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Una racha de disturbios, huelgas y cortes campesinos de ruta contra los planes oficiales de exportar gas natural se desató ayer en distintos puntos de Bolivia, pese a un dispositivo militar policial dispuesto por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
A cuatro días de una manifestación en oposición a la venta de gas y más aún “por y para Chile”, convocada por el Movimiento al Socialismo (MAS), principal formación de oposición y un autodenominado estado mayor del pueblo (EMP), que reúne a sindicatos y organizaciones de cívicos y militares y policías en retiro, campesinos aimaras del altiplano cerraron las rutas que comunican La Paz con Chile y Perú.
La protesta - que podría cobrar mayor intensidad entre viernes y sábado cuando el MAS y el EMP envíen a sus miembros a las calles-se registró cuando un semanario político denunció que la mentada exportación de gas a California sólo apunta a abastecer al mercado chileno, en el umbral del desabastecimiento energético.
Los inconformes demandan además atención gubernamental a un pliego de 70 puntos y de la mano de su líder, el diputado del Movimiento Indígena Pachacuti, Felipe Quispe, se han propuesto estrangular el abastecimiento de alimentos a La Paz, sede del gobierno boliviano.
Otro paro en la ciudad de El Alto, que vincula La Paz con el altiplano andino en oposición a tributos municipales, terminó planteando un cerco a la sede del gobierno boliviano, lo que obligó a la suspensión de los viajes interdepartamentales por carretera desde La Paz a cinco puntos del país.
“Es verdad que esta mañana se ha cortado la salida de los buses con dirección a sus destinos. Son instrucciones del comando superior (de la Policía) para evitar problemas en carretera”, afirmó un vocero de la Dirección de Tránsito.
La situación pareció complicarse después de que la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) ordenó “cerrar las trancas”, puestos de control a la altura del poblado de Senkata, luego de denunciar la detención ilegal de un dirigente sindical, Henry Mérida, a manos de agentes del ministerio de Gobierno (Interior).
Siempre con la oposición a la venta de gas como telón de fondo, otros cortes se ruta estallaron en al menos tres puntos de los Yungas, unos valles agrícolas cerca de La Paz, cuyos pobladores exigen la “habilitación inmediata” de una moderna carretera que evitaría la circulación de miles de motorizados por una peligrosa vía de tierra apisonada, tristemente célebre conocida como el “camino de la muerte”. Otros focos de conflicto convergente se encendieron en la ciudades de Cobija y Riberalta, en el norte y nordeste del país, donde los campesinos presionan por la dotación de tierras.
La situación pareció tensionarse en el neurálgico Chapare, otrora emporio de la droga, epicentro de permanente conflicto entre los combativos cocaleros y las fuerzas antidroga, donde la policía detuvo a una concejal y dirigente del MAS, “en posesión de explosivos”.
El gobierno “está sembrando pruebas” para acusar a los dirigentes cocaleros, replicó el líder opositor Evo Morales, cuatro horas antes de que la fuerza del orden se incautara de “explosivos” de las oficinas de una congregación religiosa protestante en Chapare.
Pese a la tensión creciente en momentos en que Sánchez de Lozada efectúa una visita a su par peruano Alejandro Toledo, en Arequipa, para abordar la exportación de gas boliviano por un puerto de Perú, el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc fue enfático al destacar que “hay tranquilidad en el país, pese a algunas acciones de algunos grupos”.
El gobierno ha dejado en claro que aunque no piensa estrenar la llamada “Ley Antibloqueos” se hará uso de la fuerza para garantizar el ejercicio de los derechos conculcados por las protestas. Sin embargo, todo parece indicar que los problemas tienden a agudizarse con la inclusión de nuevos actores sociales hacia el fin de semana.
Hoy retornará al país el presidente Sánchez de Lozada. Antes de su viaje a Lima, advirtió que no iba a permitir bloqueos y otras medidas de presión.
Frente al bloqueo de caminos en los Yungas, en la carretera a Oruro y las movilizaciones violentas en El Alto, el gobierno ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía con el fin de neutralizar esas medidas de presión y garantizar el derecho constitucional del libre tránsito.
El gobierno tiene previsto aplicar un nuevo plan de contingencia en coordinación con los comandos de las FF.AA. y la Policía para impedir que los colonizadores de los Yungas, campesinos del altiplano y la Central Obrera Regional de El Alto atenten contra el libre tránsito y logren convulsionar el país.
En ese marco, el comandante general de la Policía, Jairo Sanabria, informó el despliegue de grandes y pequeñas unidades sobre las carreteras de Oruro, Desaguadero, Copacabana y los Yungas para ejercer un control estricto y evitar excesos y daños a la propiedad pública y privada por parte de los colonizadores y campesinos.
“Hemos determinado que las unidades policiales, de acuerdo a las jurisdicciones vayan a cumplir responsabilidades para evitar la existencia de excesos y actos de violencia. Se han desplazado cientos de efectivos camino a Oruro, Copacabana, Desaguadero, rutas que están siendo controladas por la Policía, no tenemos por el momento control por las carreteras de Cochabamba y Santa Cruz”, dijo Sanabria.
En el Comando General del Ejército, se conoció bajo un completo hermetismo, el despliegue de cientos de efectivos en la zona del altiplano, principalmente, donde los campesinos a la cabeza de Felipe Quispe obstruyan los caminos.