupos paramilitares, mientras trata de hacer funcionales a su estrategia a los grupos de autodefensa y policías comunitarias.
En las autodefensas y policías rurales, “el Estado quiere controlar las armas para sus propios intereses”
El gobierno mexicano permite el crecimiento del crimen organizado y los grupos paramilitares, mientras trata de hacer funcionales a su estrategia a los grupos de autodefensa y policías comunitarias.
Jaime Quintana Guerrero
Desinformémonos
México. La “legalización” de las autodefensas por medio de su incorporación a la Policía Rural y la relación directa con el gobierno los puede llevar a convertirse en cuerpos paramilitares, funcionales a la lógica del Estado, advierten especialistas. “Lo que está haciendo el gobierno mexicano es darle una salida militar al asunto de las autodefensas”, advierte el general Francisco Gallardo, mientras que para el antropólogo Gilberto López y Rivas, “tiene que proteger el monopolio de las armas, ya que es una regla general de todo Estado y generalmente de los capitalistas”. El abogado mixteco Francisco López Bárcenas considera que la propuesta de incorporar a las autodefensas a la Policía Rural “es prácticamente legalizar lo ilegal, es decir, el gobierno actuó de manera ilegal con las autodefensas y ahora las quiere legalizar”.
El gobierno mexicano propuso legalizar a los integrantes de los cuerpos de autodefensa en la Tierra Caliente de Michoacán y en Guerrero, por medio de su incorporación a la Policía Rural, que depende del ejército. Dentro de la legislación que regula el funcionamiento y operación de las Fuerzas Armadas en México, se encuentra la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que en su artículo 53 capítulo III refiere la existencia de los Cuerpos de Defensa Rurales.
Los Cuerpos de Defensa Rurales se integran con miembros de las comunidades con la aprobación y organización del gobierno de la República, y dependen de las determinaciones de las autoridades militares. Estos cuerpos rinden parte informativo a las autoridades militares de su jurisdicción e identifican a los grupos sospechosos que “pretendan alterar el orden”.
El general Francisco Gallardo, quien fue comandante del cuarto Cuerpo de Caballería de Fuerzas Rurales, en Hermosillo, Sonora, con más de mil efectivos en su jurisdicción, precisa que “estas defensas rurales están encuadradas en el ejército. Sus mandos son personal militar en activo, tan es así que existe una Dirección de Defensas Rurales en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Lo que sucede es que a estos grupos de autodefensas los van a encuadrar en el fuero de guerra, y se da una salida militar”.
El abogado Francisco López Barcinas expone que en ambos casos, Michoacán y Guerrero, existe un clima de inseguridad que la población ya no soporta, “y cada quien lo resolvió de manera distinta, como con grupos de autodefensa, pero existe una coincidencia en que el gobierno los dejó crecer mucho y ahora no sabe qué hacer con ellos”.
Una de las razones que obligan al Estado mexicano a proponer estas Policías Rurales, explica López y Rivas, es que “el monopolio de la violencia o de las armas es un privilegio del Estado” y que, supuestamente, para nada molesta que existan miles de hombres armados.
Policías Rurales o paramilitares
Las Policías Rurales fueron creadas por el presidente Lázaro Cárdenas en 1964, bajo el Instructivo para la Organización, Funcionamiento y Empleo de los Cuerpos de Defensas Rurales de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sustento en la época de la Reforma con Benito Juárez.
Gilberto López y Rivas apunta que la utilización de civiles armados existe dentro de la ley del ejército y de los manuales de guerra de la SEDENA, como expresión legislativa de los manuales de guerra irregular que Secretaría diseña y mantiene desde hace años.
Legislar, expone el antropólogo, es “llevar a un decreto de ley lo que tienen todos los ejércitos del mundo, que es el uso de civiles armados, bajo entrenamiento y usos logístico de las fuerzas armadas, es decir, condicionado por la doctrina militar”.
Explica el general Gallardo que la Policía Rural “es un sistema que se estructura para mantener el control de una zona y traen armas del ejército, aunque sea fusiles viejos. Estos grupos del defensa rural desaparecieron donde había guerrilla, y también donde existe una gran concentración de la lucha contra el narcotráfico”.
Para el general Francisco Gallardo, estas fuerzas civiles serán utilizadas “como sistemas de información para los GIZ (Grupos de Información de Zona) del ejército y dependerán directamente de las fuerzas de bando militar”.
“La esencia de la caracterización radica en la relación que los grupos tienen con el Estado. Generalmente el paramilitarismo es una relación directa con los aparatos armados o de inteligencia del Estado. Entonces se trata de paramilitarismo oficial”, describe el investigador Lopez y Rivas.
La característica de los grupos paramilitares, explica Gilberto López y Rivas, “consiste en la relación abierta o clandestina que tienen con el Estado”, así como la forma en que sirven a una estrategia gubernamental, “ya sea porque han sido captados, porque fueron un brazo armado del Estado o están a punto de ser captados”.
La clave para caracterizar a las policías comunitarias es “su estrecha relación con las comunidades, ya que las asambleas y sus órganos comunitarios de autoridad tienen un control y monitoreo de los grupos”, detalla López y Rivas, además de que no adquieren ningún tipo de logística o entrenamiento de las organizaciones militares o parapoliciacas.
Coinciden los entrevistados en que las policías comunitarias tienen un aspecto federal democrático, actúan en asambleas, no son coyunturales y no devienen de ningún presupuesto del Estado.
En el caso de Michoacán, los grupos de civiles armados “han sido entrenados por el ejército, y existen otros grupos que fueron forzados a tomar las armas para defender sus vidas y sus propiedades, que aunque quisieran mantener su autonomía con respecto al Estado, se han visto obligados a prestar servicios de policía que el gobierno debiera proporcionar a sus ciudadanos. La realidad michoacana es muy compleja, porque está toda la gama de grupos parapoliciales y paramilitares”, detalla López y Rivas.
Francisco López Bárcenas aclara que a Cherán –en Michoacán- y a las comunidades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria “los quieren controlar. Es muy probable que traten de obligar a estos movimientos a incorporarse a la Policía Rural”. El letrado no descarta que esta pretensión los haga resistir mucho más y afianzar su proyecto propio, “pero esto depende mucho de la claridad y la movilidad social que tengan para la correlación de fuerzas suficiente para defender su proyecto”.
Gallardo señala que las Policías Rurales tienen un sustento legal, pero las policías comunitarias -que han existido históricamente en México- también lo tienen: el artículo 2 de la Constitución, que tiene que ver con las autonomías, y el artículo 133 del convenio 169 de la OIT.
Para López Bárcenas, los fenómenos de Michoacán y Guerrero son distintos: mientras que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) surgió por una diferencia de concepción con la Policía Comunitaria y luego se alió con el gobierno estatal, en el caso de Michoacán, las autodefensas surgieron de una situación de inseguridad pero mucho más ligada al gobierno. López y Rivas advierte que estas relaciones con el gobierno pueden conducir a los grupos al paramilitarismo.
Las armas que no son control del Estado
El investigador López y Rivas expone que para el estado es inadmisible cuando no puede controlar las armas y dirigirlas hacia sus intereses, ya sea que estén en manos de los grupos armados revolucionarios o de grupos comunitarios. En cambio, “no le preocupa que miles de hombres mantengan en virtual estado de sitio al país a través del crimen organizado e incluso han dejado que este fenómeno crezca, pues es parte de una estrategia para el control de las disidencias de la partir de imponer un terrorismo de Estado, y derrotar las resistencias para lograr un control de la fuerza de trabajo”.