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Las amenazas en el Cauca son la minería ilegal y las transnacionales
La Vega - Cauca: la vida por el agua o la muerte por el oro
Diecisiete líderes amenazados y varias montañas carcomidas por la dinamita son el resultado de la lucha que hoy libran comunidades del Macizo Colombiano, para que mineros ilegales no sigan robándose el oro y contaminando el agua.
Esta es la tolva que recibe el material extraído de la montaña, a través de dos rieles que llegan hasta la carretera intermunicipal que comunica a La Sierra con La Vega. La roca es sacada en volquetas y llevada sin saber a dónde. Foto: Proceso Campesino y Popular de La Vega.
Mientras, el pasado miércoles 10 de julio las autoridades capturaban en el norte del Cauca a Parmenides Montero, administrador de la mina San Antonio de Santander de Quilichao y al ingeniero forestal, Miguel Ángel Álvarez, presuntos responsables de la muerte de más de 13 mineros que quedaron sepultados tras el derrumbe del entable minero, en el municipio de La Vega, Cauca, varios líderes se reunían para saber qué iban a hacer con los mineros paisas que están dinamitando una montaña en la vereda El Recreo para extraer el oro.
Ni la geografía quebrada, ni la carretera destapada, ni mucho menos las advertencias de la comunidad y la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, han impedido que continúen allí. La semana pasada, cuando la comunidad nuevamente se reunió con el secretario de Gobierno del Cauca para definir las acciones a seguir y oponerse a la extracción del metal, un hombre se infiltró en el salón comunal y fue sorprendido por uno de los comuneros. De inmediato tuvo que confesar que era minero, mostrar su cédula, expedida en Timba, Cauca, y quien manifestó querer escuchar qué se decía en la reunión. Sin embargo, quien lo abordó le dijo que le llevara un mensaje a sus compañeros: “a quienes lo mandaron aquí dígales que nosotros nos oponemos a la minería”, sentenció el líder sindical, haciendo retirar al individuo.
Dos horas después llegó la llamada. Era para el presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Recreo, Arley Guzmán, a quien le manifestaron: “invertimos $80 millones en esa mina, o me responde por la plata o me paga con la vida. Deje de joder que varias veces se lo he dicho”, sentenció el sujeto, mientras el líder hoy evalúa la posibilidad de salir del territorio.
Días después, dos personas se acercaron a la oficina de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro Popayán), con el anuncio de que querían hacer parte de la organización porque ellos eran pequeños mineros, y según su queja, “había un tal Oscar que no los dejaba trabajar”, cuenta una líder de La Vega. A quien se referían y buscaban era al excandidato a la Cámara de Representantes por la Unión Patriótica y Coordinador del Proceso Campesino y Popular de La Vega, Oscar Salazar, quien al día siguiente recibió una corona de flores como sentencia de muerte que sigue rondando su cabeza.
La disputa por la que se ha desatado todo este conflicto tiene un solo nombre: la mafia de la minería ilegal. A diferencia de los municipios del norte del Cauca, donde las retroexcavadoras son una mancha amarilla en la cuenca del río Cauca, en el corazón del Macizo Colombiano, lo que predominan son montañas carcomidas por la explosión de la dinamita y dos rieles que se extendieron desde una montaña de la vereda El Recreo hasta la carretera para bajar el material extraído, donde un tanque de cemento recibe la roca que es sacada en volquetas y llevada sin saber a dónde.
A la mina le llaman La Berna, y según el diagnóstico que realizó la corporación ambiental del Cauca en abril de este año, es evidente la afectación a la laguna El Guambial (parte alta de la mina), por la filtración de sus aguas a las bocaminas, como consecuencia de las actividades de perforación para la extracción del material. Igualmente el informe señala que se afectó la cubierta vegetal con el uso de explosivos.
La alerta para la comunidad es máxima. De esas aguas no solo se surten los acueductos de cuatro corregimientos y más de ocho veredas aledañas, sino que, montaña abajo el líquido corre hacia el río Pancitará que posteriormente desemboca en el río Patía. Esto conllevó a que la CRC, luego de la visita, suspendiera las actividades en la mina hasta tanto no se haga un resarcimiento de los daños ambientales ocasionados por la apertura de los túneles, y dictara una medida preventiva contra la señora Claudia María Pérez Zapata, oriunda de Medellín, quien, según constató la Agencia Nacional de Minería, tiene una propuesta de contrato de concesión en ese predio, para explotar minerales de oro y sus concentrados.
Y aquí viene la otra preocupación de las comunidades de La Vega, pues no solo la minería ilegal amenaza la laguna El Guambial, sino que esa solicitud que está activa, podría en cualquier momento entrar en etapa de exploración, sin tener en cuenta que de esa agua beben muchos pobladores de la zona.
En ese sentido, el pasado jueves en una reunión en la Gobernación del Cauca, a la que estaban citados todos los alcaldes del departamento, y a la que solo asistió el de La Vega, las comunidades agrupadas en el Proceso Campesino y Popular de este municipio, volvieron a exigir la demolición inmediata de la estructura de cemento, que no solo permitiría que los mineros ilegales, de procedencia de Antioquía y Chocó, reiteren su intención de seguir extrayendo la tierra del Macizo Colombiano, sino también, porque impediría que INVIAS continúe con las obras de pavimentación del anillo vial de esta región.
En últimas, lo que también ha solicitado el Consorcio Consultores AMV, encargado del mantenimiento de esta vía intermunicipal, es la actuación del alcalde de La Vega, para iniciar el proceso de restitución de la carretera que comunica a Rosas, La Sierra, La vega y San Sebastián, toda vez que la obra, que está terminada, construyó una tolva de uso minero e instaló unos cables que atraviesan la vía sin ningún permiso de INVIAS.
Ante esta situación, la comunidad reiteró el descontento por la no actuación del alcalde Jorge Octavio Guzmán, a quien el procurador Regional instó a emitir el acto administrativo que ordene la demolición de dicha estructura. “La decisión de demolerla está desde hace algunos días, lo que sucede es que no tenemos el apoyo de la fuerza pública para que haga el acompañamiento, de todas maneras ya se está coordinando con ellos para que se desplieguen unas unidades a la zona”, dijo el mandatario local.
No obstante, la molestia de las comunidades del Proceso Campesino Popular de La Vega con el primer mandatario aún continúa, pues como él
mismo le reconoció a El Nuevo Liberal, sólo hasta el jueves pasado se enteró, por boca de la Defensoría Regional del Pueblo, de los 17 líderes amenazados en el último mes, y de los 78 casos de desplazamiento que ha generado la minería ilegal durante este año en ese municipio del sur oriente caucano.
La amenaza de las multinacionales
En medio de la amenaza de los mineros ilegales que continúan en la zona, la comunidad de La Vega también ha tenido que lidiar con dos empresas multinacionales que desde el año 2003 han adelantado procesos de exploración, actividad que se ha intensificado desde el año 2011 hasta la actualidad.
Las grandes mineras que pretenden llegar al corazón del Macizo Colombiano son: Carboandes, Continental Gold y Anglo Gold Ashanti, la primera tiene un título, para explotar oro y sus concentrados, de 3625 hectáreas y la segunda un título de 24.327 hts. Ambas, según lo constatan oficios intercambiados entre la Agencia Nacional Minera y las empresas, han intentado desde el 2011 llegar a afianzar sus procesos de exploración en la zona, sin embargo, el impedimento siempre ha sido el problema de orden público y la presencia de grupos armados en estos municipios.
En ese sentido, aunque parezca paradójico, un revés para estas comunidades sería el proceso de paz, pues como algunas comunidades lo han expresado, una vez desmovilizadas las guerrillas, las multinacionales entrarían al Macizo Colombiano, catalogado por la UNESCO como reserva de la biosfera por suministrar el 70% del agua potable que hoy consume el país.
Según documentos de la propia Continental Gold, uno de los siete megaproyectos más importantes que desarrollarían en Colombia será el que cobija los municipios de La Vega, Almaguer, Bolívar y Sucre, y que se denomina proyecto Dominical. Según información de la propia multinacional, en esta zona hay venosos sistemas de oro y plata, y el terreno es muy similar al del proyecto Buriticá, en Antioquía. (Ver mapa)
El otro proyecto es el de Carboandes. Abarca los municipios de La Sierra y La Vega, y está concesionada un área de 3625 hectáreas. Según documentos de la Agencia Nacional de Minería, la multinacional desde noviembre de 2013 hasta noviembre de 2014, tendría plazo para realizar la construcción y el montaje de los equipos con los que iniciaría la etapa de explotación el 23 de noviembre de 2015. Sin embargo, aclara la Agencia de Minería, a mayo de este año, “en el expediente no reposa acto administrativo ejecutoriado y en firme de otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto minero, ni constancia de trámite, expedida por la autoridad ambiental competente”, se lee en la evaluación integral del expediente que hizo la Agencia Nacional Minera en mayo de este año.
Así las cosas, los desafíos que tiene el Cauca de cara a erradicar la minería ilegal, son mínimos, comparados con los que tendrá que enfrentar con multinacionales que pretenden explotar oro, plata y otros metales, en un territorio que el propio gobierno nacional ha denominado frágil, por sus características, e importante para la conservación del agua: el Macizo Colombiano.
Por: Edinson Arley Bolaños
ebolanos@elnuevoliberal.com
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