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El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) calificó de atentado contra los derechos de los pueblos originarios y violatorio de la Constitución Política el proyecto de ley minera y metalurgia
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) calificó de atentado contra los derechos de los pueblos originarios y violatorio de la Constitución Política el proyecto de ley minera y metalurgia enviado por el gobierno de Evo Morales al Congreso de la República.
La iniciativa legislativa de 241 artículos fue enviada el lunes 17 de marzo a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el pedido expreso que no se introduzcan cambios en el documento de ley alcanzado tras consenso con las partes del sector minero y metalúrgico.
Conamaq destacó que el proyecto otorga beneficios a las empresas transnacionales y cooperativas en desmedro del interés de los bolivianos y conculca el derecho a la consulta que no se realizará en la fase de prospección y exploración, sino solo en la exploratoria, y con restricciones.
Mediante un comunicado suscrito por el Apu Mallku Cancio Rojas Colque, la Conamaq criticó la actitud genuflexa del Ejecutivo que pide no se modifique nada del proyecto cuando viene del sector empresarial.
Sin embargo, cuando se han trabajado otras iniciativas legales con participación indígena luego han sido modificadas y trastocadas por la Asamblea Legislativa, denunció.
La Conamaq explicó que las agresiones sufridas por parte de militantes pro gobiernistas se explican ahora con la intención de acallar cualquier oposición a proyectos como el actual que se hacen de espaldas al pueblo y violando sustanciales derechos colectivos.
El proyecto de consenso empresarial
Evo Morales lamentó que el proyecto haya demorado tres años en ser consensuado, aunque aplaudió que ya esté listo.
En un acto en el Palacio Quemado, sede del gobierno, el jefe de Estado recordó que situaciones como estas no ocurrían en el pasado, cuando estos proyectos eran encargados a consultorías, que cobraban elevadas sumas de dinero.
El representante de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) Alejandro Santos calificó la presentación del anteproyecto como un gran día, que marca una nueva historia para el sector minero.
El pasado viernes, Alejandro Santos, anticipó que el lunes se entregaría el proyecto de Ley, luego de tres años de trabajo coordinado para lograr los consensos necesarios entre los operadores mineros.
En el acto de entrega participaron Alejandro Santos, representante de Fencomin, Miguel Pérez, representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Humberto Rada, representante de los mineros privados y el ministro de Minería, Mario Virreira.
Minería boliviana
La minería en Bolivia sufrió una desaceleración a la espera de la nueva norma, que no incluye disposiciones tributarias para el sector porque ese aspecto se definirá en una ley financiera, explicaron los empresarios del sector durante la presentación de la propuesta.
Los empresaria mineros destacaron que la ley permitirá trabajar en el gran potencial geológico de Bolivia, país que tiene altiplano en medio de dos grandes cordilleras, además de sus valles y tierras bajas, ricas en minerales.
El nuevo texto legislativo reemplazará al Código de Minería vigente desde 1997, y establecerá además que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), dirigirá al menos seis compañías subsidiarias.
Evo Morales recordó que Bolivia vivió de la minería hasta 1985 e insistió en la necesidad de la parte impositiva: “será otro trabajo que debe empezar ya, la parte impositiva. Imagínense si la minería como antes tanta plata daba al pueblo boliviano y ahora es el gas, cómo estaríamos en la parte económica”.
En 2013, las exportaciones mineras de Bolivia sumaron 3 mil 038 millones de dólares, lo que representan una cuarta parte de los 12 mil 042 millones de dólares sumados en total ese año por las ventas al exterior.
Trabajo acelerado para su aprobación
En la jornada legislativa del jueves 20 de marzo el ministro del sector, Mario Virreira, se refirió a la distribución de las regalías mineras, la misma que se regirá por lo señalado por la Constitución Política del Estado.
El titular de Minería dejó claro que una vez que los operadores hayan entrado a trabajar en el sector, tienen que cumplir con el pago de las regalías mineras, con lo dispuesto en materia de medio ambiente y toda la normativa pertinente.
Mientras el tema impositivo será objeto de definiciones en el marco de la Ley Tributaria, Virreira explicó que la nueva Ley de Minería y Metalurgia dispone una distribución de las regalías de acuerdo con la siguiente relación: 80% para las gobernaciones productoras; 15% para los municipios mineros y un 5% para el Tesoro General de la Nación (TGN).
El 5 por ciento que irá al TGN será distribuido entre los departamento no productores, bajo el criterio de que los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y por tanto todos tienen derecho a beneficiarse de los recursos que genera la actividad minera, explicó el Ministro.
“Una distribución a todos los departamentos es un tema de justicia y se enmarca en los postulados de la propia Constitución Política del Estado que señala que la propiedad de los recursos naturales es del pueblo boliviano. Todos tienen que recibir los beneficios de la explotación de esos recursos. Tiene que haber una participación de todos, declaró Virreira ante la Comisión de Economía Plural.
Detalló que el tema de las regalías mineras puede compararse con el IDH, por lo que su distribución se basa en un criterio de justicia y equilibrio entre las regiones.
“La regalía minera es una medida de compensación por la extracción que se hace del suelo y del sub suelo; pero hay que tomar en cuenta lo que dice la Constitución, que ese recurso natural no es de propiedad de nadie en particular, sino de todos y todos tiene derecho a los beneficios”, dijo el Ministro.