Imprimir
Los penales de alta seguridad del país son ahora el destino de quienes exigen justicia, defienden su territorio contra los grandes proyectos empresariales y organizan su seguridad frente al crimen organizad
Los de abajo
Activistas presos
Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
Los penales de alta seguridad del país son ahora el destino de quienes exigen justicia, defienden su territorio contra los grandes proyectos empresariales y organizan su seguridad frente al crimen organizado. A la misma cárcel de Tepic, Nayarit, en que se encuentra Nestora Salgado, comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, llevaron a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero y líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, a quien el 3 de julio le negaron la libertad bajo caución, pues el ilícito del que es acusado es considerado grave en Guerrero. En Michoacán, tras la detención de José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas, trasladado Hermosillo, Sonora, se han dado importantes muestras de apoyo exigiendo su liberación. Una es la de la policía comunitaria del pueblo nahua de Santa María Ostula, que sostuvo que, contrario a lo que pregona el gobierno federal, el problema del crimen organizado en Michoacán no está resuelto y su estructura, sus principales cabezas y sus actividadeseconómicas siguen intactas, además, aseguran, los funcionarios cómplices, están regados en todos los niveles de gobierno y gozan de plena libertad.
En un pronunciamiento de la Comisión por la defensa de los bienes comunales de Ostula, se advierte que, mientras se incrementa la criminalización de los luchadores sociales, no existe una sola persona encarcelada ni avance en la investigación en los asesinatos y desapariciones de comuneros, ni están resueltos ni se ha consignado a nadie por los cientos de asesinatos y desapariciones de otros pueblos y comunidades de Costa Sierra de Michoacán.
El apoyo de Ostula a Mireles y a las autodefensas detenidas con él, no debe pasar desapercibido. Allí hubo una asamblea de más de 2 mil comuneros que conformaron su policía comunitaria en alianza con el grupo de Mireles. Allí, además, en junio de 2009 se dio a conocer el primer manifiesto que reivindicó el derecho a defenderse de las comunidades indígenas amenazadas. Desarmar a los grupos de autodefensa de los pueblos y comunidades de la Costa Sierra, incluida Ostula, significaría permitir su cruel asesinato, señalan desde el litoral del Pacífico michoacano.
En Guerrero no es casualidad que la detención del vocero de la lucha contra la presa La Parota se dio justo después de que el movimiento anunció la formación de su policía comunitaria, ante la intención del gobierno de reimponer el proyecto hidroeléctrico que afectará a 47 comunidades de la región.
www.desinformemonos.org
losylasdeabajo@yahoo.com.mx