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Los pobladores que tienen nueve años de lucha, hicieron un llamado a estar alerta frente al “desplazamiento forzado” que quieren realizar las autoridades, por lo que invitaron a la sociedad civil a acompañar una caravana de verificación de la cortina de la presa, el 31 de mayo y 1 y 2 de junio.
Temacapulín, un poblado que se niega a desaparecer
Ernenek Mejía, Mónica Montalvo y Virikota, del Taller de Periodismo de Abajo
México, D.F. Los pobladores de Temacapulín, Jalisco, saben que los recursos legales contra las irregularidades en la construcción de la presa El Zapotillo están ganados. “La ley está de nuestro lado”, lo que despoja a los pueblos y viola sus derechos es el contubernio entre gobiernos y empresas, dijeron en conferencia de prensa Libertad Díaz Vera, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y Gabriel Espinoza Sauceda, vocero de los pobladores.
El gobierno de Jalisco continúa la construcción de la presa El Zapotillo, a pesar de la sentencia 93/2012 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció el Comité Salvemos Temaca desde la ciudad de México.
El desacato del gobierno estatal es en relación a la altura de la cortina, la cual no debe rebasar los 80 metros de altura. A través de los medios de comunicación, elgobierno estatal informó, días previos a la Semana Santa, que el gobernador Aristóteles Sandoval no cumplirá la disposición y se construirá una cortina de 105 metros.
La lucha de este pueblo de los Altos de Jalisco para no desaparecer no termina, afirman los integrante del Comité en gira por la ciudad de México, donde denunciaron el incremento del hostigamiento en su comunidad por parte del Observatorio Interinstitucional, encabezado por Felícitas Velázquez y la organización México Sustentable A.C .
Las razones que argumentó el gobierno de Jalisco para aumentar la altura de la cortina fueron aspectos “técnicos” y de “seguridad”, y con ello la“inviabilidad para preservar Temacapulín. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de José Elías Chedid, Abraham, director de Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP), retuvo y ocultó por casi seis meses el dictamen realizado por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), estudio que sustenta la decisión para elevar la cortina, lo que implica la desaparición del poblado, explicó Gabriel Espinosa Iñiguez, de Comité Salvemos Temaca.
David Barkin, Arturo Gleason y Manuel Guzmán, junto a decenas de reconocidos especialistas, encontraron que desde el punto de vista técnico, el dictamen gubernamental es superficial y carece de sustento técnico, pues no incluyó la seguridad de las personas de Temacapulín, argumento principal utilizado en los comunicados oficiales del gobierno de Jalisco para descartar la presa a 80 metros; además de que no se consideró, dentro de las alternativas analizadas, la construcción de una cortina a 60 metros de altura, alternativa que presentaron las comunidades afectadas el 1 de octubre de 2013.
Claudia Gómez Godoy, abogada de la comunidad, advirtió por su parte que ya se interpusieron dos amparos ante el Juzgado Primero de distrito del estado de Jalisco, debido a la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte Justicia, la violación derechos de los pueblos y la falta de análisis de alternativas por parte de la Conagua.
El ayuntamiento de Cañadas de Obregón, al que pertenece Temacapulín, envió una carta a la SCJN como tercero interesado en relación a la sentencia. También acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comentó el vocero del movimiento.
De los tres poblados afectados, Temacapulín es el único que resisten hasta ahora y el 80 por ciento saben que “es hasta el final”. A lo largo de todos estos años de “ser pisoteados por las autoridades”, y de informarse sobre otros casos como el suyo, han cambiado su perspectiva, ahora “no sólo nos proponemos que no haya presas, sino una nueva gestión del agua”, explicó Gabriel Espinoza.
En su largo proceso de lucha para que Temacapulín no quede bajo el agua por la re activación del proyecto de presa La Zurda (ahora El Zapotillo), las autoridades han intentado convencer, engañar y presionar a los pobladores que resisten montando mesas de diálogo sin repercusión en la revisión del proyecto de la presa, ofreciendo internet gratis en las casas nuevas, bastones para los viejitos o brindando servicios que son obligación del gobierno, a cambio de aceptar la venta o la reubicación.
Temaca, como comúnmente se conoce a la comunidad, ha recibido apoyo nacional e internacional, reflejado en las últimas semanas con la llegada de adhesiones de Oscar Oliveira, líder de la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, Pedro Arrojo, premio Goldman; del Movimiento Mexicano de Afectados por la Presas (Mapder); y de LAVIDA, entre otras organizaciones de derechos humanos.
“En una verdadera democracia, ser minoría no puede ser un delito… Inundar un pueblo, como Temaca, supone un atropello a derechos básicos e incluso a derechos humanos de los afectados, que no se puede justificar alegando el interés de pretendidas mayorías allá en León Guanajuato. Y menos cuando ese pretendido interés general acaba siendo, en lo esencial, el interés de los más ricos y poderosos”, señaló Pedro Arrojo, premio Goldman, en una carta dirigida a la comunidad.
Durante la conferencia de prensa a medios libres, Gabriel Espinosa rechazó los argumentos de las autoridades en relación a que el agua de la presa El Zapotillo será para Jalisco, así como “los falsos argumentos de la crisis y escaséz del agua en Guadalajara”, que pretenden confrontar a la ciudadanía. “Estaremos en la resistencia hasta al final, esta lucha es ganar y ganar. Vamos más allá de oponernos a una presa, vamos por una revolución del agua”, concluyó.
Los gobiernos del estado de Jalisco y Guanajuato, las empresas constructoras trasnacionales Abergoa y Fomento de construcción y contrata SCC; y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de su presidente José Elías Chedid, retuvieron y ocultaron por casi seis meses el dictamen realizado por el comité técnico de operación de obras hidráulicas, estudio que sustenta elevar la cortina a 105 metros y con ello desaparecer una región milenaria, sus comunidades y sus costumbres, violando con esto los derechos humanos y el derecho a la vida, denunció Espinoza Iñiguez.
Los pobladores que tienen nueve años de lucha, hicieron un llamado a estar alerta frente al “desplazamiento forzado” que quieren realizar las autoridades, por lo que invitaron a la sociedad civil y a los medios libres a acompañar una caravana de verificación de la cortina de la presa, el 31 de mayo y 1 y 2 de junio.