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800 delegados de 14 estados mexicanos forman el Frente de Defensa de la Tierra

La Jornada :: 13.03.14

Constituyen el Frente Indígena y Campesino de México, Ficam

Acuerdan crear frente en defensa de la tierra
mié 12 mar 2014 11:39

El movimiento se creó frente a las amenazas de despojos por parte de mineras, construcción de represas y megaproyectos varios “que ponen en grave riesgo a la nación mexicana”.

México.- La Sierra Norte de Puebla fue sede de la reunión de unos 800 delegados de 14 estados del país, quienes acordaron crear el movimiento en defensa de la tierra denominado Frente Indígena y Campesino de México (Ficam).

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) de Tehuantepec detalló que en el encuentro, en el pasado fin de semana en Cuauhtapanaloyan, los delegados compartieron experiencias en sus luchas en defensa de su territorio.

Subrayó que el movimiento se creó frente a las amenazas de despojos por parte de mineras, construcción de represas y megaproyectos varios “que ponen en grave riesgo a la nación mexicana”, determinaron la creación del

Así, el Ficam, se acordó, deberá luchar por la defensa de la tierra y los territorios, como bien colectivo de los pueblos, ante la imposición de megaproyectos; la liberación de los presos políticos y en contra de la reforma del campo “que pretenda profundizar la privatización de la tierra, que impulsa el gobierno” de Enrique Peña Nieto.

El diario La Jornada destaca que en el encuentro estuvieron presentes Ignacio del Valle, del Frente de Defensa de la Tierra de Atenco; mujeres indígenas binniza (zapotecas) de la Asamblea Juchiteca, que defienden su tierra de la invasión eólica.

Asimismo, luchadores de la Sierra Norte de Puebla, de las comunidades de Huehuetla, Zautla, Olintla o Tetela, “que enfrentan los proyectos mineros de ricos como Carlos Slim o Germán Larrea”, y activistas veracruzanos que narraron cómo “decenas de represas amenazan los ríos” de ese estado.

Otro resolutivo al que llegaron en el encuentro tiene que ver con el derecho inalienable de las comunidades a decidir sobre su territorio y sus recursos.


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