Clajadep :: Red de divulgación e intercambios sobre autonomía y poder popular

Resistencia comunitaria en Colombia. Los cabildos caucanos y su guardia indígena*

Anders Rudqvist es Doctor en Sociología de la Universidad de Uppsala.Correo: anders.rudqvist@
telia.com
***
Roland Anrup es Profesor Titular de Historia de la Mid Sweden University. Correo: Roland.Anrup@
miun.se Los autores quieren agradecer a Juan Camilo Arias sus valiosos comentarios.

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“Ninguna equivocación mayor que la de creer que la legislación encarna una verdadera
política del Estado. Ni la ley es una auténtica norma ya que la historia latinoamericana
es una demostración de que el legalismo es la contrapartida de la falta de orden legal,
de una aplicación impersonal y sistemática de las leyes, ni es el único medio de acción
del Estado, ni revela ninguna congruencia”.
Antonio García (1978)

Resistencia civil y violencia estructural
El concepto de resistencia cubre una amplia gama de formas de actuar, individual o
colectivamente, desde la resistencia o insurgencia armada hasta las diferentes formas
de resistencia civil. Con respecto al Estado, la resistencia civil nace y se desarrolla de
manera autónoma fundada en la acción del ciudadano o la sociedad civil. Conviene
aclarar que, para nuestros propósitos, la sociedad civil constituye la esfera de la sociedad
situada fuera de las instituciones del Estado (poderes legislativo, ejecutivo y judicial).
Según esta noción, el Estado y la sociedad civil se encuentran íntimamente ligados, en
el sentido en que un tipo determinado de Estado presupone un tipo de sociedad civil
correspondiente. Lo que confiere significado teórico y político a esta pareja conceptual es
el concepto de hegemonía1. La sociedad civil, en esta concepción, es considerada como el
espacio social en el cual la legitimidad y la hegemonía político-ideológica están formadas
y constituidas mediante la interacción y confrontación entre diferentes clases sociales.
La sociedad civil es así, por excelencia, la arena de las luchas entre distintos intereses
políticos, ideológicos y culturales. La fortaleza del Estado, sus instituciones y la forma
de gobernanza dependen de su capacidad de intervenir en actores sociales como ente
regulador. El cumplimiento de esta función define el grado de legitimidad y autoridad
que tenga el Gobierno, así como el funcionamiento y carácter de la gobernanza y lo
público (Fonseca, Gutiérrez y Rudqvist, 2005, pp. 107-108).
La resistencia civil se consagra en las declaraciones universales de los derechos
humanos como uno de los derechos fundamentales y, en el caso de que el Estado los
viole o no los garantice, los ciudadanos tienen el deber y el derecho de acogerse a la
resistencia civil para recuperarlos (Guerrero, 2004, pp. 52, 55). La resistencia civil
comprende diferentes variedades, desde la desobediencia o resistencia individual
hasta formas colectivas en las cuales el colectivo actúa con más pujanza, como por
ejemplo en las recuperaciones de tierra y los desalojos de actores armados de territorios
indígenas. Cuando el Estado o los grupos dominantes tienen un poder superior con
respecto a los grupos dominados o en resistencia, esta última toma necesariamente
1
Ver Gramsci, Mouffe, Laclau y Portelli.
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Anders Rudqvist y Roland Anrup
una forma cautelosa y encubierta evitando manifestaciones públicas de oposición y
protesta (Scott, 1990). Otra opción, utilizada históricamente tanto por indígenas como
afrodescendientes ha sido el retirarse y refugiarse en territorios periféricos, poco ac-
cesibles o atractivos para las clases dominantes. En algunos casos, sin embargo, frente
a regímenes políticos opresores, explotadores o violadores de los derechos humanos —y
cuando los medios de la resistencia civil se agotan—, esta opción se ha transformado
en resistencia armada o insurgencia.
En un contexto de múltiples poderes enfrentados, como es el caso colombiano, los
procesos de resistencia que desarrollan unos actores pueden resultar funcionales para
los objetivos puntuales de otros. En determinadas coyunturas, ciertas organizaciones
civiles pueden aliarse con la guerrilla para resistir la represión estatal. Así, dado su
carácter dínamico, la resistencia civil se puede valer de la insurgencia, y viceversa.
De esta forma, la dinámica de cada uno de los poderes locales puede cambiar por
efecto de la interacción que se establece entre los actores que sobre ella operan. A
través de estos cambios, en que ciertos grupos realizan sus capacidades de poder —en
tanto que a otros se les limita— emergen focos de poder y nuevos fenómenos que no
encuentran explicación satisfactoria en las doctrinas clásicas sobre el poder. El poder
no descansa ni desciende de un solo centro de la estructura social sino que se halla
difuminado y se manifiesta en cada una de las relaciones parciales de esta, formando
así una compleja red de capacidades particulares y relativas. El poder, o más bien
los poderes, incluyen en cada caso la capacidad de disponer, en una medida relativa,
sobre las condiciones de vida de individuos y grupos. Las condiciones de existencia
del poder no se encuentran en un punto central o un foco único soberano del cual
irradian formas derivadas y descendientes. Las relaciones de fuerza crean poderes
locales e inestables. El poder no es una institución o una estructura, sino el nombre
de una situación estratégica compleja.
El Estado colombiano pretende monopolizar las prácticas represivas a través de las
armas y de la legislación e imponerse como un sujeto político hegemónico. Sin embar-
go, las pretensiones del Estado de constituirse en centro de poder, en sujeto único del
derecho y de la violencia, se estrellan contra las características mismas de las relaciones
sociales de poder en Colombia. Si entendemos el poder como una red de relaciones múl-
tiples e irreductibles, como mecanismos diseminados por todo el tejido social, veremos
que las relaciones de fuerza están involucradas en enfrentamientos incesantes que las
transforman, las refuerzan y las invierten. Estas relaciones configuran un conjunto de
campos de batalla a diferentes niveles donde continuamente nacen y desaparecen es-
feras de poder. Los oprimidos, en este sentido, “corroen” el orden establecido con sus
concepciones, y sus prácticas y sus focos de resistencia están presentes en todas partes.
Tal como ha señalado Foucault (1977):
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(…) hay varias resistencias que constituyen excepciones, casos especiales: posibles, ne-
cesarias, improbables, espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, rastreras, violentas,
irreconciliables (…) no pueden existir sino en el campo estratégico de las relaciones de
poder (…) en ellas se inscriben como el irreducible elemento enfrentador. Las resistencias
(…) están distribuidas de manera irregular: los puntos, los nudos, los focos de resistencia se
hallan diseminados con más o menos densidad en el tiempo y en el espacio. (pp. 116-117)
En contextos sociales afligidos por altas intensidades de conflicto y violencia, las co-
munidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en Colombia han dado diferentes
significados propios a la resistencia civil que responden a las necesidades de los contextos
determinados y las distintas formas de violencia que los aquejan (Hernández, 2004, p.
33). La resistencia civil tiene una dimensión política y surge frecuentemente cuando existe
una brecha de legitimidad entre el Estado, el Gobierno y su aparato de orden público,
por un lado, y las comunidades o ciudadanos de base, por otro. La falta de legitimidad
de la política de gobierno justifica política y moralmente la resistencia civil (Scott, 1979;
1985). Cabe recalcar, en consecuencia, la importancia de los conceptos de lo legal y
lo legítimo como constituyentes de la resistencia civil. Aunque haya un Estado percibido
por los ciudadanos como legalmente fundado, con políticas y gobernanza coherentes,
todavía y siempre existirá un intersticio entre lo legal y lo legítimo, que fundamenta la
resistencia y el derecho a la resistencia de los ciudadanos (Cubides, 2008).
Se puede considerar la resistencia civil como una forma de defensa no armada contra
diferentes formas de violencia directa, es decir, violencia física que tiene por objetivo
neutralizar, herir, destruir o matar por diferentes razones tales como la opresión políti-
ca o económica, discriminación étnica o racial, intolerancia, competencia, territorialidad
o nacionalismo. Empero, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron (1995) abordan otra
forma de violencia al hacer referencia a los sistemas de enseñanza: la violencia simbólica,
es decir, la imposición de significaciones o valores que son inculcados como legítimas.
Para vencer las resistencias de formas culturales antagónicas, el sistema dominante
recurre a la violencia simbólica, la cual puede tomar formas bastante diversas, pero
que tiene como efectos tanto la desvalorización y el total empobrecimiento de la otra
cultura así como la sumisión de sus portadores (Bourdieu y Passeron, 1995, pp. 18, 44).
Es importante señalar que la resistencia civil, igualmente, puede constituir un mé-
todo de resistencia y defensa frente a las formas de violencia estructural. Por violencia
estructural se entiende, siguiendo la conceptualización de Johan Galtung (1998; 2009),
los procesos en los cuales la violencia se produce a través de mediaciones institucionales o
estructurales. Es decir, cuando las estructuras o instituciones económicas y políticas res-
tringen o imposibilitan las oportunidades, los derechos o las facultades de ciertos grupos
o clases sociales hasta el punto en que no es posible satisfacer sus necesidades básicas,
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tales como el acceso a bienes y servicios como alimentos, agua, vestido, vivienda, salud
y educación. La violencia estructural, según Galtung (1998), es un detrimento evitable
de las posibilidades de satisfacer necesidades humanas básicas. La violencia estructural,
por lo tanto, es inherente a las estructuras y mecanismos sociales de ciertas sociedades y
se expresa en desiguales relaciones de poder y acceso a los recursos y oportunidades
de vida. Según esta concepción, la pobreza es, por lo general, una forma de violencia
estructural, aunque algunos analistas tienden a verla apenas como una consecuencia
de “falta de crecimiento económico”. Por ende, se relaciona la violencia estructural
directamente con la distribución desigual de los excedentes económicos y la injusticia
social de una sociedad dada. La oposición a todas las formas de violencia, no obstante,
desde la directa y física (masacres, asesinatos selectivos) hasta la violencia ideológica
(racismo, discriminación étnica y cultural) parece ser la preocupación principal de la
ideología liberal predominante de hoy. Esta preocupación se concentra exclusivamente
en la violencia subjetiva ejercida por agentes sociales (individuos malignos, aparatos
represivos, turbas fanáticas, etc.) a expensas de una mirada aguda de la “objetiva” vio-
lencia estructural, la atención y el análisis de la interrelación y la causalidad entre estas
dos formas de violencia (Žižek, 2008, p. 9). Tanto es así que surge inevitablemente la
sospecha de que la preocupación exclusiva sobre la violencia subjetiva sirve, consciente
o inconscientemente, para distraer nuestra atención del verdadero meollo del problema, o
sea la violencia estructural. La manera recién expuesta de concebir la violencia estructural
y sus causas se relaciona en forma directa con una conceptualización más precisa de la
noción de paz en la cual la simple ausencia de la violencia directa (o sea la paz negativa)
no satisface el criterio de paz, sino que requiere además la reconstrucción de relaciones
sociales y cambios estructurales que a su vez permitan la justicia social, la satisfacción
de las necesidades básicas y, en consecuencia, una vida digna (es decir, paz positiva).
En ese mismo sentido, y con respecto a los indígenas de Colombia y sus relaciones
con la sociedad dominante, cabe mencionar también otro tipo de violencia, es decir, la
violencia cultural, que se refiere a los aspectos de la cultura que confieren legitimidad
al uso de la violencia directa para imponer o fomentar ciertas características culturales
tales como el idioma, la religión y otros aspectos culturales de la organización social.
Además de resistir al Estado, los pueblos indígenas tienen que enfrentar un problema
tradicional en la concepción del Estado y las políticas públicas en contextos pluriét-
nicos y multiculturales. El problema reside en que todavía subsiste (particularmente
entre la clase terrateniente colombiana) la idea del Estado como la expresión de
una sociedad homogénea (idioma, religión, cultura únicas) por lo cual la diversidad
y la diferencia se conceptualizan como obstáculos para la consolidación nacional que
inhiben el desarrollo económico deseado e implican riesgos para el control político y
la “seguridad” (Bonfil, 1991, p. 38).
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La Constitución de 1991, la autonomía y los territorios indígenas
Durante la segunda mitad de la década de los 80 se inició un proceso de descentralización
política de Colombia con la introducción, en el año de 1986, de la elección popular de
alcaldes. Posteriormente se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que formuló
y expidió la nueva Constitución Política de 1991. Con esta constitución, Colombia se
consagró como una nación multiétnica y pluricultural, y se reconocieron formalmente la
identidad específica y la herencia cultural de los pueblos indígenas colombianos. Avan-
zó la nueva constitución en la aceptación de los pueblos y comunidades indígenas como
dueños colectivos de extensiones de tierras ancestrales, el reconocimiento de la idea de
territorios indígenas, que adicionalmente implica la aceptación del uso cultural. En estos
territorios las comunidades y organizaciones indígenas tienen el derecho a la autonomía
con respecto al usufructo, manejo y desarrollo del territorio, ya sean propietarios o no de
las tierras2. Asimismo, la Constitución estableció, como medidas de descentralización,
la elaboración de planes de desarrollo y las transferencias de los ingresos de la nación a
municipios y resguardos. Estos cambios tendieron a fortalecer las entidades territoria-
les locales al concederles un mayor margen de autonomía. La descentralización facilitó los
avances del movimiento indígena local con resultados como la conquista electoral de
alcaldías y curules en los concejos y asambleas tanto de las organizaciones indígenas
como de otros movimientos políticos no pertenecientes a los partidos tradicionales.
Las autoridades tradicionales, tales como cabildos y asociaciones indígenas, son re-
conocidas como entidades públicas de una naturaleza especial. Conservan su carácter de
autoridades tradicionales, pero tienen además un mandato público de ejercer las funciones
de administración y gobierno establecidas por la ley. La Constitución declara que cada co-
munidad o pueblo tiene el derecho de formar su propia forma de gobierno. La jurisdicción
especial indígena constituye un ámbito de derecho propio que coexiste con la ordinaria y se
reconoce no solo como derecho de costumbre que requiere reconocimiento, sino también
como una especie de sistema de regulación o control practicado por cada pueblo indígena,
que tiene la autonomía completa de ejercerlo dentro de su territorio3. Además, por ser los
indígenas sujetos colectivos de derechos, las vulneraciones individuales constituyen viola-
ciones a los derechos del grupo. Al mismo tiempo la Constitución estableció la posibilidad
de crear Entidades Territoriales Indígenas, ETIs, como una medida esencial para impulsar
la descentralización y participación ciudadana previstas por la Constitución. Ahora, las
medidas y los mecanismos especiales de la Constitución focalizados en estos grupos tenían
Artículos 246, 285,286, 287, 330 de la Constitución de 1991.
Para una descripción del proceso de formación de Entidades Territoriales Indígenas de las
Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del departamento de Amazonas, véase,
Anders Rudqvist, Kaj Århem, Fundación Gaia Amazonas en Colombia, 2003–2006, Sida Evaluation
06/47, November 2006.
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como propósito llevar a la práctica un proceso de reorganización del poder político local,
regional y nacional, una redistribución de los bienes generados a cada nivel, así como cons-
truir la autonomía de las respectivas entidades territoriales dentro de un marco nacional
unitario. Las ETIs constituyen una forma jurídica de reconocer la autodeterminación de
los pueblos indígenas, preservando su pertenencia a la nacionalidad colombiana. Se pre-
veía que los pueblos o comunidades indígenas en las ETIs tendrían autonomía territorial,
de gobierno, jurídica, administrativa y fiscal, a la vez que asumirían responsabilidades
propias de administración y de gobierno. No obstante, un obstáculo importante para el
avance del proceso de autonomía es que el estratégicamente importante reordenamiento
territorial no ha avanzado en forma satisfactoria, debido principalmente a la resistencia
política en el Congreso y de los gobiernos departamentales.
En la práctica, empero, la justicia del Estado colombiano ha ignorado frecuentemente
la justicia y jurisdicción indígenas. El 3 de enero de 2004, la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció el asesinato del comunero indígena
del resguardo de Huellas, Olmedo Ui Secuie, por parte de miembros del ejército. A
raíz de la muerte de Olmedo Ui, 16 gobernadores indígenas levantaron sus bastones de
mando bajo un árbol de manga en Bodega Alta, Caloto, y dieron inicio, en febrero del
mismo año, al juicio contra la unidad militar comandada por el teniente coronel Juan
Vicente Trujillo. Habían resuelto persistir en llevar a cabo el juicio de acuerdo a sus usos
y costumbres y desde el derecho propio. Unos tres mil indígenas esperaban a Trujillo en
silencio mientras se repitió tres veces el llamado: “El Tribunal Indígena cita al teniente
coronel Juan Vicente Trujillo”. El oficial no apareció frente a la audiencia pública sino
en una conferencia de prensa en Cali: “Yo me limito a estar dentro de mi jurisdicción
y las normas legales con las cuales estoy cumpliendo” dijo. Y desde Bogotá, el coman-
dante de las Fuerzas Armadas, general Carlos Alberto Ospina añadió: “Los únicos que
pueden juzgar a los colombianos son los miembros de la justicia” (El Tiempo, 2004).
No obstante, bajo un árbol de manga, el tribunal sesionaba basado en los derechos de
autonomía y jurisdicción indígena que confiere la Constitución Nacional. De hecho, la
Constitución colombiana de 1991 consagra la jurisdicción especial indígena. El artículo
246 dispone que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones ju-
risdiccionales” (Castro, 2004, pp. 81-90). La Corte Constitucional ha reiterado en varias
sentencias que se trata de una potestad, de una atribución que la Constitución adscribe
a las autoridades indígenas (Sánchez, 2002). Sin embargo, la ley estatal establecerá las
formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional
(Bonilla, 2006, pp. 148-266). Pero las aspiraciones indígenas de los nasas van más allá:
Nosotros le llamamos Derecho Mayor y Ley de Origen, porque está ahí desde antes del Estado.
El derecho propio no es sólo Ley para adentro, sino que es un derecho frente a los demás: los
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otros pueblos y los otros derechos. No vamos a renunciar nunca a él, porque sería renunciar
a vivir como somos y desaparecer. Pero se trata de dos derechos distintos, y en algunos ca-
sos enfrentados. (Foro Nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia, p. 2) 4
Para tomar en cuenta este tipo de experiencias de justicia y jurisdicción, por fuera
y en conflicto con lo estatal, parece fructífero el amplio concepto que ha propuesto el
sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos (1991) para definir el derecho como:
“el conjunto de procesos regularizadores y de principios normativos considerados
justiciables en determinado grupo que contribuye para la creación y prevención de
litigios, y para la resolución de éstos a través de un discurso argumentativo de variable
amplitud, apoyados o no por la fuerza organizada” (p. 66). Esta definición es suficien-
temente amplia para incluir las formas de justicia popular a las que hace referencia
Michel Foucault (2001) cuando dice:
(…) las masas cuando reconocen en alguien a un enemigo, cuando deciden castigar a este
enemigo —o reeducarlo— no se refieren a una idea universal abstracta de justicia, se refieren
solamente a su propia experiencia, a las lesiones que han sufrido, al modo como han sido
perjudicadas, como han sido oprimidas; y finalmente, su decisión, no es una decisión de
autoridad, es decir, no se apoyan en un aparato de Estado que tiene la capacidad de hacer
valer sus decisiones, sino que las ejecuta pura y simplemente. (p. 44)
Estos sujetos sociales colectivos que participan activamente niegan el sujeto abstracto
y metafísico descrito por la tradición liberal individualista; son paradigma de un sujeto
“vivo” y “colectivo” que busca que las acciones humanas pasen por la “comunidad”
(Wolkmer, 2003, pp. 247-258)5. El ejemplo actual más notorio de pluralismo jurídico de
tipo cultural es la existencia y consolidación de los regímenes jurídicos indígenas, que no
solo permanecen sino que se han fortalecido con el despertar de los movimientos que
Para un fascinante estudio de caso de la cosmovisión indígena alrededor de la ley y de la identi-
dad ver Joanne Rappaport, Cumbe renaciente: una historia etnográfica andina, Bogotá: Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, 2005, pp. 49-67.
5
Ver también Germán Palacio (1993), Pluralismo jurídico, Bogotá: Universidad nacional. El sociólogo
colombiano Mauricio García Villegas y el ex magistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny
Yepes afirman que: “La justicia comunitaria requiere ante todo de una comunidad integrada; de
lo contrario tiende a convertirse en un conjunto de prácticas de justicia privada motivadas por la
venganza y la violencia entre pobladores. Es bien sabida la importancia que tiene la integración
de la comunidad en términos valorativos, culturales y en general normativos, para explicar el éxi-
to de la justicia comunitaria”. Mauricio García Villegas y Rodrigo Uprimny Yepes, “El nudo gordiano
de la justicia y la guerra en Colombia”, en Álvaro Camacho Guizado y Francisco Leal Buitrago,
Armar la paz es desarmar la guerra, Bogotá: IEPRI, FESCOL, CEREC, 1999, pp. 33-72, (62-63).
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reclaman el derecho a la diferencia (García y Rodríguez, 2003, pp. 48-49). Aceptar el
pluralismo jurídico y la autonomía de las comunidades choca contra el poder que reclama
el Estado como poseedor único de poder político y productor exclusivo de derecho. Roto el
monismo, hay lugar a distintas normatividades que sirven a distintos focos de poder y
sugiere, por lo tanto, pensar en términos de fuerzas en constante lucha que cuestionan
la soberanía estatal. Refiriéndose al concepto de soberanía, el jurista mexicano Oscar
Correas (2003), señala que su “función significativa ha quedado relegada totalmente al
nivel de la ideología de justificación del estado moderno. Sirve precisamente para retacear
legitimidad a cualquier intento de contestación del poder, de la legitimidad del poder
de los funcionarios de un estado” (pp. 122-124). El surgimiento del Estado ­
moderno
implica la pretensión de exclusividad del ordenamiento jurídico en un espacio territo-
rialmente delimitado. El pluralismo jurídico significa la objeción a esta pretensión de
monopolio de la ley, de la fuerza y de la violencia y niega la omnipotencia del Estado.
La autonomía jurídica de los pueblos y comunidades, realizada en juicios como el del
tribunal indígena de Caloto sesionando bajo el árbol de manga, pone en entredicho y
enfrenta de hecho a la soberanía estatal y a sus funcionarios burocráticos y jurídicos. En
este sentido representa un potencial que nos hace recordar las palabras de Jean-Jacques
Rousseau (2003) en El contrato social sobre esos grupos de aldeanos, esos ejércitos de
campesinos que resuelven los asuntos comunales bajo un roble o una encina (p. 157). La
soberanía no es el dominio por parte de otros, ni un consenso ante la ley de otros, sino
la constitución como pueblo a través de la conformación de su propia ley.
La lucha por la tierra y la resistencia indígena en el Cauca
Para el movimiento indígena, la resistencia civil es un ejercicio de autonomía y prác-
tica comunitaria frente al Estado, los actores del conflicto armado y los intereses
económicos transnacionales. Como consecuencia del principio de autonomía las
comunidades han decidido no abandonar el territorio en casos de emergencia sino
recurrir a la resistencia civil desde las asambleas permanentes. La resistencia incluye
varios elementos como las estrategias de la participación comunitaria, la participación
política, la educación y capacitación, el diálogo, el plan de emergencia, la Guardia In-
dígena y las asambleas permanentes. Debido al trabajo de organización, formación y
capacitación realizado por el movimiento indígena las comunidades son capaces de dar
una respuesta organizada frente a situaciones de combate en la zona. Las asambleas
permanentes se encuentran ubicadas en sitios estratégicos y las comunidades han fi-
jado lo que se debe hacer antes, durante y después del surgimiento de una emergencia
del conflicto armado. Un factor que ha jugado un papel clave en esta estrategia es la
multitud de gente desarmada que ha concurrido a estas manifestaciones. En muchas
ocasiones el movimiento indígena ha demostrado su gran capacidad de movilización,
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como lo evidencian las grandes marchas y mingas6. En ciertas de las acciones regionales
referidas han participado más de 60 mil personas.
Actualmente más de 400 mil indígenas colombianos, o sea el 27% de esta población,
carecen de tierras (ACNUR, 2012). Alrededor de 70 mil de los desplazados colombianos
son indígenas y su desplazamiento ha aumentado durante los últimos cinco años. Los
indígenas huyen o se ven desplazados por confrontaciones armadas, amenazas y masa-
cres, minas antipersona y reclutamiento forzado, a la vez que sufren la ocupación de sus
lugares sagrados, confinamientos y controles sobre la movilidad de personas y bienes.
Ocupación forzada y despojo de tierras son factores primordiales del conflicto colombia-
no y las comunidades indígenas son particularmente vulnerables a estos ya que viven en
extensos territorios que frecuentemente son ricos en recursos naturales codiciados por
grupos no-indígenas (ACNUR, 2012). En el ámbito territorial la lucha persistente del
movimiento indígena ha conseguido que el Estado, luego de haber reconocido formal-
mente 71 resguardos en 1964, ha extendido tal reconocimiento a aproximadamente 710
resguardos por resoluciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y su
sucesor, Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) (ACNUR, 2012). Cabe
destacar que se trata de titulación de tierras consideradas “baldías” por el Estado, pero
ya ocupadas por pueblos indígenas, reactivando el reconocimiento de una parte de los
resguardos coloniales que anteriormente eran desconocidos de hecho, por olvido o por
pérdida de los títulos (Mondragón, 2008). Incora e Incoder, la corporación Nasa Kiwe
y las entidades territoriales han adquirido en todo el territorio de Colombia apenas 220
mil hectáreas que eran de propiedad particular. En el caso del Cauca una proporción de
las hectáreas adquiridas hacían parte de los resguardos coloniales.
En la última década, la dinámica de concentración de tierras revela una tendencia
creciente del coeficiente Gini, que mide la desigualdad social y de recursos como la tierra.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en 2012, el Gini de 0.84 sitúa al
Cauca en el podio de la desigualdad, solo superado por Meta y Sucre. Jorge Humberto
Granados Rocha, asesor de tierras del Igac, afirma que además, cuando se analiza “la
tierra en los municipios, la concentración se presenta en tierras de mejor calidad y puede
ser por unos cuantos proprietarios con predios muy grandes”. En el Cauca, dos terceras
partes de la población total, que se acerca a 1.300.000 mil habitantes, viven en la pobreza.
La palabra “minga” sirve como metáfora para conceptuar el diálogo de saberes desarrollados
en talleres en los cuales se nutre el discurso político y cultural del movimiento indígena. El con-
cepto se ha redefinido de tal forma, que además de la reciprocidad en el intercambio de labores
manuales, abarca también la reciprocidad en el trabajo intelectual. Ver Joanne Rappaport (2004).
“Investigación y pluralismo étnico: El encuentro académico-indígena”. En J. Arocha (comp.). Utopía
para los excluidos: El multiculturalismo en África y América Latina (pp. 261-285). Bogotá: Facultad
de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia, Colección Centro de Estudios Sociales.
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Anders Rudqvist y Roland Anrup
Las cifras oficiales de población del departamento son 1.268. 937, de los cuales el 62
por ciento viven en el campo y el 38 por ciento en áreas urbanas (El Colombiano, 2013).
En el norte del Cauca más de 165 mil indígenas nasas vienen librando una lucha por
su cultura, sus comunidades y su seguridad (Ministerio de Cultura, 2012). Esta región
se distingue por su tradición de organización indígena y por su resistencia contra la
explotación y represión de los terratenientes así como de otros representantes de de
la aristocracia caucana y el Estado. Ya a principios del siglo XVIII la Corona española
reconoció los resguardos indígenas de montaña y el gobierno autónomo de sus caci-
ques, como resultado de la resistencia indígena. En 1851, luego de ser derrotados, los
conservadores y terratenientes en la guerra civil con la que pretendieron anular la ley
de abolición de la esclavitud, procuraron convertir sus haciendas al régimen denomi-
nado terraje o volviendo peones a los indígenas (Fals, 1975, p. 105)7. Durante el siglo
XIX y comienzos del siglo XX, varios gobiernos y leyes propiciaron la disolución de
los resguardos. Durante esta época nuevos hacendados y colonos también invadieron
las tierras de resguardo por las vías de hecho y por fraudes de notaría. En estas circuns-
tancias nació el movimiento indígena en el Cauca liderado por Manuel Quintín Lame,
con el propósito de recuperar las tierras de resguardo y la autonomía territorial. A pesar
del destierro de Lame, el movimiento, luego dirigido por José Gonzalo Sánchez entre
1934 y 1945, obtuvo algunos éxitos legales por medio de la expedición de ordenanzas del
Cauca (CRIC, p. 59). La Violencia (1946-1958) eliminó los logros de los indígenas que
además fueron víctimas de masacres y el envenenamiento de José Gonzalo Sánchez
en Tierradentro (Mondragón, 2002, pp. 17-18). En el Cauca se agudizó el terraje y fueron
desconocidos de hecho los títulos coloniales de varios resguardos. El punto clave de los
conflictos ha sido y sigue siendo la tenencia de la tierra y la invasión ilegal y sistemática
de los resguardos. Históricamente el departamento del Cauca se ha caracterizado por el
sistema esclavista de las haciendas de azúcar y cacao en el norte del departamento y la
explotación de los indígenas por medio del terraje en las zonas altas. Hoy las familias de
la aristocracia caucana con apellidos como Arboleda, Chaux, Mosquera y Valencia con-
tinúan en línea directa e ininterrumpida la política de sus antepasados (Molano Bravo,
2008), con excepción quizás del gobierno del gobernador indígena guambiano Floro
Tunubalá y su gabinete (2001- 2003).
Un buen ejemplo de la llamada “aristocracia” caucana y las formas y mecanismos que
esta emplea para dominar y mantenerse en el poder del departamento es el exgobernador
del Cauca (2004-2007) Juan José Chaux Mosquera. Durante su periodo de gobierno,
Arrendamiento pagado con trabajo servil. En el Cauca los hacendados por lo general exigían 3-4
días de trabajo no remunerado de parte de los terrajeros para pagar el derecho de cultivar los
lotes de sus propias familias.
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Chaux se hizo conocido como un acérrimo enemigo de las reivindicaciones y la repre-
sentación de los grupos indígenas, asumiendo la tarea de “regenerar” el departamento
luego de los avances populares del primer gobernador indígena del Cauca, el taita Floro
Tunubalá. Durante todo el gobierno de Chaux se ejerció una fuerte represión contra el
movimiento indígena y otras organizaciones populares obstaculizando asimismo por
todos los medios disponibles el cumplimiento de acuerdos y obligaciones del Estado
como consecuencia de la masacre de la hacienda El Nilo. Esta política se extendió al
obstaculizar la Delegación de la Comisión de la Unión Europea que financia el Labora-
torio de Paz en los departamentos de Cauca y Nariño, uno de los proyectos más gran-
des de la Delegación. Chaux criticó fuertemente al Consejero de asistencia internacional
de la Delegación por la presencia de organizaciones indígenas en la junta directiva del
Laboratorio declarándolos “enemigos del gobierno”. El Consejero, que poseía entereza
moral y hasta este momento se había constituido en garante de la línea política de re-
ducción de pobreza y resolución negociada del conflicto del Laboratorio, le contestó:
“¡Señor Gobernador, bienvenido a la democracia!” Sobra decir que el Consejero, luego
de los contactos correspondientes del gobernador con el Gobierno, fue puesto en “cua-
rentena política” por parte del Gobierno colombiano. Luego de un tiempo de rigor fue
trasladado a Bruselas. Desgraciadamente, a la Delegación y a los Países Miembros les
faltó la integridad moral y política característica del Consejero, por lo cual actuaron
en forma “discreta” y poco decorosa en la definición del caso. Chaux, en cambio, fue
nombrado embajador en la República Dominicana por el presidente Uribe dados sus
buenos servicios rendidos en el Cauca. Sin embargo, el trasfondo real del gobernador
se reveló en relación con el escándalo de la reunión en la Casa de Nariño, el 23 de abril
de 2008, entre los secretarios jurídico y de prensa del Palacio, Edmundo del Castillo y
César Mauricio Velásquez con Antonio López, alias “Job”, paramilitar y lugarteniente
del líder paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, el abogado de “Berna”
Diego Álvarez, la subdirectora de operaciones del DAS, Marta Inés Leal y Chaux Mos-
quera, cuando los enviados de “Berna” entregarían supuestas pruebas de un complot
de miembros de la Corte Suprema de Justicia contra el Gobierno.
La reunión secreta entre los paramilitares y los funcionarios del Gobierno se reveló
gracias a varias cintas de grabaciones de conversaciones entre los participantes obte-
nidas y publicadas por la revista Semana. También salió a flote la estrecha relación
de Chaux con los paramilitares, la cual luego quedó corroborada por testimonios de
dirigentes paramilitares como Fredy Rendón, alias “el Alemán”, que conoció a Chaux
como comisionado político del bloque paramilitar Calima en un encuentro en 2002.
Chaux fue detenido el 18 de mayo de 2009 y pasó 841 días detenido en el pabellón de
los “parapolíticos” de La Picota, pero quedó en libertad en septiembre de 2011 debido a
fallas por la Fiscalía en el proceso adelantado en su contra. No obstante, sigue siendo
Pap. Polít. Bogotá (Colombia), Vol. 18, No. 2, 515-548, julio-diciembre 2013528
Anders Rudqvist y Roland Anrup
investigado por la Corte Suprema de Justicia por su supuesta participación en el llamado
“Pacto de La 21” que realizaron líderes políticos y empresarios con el Bloque Calima,
para comprometerse con “el proyecto refundador del paramilitarismo”. Se encuentra
asimismo procesado por sus nexos con los grupos paramilitares.
La represión al movimiento indígena y los asesinatos selectivos de sus líderes han
sido una constante a través de la historia en el Cauca. Durante los primeros ocho años
del CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, fueron detenidos centenares de
sus miembros y 35 de ellos fueron asesinados, las zonas indígenas militarizadas y los
cultivos y chozas arrasadas por el ejército y la policía (Controversia, 1979, p. 61). El
paramilitarismo, por lo tanto, no es un fenómeno nuevo en el Cauca, es apenas una
variante modernizada de una modalidad practicada desde hace décadas:
(…) los pájaros se convierten en 1976 en el peor flagelo para la organización en toda la zona
norte, en Caldono y en Coconuco. Son contratados como “trabajadores” en las haciendas
mientras reconocen la zona e identifican las víctimas. La presencia del Ejército facilita la
acción de éstos, al impedir cualquier intento de organización por parte de los indígenas.
En el norte asesinaron seis compañeros entre el 75 y el 76. (Controversia, 1979, p. 62-63)
El líder campesino Gustavo Mejía, colaborador del CRIC, fue asesinado en marzo de
1974, y en el mismo año murió en “confusas circunstancias” Pedro León Rodríguez, pá-
rroco de Corinto, asesor y colaborador del CRIC. En 1977 la policía mató al líder indígena
Justiniano Lame, descendiente de Quintín, y en 1978 fueron asesinados por “pájaros” el
dirigente Avelino Ul y Lisandro y Marco Tulio Casso. Durante esta coyuntura del “Esta-
tuto de Seguridad” del Gobierno de Julio César Turbay Ayala, asimismo cayó asesinado
Benjamín Dindicué del Comité Ejecutivo del CRIC, y fueron detenidos y torturados
por el Ejército los dirigentes Marco Aníbal Avirama, presidente del Comité Ejecutivo, y
su hermano Édgar Avirama, Taurino Ñuscue, secretario del Comité, Miguel Ñuscue
y Mario Escue Pasou, así como los colaboradores del movimiento Luis Angel Monroy,
Graciela Bolaños y Guillermo Amórtegui. El 22 de enero de 1982, agentes de la Policía
atacaron a un grupo de indígenas, en el momento en que ellos regresaban de cosechar,
y asesinaron a Gloria Ulcué Chocué, hermana del padre Álvaro. En esta misma ocasión
sus padres quedaron heridos. El 10 de noviembre de 1984, en Santander de Quilichao,
fue asesinado el padre Álvaro Ulcué Chocué. A pesar de que los dos sicarios que per-
petraron el crimen fueron identificados como miembros de la policía adscritos al F-2,
el asesinato ha quedado en la impunidad (Villamizar, 2007, pp. 431-432). Esta larga
cadena de represión violenta contra el movimiento indígena se ha extendido al presente
con varias víctimas durante las recientes recuperaciones de tierra, grandes marchas
indígenas y desalojos de actores armados de los territorios indígenas.
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Debido a las condiciones sociales, económicas y políticas, las luchas de los indígenas
del Cauca resurgieron en la década de los 60, primero siguiendo los principios de organi-
zación de los sindicatos agrarios, luego en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
(ANUC) y finalmente organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),
que nació en 1971 en Toribío con el objetivo de hacer reconocer los derechos de los indí-
genas como pueblo (CINEP, 1981, p. 9). La plataforma de lucha del CRIC contempla los
siguientes objetivos: 1. Recuperar las tierras de los resguardos; 2. Ampliar los resguardos;
3. Fortalecer los cabildos indígenas; 4. No pagar terraje; 5. Hacer conocer las leyes sobre
indígenas y exigir su justa aplicación; 6. Defender la historia, la lengua y las costumbres
indígenas; 7. Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con su situación parti-
cular y en su respectiva lengua. Es de notar que este programa corresponde exactamente
al del movimiento de Quintín Lame. El CRIC, por lo tanto, es una expresión reciente de
lucha y resistencia civil organizada contra las diferentes formas de dominación y explo-
tación ejercidas contra los indígenas del Cauca a partir de la Conquista.
Durante las últimas décadas el CRIC ha jugado un papel clave en la resistencia in-
dígena en el Cauca. Es una de las organizaciones indígenas más grandes de Colombia, y
comprende 77 resguardos, más de 115 cabildos y alrededor de 246 mil miembros pertene-
cientes a siete pueblos diferentes, de los cuales los nasas son el mayoritario, al constituir
un 80 por ciento del total de los miembros de la organización (Hernández, 2004, p. 76).
El nacimiento del CRIC se enmarca en la coyuntura histórico-política del reformismo
agrario y las luchas agrarias de las décadas 60 y 70. En el sur del Valle del Cauca tanto
como en la zona del norte se desarrolló un proceso de organización y lucha por la tierra
de los campesinos que se vieron enfrentados con los procesos de concentración de la
tierra y la proletarización. Los mismos procesos y la misma lucha fueron iniciados por los
nasas y los guambianos del Cauca en el mismo periodo. Cabe recordar que los indígenas
caucanos habían sido ya hace mucho tiempo articulados a los mercados capitalistas y
que habían experimentado una adaptación obligada al sistema de mercado y la forma de
organización política dominante. A pesar de este largo proceso, sin embargo, persiste la
identidad indígena y el ánimo de lucha por defender la conformación espiritual y cultural
de las comunidades propias. No obstante la cultura y la organización social originaria,
los indígenas del Cauca han asimilado ciertos elementos campesinos. En consecuencia,
durante los años de surgimiento y formación del CRIC hubo una convergencia de las
causas y luchas de los indígenas terrajeros con las de los campesinos y trabajadores
agrícolas de la región, una afinidad que se concretizó en cooperación y alianzas. Antes de
constituirse el CRIC los terrajeros indígenas habían iniciado luchas por las tierras de los
resguardos de Guambía y Tacueyó arrebatadas por terratenientes (CINEP, 1981, pp. 9-10).
Los terrajeros nasas y guambianos del norte y el oriente, las zonas más afectadas por la
invasión de resguardos por parte de los terratenientes, jugaron un papel preponderante
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Anders Rudqvist y Roland Anrup
en el inicio de las luchas y la fundación del CRIC. También hubo colaboración y orien-
tación de sindicatos agrarios como el Sindicato de Agricultores del Oriente Caucano de
FANAL, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Federación Social
Agraria (FESAGRO) de Corinto y su presidente Gustavo Mejía, quien participó en la
organización de la primera asamblea del CRIC y desempeñó un papel fundamental en
la constitución y consolidación del mismo (CINEP, 1981, pp. 10-13). La recuperación
de las tierras arrebatadas siempre ha sido un objetivo clave del CRIC. La lucha por la
tierra busca conservar y ampliar los resguardos y fortalecer los cabildos (instituciones
fundamentales para la organización social y cultural indígena) existentes así como re-
constituir resguardos y cabildos que existieron anteriormente8.
Sobre las tierras de antiguos resguardos la actividad de los particulares se dirigió en for-
ma violenta o soterrada a eliminar a los indígenas como propietarios. El aparato judicial
fue utilizado para efectuar lanzamientos, previa adjudicación de tierras mediante juicios
ejecutivos por deudas inexistentes o que figuraban en documentos firmados mediante
engaños. (Jimeno y Triana, 1978, pp.65-66)
En sus primeros cinco años el CRIC realizó acciones de recuperación de tierras en los
resguardos de Paniquitá, Guambía, Tacueyó, Toribío, Huila y Coconuco y logró en
los cinco primeros años de la organización recuperar 5 mil hectáreas de tierra, “parte
de muy buena calidad” lo cual según el CRIC “contrasta con las aproximadamente 8 mil
hectáreas en peladeros que ha negociado el Incora en sus 10 años de funcionamiento,
y que solo se podría incrementar con la buena voluntad de los latifundistas locales”
(CINEP, 1981, pp. 14-23). Hasta 1996 se habían recuperado 74.228 hectáreas. Según la
estimación del CRIC, desde su inicio hasta el 2003, se han recuperado 120 mil hectáreas
(Hernández, 2004, p. 88). Con respecto a esta recuperación de tierras indígenas, no han
tardado en manifestarse los sectores más tradicionales de las élites caucanas, como es
el caso de Isabella Victoria Rojas, directora de la Sociedad de Agricultores del Cauca,
quien afirma que “urge regular la tenecia de tierras en Cauca para asegurar el futuro
productivo y el derecho a la propiedad privada. Ya existe un desbalance por la expansión
desmedida de resguardos indígenas” (El Colombiano, 2013, pp. 4-7).
En cuanto a sus otros objetivos, el CRIC también ha alcanzado resultados significa-
tivos. Se ha logrado la unidad y la organización de prácticamente todas las comunidades
Los títulos originales de los resguardos fueron expedidos por la Corona española reconociendo los
derechos colectivos de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, pero resultaron
progresivamente sustituidos mediante un proceso de “acumulación primitiva” de los terratenientes
interesados en estos territorios, por títulos privados y convertidos en haciendas.
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indígenas del Cauca, avanzando en la recuperación de los idiomas autóctonos, la educación
bilingüe, la formación de docentes indígenas, así como en el nivel de educación general de
la población indígena. En cuanto a actividades productivas se ha conservado la producción
comunitaria, fortaleciéndola con tiendas comunitarias, una central de cooperativas, un
fondo rotatorio de créditos y el establecimiento de contactos y canales para la exporta-
ción de productos en el marco del comercio justo. Respecto a experiencias de resistencia,
fortalecimiento y consolidación de la organización indígena, existen varios ejemplos
importantes a diferentes niveles en el Cauca. Aparte del CRIC, que tiene una cobertura
departamental, hay importantes prácticas a nivel local y zonal tales como el Proyecto Nasa,
el Proyecto Global, la Resistencia Indígena Comunitaria de Caldono y la experiencia de
La María, entre otras. Estas experiencias del norte del Cauca a su vez han sido recogidas
y retroalimentadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
El Proyecto Nasa se inició en Toribío en 1980 con participación de varios actores,
pero con una contribución fundamental del sacerdote católico nasa Álvaro Ulcué Chocué,
quien siguió la orientación de la teología de la liberación. A pesar de la fuerte represión de
la fuerza pública y el gobierno departamental, el proyecto logró fortalecer y profundizar
la organización indígena en el ámbito local e inspirar otros procesos de organización
indígena en el norte del Cauca. Los propósitos del proyecto eran reducir las condiciones
graves de pobreza, exclusión, explotación y represión que afectaron a los indígenas en
Toribío y reducir la violencia y la represión ejercida contra los indígenas por parte de los
terratenientes y la policía, como consecuencia especialmente de las recuperaciones de
tierra. Al inicio del proyecto se llevaron a cabo jornadas de reflexión y concientización de
la comunidad así como una asamblea de los tres resguardos del municipio. Los criterios
del proyecto fueron, entre otros, partir de la base y generar una conciencia crítica y una
visión global de la realidad, trabajar en equipo promoviendo el crecimiento colectivo, dar
importancia al estudio y la capacitación y tener una actitud abierta a los aportes externos
(Hernández, 2004, p. 118). En el marco del proyecto se identificaron colectivamente tres
elementos esenciales, es decir, organización, concientización y desarrollo integral, que
se expresarían en un conjunto de programas y proyectos con el propósito de responder a
las necesidades y generar alternativas. Los primeros programas comprendieron produc-
ción, familia, vivienda, salud, educación, evangelización, trabajo comunitario, tiendas y
empresas comunitarias. En 1981 se inició un proceso de recuperación de tierras. Se frenó,
sin embargo, el desarrollo del proyecto por la intensificación de la violencia en Toribío
a mediados de los años 80. No obstante, resurgieron las actividades a fines de la década
de los 80 con acompañamiento, apoyo y aportes del equipo misionero y la cooperación
internacional, y se retomaron los proyectos iniciales y comenzando nuevos. Los cambios
traídos por la Constitución de 1991 facilitaron nuevas propuestas, como la creación de un
movimiento cívico para acceder al poder político mediante las normas de autonomía de
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los pueblos indígenas y con una propuesta del Proyecto Nasa. En las décadas de los 90 y
2000 se realizaron importantes proyectos de educación, producción, medio ambiente,
del movimiento cívico así como el lanzamiento de una emisora comunitaria. En 1995 el
movimiento cívico ganó la alcaldía de Toribío, lo cual permitió que el proyecto pudiera
fortalecer la participación comunitaria, el diseño y ejecución de un plan de vida y dar
un ejemplo de administración política al servicio de la comunidad.
En el municipio y resguardo de Jambaló se inició, en 1987, el Proyecto Global como
respuesta a las necesidades y amenazas afectando a la población indígena en ese momen-
to. Fue inspirado por la experiencia del Proyecto Nasa y tenía objetivos y características
similares, como, por ejemplo, los principios y métodos de trabajo comunitario, la impor-
tancia del proceso de organización indígena liderado por el CRIC, el apoyo de sacerdotes
católicos progresistas, la combinación de actividades de organización, capacitación y
concientización con proyectos productivos, así como el reto de confrontar la fuerte
oposición y represión de la fuerza pública, los políticos regionales y los terratenientes.
El nombre del proyecto se derivó del propósito de abarcar y unificar tanto las diferentes
actividades como las distintas poblaciones y veredas del resguardo. Al principio se hizo
énfasis en las actividades organizacionales y políticas para preparar una base sólida para
los proyectos productivos y económicos. Como un resultado de la movilización política
se eligió en 1992 a Marden Betancur como gobernador del resguardo de Jambaló y se
inició la preparación de un plan de vida basado en el sistema participativo y comunitario
desarrollado y practicado por el proyecto. Betancur salió además elegido como alcalde de
Jambaló en calidad de candidato indígena en 1994. Esta elección implicó la pérdida del
poder político de los partidos tradicionales en Jambaló y que el movimiento indígena
conquistara el control de la administración pública y la inversión social, que hasta este
momento había sido prácticamente inexistente.
En el año 2000 se decidió reestructurar el cabildo y el Proyecto Global enfatizando
los núcleos del programa: el núcleo de salud, el núcleo económico y el núcleo de edu-
cación. En 2000 también se elaboró la Resolución de Autonomía, que fue aprobada
por la junta directiva del CRIC en Jambaló y que constituyó el fundamento jurídico del
“Plan de Defensa de la Vida, Respeto y Control del Territorio” para la organización y
reglamentación de la Guardia Indígena y la preparación de un plan de emergencia frente
a la violencia del conflicto armado (Hernández, 2004, p. 150). Para evaluar las activida-
des realizadas y planificar otra nuevas, el Proyecto Global realiza asambleas cada tres
meses. Al igual que el Proyecto Nasa, el Proyecto Global ha logrado grandes avances en
los campos de educación, salud, servicios públicos, fortalecimiento de la organización
y los cabildos así como una vigorización de los mecanismos de resistencia civil contra el
conflicto interno. Se ha recuperado además un 95 por ciento del territorio que históri-
camente pertenece a las comunidades indígenas. Tanto en el Proyecto Nasa como en el
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Proyecto Global se priorizan las necesidades y valores de la comunidad. La participación
se practica en escenarios diferentes y complementarios tales como mingas, reuniones,
comités, asambleas, manifestaciones, en la preparación de planes de vida, de desarrollo
y de uso de las transferencias de la nación, en la preparación y aprobación de programas y
en el monitoreo y evaluación de los mandatos de las asambleas.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
y la Guardia Indígena
En 1994 se creó La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), una
organización popular que comenzó a funcionar prácticamente en la calle. Las reuniones
se realizaban en un parque o en las casas de los miembros y los asesores. Empero, la
asociación se estructuró cada vez más y actualmente desarrolla varios programas im-
portantes en los campos de la educación, la salud, la economía ambiental, el desarrollo
comunitario, el jurídico y la comunicación. En octubre de 2005, la ACIN convocó a las
comunidades afrodescendientes y campesinas mestizas de la región a un encuentro inte-
rétnico con el objetivo de analizar alternativas económicas, sociales y culturales ante las
intenciones del Gobierno de incorporar a Colombia al Tratado de Libre Comercio (TLC).
Un vocero de la ACIN declaró que más de cinco mil representantes de diversas organiza-
ciones comunitarias de nueve municipios del norte del Cauca expusieron sus experiencias
y analizaron las posibles repercusiones que tendría el TLC en sus comunidades. Una de
las discusiones centrales del encuentro, que tuvo lugar en Santander de Quilichao, fue la
creación de una región autónoma interétnica en los municipios del norte del Cauca, un
proyecto que tiene su fundamento jurídico en la Constitución de 1991. En mayo de 2004
algunos delegados de los resguardos del municipio de Toribío recibieron en Nueva York,
de manos del secretario general de la ONU, Kofi Annan, el Premio Ecuatorial a “logros
extraordinarios en el empeño por reducir la pobreza mediante la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad”. En los tres resguardos del municipio de Toribío (Toribío,
Jambaló y Tacueyó) la propiedad es compartida. No se trata solo de la tierra, también
cuentan con una estación piscícola, una procesadora de lácteos y una planta de jugos,
entre otros programas de desarrollo comunitario. Seis mil niños se educan en 156 escuelas
y un centro especializado enseña —además de bachillerato— antropología, economía y
etnoeducación. Mediante este programa se ha capacitado a cientos de líderes indígenas.
En Nueva York los delegados de los comuneros pidieron a la ONU que brigadas inter-
nacionales de paz los acompañen como escudos humanos y que la Guardia Indígena sea
declarada “agente internacional de paz” (El Tiempo, 2004 Mayo 21).
Una organización social con características similares a la Guardia Indígena ha existido
tradicionalmente en el territorio indígena del Cauca, pero menos visible que la guardia de
hoy. La decisión de crear la guardia de manera formal y permanente se ratificó a través
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Anders Rudqvist y Roland Anrup
de la resolución 003 del 28 de mayo de 2001, expedida por los cabildos indígenas de la
zona norte en el municipio de Caloto, con el apoyo del CRIC9. La Guardia Indígena está
compuesta por indígenas nasas, guambianos, coconucos, totoroes y yanaconas y sus
símbolos son un brazalete verde o rojo y un bastón de mando. La misión de la Guardia
Indígena es la de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los de-
rechos de los pueblos indígenas, respetar y difundir la cultura y el derecho autóctono,
hacer prevalecer el poder de las autoridades propias y prevenir o solucionar cualquier
situación que atente contra la existencia de los pueblos indígenas (ACIN, 2004, p. 4).
Las actividades son principalmente las siguientes:
• Vigilar los resguardos y alertar a la comunidad de los diferentes peligros.
• Controlar el movimiento interno y externo de los comuneros.
• Controlar el tránsito de comerciantes y vendedores ambulantes.
• Acompañar a la comunidad y cabildos dentro del contexto de la población civil.
• Mantener informada a la comunidad y cabildos sobre el orden público y exigir respeto
como organización social a los actores del conflicto.
• Investigar antecedentes y el destino de personas y vehículos que ingresan al territorio.
• Hacer decomisos, allanamientos, requisas con previa autorización de la autoridad
propia.
• Defender los derechos humanos, denunciando todos los actos que atenten contra el
bienestar y la tranquilidad de la comunidad.
• Controlar los eventos importantes que se desarrollen en las comunidades como
marchas, congresos, asambleas, etc.
La Guardia Indígena está conformada por 10 representantes de cada una de las 320
veredas para un total de 3200 personas, a las que se pueden sumar muchas más, según
las demandas del momento. Este es uno de los modos de resistencia en el cual participa
voluntariamente un grupo de comuneros elegidos por los habitantes de cada vereda y
luego ratificados por el cabildo de cada resguardo (Minga en resistencia, 2002, p. 29).
El servicio de guardia es por un periodo de uno o dos años y las guardias son además
escuelas de formación donde se capacitan los futuros líderes de las comunidades (Cal-
dón, 2004, p. 283). La ACIN (2004) ha declarado que: “La Guardia Indígena no es una
estructura policial, todo lo contrario, es que cada indio, cada hombre y mujer nasa,
cada mirada y cada voz, es, y serán siempre una forma de guardarnos para el futuro, de
preservarnos para la vida” (p. 5).
Comisión de Conciliación Nacional, Premio Nacional de Paz, año 2004, Acta del fallo del jurado,
Bogotá, 2004.
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Los guardias, solamente armados con bastones y walkie-talkies, tratan de salvaguar-
dar los territorios de los cabildos e impedir el ingreso de actores armados. Por ahora han
llegado, en algunos casos, a un modus vivendi con la guerrilla, que se ha comprometido
a no establecer campamentos en algunas de las comunidades indígenas, aunque impone
el derecho de transitar por los territorios para atacar a la Policía y al Ejército o para sus
retiradas frente a ofensivas de este último. Para las comunidades indígenas la guardia
es organización, autoridad, respeto, legitimidad, pero ante todo espiritualidad. Lizardo
Domicó, secretario general de la ONIC asevera que:
(…) finalmente todos en el país tenemos un enemigo común, y ese enemigo ha querido
deslegitimar la resistencia, unos cuando dicen que es antisubversiva y otros cuando dicen
que es amiga de organizaciones armadas. Lo que no entienden quienes no saben de nues-
tras razones es que la resistencia es una expresión de la vida, que es la vida misma. Es una
fuerza vital que se opone a la muerte para defender la vida. (Caja de Herramientas, 2004)
La resistencia en este contexto son actos individuales que se juntan en el colectivo
sin la presunción de lo vistoso, del reconocimiento o la campaña. Son propuestas que
atraviesan la vivencia diaria, el cuerpo, el pensamiento y la vida misma. Los indíge-
nas afirman que esta expresión del movimiento indígena constituye la “reserva ética y
moral” del país. La Guardia Indígena está controlada por las autoridades indígenas, nace
por la necesidad de tener autonomía en sus territorios y ha ido construyendo sus posi-
ciones políticas poco a poco durante muchos años de resistencia. Constituye asimismo
una estrategia para ofrecer una posibilidad a los jóvenes, distinta a la guerra, porque
les ofrece formación y les entrega una responsabilidad para que no sean cooptados
por los actores armados. La guardia y los y las jóvenes cumplen un papel político muy
importante, ya que sin sus guardias los gobernadores no pueden controlar sus territorios.
En febrero de 2004 ondeaban las banderas blancas en el resguardo indígena de
Tacueyó ubicado en la Cordillera Central, a tres kilómetros más allá del último retén
montado por el ejército y sobre la carretera que cruza las montañas del nororiente del
Cauca. Los nasas las habían colocado formando un gran círculo alrededor del caserío
El Crucero, una bifurcación de las vías hacia López y Santo Domingo. Allí se aglomeraron
unos 300 indígenas que dejaron sus veredas cuando llegó el ejército y comenzaron los
combates con el Sexto Frente de las FARC. Los nasas manifestaron que el ejército había
detenido a ocho habitantes del resguardo señalados por un encapuchado, los mismos
que según dijeron habían aparecido luego fotografiados con objetos que nunca les de-
comisaron. Frente a este tipo de sucesos las organizaciones indígenas del Cauca insisten
en la necesidad de reforzar sus propios mecanismos de seguridad y de consolidar y
expandir las Guardias Indígenas.
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Anders Rudqvist y Roland Anrup
Los cabildos de Jambaló y de Toribío denuncian que desde que el régimen ha pues-
to cuarteles de policía fuertemente armados en los cascos urbanos de sus pueblos los
enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla se dan con una mayor frecuencia. En
Jambaló, donde hay un puesto con más de cien policías, con los cuales la mayoría de los
habitantes rechazan cualquier contacto, el 80 por ciento de las edificaciones han sufrido
algún tipo de daño. Como la Policía depende del Ministerio de Defensa algunos de sus
cuerpos son totalmente militarizados. Estos cabildos, por lo tanto, han demandado del
Ministerio de Defensa el retiro de la fuerza pública de sus territorios. Ante la negativa a
aceptar sus demandas los indígenas y organizaciones campesinas han realizado marchas
multitudinarias para hacer pública su situación y exigir soluciones de paz. Más de 65 mil
indígenas acompañados por organizaciones campesinas y afrocolombianas marcharon
en septiembre de 2004 por la Vía Panamericana hasta llegar a Cali, en la más ejemplar
muestra de lo que significa una protesta pacífica de resistencia civil.
Los indígenas y la guerrilla
Un año después, a principios de septiembre de 2005, los indígenas del resguardo
Huellas, de Caloto, se tomaron la hacienda La Emperatriz y unos mil indígenas de
las comunidades de Tacueyó, Toribío, Jambaló, San Francisco y Caldono ocuparon la
hacienda El Guayabal en la vía de Caloto a El Palo. Vino de inmediato la represión
de la fuerza pública con el fin de desalojarlos y se desarrollaron verdaderas batallas
campales. Según Víctor Javier Meléndez (2005), Defensor del Pueblo del Cauca,
hubo más de cien heridos, entre ellos un niño con un fuerte trauma en el cráneo. En
noviembre de 2007 se repitieron batallas en las haciendas Japio y La Emperatriz,
donde hubo uso de armas de fuego, denuncian las comunidades. Dos semanas dejaban
más de 20 indígenas lesionados en enfrentamientos entre miembros del Escuadrón
Móvil Antidisturbios de la policía y cientos de indígenas que intentaron entrar a La
Emperatriz en las afueras de Caloto. El comunero indígena Rodrigo Pito de 18 años,
del Resguardo de Huellas, sufrió dos heridas de bala en el pecho y Lorenzo Dagua fue
impactado por una bala en la axila derecha. Aunque las autoridades negaban uso de
armas de fuego los indígenas señalaban que esconden armas de fuego y machetes en
sus uniformes sintéticos de protección. Además hubo presencia de personas de civil
que tomaron fotos y portaron armas. Feliciano Valencia, consejero de la comunidad,
dijo que “esto se debe a que el gobierno nacional y el gobernador del Cauca nos han
vinculado con las FARC” (El Tiempo, 2007 Noviembre 29).
Frente a la guerrilla, la ACIN ha establecido una posición de autonomía (Gros, 2004,
pp. 205-230). Reconoce que la guerrilla ha sido históricamente otra forma de resistencia
al Estado y defensora de los derechos de los pueblos indígenas y le demanda respeto a
su cultura, costumbres, tierras y territorios:
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(…) la guerrilla es la misma población llevada al límite de las posibilidades de resisten-
cia frente a un avasallador poder estatal que consolida una sociedad profundamente injusta
y excluyente. Así las cosas, la guerrilla en principio es simplemente un medio, un instru-
mento en manos de la población organizada que lucha contra la injusticia del poder estatal,
es decir, una genuina expresión de resistencia civil. (…) La población sigue resistiendo al
Estado y sus políticas (…) mientras que frente a la guerrilla, demanda autonomía. (Minga
en resistencia, 2002, p. 14)
Esta posición se ratifica en 2009 en una carta de la ACIN y el CRIC al Comandante
Alfonso Cano y los otros miembros del Secretariado de las FARC-EP. Las organizaciones
indígenas enfatizan la necesidad de transformar el sistema político, la necesidad de re-
conocer los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas así como la necesidad de
buscar un sistema político verdaderamente democrático y sostenible. Además, critican
la siembra de minas antipersonales, las tomas de pueblos que “dan pretexto para que la
fuerza pública invada las comunidades”, secuestros de funcionarios indígenas y no indí-
genas, y la creación de estructuras paralelas a las construidas por los indígenas (ACIN,
2009). Según la carta, los grupos de milicianos y las iniciativas que ellos mueven dentro
de las comunidades, se han convertido en un gran factor de riesgo para la vida de los indí-
genas y en una amenaza a la organización. Los milicianos son las fuentes de información
“confiable” con que las organizaciones armadas alimentan su intervención política y la
carta arguye que de esto resulta una política a base de rumores, chismes, señalamientos
y peleas personales. Frente a esta situación los indígenas recalcan que ellos mismos han
dado muchas muestras de su capacidad de aplicar justicia comunitaria (ACIN, 2009).
La respuesta del secretariado de las FARC-EP a la ACIN y el CRIC reitera que las
duras e intensas batallas de recuperación de tierras usurpadas por la aristocracia caucana
a las comunidades indígenas cuentan con la plena e incondicional solidaridad de las
FARC-EP y, por lo tanto, que los documentos fundacionales farianos convocan a luchar
sin desmayo por la devolución a las comunidades indígenas de las tierras que les han
sido arrebatadas (Cano, 2009). Agrega que han transcurrido 22 años desde la firma de
acuerdos entre la dirigencia indígena y el Estado Mayor Central de las FARC-EP en los
cuales los jefes de la insurgencia hicieron un llamamiento a los frentes que operan en
zonas de población indígena, a recoger en su actividad el espíritu y la letra del sexto
punto del Programa Agrario de los Guerrilleros que exige el respeto a la organización
autónoma de las comunidades indígenas, a sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua
propia y su organización interna, llamado que en la carta las FARC reafirman y reiteran
públicamente (Cano, 2009) El sexto punto del Programa Agrario dice que: “Se prote-
gerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo,
devolviéndoles las que les hayan usurpado los latifundistas y modernizando su sistema
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Anders Rudqvist y Roland Anrup
de cultivo. Las comunidades indígenas gozarán de todos los beneficios de la Política
Agraria Revolucionaria. Al mismo tiempo estabilizarán la organización autónoma de
las comunidades respetando sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su
organización interna” (FARC-EP, 1964).
El 15 de julio 2012 la ACIN mandó una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las
FARC, en la cual explica sus “acciones de liberación y armonización” de los territorios
indígenas y reitera que “no queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército” en
los territorios indígenas. La ACIN demanda que la guerrilla se aleje de los sitios pobla-
dos y de vivienda, que no realice más “ataques que con toda seguridad van a afectar a
la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública”, que no use armas
de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales, que
no se atrinchere en las casas y que los milicianos no guarden armas ni explosivos en las
viviendas de las familias (ACIN, 2012).
Subsisten así tensiones entre la guerrilla y las organizaciones indígenas a pesar de que
tienen un respeto mutuo e importantes objetivos en común. En su respuesta a la ACIN,
Timoleón Jiménez afirmó que “es un hecho reconocido por numerosos estudiosos de la
realidad colombiana, que la guerra en nuestro país responde a un modelo de acumulación
de capital. El despojo de la propiedad rural y su concentración en cada vez más pocas
manos, ha coincidido de manera asombrosa con las sucesivas agresiones contra las zonas
agrarias por parte de las fuerzas oficiales y paraoficiales” (Jiménez, 2012). Agrega que
las FARC comparten completamente todas las aspiraciones de las comunidades indíge-
nas y que de hecho las están apoyando al riesgo de su propia vida. Pero puntualiza que
“la fuerza de los hechos históricos impone también que los indígenas no son las únicas
comunidades violentadas y perseguidas en Colombia” y que hay que reconocer y tomar
en cuenta los otros treinta millones de colombianos desposeídos y perseguidos del país.
En la respuesta de Jiménez se observa claramente la diferencia de perspectiva de
las organizaciones indígenas y la guerrilla. Mientras para los indígenas se trata de una
resistencia civil y una lucha por la autonomía indígena en sus territorios, para las FARC
el medio para resolver el conflicto colombiano es la lucha armada y el conflicto no puede
ser solucionado solo para las comunidades indígenas ya que hacen parte de Colombia
y “habitan en territorios codiciados por los mismos terratenientes e inversionistas que
despojan a colonos, mineros, trabajadores y demás sectores explotados”. Según las
FARC, el Ejército colombiano no solo ocupa resguardos indígenas, sino que cumple
su labor predadora por todo el territorio nacional. Su misión es prestar seguridad a
inversionistas, empresarios y terratenientes nacionales o del extranjero, al precio de
aplastar cualquier oposición al modelo de saqueo y empobrecimiento que defienden.
La realización del proyecto de vida de los indígenas, por lo tanto, requiere cambiar las
condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que dominan el resto del país
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(Jiménez, 2012). Finalmente, Jiménez (2012) asevera que en el caso de que cesaran las
operaciones militares, los desplazamientos forzados, el despojo de la tierra, los críme-
nes contra el pueblo y la impunidad no tendría sentido la existencia de las guerrillas y
que si el Ejército, la Policía y los paramilitares salen del Cauca, si terminan su guerra
contra los indígenas, campesinos, mineros y el pueblo en general, las FARC no tendrían
problemas para salir también.
La lucha indígena continúa
Los indígenas nasas citaron en agosto de 2005 como representante de la III Brigada
del Ejército en “audiencia pública” al general Hernán Pérez Molina, comandante de
esa unidad militar, para que presentara las pruebas de sus afirmaciones de que en
Toribío ha existido un cogobierno con las FARC y se han desviado recursos internacio-
nales hacia esa organización insurgente. Bajaron de las montañas del Cauca unos tres
mil nasas para hacer denuncias en una audiencia pública, denominada “Por la verdad
y la dignidad de los pueblos”. Los dirigentes nasas precisaron que en Toribío habían
comenzado a circular volantes en los que se amenaza a reconocidos líderes indígenas
de la región por tener presuntamente algún familiar en la guerrilla. Luis Acosta, coor-
dinador general de la Guardia Indígena, pidió que se investigara la procedencia de los
volantes, debido a que el pueblo se halla militarizado, y señaló que miembros del Ejér-
cito y la Policía acantonados en esa zona intentan convencer a jóvenes de ese municipio
para que se unan a grupos paramilitares (El Tiempo, 2005 Agosto 3). Los nasas ya se
habían pronunciado, a partir de las dolorosas experiencias vividas en carne propia, en
un documento llamado Minga en resistencia de La Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte de Cauca (ACIN) (2012):
Existe una notoria complicidad entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, al pun-
to que resulta difícil diferenciar sus acciones y con el paso del tiempo han dado pruebas
inequívocas de ser una política de Estado.
En este documento programático la ACIN define claramente sus actividades
como de resistencia al Estado y tiene claro su análisis de las lógicas de dominación
del Estado colombiano:
(…) son casi siempre infralegales, tal como ha operado en Colombia durante los últimos
50 años en un caso particular de aplicación constitucional selectiva, por medio del cual
el Estado democrático faculta a sus agentes de actuar de manera fascista, asumiendo
comportamientos que se legitiman a través de la utilización recurrente del estado de ex-
cepción. Pero cuando tal modelo se hizo insuficiente para garantizar la dualidad de la
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Anders Rudqvist y Roland Anrup
actuación estatal, parte de éste empieza a recorrer las sinuosidades de la guerra sucia
instaurando así una excepción a la excepción para procurarse el control fascista. (Minga
en resistencia, 2002, p. 13)10
A mediados de diciembre de 1991, unos 80 nasas del resguardo Huellas del Cauca
acudieron a una cita respondiendo al llamado de los dueños de la hacienda El Nilo en el
Palo, municipio de Caloto, supuestamente para decirles cómo sería en adelante el traba-
jo. Aparecieron hombres con “uniformes de las fuerzas armadas”, quienes retuvieron a
los indígenas allí convocados y luego se desplazaron a las vecindades para recoger a los
dirigentes del cabildo. Una vez reunidos todos los indígenas que vivían en la hacienda
El Nilo, la tropa fusiló a los líderes de la comunidad y dispararon indiscriminadamente
sobre la masa reunida, asesinando así a 20 indígenas. Luego quemó ranchos, cultivos,
enceres y animales domésticos. La masacre fue perpetrada por oficiales y agentes de la
Policía Nacional, en asocio con “personal civil al servicio de narco-terratenientes”.11 Ha
sido total la impunidad para los asesinos materiales e intelectuales. Como señaló Alberto
Aguirre: “Las oligarquías del Cauca, con el contubernio del gobierno, se han ido apode-
rando de las tierras de los indígenas, para lo cual se han servido impunemente de argucias
legales, de connivencias notariales y del plomo de la fuerza pública” (Aguirre, 2005).
Después de haber reclamado y esperado durante 21 años el cumplimiento por
parte del Estado de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), las víctimas y la ACIN constatan que el Estado no ha cumplido de
manera total ninguna de las recomendaciones del Convenio Masacre del Nilo y que, por
lo tanto, se declaran en asamblea permanente y se movilizan exigiendo cumplimiento
real del Convenio, exigiendo al Gobierno Nacional: disponer con celeridad los recursos
suficientes para la adquisición de las 1 755 hectáreas de tierra faltantes, según los com-
promisos adquiridos, antes de finalizar el año 2012; constituir el Fondo de Reparación
para cubrir los gastos correspondientes al Plan de Reconstrucción Social ordenado por
Un análisis reciente del fascismo en Robert O. Paxton, Le fascisme en action, Paris: Seuil, 2004.
Para un análisis histórico que cubre el periodo aludido en el documento citado ver Mauricio García
Villegas, “Constitucionalismo perverso. Normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-
1997”, en Santos, Boaventura de Sousa y García Villegas, Mauricio, (eds.), El caleidoscopio de las
justicias en Colombia. Análisis socio-jurídico, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2001, pp. 317-370.
11
Informe No. 36/00 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, radicado bajo el número
11.101, “Caloto vs. Colombia”. La comisión ordenó al Gobierno colombiano la entrega de tierras
a varias comunidades indígenas en el departamento del Cauca, como medida de reparación por
la masacre ocurrida en la hacienda El Nilo. Pese a que se suscribió un acuerdo entre el Gobierno
Nacional y los representantes indígenas para la entrega de 15.663 hectáreas, 14 años después
solamente se han titulado 9.043.Ver Procuraduría General de la Nación, Seguimiento a la Políticas
Públicas en materia de desmovilización y reinserción, tomo 1, Bogotá, 2006, p. 301.
10
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la CIDH; realizar las investigaciones pertinentes y necesarias para esclarecer los res-
ponsables intelectuales y materiales de la masacre. Una vez adelantado esto, proceder
a su juzgamiento, asegurando así los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de
las víctimas; establecer mecanismos pertinentes, eficientes y eficaces para garantizar la
no repetición de estos hechos de violencia y asegurar la pervivencia del pueblo nasa.
A partir del 10 de diciembre 2012 las comunidades se congregaron en la finca comu-
nitaria Nuevo México, propiedad del Cabildo Nasa Kiwe Thek Cxaw, en el municipio de
Santander de Quilichao convocando a los órganos de control del Estado, organizaciones
indígenas, organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales y
medios de comunicación, a estar atentos y actuar si se presenta cualquier situación de
atropellos por parte de la fuerza pública contra las comunidades en resistencia (ACIN,
2012). A principios de julio de 2012, luego de haber soportado un recrudecimiento
de los enfrentamientos armados entre la guerrilla y la fuerza pública, con su secuela de
personas heridas, desplazamiento, vivienda e infraestructura dañada, los indígenas del
Cauca volvieron a insistir en sus demandas de la salida de los actores armados, guerrilla
y fuerza pública, del territorio indígena. Según Marcos Yule, gobernador del cabildo
de Toribío: “Desde 1983 llevamos 14 tomas, más de 400 hostigamientos y centenares de
heridos” (Noguera, 2012). Esta vez, como en muchas oportunidades anteriores, las
demandas de los indígenas fueron rechazadas por el Gobierno. A nivel internacional la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, esta-
blece en su artículo 30 que los Estados tienen que “celebrar consultas eficaces con los
pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por
medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para
actividades militares” (OIT, 2007, pp. 94-95). En el marco del Derecho Internacional
Humanitario se prohíben igualmente instalaciones militares en medio de los cascos
urbanos o donde se ponga en peligro a la población civil (Espinosa Moreno, 2012, p.3).
A fines de junio de 2012 llegó una caravana humanitaria internacional a la zona
rural del Cauca para acompañar a campesinos e indígenas que pedían que el Ejército
desmontara una base militar levantada en sus territorios. La caravana visitó la vereda
Calandaima, del municipio de Miranda, que desde hace meses se había convertido en
un territorio de enfrentamientos intermitentes. En la misma zona se encuentra la base
militar Tres Cruces, de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo. Desde comienzos de junio
los habitantes de la región empezaron a protestar y a desplazarse por la presencia de la
base, los combates y las minas antipersonales sembradas por las partes en conflicto (El
Espectador, 2012 Junio 28). Frente a esta situación la ACIN se declaró en “resistencia
permanente” y movilizó a los resguardos del norte del Cauca, incluyendo unos 3000
guardias indígenas de Toribío y 10 mil en todo el departamento para resistir. La primera
acción consistió en la retirada el 9 de julio de las trincheras instaladas por la Policía en el
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Anders Rudqvist y Roland Anrup
casco urbano de Toribío. Luego, el movimiento tomó posiciones en varias de las pobla-
ciones más castigadas y lograron una repercusión internacional importante. El mismo
día del desmantelamiento de las trincheras de Toribío, unos 300 indígenas increparon
a dos grupos de guerrilleros que realizaban retenes en los alrededores, instándoles a que
se retiraran de las proximidades del municipio. Cuando el Presidente Santos participó en
un consejo de ministros en Toribío, la Guardia Indígena fue informada de la instalación
de dos retenes de la guerrilla en la vía de Toribío a Caloto. La Guardia Indígena salió,
encontró a los guerrilleros y confiscaron seis cohetes (Noguera, 2012). El 10 de julio si-
guió la avanzada de la resistencia cuando 500 indígenas se tomaron el cerro Las Torres,
donde hay una base militar que custodia antenas de comunicaciones. El 17 de julio las
comunidades indígenas se trasladaron al estratégicamente ubicado y para los indígenas
sagrado cerro, El Berlín, en la parte alta del municipio de Toribío para exigir la salida
de los soldados. Esta movilización se dio como parte del ultimátum dado anteriormente
por las autoridades indígenas a los actores armados, en el que plantearon esta fecha como
plazo máximo para el retiro de las tropas. Unos quinientos integrantes de la Guardia
Indígena subieron el cerro. Exigían a los soldados que se fueran del lugar, mientras que
los militares respondían que de ese sitio los tenían que sacar cargados. Resultó así; los
indígenas agarraron de pies y manos a los militares y los retiraron del cerro (Murcia,
2012). Unas horas después del desalojamiento del cerro El Berlín, campesinos e indíge-
nas bloquearon la vía entre Caloto, Corinto y Toribío, ocuparon El Palo y Guasanó, dos
puntos estratégicos de control militar, así como en Miranda otra de las bases militares.
Con respecto a estos hechos el Presidente Juan Manuel Santos declaró que “no quiero
ver un solo indígena en las bases militares” e informó que se desplazaría al Cauca para
enterarse de primera mano de la situación (El Tiempo, 2012 Julio 18). En la madrugada
del día siguiente el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía retomó el control del
cerro El Berlín. La retoma dejó por lo menos 23 indígenas heridos y dos muertos en
protestas contra el desalojo de los indígenas del cerro (El Espectador, 2012 Julio 18).
Después de unas reuniones y diálogos preparativos entre el Gobierno y las organizaciones
indígenas, estas se reunieron con el Presidente Juan Manuel Santos en el resguardo La
María, Piendamó, el 15 de agosto, con la asistencia de 18 mil indígenas del Cauca, Huila,
Caquetá, Tolima y la Costa. Durante el encuentro al menos 20 voceros sintetizaron la
grave situación de las comunidades indígenas del país. Entre otros, Luis Fernando Arias
de la ONIC dijo al Presidente Santos que “en sus dos años de gobierno hemos tenido que
lamentar la desaparición de 257 indígenas y el desplazamiento de unos 10.000 más” (El
Tiempo, 2012 Agosto 16). Feliciano Valencia, de la ACIN, insistió en la necesidad de revi-
sar la seguridad y la protección de las comunidades indígenas porque esta no ha llegado
con la presencia de la fuerza pública. Pidió del Gobierno “garantías plenas a la Guardia
Indígena para que fortalezca el ejercicio del control territorial”, además una veeduría
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que verifique su eficiencia y que de fe de que los indígenas no son guerrilleros y que no
haya más bases en sus territorios. El Presidente Santos les aseguró a las comunidades
que estaba dispuesto a dialogar, pidió perdón por todas las víctimas que ha dejado el
conflicto y dijo que su Gobierno rechaza las sindicaciones de guerrilleros que se hacen a
los pueblos indígenas. En la reunión, las autoridades indígenas plantearon al Presidente
tres demandas puntuales de pronta respuesta: derogación de licencias para la explotación
de recursos mineros en los territorios indígenas; derogación de la creación de la OPIC12
como organización; desmilitarización del cerro El Berlín, teniendo en cuenta que es un
sitio sagrado para las comunidades indígenas. Se resolvió en la reunión continuar los
diálogos y frente a las demandas de urgente cumplimiento se concertó un plazo de ocho
días para que el Gobierno respondiera. Para los demás temas se convino instalar tres
comisiones que abordarían los temas de paz y derechos humanos, tierra y territorios
autónomos, derechos socioculturales (salud, educación y comunicación).
El 30 de agosto se reunió el Viceministro del Interior Aníbal Fernández de Soto con
los líderes indígenas en Popayán para establecer mecanismos de diálogo, cronograma y
voceros para los diálogos sobre la problemática de las comunidades indígenas acordados
con el Presidente Santos. Se instalaron también las comisiones de trabajo integradas por
autoridades indígenas, delegados de las comunidades y representantes del Gobierno (El
Espectador, 2012 Agosto 31). Antes de la instalación de las comisiones de trabajo, los
representantes indígenas pidieron respuesta a las tres demandas urgentes formuladas
el 15 de agosto en La María. El Viceministro contestó que la solicitud de revocatoria de
la OPIC aún estaba en análisis jurídico por ser un tema nuevo dentro de las solicitudes y
que en cuanto a la derogación de concesiones mineras en territorios indígenas no hubo
respuesta puntual, porque no estaba presente el Ministro de Minas a quien le corres-
ponde dar respuesta al respecto. Finalmente, ante la solicitud de desmilitarización del
cerro El Berlín, la respuesta fue contundente: “No se va a desmilitarizar el cerro Berlín,
ni ningún otro lugar del país” (ACIN, 2012). Ante estas respuestas evasivas y negativas
la Consejería Mayor del CRIC resolvió suspender los diálogos con el Gobierno el 31 de
agosto por falta de condiciones y garantías para avanzar en las exigencias. Puntualizaron
los representantes del CRIC, que en el curso de los diálogos hubo falta de presencia de los
encargados oficiales de los ministerios, que los viceministros presentes se mostraron
incapaces de tomar decisiones de fondo en temas cruciales de la agenda, que el Vicemi-
nistro de Defensa asumió una posición radical vedando para el debate temas esenciales
ACIN afirma que la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC) fue creada
con el apoyo directo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que ha sido utilizada para deslegitimar
y estigmatizar el proceso organizativo del movimiento indígena. Tejido de Comunicación ACIN,
Cauca: Mesas de trabajo con el Gobierno, 31 de Agosto 2012.
12
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para garantizar los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario
reclamados por los pueblos indígenas (CRIC, 2012).
La Consejería Mayor reiteró su voluntad de diálogo pero exigió que se realice en el
marco del respeto a los derechos fundamentales y la autonomía de los pueblos indí-
genas. Exigió además el cumplimiento por parte del Gobierno de varias condiciones
de las cuales se destaca la observancia de las tres demandas “mínimas” fijadas en la
reunión con el Gobierno en La María, Piendamó (CRIC, 2012). Como en tantas ocasio-
nes anteriores el Gobierno no estaba dispuesto a entablar un diálogo sincero con las
autoridades indígenas focalizado en los graves problemas que afectan a las comunida-
des en el Cauca. La coyuntura política después de los eventos de fines de julio de 2012
hubiera constituido una buena oportunidad para emprender un proceso de consulta
y concertación para construir autonomía, de acuerdo con las intenciones y premisas
de la Constitución y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
En estas circunstancias y en la ausencia de respuestas serias del Gobierno seguirá
la resistencia civil indígena en lucha por la realización de sus derechos a autonomía
territorial, de gobierno, jurídica, administrativa y fiscal. Efectivamente, el objetivo
principal de esta lucha y esta resistencia civil es terminar la guerra y construir la paz
en los territorios indígenas del Cauca.
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