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Bolivia: Conclusiones del III Encuentro de comunidades afectadas por contaminación minera

Clajadep :: 17.09.14

La Ley de Minería N° 535 aprobada el 28 de mayo de este año, refleja la profundización del modelo neoliberal minero a favor de los operadores mineros transnacionales. Por tanto; seguimos repitiendo el viejo modelo de saqueo y dependencia de nuestros recursos naturales

III Encuentro de comunidades afectadas por contaminación minera (02.09.2014)

Publicado: 04/09/2014
Cedib

Conclusiones:Contaminacion minera

En el marco del III Encuentro de la Escuela de Lideres Ambientales, realizado en la ciudad de Potosí en fecha 27 y 28 de agosto del año en curso, líderes y representantes de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental minera de Oruro, La Paz y Potosí, se reunieron para analizar la problemática minero – ambiental de nuestro país. Después de realizar visitas a lugares y comunidades afectadas por la contaminación minera de Potosí (Porco, Manquiri, Cantumarca) y realizado el taller de análisis – debate en la comunidad de Jesús de Machaca, se llegaron a las siguientes conclusiones:

Sobre la Ley Minera:

La Ley de Minería N° 535 aprobada el 28 de mayo de este año, refleja la profundización del modelo neoliberal minero a favor de los operadores mineros transnacionales. Por tanto; seguimos repitiendo el viejo modelo de saqueo y dependencia de nuestros recursos naturales. Esta ley no beneficia a la población boliviana en general, compuesto por las organizaciones sociales, pueblos indígenas originarios, ni al resto de la población urbana y rural.
Queda claro que la Ley de Minería y Metalurgia, vulnera derechos individuales y colectivos y está en contradicción con la C. P. E. y los Convenios Internacionales. Está Ley Minera no reconoce los derechos de las Naciones Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, sólo beneficia al sector minero cooperativista y asalariado, y desnaturaliza la aplicación del derecho a la consulta, autogobierno y auto determinación de los Pueblos Indígenas Originarios.
La Ley de Minería vigente otorga más garantías y derechos a los operadores mineros y en contraposición, se deslinda de muchas responsabilidades sociales, ambientales y económicas. Por tanto, existe una sobreposición de los derechos mineros sobre los derechos de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos.
Esta ley aprobada va a generar una serie de conflictos y enfrentamiento entre mineros, comunarios, hermanos y hermanas, por el acceso y control del agua, medio ambiente y tierra – territorio. Por tanto, es urgente definir una política minera y medioambiental que asegure la sostenibilidad de los recursos naturales para la presente y futuras generaciones.
Convocamos a otras organizaciones de la sociedad civil para resistir a la Ley Minera N° 535, por ser una ley anticonstitucional, además de ser una ley que tiene la visión de entregar los recursos Naturales de propiedad de los bolivianos y bolivianas a las empresas transnacionales.
Llamamos y convocamos a todas las organizaciones sociales urbanas y rurales, y comunidades afectadas a socializar la ley minera para tomar conciencia y generar un amplio movimiento de resistencia y rechazo a esta ley, por una ser una ley que vulnera los derechos individuales y colectivos, derechos de la madre tierra y de las futuras generaciones.

Exigencias y propuestas:

Como es conocimiento público el 1 de mayo de 2013 se aprobó la Ley de Avasallamiento Minero N° 367, que condena la defensa y protesta por nuestros territorios y, en contraposición protege al operador minero. Por tanto, nosotros como comunidades afectadas pedimos la aprobación de una normativa similar para aquellos operadores mineros que contaminen y/o produzcan daños medioambientales y que los mismos deben estar tipificados dentro el Código de procedimiento Civil y Penal.
Exigimos al gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, agendar de inmediato el tratamiento de la Ley Marco de Aguas para la Vida, que ha sido trabajada por las organizaciones sociales, pueblos indígenas y colectivos urbanos. Además, pedimos al gobierno que su tratamiento sea con la participación activa de las organizaciones sociales.
Exigimos a las empresas mineras privadas, estatales y cooperativas implementar medidas de prevención de sus contaminantes, como: diques de colas, plantas de tratamiento de sus aguas residuales y manejo de sus pasivos mineros. Condenamos a todos los operadores mineros que hasta hoy no cuentan con estas medidas para prevenir sus contaminantes, y son estos operadores que está causando grandes impactos socioambientales a las comunidades.
Exigimos el derecho a la participación en los beneficios que reportan las actividades mineras. Hasta ahora las comunidades afectadas por la contaminación minera desconocemos de los beneficios; es más, en muchas comunidades no se cuenta con obras y proyectos. Por tanto, nuestro desarrollo está siendo amenazado por la inminente contaminación.
Pedimos respeto a nuestra tierra y territorio, a través del derecho a la consulta previa, libre, informada y con consentimiento. Hasta ahora muchos operadores mineros siguen avasallando nuestros territorios, no respetan nuestros usos y costumbres; es más muchas comunidades han sido amedrentadas, arremetidas, divididas y judicializadas; por tanto existe vulneración de derechos colectivos y el autogobierno de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos.
Pedimos a muchos profesionales sumarse a la lucha por la defensa de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas, y no sólo defender los intereses de los operadores mineros y transnacionales a toda costa.

Fortalecimiento de los actores sociales en la defensa de los derechos de la Madre Tierra

Llamamos a promover e impulsar desde las comunidades, organizaciones, instituciones y colectivos urbanos la defensa incansable del agua como derechos fundamentalísimo para la vida y bien común. No debemos permitir, por ningún motivo, que el agua sea controlada por los operadores mineros, se debe priorizar el agua para las comunidades en el marco de la C.P.E.
Convocamos a las comunidades afectadas por la empresa minera transnacional Sinchi Wayra, ahora llamada Illapa de Oruro, Potosí y de otros departamentos, en donde está causando contaminación ambiental, para articular un movimiento frente a esta empresa que vulnera los derechos de las comunidades, contamina nuestros territorios y divide a nuestras comunidades. Por lo que es urgente agendar acciones comunes y estrategias para visibilizar los efectos de sus contaminantes.
Fortalecer la lucha de CONAMPROMA, a nivel de departamentos para hacer un movimiento socioambiental amplio, legítimo y propositivo en defensa de la madre tierra, el medio ambiente y el agua.
Recalcamos que las comunidades afectadas no están en contra de las actividades mineras, sino estamos en contra de la política extractiva de saqueo de nuestros recursos naturales que amenaza el presente y futuro de todos los bolivianos y bolivianas, contaminando el agua, suelo y el aire, amenazando la seguridad alimentaria y salud de la población.

Comunidad de Chambiri Potosí, 28 de agosto 2014.

Firman:

Representantes de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Minería y la Protección de Medio Ambiente (CONAMPROMA)
Representantes de la Coordinadora de Defensa del Medio Ambiente Potosí (CODEMAP)
Representantes de la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, Lagos Uru-Uru y Poopó (CORIDUP)
Representantes del Ayllu Jesús de Machaca Potosí
Representantes del Cantón Concepción
Representantes de la comunidad de Chambiri Potosí
Representantes de comunidades afectadas de Pazña Oruro
Representantes del Cantón Cucho Ingenio Potosí
Representantes de la comunidad Alantañita Karavi Oruro
Representante de la comunidad Sora Chico Oruro
Representante de comunidades afectadas de Coro-Coro La paz.
Representante de la Comunidad Calari Provincia Pacajes La Paz.


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