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No participaron en la guerra de independencia de 1810 puesto que siempre se han considerado una nación independiente. Los ocupantes mexicanos vaciaron sus territorios y los llevaron en grupos hacia diferentes destinos, pero con el transcurrir de los años han ido regresando rescatando las formas de vida comunitaria y la defensa irrestricta de los territorios ancestrales. Un proceso increible de reconstrucción del sujeto común y de empoderamiento territorial.
Vea al final las características geográficas, demográficas e históricas de esta impactante nación que junto con muchas otras constituyen el entramado horizontal de la red delpoderoso Consejo Nacional Indígena.
Veamos primeramente noticias y datos de actualidad aportados por Desinformémonos, medio que ante la detención de Luna, dirigente yaqui, realizó entrevistas en el lugar y reunió otros antecedentes que ahora pueden verse aquí:
Yaquis, recuento de una lucha por el agua y su preso político
Índice:
Mario Luna, autoridad yaqui, narra el momento de su detención y encarcelamiento
Rabia y esperanza en Vícam. Encarcelamiento de Luna infundió mayores ganas de luchar
Policía Federal hostiga a yaquis en Vícam
Desprecio, ilegalidad y una negociación política, detrás de la detención de líder yaqui
Indignación entre los pueblos indígenas por el encarcelamiento de Mario Luna, de la tribu yaqui
Más yaquis se sumana la defensa del río y de Mario Luna, su secretario
“El río nos hace mucha falta”: mujeres yaquis
“El gobierno necesita construir la imagen de que estamos agarrados del chongo y eso no es cierto”: Tribu Yaqui
La tribu yaqui con la ley a su favor y el gobierno en contra
“Nos quieren condenar a desaparecer”: Mario Luna desde la cárcel
Mario Luna, la voz de los yaquis en resistencia
Agua, la cara actual de la Guerra del Yaqui
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Mario Luna, autoridad yaqui, narra el momento de su detención y encarcelamiento
En entrevista enviada por escrito, el vocero y autoridad de la tribu yaqui detalla los momentos de su detención, el pasado 11 de septiembre, su traslado al Cereso de Hermosillo, la visita del subprocurador, la solidaridad de los otros reos, mientras espera que hoy se dictamine su libertad o auto de formal prisión.
Gloria Muñoz Ramírez
Me detuvieron en Ciudad Obregón a las diez de la mañana, cuando transitaba en el vehículo de un amigo, con rumbo a la gasolinera. Iniciábamos el día con la intención de sacar varios asuntos pendientes relacionados con mi trabajo de secretario de la tribu yaqui. Ese día tenía yo programado hacer tres cosas en ciudad obregón: Ver a mis abogados para que promovieran un amparo para el compañero Fernando Jiménez, quien el día anterior me lo había solicitado para darle cierta tranquilidad a su esposa e hijos ante la ola de rumores desatados sobre la intención de ejecutar las órdenes de aprensión en nuestra contra por parte de Guillermo Padrés y su policía estatal. Pensaba también pasar al Hospital General de Obregón para acompañar un momento a un familiar que tenía a su papá muy grave debido a que tenía los riñones totalmente destrozados (enfermedad ya muy común en la tribu por el consumo de agua contaminada). Horas después de mi detención supe que finalmente falleció. Y, finalmente, fui a preparar unos documentos que presentaríamos ante un ingeniero para ver si ahora sí satisfacíamos sus requerimientos burocráticos para dar curso a un proyecto productivo que tiene todo el año en trámites en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y en la CDI.
Transitando por la calle Guerrero, nos interceptó la marcha un vehículo blanco sin logotipo. Nos atravesó el carro de frente y por las luces centellantes de sus faros me imaginé eran pei`s. Les dije a mis compañeros “vienen por mí. No se preocupen, no se muevan ustedes”. Al voltear a los lados me percaté que nos rodeaban otras tres camionetas con personas vestidas de civil que gritaban nerviosas que bajara del vehículo. De la pickup que teníamos de frente bajaron dos personas sin uniforme y armados que me gritaron “¡baja del vehículo!”. Me bajé al reconocerlos como policías estatales, ya que ambos habían estado en la base de Vícam.
En ningún momento me dijeron el motivo de mi detención, sólo me dijeron que tenían órdenes de presentarme en “la oficina”.
De ahí me trasladan hacia las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estados, a tres o cuatro cuadras de donde me detuvieron. Ingresamos a las instalaciones de la policía estatal donde me tuvieron sentado en una silla, en una esquina de una oficina medio oscura. Sólo veía como corrían de un lado a otro preguntándose entre sí, qué seguía. A los 10 o 15 minutos me subieron a otro vehículo, según para trasladarme (no dijeron a dónde) y enfilamos rumbo al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Obregón, lugar donde están las oficinas de los jueces, por lo que supuse allá me llevaban, pero se siguieron de paso hasta Esperanza, donde doblaron por una carretera vecinal que va hacia Yecora, pueblo remontado en la sierra; como a cuatro kilómetros de transitar por esa carretera, se detuvieron y esperaron instrucciones por radio y celulares que no dejaban de timbrar. Ahí estuvimos como cinco minutos antes que decidieran regresar a Ciudad Obregón. Ya no regresamos a las oficinas. Después de echar gasolina a los tres vehículos que formaban la caravana que me llevaba nos dirigimos con rumbo al aeropuerto de Ciudad Obregón, por la salida sur. Por teléfono les dijeron que no entraran y que se siguieran de paso hacia Navojoa, ciudad vecina como a 45 kilómetros al sur de Obregón, de donde me trasladaron a una pista custodiada por elementos del ejército mexicano y ahí me subieron a una avioneta hacia la ciudad de Hermosillo. Antes de subir a la avioneta me esposaron de pies y manos y ya no me las quitaron.
Al bajar de la avioneta en Hermosillo me subieron a una camioneta de la Policía Estatal Investigadora (PEI), no sin antes permitirles a unas personas con pinta de funcionarios que me tomaran fotos. Me llevaron a las instalaciones de la PEI que esta cerca del aeropuerto, ahí me tomaron las huellas dactilares, me grabaron video y voz y buscaron antecedentes, según ellos en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
En esas instalaciones no dejaron de tomarme fotos y videos con varios celulares, y varios elementos se turnaban para posar conmigo aparentando custodiarme (sólo espero que les haya servido para su ascenso). Después de mantenerme por espacio de una hora en esas oficinas me llevaron a otra, donde me entrevistó un funcionario muy amable que dijo ser subprocurador de justicia del estado y que venia por órdenes del procurador para cerciorarse de que no me encontrara golpeado y que se hubieran respetado mis derechos humanos y civiles. Le dije que no estaba golpeado pero que lo mismo me dolía verme humillado, esposado de pies y manos, cuando yo no he cometido delito alguno; le dije que yo soy autoridad tradicional y que mi gente, mi pueblo, se dolería mucho de verme así. Le pedí que no publicaran las fotos y videos que me habían estado tomando sin mi consentimiento. Me dijo sentirse apenado, pero que eso era un protocolo de seguridad que no podía evitar; ahí me informó que el motivo de mi detención era por la orden de aprensión girada hace un año por privación ilegal y robo de vehiculo, denunciados por una señora Viviiana Bacasegua y por Francisco Delgado Romo, y que sólo hasta hoy la habían podido ejecutar sus elementos. Le dije que no me habían aprehendido porque no habían querido, pues yo tengo constante actividad pública, a la vista de todos en toda la tribu y en varias ciudades dentro y fuera del estado. Me detuvieron cuando quisieron porque realmente yo nunca me escondí ni puse resistencia. Me dijo el subprocurador que ellos sólo cumplían las órdenes del juez y que hasta ahí llegaba su responsabilidad.
Cuando se retiró en funcionario me llevaron al médico legista y de ahí me trasladaron al Cereso número dos, que se encuentra a las afueras de Hermosillo, lugar donde hasta hoy me han tratado bien y en donde por fin me han permitido ver a mis abogados y familiares. Desde que ingresé a este Cereso me han tratado con respeto, desde el comandante hasta los guardias. Todos se preguntan por qué me tienen aquí, dicen que yo no debería de estar aquí, que no es un procedimiento normal. Me ubicaron en el área de individuales, ala A, segundo piso, celda 6. En esta área todos están encerrados en sus celdas y sólo les permiten caminar unas horas cuando les abren las puertas por espacio de dos horas, creo…
Aquí de inmediato recibí la solidaridad y el apoyo de los internos. Me dijeron que escucharon la noticia de mi detención por radio y expresaron su indignación por el abuso del gobierno; inmediatamente me prestaron dos cobijas, un traste con comida que ellos tenían de reserva, un litro de agua buena, y me dijeron que no me preocupara, que ahí ellos me iban a proteger de los guardias. Aclararon que aunque ahí los trataban bien se turnarían para estar pendientes de mi. Sólo pasé un día y una noche con el apoyo y solidaridad de mis compañeros internos. Al siguiente día me cambiaron a un espacio alejado de los demás, según por mi propia seguridad y para que estuviera más a la mano, ya que estaría en constantes visitas y listo para cuando vinieran por mí a declarar. Desde que ingresé aquí no he salido para nada del Cereso. Me dijeron que me llevarían a declarar al juzgado pero ni eso, el juez y su secretario de actas vinieron a tomarme aquí la declaración preparatoria, acompañados de varios Ministerios Públicos y de mis abogados. Solicité la ampliación del término constitucional y me reservé el derecho a declarar.
El día lunes 15, mis abogados trajeron a declarar al Juzgado Tercero de lo penal a los testigos que yo presenté, aparte de las autoridades tradicionales, para hacer constar que yo no estuve en el lugar de los hechos y que yo no doy órdenes en mi tribu, al contrario, yo estoy bajo órdenes de mis autoridades y del pueblo. En esta diligencia yo no fui requerido, por lo que sólo estoy a la espera de lo que indiquen mis abogados.
Mis días aquí son muy tristes, me la llevo pensando en mis hijos, temo por su seguridad, siento que están muy expuestos. Por la tribu no me preocupo tanto, sé que no soy indispensable, ellos tienen grandes hombres y valientes mujeres que continuaran con la defensa del agua y el territorio, sólo estoy atento a que no se desvíe la atención de lo verdaderamente importante, que es la sobrevivencia misma de la tribu yaqui. Yo pienso que no debemos caer en el juego perverso del mal gobierno de enfocar la lucha por mi liberación y descuidar la lucha por el agua y territorio.
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Rabia y esperanza en Vícam
El encarcelamiento del vocero yaqui, Mario Luna Romero, infundió a los integrantes de la tribu mayores ganas de luchar. “Nadie puede decir que nuestra lucha es injusta”, señalan desde el bloqueo carretero.
Carolina Bedoya Monsalve/ enviada
Vícam, Sonora, 18 de septiembre de 2014. El ánimo de los yaquis es de esperanza y rabia, a pesar de la decepción que se percibió ayer, después de que se diera a conocer la noticia sobre el auto de formal prisión al vocero yaqui, Mario Luna Romero, por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de auto cometido por dos o más personas.
“La detención de Mario nos hace pensar que el gobierno quiere golpearnos a toda la tribu yaqui, pero con más ganas vamos a continuar luchando, para que el gobernador Guillermo Padrés Elías sepa que no vamos a decaer en nuestra lucha. A la vez que peleamos por la liberación de nuestro vocero, seguiremos por la cancelación del Acueducto Independencia”, declaró Rodrigo Gálvez Palma, parte de la tropa yaqui (como se llama a los integrantes de la comunidad que no son autoridades).
Los bloqueos en la carretera México-Nogales continuarán por tiempo indefinido, comunicaron miembros de la tribu yaqui y del Movimiento Ciudadano por el Agua, reunidos en esta población, cabecera de los ocho pueblos de la etnia. El cierre se dará de manera intermitente hasta que la tribu decida otras acciones no sólo por el auto de formal prisión contra su vocero, Mario Luna Romero, sino por la cancelación del Acueducto Independencia, que se llevará las aguas del río Yaqui a la capital sonorense, Hermosillo.
Vicam es un pueblo que en este momento tiene sus calles llenas de barro, porque no están acostumbradas a la lluvia. Al lado de la carretera federal, los yaquis en resistencia instalaron una cocina, en la que las mujeres asan las tortillas de trigo que alimentan a la tropa proveniente de los ocho pueblos que conforman a la tribu. Señalan que es creciente el número de los que se suman a la defensa del río, amenazado desde 2010 por la megaobra que pretende llevarse el agua que les pertenece por resolución presidencial, hacia la capital, Hermosillo, sede de importantes industrias consumidoras del vital líquido.
El 17 de septiembre, día en que se dictó al auto de formal prisión contra Luna Romero, secretario de la Autoridad Tradicional, se desarrolló un bloqueo carretero total durante once horas. A pesar de que la policía advirtió con anticipación, la fila de autos superó los tres kilómetros. El yaqui Rodrigo Gálvez Palma, que a pleno rayo de sol da el paso a los vehículos pequeños, con materiales peligrosos y autobuses escolares, informó que casi nunca ocurre un cierre por tantas horas, pero que la mayoría de los automovilistas les manifiestan apoyo.
“Ayer todos teníamos la esperanza de que a Mario lo iban a liberar, estábamos convencidos por las pruebas que el abogado presentó, en las que queda claro que él no se encontraba en el lugar donde ocurrió el supuesto secuestro”, abundó Gálvez Palma.
La solidaridad se siente en la carretera y sus calles aledañas, expresó Gálvez Palma. Agregó que incluso la policía colabora cuando algún carro intenta cruzarse de forma violenta. Mario Luna también siente solidaridad en el penal y es que, de acuerdo con Rodrigo Gálvez, nadie puede decir que la lucha de los yaquis es injusta.
Actualmente la tribu yaqui vive condiciones económicas difíciles. Muchas de sus cosechas se secaron debido a la falta de un sistema hidráulico que les permita regar sus cultivos; algunos recurren a las aguas negras, incluso para alimentar a los animales y no dejarlos morir de deshidratación.
A pesar del duro panorama, la solidaridad no se acaba. Las mujeres yaquis, entre risa y risa siguen alimentando a la gente, con tortillas y caldos de chile. La dueña de la lonchería Primavera le da de comer a las personas que vienen de afuera, mientras un hotel proporciona el hospedaje, y un profesor la hace de chofer. Esto es parte del tejido social que no ha logrado romper ni la palabra de un juez ni las acciones del gobernador.
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Policía Federal hostiga a yaquis en Vícam
La presencia de la policía en la carretera y los hombres vestidos de civil que merodean la casa de Mario Luna y otros yaquis no amilanan a la tribu, que se reunió para decidir sus próximos pasos.
Carolina Bedoya Monsalve/ Enviada
Vicam, Sonora, 19 de septiembre de 2014. Los hostigamientos en Vicam no se hicieron esperar. Apenas tres días después del auto de formal prisión contra Mario Luna Romero, vocero de la tribu, la Policía Federal apareció sobre la carretera federal 15 para fotografiar a los yaquis que realizan el bloqueo de la vía. Los elementos federales huyeron al recibir un llamado de atención de los yoeme. El acoso se produce justo unas horas después de la reunión de yaquis de los ocho pueblos tradicionales para decidir sobre sus próximas acciones.
La noche anterior, un auto con hombres vestidos de civil se apostó frente a la casa de la familia de Luna Romero. El secretario de la autoridad tradicional advirtió anteriormente, en entrevista con la periodista Gloria Muñoz Ramírez para el diario La Jornada, que responsabiliza directamente al gobernador Guillermo Padrés Elías de cualquier cosa que pueda suceder a sus parientes.
En la noche, en una reunión de autoridades tradicionales y yaquis de los ocho pueblos de la tribu, se decidieron las acciones que seguirán para lograr la libertad de su vocero y la cancelación del Acueducto Independencia, que desde 2010 amenaza con llevarse la poca agua que les queda. Se escucharon voces de coraje e indignación, y se denunciaron los daños ocasionados en la tribu por la detención de su vocero y la campaña de miedo, que continúa con las órdenes de aprehensión contra algunos indígenas, entre ellos Tomás Rojo.
La primera decisión de los yaquis fue que el caso de Luna Romero se llevará a instancias federales, dada la tensión política que hay en el estado de Sonora y la clara parcialidad del juzgado III, que dictó el auto de formal prisión por privación ilegal de la libertad y robo de auto cometido por dos o más personas con solamente testigos de oídas como pruebas.
En las calles de Vicam –que después de las lluvia, volvieron a su aspecto polvoriento habitual-, la presencia de civiles preguntando por algunos miembros de la tribu genera inquietud entre la gente. A pesar de este ambiente de incertidumbre, los yaquis transmiten tranquilidad porque, a decir de uno de ellos que no quiere proporcionar su nombre, “no debemos nada, no tenemos que esconder nada y mucho debemos tener miedo”.
El Acueducto Independencia, promovido por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías –quien fue denunciado en días recientes por poseer una presa ilegal en uno de sus ranchos- es parte del programa Sonora Sistema Integral. A pesar de que los yaquis ganaron todos los recursos legales que interpusieron contra la obra, ésta se encuentra terminada casi en su totalidad, con dos de las cuatro bombas hidráulicas en funcionamiento. Los ocho amparos ganados, que legalmente llevan a la cancelación del Acueducto que abastecería a empresas instaladas en Hermosillo, no evitaron la amenaza al agonizante río Yaqui, parte fundamental de la cosmogonía y vida de la nación yoreme.
Un recurso legal ganado por los yaquis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (contra el Manifiesto de Impacto Ambiental presentado para edificar el acueducto) obligó al gobierno a emprender una consulta a la tribu; el proceso se detuvo por la aprehensión del vocero Luna Romero. Juan Domingo Molina, asesor técnico de la tribu, denuncia que “nada de lo que se exige en tratados internacionales se ha cumplido, los manifiestos ambientales no señalan nada de los daños irreparables que ya tenemos y los futuros. Nos quedamos ahora en la etapa informativa de la consulta y claramente está muy parcial”.
En un reportaje publicado en Desinformémonos, Enriqueta Lerma explica que el río Yaqui no sólo tiene una significación mítica, sino también histórica pues representa el eje de ordenamiento territorial tradicional. Por siglos, sus ocho pueblos ancestrales: Belem, Huirivis, Rahum, Potam, Vícam, Tórim, Bacum y Cócorit, se asentaron en su margen, cambiando el lugar según su creciente y desviación. Ahora deben de improvisar sus rituales en el río cuando éste se encuentra seco, que es la mayor parte del año. Por eso, los yoeme –que sobrevivieron a guerras, revoluciones y dictaduras-, aseguran que están dispuestos a luchar con sudor y sangre para que no se seque el río que les dio la vida.
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Desprecio, ilegalidad y una negociación política, detrás de la detención de líder yaqui
Además del despojo y el racismo, la pelea del multimillonario Germán Larrea y el gobernador de Sonora contra Enrique Peña Nieto es parte fundamental de la detención de Mario Luna, coinciden analistas.
Adazahira Chávez Pérez
México, DF. La movilización de los yaquis “tiene que escalar” ante la detención de su autoridad Mario Luna Romero, advierte el vocero de la tribu, Tomás Rojo, quien también cuenta con orden de aprehensión. El auto de formal prisión contra Luna muestra “la degradación del Estado y del derecho”, afirma el abogado especialista en derechos colectivos, Francisco López Bárcenas. Y es que las cárceles en México se están llenando de indígenas que defienden el territorio, sostiene Luis Hernández Navarro, analista político y director de opinión del diario La Jornada, quien sostiene que detrás de todo está un conflicto entre Enrique Peña Nieto por un lado, y el empresario Germán Larrea y el gobernador Guillermo Padrés por el otro.
Lo que vemos es el secuestro, por parte del Estado, de una autoridad de la tribu yaqui, aclara desde Sonora el intelectual mixteco López Bárcenas. “Esto se ve en todo el país. Hace dos años, en San Luis Acatlán (Guerrero), la policía detuvo a un comandante de la comunitaria por haber detenido a una persona que cometió un ilícito. La Policía Comunitaria detuvo a su vez al juez, pues de acuerdo con su derecho, él era quien secuestró al comandante”, ejemplifica.
Luis Hernández Navarro, autor de Hermanos en armas, guardias comunitarias y autodefensas, establece que las cárceles de México se están llenando de indígenas defensores del territorio, como los autodefensas y guardias comunitarios de Michoacán y Guerrero, y los dirigentes sociales de Puebla y Tlaxcala que se oponen al gasoducto. “Las comunidades indígenas enfrentan una ofensiva de grandes empresas mineras y proyectos de infraestructura sobre sus territorios”, valora. En medio de esta “ofensiva de despojo y devastación ambiental”, surge un “ecologismo de los pobres, cuya columna vertebral son los pueblos indígenas, y sobre ellos se ceba la represión”.
En entrevista con Desinformémonos, Rojo señala que por su territorio no pasa solamente la carretera, sino un ferrocarril, fibra óptica, un oleoducto y un gasoducto, y “los ancianos y nuestras autoridades serán quienes tomen la decisión de qué acciones son más efectivas” para detener la agresión contra su pueblo. Los indígenas “no debemos renunciar a la legalidad y todavía hay recursos que se pueden interponer y no caer en la lógica de provocación del Estado”, indica López Bárcenas, que puntualiza que sin embargo, “los pueblos tienen derecho a la legítima defensa”.
Los yaquis, que luchan para que el Acueducto Independencia (obra promovida por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías) no se lleve el agua de su río, han ganado todos los recursos legales interpuestos contra la obra. El gobierno se vio obligado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a implementar una consulta sobre el acueducto a la tribu, pero –advierte Tomás Rojo- el proceso se verá afectado por la detención de Luna Romero, a quien se le imputan los cargos de privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas, a causa del procesamiento bajo la ley indígena de Francisco Romo Delgado, señalado por los yaquis como operador interno del gobernador.
Yaquis, moneda de cambio entre poderes
Luis Hernández Navarro considera que la detención de Mario Luna es un clásico ejemplo de cómo “se tuerce el cuello al cisne de la justicia; con tal de ejecutar una consigna política, se hace a un lado cualquier ejercicio correcto de la legislación”. El analista explica que el vocero yaqui es un preso político “y su caso se está usando para renegociar la relación entre el gobierno estatal y el federal, en el punto más álgido de su conflicto”.
López Bárcenas, quien fuera asesor de los zapatistas en los Diálogos de San Andrés, agrega que hay un elemento político en el encarcelamiento del yaqui, pues el gobierno estatal “quiere tapar todos los asuntos ilegales que se le descubrieron, como la llamada ‘Presa del Maleante’, la contaminación del río Sonora, sus problemas con el gobierno federal y hasta el asunto del incendio de la guardería ABC”. La intención es, de acuerdo con el abogado, usar la detención de Mario Luna como elemento de negociación.
Hernández Navarro explica que el gobernador Guillermo Padrés tiene la estrategia de escalar conflictos locales y abrir flancos para tratar de tapar su diferendo con el gobierno federal, que es doble: por una parte, el del presidente Enrique Peña Nieto con el multimillonario Germán Larrea, dueño de Grupo México (empresa responsable del reciente derrame tóxico en el río Sonora). “Larrea filtró en muchos medios que financió la campaña de Peña Nieto, y no está dispuesto a sujetarse a él”, detalla. Hay otro conflicto de carácter más general, pues Enrique Peña busca recomponer el presidencialismo mexicano dominando a los gobernadores que se le oponen, “y por otro lado prepara el terreno para el regreso total del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en las elecciones de 2015”, expone el experto.
Para los pueblos indígenas, considera Hernández Navarro, el mensaje es que el derecho no funciona para ellos cuando tienen la razón, y que pueden ser utilizados para dirimir otro tipo de conflictos a despecho de sus derechos históricos.
“Y si esto hace una minera”, remata el periodista, “¿quién va a poder poner en orden a las petroleras?”
Desprecio legal a los pueblos indios
Las autoridades tradicionales yaquis denunciaron, en comunicado del 18 de septiembre de 2014, que “el juez se conduce con desprecio y desdén por los usos y costumbres de la Nación Yoreme, y parecen ignorar que quien dio la orden (de detener a Francisco Romo Delgado, hecho que se le imputa a Mario Luna como privación ilegal de la libertad) fue el Gobernador Tradicional de Vicam”.
El Gobernador, el Capitán y el Comandante de Vicam se responsabilizaron de la detención y castigo de Francisco Romo Delgado, tanto en conferencia de prensa realizada en Hermosillo como ante el juzgado que lleva el caso. Sin embargo, se dictó el auto de formal prisión contra el vocero, con lo que se violan los artículos constitucionales primero (que establece que los tratados de derechos humanos forman parte de la Carta Magna) y segundo (por el que se reconoce la facultad a los pueblos indígenas de aplicar justicia de acuerdo al derecho propio, expone López Bárcenas. “Además, el artículo primero ordena a los jueces que, en caso de que haya varias interpretaciones de la ley, utilicen la que favorece a la persona”, agrega el letrado.
Lo primero que hay que hacer, considera López Bárcenas, especialista también en temas de megaproyectos, es aclararle a la opinión pública “que Mario no es un delincuente, y que las autoridades yaquis realizaron el acto en función de su derecho”. Además, “hay que organizarse para protestar y exigir el respeto a las leyes”, finaliza.
Para resolver el conflicto, sostiene Hernández Navarro, “debe quedar claro que el uso del agua del río Yaqui no está destinado a resolver los problemas de líquido para los habitantes pobres de Hermosillo”. Es necesario exponer que se trata de un absurdo del sistema económico, que requiere que se dote de millones de litros de agua diariamente a industrias instaladas en el semidesierto, puntualiza. “Hace falta que la lucha de los yaquis se convierta en la lucha de la sociedad en su conjunto contra este modelo económico atroz”, resume.
Tomás Rojo apela al acuerdo que 38 pueblos indígenas y 40 organizaciones de América tuvieron durante el Encuentro Intercontinental que alojó Vícam en el año 2007: “que cualquier agresión es contra todos y se debe reaccionar en consecuencia”, clama.
La Cámara de Senadores demandó la liberación del detenido y el cese de la escalada represiva, lo que “es un hecho inusitado. Los priistas están acusando al gobierno de cosas que ellos mismos hacen en otros estados, y eso hay que destacarlo”, señaló Hernández Navarro.
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Indignación entre los pueblos indígenas por el encarcelamiento de Mario Luna, de la tribu yaqui
Comunidades pertenecientes al Congreso Nacional Indígena advierten que tomarán medidas ante la “injusticia” cometida contra la autoridad tradicional de los yoeme.
Adazahira Chávez Pérez
Hermosillo, Sonora, y México, Distrito Federal. Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) se reunirán próximamente para tomar medidas colectivas sobre el encarcelamiento de Mario Luna, autoridad y vocero de la tribu yaqui, detenido el pasado 11 de septiembre en Ciudad Obregón, Sonora.
“Vamos a tener varias reuniones y encuentros, en las que definiremos el apoyo a Mario, porque de manera aislada es difícil decidirlo. No olvidaremos lo que dijo él mismo en entrevista: no caeremos en la estrategia del gobierno de desviar la lucha contra el Acueducto Independencia por la de su libertad: irán juntas”, advirtió Carlos González, participante del CNI de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco.
Nicolás Flores Lugardo, nahua de Ostula, comunidad ubicada en el litoral del Pacifico michoacano en la que se levantaron por la recuperación de sus tierras, afirmó que difundirán la información del encarcelamiento de Mario Luna en sus comunidades, pues él “vino a apoyarnos en una ocasión y tenemos que ver el modo de apoyarlo también”.
Por su parte, Salvador Campanur, de la combativa comunidad de Cherán, ubicada en la meseta purhépecha, también integrante del CNI, advirtió que el auto de formal prisión es una injusticia y un mensaje grave hacia los pueblos indígenas de México. “El mal gobierno actúa contra todo lo que se mueve para defender el territorio indígena”, señaló.
“Desde siempre nos han querido exterminar y lo único que pedimos es que nos dejen en paz. Somos una nación con una cultura propia y como tal nos vamos a defender. Estamos en un momento muy difícil, pero sabemos que tenemos que seguir adelante porque tenemos la verdad”, expresó Guadalupe Olea Sombras, ex gobernador del pueblo de Vícam.
Juan Dionisio, comunero hñähñú de San Pedro Atlapulco, Estado de México, lugar donde defienden sus bosques y luchan contra la construcción de una carretera que destruirá su territorio, consideró que la detención de Mario Luna significa “uno de los golpes más fuertes que se puede dar a nuestra resistencia y nuestra lucha por la tierra”. Recordó que la nación yaqui es uno de los pueblos más castigados por el poder desde Porfirio Díaz, y “lo que pasa con Mario no es más que una muestra de que esta dictadura nunca se fue”. El entrevistado indicó que esto demuestra que las leyes mexicanas son una burla, “fueron cambiadas por neoliberales traidores para su beneficio y no las reconocemos”.
Benito Ramos, abogado defensor de Mario Luna Romero –quien ostenta el cargo de secretario de la autoridad tradicional, a la vez vocero y enlace con los yoris (mestizos)-, afirmó que la resolución, dictada por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas –debido a que la guardia tradicional yaqui castigó al acusador durante uno de los bloqueos en defensa del río-, es carente de derecho y tiene un tinte político “del tamaño del mundo”.
La intención del auto de formal prisión es, además de amedrentar, distraer de la lucha de fondo para derivarla a la demanda de la libertad del vocero yaqui, valoró Citlalli Hernández, integrante de la Misión Civil de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui, instancia civil conformada por organizaciones de derechos humanos. “Es triste ver cómo el poder judicial se subordina al interés político de un grupo gobernante”, manifestó la activista.
La tribu libra una batalla en defensa de las aguas del Río Yaqui al menos desde 2010, cuando el gobierno estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías anunció la construcción del Acueducto Independencia, que se llevará las aguas que pertenecen a la tribu por resolución presidencial de Lázaro Cárdenas. La megaobra, con una longitud de 175 kilómetros, se llevaría un volumen de 75 millones de metros cúbicos de agua de un territorio que ya padece sed, hacia Hermosillo, capital de Sonora, para alimentar a las industrias, de acuerdo con denuncias públicas de los integrantes de la etnia y del Movimiento Ciudadano por el Agua.
Los yaquis han ganado todos los recursos jurídicos interpuestos contra la construcción del acueducto, y el gobierno fue obligado por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a iniciar un proceso de consulta al pueblo indígena. Mario Luna es una de las caras más visibles de la resistencia yaqui al despojo de su agua por su papel de vocero.
Unos minutos después de conocerse la resolución que mantendrá al vocero yaqui en prisión durante su juicio, el defensor Ramos explicó a Desinformémonos que en esta etapa del proceso se deben ofrecer pruebas. Aunque la defensa proporcionó tres testimonios “uniformes y contundentes” que demuestran que Luna Romero no estaba ni en el momento ni en el lugar de los hechos, el juez tercero de lo penal, Manuel Octavio Palafox, “simplemente los desvalorizó” y de forma “ilegal” dictó la resolución con los mismos indicios con los que se emitió la orden de aprehensión, describió el abogado. Además, ignoró el derecho de la etnia a aplicar sus usos y costumbres, agregó.
“Se ve metida la mano del gobernador para perjudicar a Mario”, afirmó su abogado. “La orden de captura estaba desde hace un año, y curiosamente hasta ahora, con toda la situación que enfrenta el gobierno estatal –derrames tóxicos en ríos por parte de Grupo México y el descubrimiento de una presa ilegal propiedad del gobernador Guillermo Padrés Elías-, se ejecutó. Podríamos pensar que es un distractor, que pasa por encima de los derechos fundamentales de todo ciudadano”.
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Más yaquis se suman a la defensa del río y de Mario Luna, su secretario
La lucha contra el Acueducto Independencia seguirá aún con el vocero yaqui en la cárcel, pues “es todo un pueblo el que será afectado”, advierten desde Vicam.
Carolina Bedoya Monsalve/ enviada
Vicam, Sonora. En las lodosas calles de este pueblo yaqui, epicentro de la lucha contra el Acueducto Independencia, los habitantes manifiestan admiración por su detenido secretario, Mario Luna Romero, y califican de “injusticia” su reclusión. Sin embargo, advierte su propio hermano, Lino Luna, “nosotros vamos a seguir esta lucha con Mario afuera o adentro, porque es todo un pueblo que será afectado por el acueducto”. Su madre, padre y hermanos hacen presencia en los bloqueos para oponerse al Acueducto Independencia, que terminará de secar el río Yaqui, que desde hace casi veinte años palidece por las tres presas construidas, una río arriba y dos abajo.
Una semana después de la aprehensión de Luna Romero en una carretera en Ciudad Obregón, resume su esposa Reina Lourdes Anguamea Buitimea, existe un sentimiento de rabia e indignación entre la población yaqui. Sin embargo, desde el Centro de Readaptación Social número dos, el vocero yaqui pide a su familia que no se sienta derrotada, pues las pruebas que tiene el gobierno en su contra son muy débiles y no las podrán sostener por mucho tiempo, informa su mujer.
La detención del secretario de la autoridad tradicional logró, sin embargo, que más gente se una a la lucha, relatan desde Vicam, con lo que la organización se fortaleció. Las mujeres cocinan y tiene presencia en los bloqueos; algunos voluntarios transportan a los medios de comunicación que viene a informar sobre la problemática de la tribu, y muchos otros prestan la seguridad porque todo el pueblo es tropa. Desde la escuela, a los niños y niñas les enseñan que siempre hay que estar listos para defender el territorio.
Mario Luna Romero, hoy de 42 años de edad, empezó desde muy pequeño en la lucha social, recuerdan sus familiares. Fue el segundo de ocho hijos de una familia humilde de Vicam, informa su hermano Juan Luna Esquer. “A él le gustó estudiar desde chiquito, y todos hicimos en esfuerzo para que pudiera entrar a la escuela”, recuerda.
Fue en la secundaria cuando Luna Romero tuvo su primera experiencia de organización. Su esposa relata que comenzó a pelear para que el gobierno le diera becas a los jóvenes preparatorianos, primero a los de Vicam y después a los habitantes de los otros siete pueblos que conforman a la tribu.
Los jóvenes becados empezaron a organizarse contra los patronatos, y el gobierno les quitó la beca, con el objetivo de dividir a la población organizada a cambio de devolvérselas. Lourdes Anguamea señala que al gobierno no le gusta que los jóvenes vayan a la escuela, pues comenzarán a organizarse, “y ellos le temen mucho a eso”.
Hace cerca de diez años, Mario Luna fue nombrado secretario y vocero de la tribu. “El escuchaba e intentaba buscar una solución a los problemas de la gente, desde los rentistas y sus cobros altos, hasta los problemas con los cultivos”, refiere su esposa. Su cargo se trata de transmitir el sentir del pueblo, explica. Fue en este trabajo que Luna Romero se hizo más conocido, al volverse uno de los rostros más conocidos de la oposición al Acueducto Independencia, promovido desde 2010 por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías.
Reina Lourdes Anguamea indica que, de alguna manera, Luna Romero ya se esperaba el auto de formal prisión antes de que se hiciera el anuncio desde el juzgado tercero, pues “sabe que el gobernador no va a dejar el tema tan fácil, porque si le daban la libertad, le darían más fuerza y por ahora le conviene al gobierno dejarlo adentro”. Afortunadamente, expresa su esposa, la detención fue una razón más para que el pueblo se uniera “para defender lo que por historia nos pertenece”.
Los yaquis extraen esperanza del panorama. “Al gobernador le queda poco tiempo de mandato y pronto se le podrá hacer un juicio por todo lo que ha hecho”, finaliza Reina Anguamea.
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“El río nos hace mucha falta”: mujeres yaquis
Para los yoeme, el agua del río Yaqui es vida y fundamento de su cultura. “Queremos que vuelva a tener agua, para que nos regrese todo lo que teníamos”, claman.
Carolina Bedoya Monsalve/ Enviada
Escuche el podcast: http://desinformemonos.org/Audios/mujeresyaquis.mp3
Vicam, Sonora. Los abuelos relatan que los yaquis nacieron del agua; su cultura nace alrededor del río Yaqui, como lo hacen el álamo, el mezquite y el carrizo. Hace más de veinte años, el caudal se empezó a secar a causa de las presas y los malos manejos que robaron el recurso.
“Un día abrimos los ojos y ya no se veía el verde de antes, las flores que cortábamos de niños, los mezquites que crecían a las orillas del río, ni escuchamos el ruido de los animales. Ahora vemos los álamos a lo lejos, pero secos; ya no escuchamos al viento correr entre las hojas, que nos daba tranquilidad”, refiere una mujer, apenas cercana a los 40 años.
Los integrantes de la tribu antes convivían debajo de los árboles que crecen al lado del río; ahora ya no se encuentra una sombra dónde sentarse. “ El agua ahora la vemos en un vaso o en una presa. Se llevaron lo nuestro y sin embargo, los jóvenes siguen conservando la identidad yaqui”, narra la yaqui.
Las fiestas de San Juan son uno de los rituales más importantes para los yaquis y se realizan en el río; en estos tiempos, la tribu llena con tanques de agua unas zanjas al lado del río y allí hacen sus ceremonias, con tal de no perder sus tradiciones y seguir transmitiéndolas a sus hijos.
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“El gobierno necesita construir la imagen de que estamos agarrados del chongo y eso no es cierto”: Tribu Yaqui
En los medios locales se habla de la división de la tribu, pero “lo real es que este proceso de lucha aglutinó a todas las tropas de la tribu y generó a un consenso en cuanto a la defensa del territorio y el rechazo al Acueducto Independencia”.
Gloria Muñoz Ramírez
Vícam, Sonora. En la ruta por la restitución de sus derechos, la tribu yaqui ha ganado todas las batallas jurídicas y políticas contra la construcción y ahora funcionamiento del Acueducto Independencia, obra con la que el gobierno de Guillermo Padrés Elías pretende arrebatarles el agua que les pertenece. Cada milímetro de esta lucha emprendida desde 2010 lo han ganado con organización y perseverancia, a pesar de la persecución a sus autoridades y de los mecanismos empleados por el Estado para dividir la decisión de los pueblos.
En este momento, explica Juan Domingo Molina Valencia, representante de la Comisión Técnica de la tribu yaqui, continúa la organización de la Consulta a sus pueblos, proceso ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 8 de mayo de 2013, en el que definirán con un “sí” o con un “no”, la operación del Acueducto Independencia, obra marcada desde su licitación con un sinfín de irregularidades, con la que el gobierno del estado de Sonora pretende transvasar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la ciudad de Hermosillo.
Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales de Vícam, explica en entrevista con Desinformémonos que durante todo el proceso de lucha contra el Acueducto, el gobierno ha empleado una serie de artimañas para intentar dividirlos, pero, asegura, no lo han logrado. El gobierno del estado, señala, ha querido inmiscuirse en la Consulta decidiendo “a quién consultar”. Incluso, afirma, “han habido intentos de que no se nos consulte a nosotros, cuando nosotros somos los que ganamos el amparo, que porque, dicen, no somos la autoridad. Pero aquí la autoridad yaqui está bien conformada, tiene una estructura propia, y tiene un historial que puede ser validable dentro de un peritaje antropológico”.
Lo que los yaquis consideran una de las intervenciones más fuertes del gobierno, indica Luna, “es el intento de legitimar autoridades que no están en el ánimo de la gente, que no tienen una estructura formal y se las inventan; son grupos que han estado al servicio del gobierno en turno y se materializan en las asambleas que hacen”.
La tribu yaqui es históricamente combativa. Son ocho pueblos guerreros con una estructura militar que sería el antecedente más primero de lo que hoy se conocen como autodefensas. Aquí, a partir de la defensa del río Yaqui, “se armó un bloque muy fuerte de cinco pueblos, Vícam, Pótam, Belem y Loma de Guamuchil y Loma de Bácum, para contrarrestar la falsa percepción de división que quería crear el gobierno”. Sin embargo, refiere el entrevistado, “a pesar de que el gobierno no debería de intervenir en la Consulta, creó una lista de ‘autoridades duales’, un término que no existe, y que aquí no es aceptado”. La estrategia gubernamental es la misma que en el resto de los pueblos indígenas en los que se quiere imponer un megaproyecto. Explica Mario Luna: “Ellos intentan dividir a la gente entre los que son beneficiados por los programas gubernamentales y los que no tienen acceso por la situación de rebeldía en la que nos encontramos”. Por ejemplo, dice, hubo un recorte de jóvenes asesores de la tribu que daban asesoría técnica en agricultura, ganadería, pesca y promotores de programas sociales y culturales. Dieron de baja a todos los elementos que estaban al servicio de la Guardia Tradicional, que ellos no reconocían o les resultaban incómodos, como 30 asesores”.
El gobierno castiga la rebeldía de la tribu yaqui limitando la inversión en proyectos productivos, en vivienda y obra pública “dentro de los pueblos que defienden el agua”. Y lo peor, acusa Luna, “fue que el año pasado se cancelaron totalmente las becas educativas de cuatro meses como medida de presión. En enero reactivaron los programas por la presión, pero no regresaron lo que debían. Y no a todos les dan, a los que seguimos en la rebeldía no, fueron muy selectivos. Quitaron mil 700 becas en total”.
Paralelamente al recorte de presupuesto para la tribu, y a la selección de las personas o grupos a los que se apoya, el gobierno está criminalizando la protesta y persiguiendo a los representantes visibles del movimiento, como al propio Mario Luna, a Tomás Rojo, Fernando Jiménez y Gerónimo Flores, a quienes les fabricaron el delito de secuestro “que es un delito federal, aunque luego lo bajaron a privación ilegal de la libertad, con el fin de que el gobierno de Sonora pueda tener el control en el fuero común y quede en manos de la policía estatal”. El caso en cuestión, señalan las autoridades de Vícam, “es totalmente falso, pues se trata de un asunto en el que se aplicó la ley tradicional que faculta la Constitución y los tratados internacionales”.
“Por primera vez la tribu inicia una acción legal y utiliza la vía institucional para la defensa del territorio y nos llaman criminales. En la concepción de ellos ni siquiera tendríamos esa posibilidad”, afirma el secretario de Vícam. La obra del Acueducto Independencia representa para los yaquis, “una condena de muerte como pueblo”. Con una longitud de 145 kilómetros, se llevaría un volumen de 75 millones de metros cúbicos de agua de un territorio que ya padece sed, hacia Hermosillo, capital de Sonora, donde no se necesita para el consumo humano, como dice la campaña de Padrés, sino para el abastecimiento de empresas como la Coca Cola. Sólo que olvidan que lo yaquis no son concesionarios, sino titulares de al menos el 50 por ciento de esa agua. Y por eso la resistencia.
El gobierno de Sonora no se da por vencido, por lo que los yaquis están reaccionando a su intervención en las decisiones internas “con un cambio de estrategia”. Luna refiere que empezaron ya a utilizar “mecanismos de seguridad dentro de las propias comunidades, como por ejemplo, echar abajo el argumento principal del gobierno, que es la relación con la tribu. Ellos hablaban de gobierno a gobierno, lo que quiere decir que únicamente existía una relación entre la gente del gobierno del estado y las autoridades tradicionales que representan formalmente al pueblo. Sin embargo, los que conocemos de la vida institucional del pueblo, sabemos que no es así. Una cosa es que ellos sean representantes legales y otra es que ellos, por si solos, representen el sentir del pueblo, pues ése se da en las asambleas, por consenso y no por decisiones ejecutivas de cinco firmantes. Lo que ocurrió es que las tropas de las tribus se rebelaron contra sus autoridades tradicionales y dijeron ‘aquí tus decisiones no valen si no están consensadas por las tropas de cada pueblo’”. Lo que está en juego, advierte Mario, “es la vida misma de la tribu yaqui.
El desconocimiento de sus autoridades ocurrió en varios de los pueblos entregados totalmente al sistema impuesto por el gobierno del estado. Refiere Luna que, por ejemplo, en Loma de Guamuchil, que era el centro de operación al que llegaba el gobernador, donde hacían reuniones y “repartían un montón de despensas, proyectos y dinero, la población local se cansó y dijo ‘hasta aquí’, los desconocieron en un proceso interno y cambiaron a todos. El gobierno del estado no lo asimila todavía. También pasó en Belem, y en menor grado en Tórim y Huirivis”.
Ahora, refieren desde Vícam, “el gobierno ya no tiene tanta incidencia en las autoridades tradicionales, porque no le vale cooptar a una autoridad tradicional o a un votante, cuando no se genera consenso en la asamblea. Y las autoridades tradicionales tampoco se atreverían a firmar con el antecedente que ya existe”.
La estrategia más reciente del gobernador Padrés Elías, fue el anuncio de que la Consulta a los yaquis ya había iniciado en tres pueblos (Tórim y Rahúm), donde, afirma Luna, “el gobernador tiene bastante manipuladas a las autoridades de estos pueblos, pero a las tropas no”. Hay que tomar en cuenta, advierte, “que el gobernador tiene un sistema de control muy fuerte sobre los medios de comunicación en Sonora y no hay una prensa libre que se atreva a contradecirlo, pues los pocos que lo han hecho han sufrido mucho.”
“Nosotros creemos que detrás de esta declaración, el gobierno estatal tiene la impresión de que el gobierno federal antepondrá el criterio de la inversión pública que ya está en el acueducto, para imponer el criterio de que es un hecho consumado y que ‘palo dado ni dios lo quita’; en ese sentido, quieren dar la impresión de que una parte del pueblo yaqui está dispuesta a negociar, lo que es totalmente falso, pues esos pueblos que faltan por incorporarse no se han podido reunir, ni establecer una asamblea y mucho menos generar un consenso”, señala la autoridad de Vícam, el más grande de los ocho pueblos y cabecera de la tribu.
En los medios locales se habla de la división de la tribu, pero, confirman Mario y Juan Domingo, “lo real es que este proceso de lucha aglutinó a todas las tropas de la tribu y generó a un consenso en cuanto a la defensa del territorio y el rechazo al proyecto. Esto es lo que se manifiesta en todas las reuniones”.
La resistencia al Acueducto Independencia se inició en Vícam, que por su condición de cabecera puede representar a todos los pueblos. “Hay un principio en la tribu y es que si tu pueblo no te representa, tienes la posibilidad de representarte en la principal cabecera o en la segunda”, explican los yaquis, y esto, dice, “ha legitimado la lucha al interior de la tribu”, al grado de que se han logrado reunir hasta cinco mil tropas, lo que habla de su capacidad de movilización. El gobierno, reitera Mario Luna, “necesita construir la imagen de que nosotros estamos agarrados del chongo y eso cierto”.
23 junio del 2014
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La tribu yaqui con la ley a su favor y el gobierno en contra
Alejandro Olea, encargado de la defensa jurídica de la cuenca del río Yaqui, detalla los pormenores de un proceso entablado desde el 2010 contra el Acueducto Independencia, obra cuyo proceso de construcción ha estado plagado de irregularidades.
Gloria Muñoz Ramírez
Ciudad Obregón, Sonora. Se han ganado todas las batallas jurídicas contra el Acueducto Independencia, obra con la que el gobierno de Sonora pretende desviar el agua del Río Yaqui a Hermosillo, capital del estado. La tribu yaqui y los productores del valle Yaqui han entablado juicios desde el 2010, todos con sentencias a favor de ellos, pero las autoridades estatales, en complicidad con las federales, simplemente no cumplen lo dispuesto. En estos momentos, las obras del Acueducto, construido de manera legal en un 70 por ciento, continúan, al igual que su funcionamiento. Pero ya no hay más: la obra tiene que suspenderse inmediatamente, de acuerdo al reciente fallo del Juzgado Octavo de Distrito.
Alejandro Olea, asesor jurídico de la tribu yaqui y de los productores del valle, encargado de la defensa jurídica de la cuenca del río Yaqui, detalla los pormenores de un proceso entablado desde el 2010 contra un acueducto que, como se ha demostrado, no se necesita para llevar agua para el consumo humano de Hermosillo, como lo declara el gobernador Guillermo Padrés Elías, sino para las grandes empresas que ahí se alojan.
Entrevistado en esta ciudad, luego de la resolución de Juzgado Octavo, Olea insiste en que la suspensión tiene que ser inmediata, mientras se resuelve la legitimidad de los títulos de asignación otorgados al municipio de Hermosillo
¿En qué momento empieza la lucha jurídica contra la construcción del Acueducto Independencia?
En enero del 2010, personal técnico del Distrito de Riego de Ciudad Obregón, asesores de productores agrícolas del Valle de Yaqui, miembros de la comunidad como jóvenes y amas de casa, trataron de hacer ver al gobierno del estado de Sonora que la construcción del acueducto representaba una grave afectación para todo el valle, para su desarrollo, para su bienestar, para todos los usos doméstico, agrícola e industrial, pero no fueron escuchados.
Se plantearon alternativas como reciclar agua residual, reparar la red de distribución, la desalación de pozos salobres y la desalación de agua de mar, entre otras muchas alternativas, pero no fueron escuchados a pesar de que son viables todas las propuestas para solucionar la escasez de agua en Hermosillo.
El gobierno ha difundido la falsedad de que a Hermosillo le hace falta agua para el consumo humano. Pero la realidad es que no falta agua para la gente, sino para la agricultura y el desarrollo económico. En la agricultura utilizan aproximadamente 700 u 800 metros cúbicos cada año y la ciudad necesita cien. Entonces, luego de que los afectados agotaron las alternativas y no hubo compresión sino imposición por parte del gobierno del estado, en complicidad con el gobierno federal. se tuvo que recurrir a las vías legales.
En el 2010 se interpusieron varios amparos, principalmente contra los títulos de asignación de aguas nacionales que otorgó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la Comisión Estatal del Agua. Se combatieron también el proceso de licitación del acueducto, sus consecuencias, la operación y todo lo que implica.
En dos de los juicios que se promovieron en el 2010, se concedió la suspensión provisional para que no se dictara el fallo de la licitación, no se adjudicara la obra y mucho menos iniciara su construcción; pero se violó esa suspensión. El director del Fondo de Operación de Obras “Sonora Sí”, Enrique Martínez Preciado, cometió desacato, confirmado por el Tribunal Colegiado, y ahora está condenado penalmente por ese delito.
Lo que ocurre es que se viola la suspensión, se adjudica la obra, se celebran los contratos de obra e inicia la construcción, en ese momento sin siquiera la autorización de impacto ambiental.
Paralelamente, también en 2010, la tribu yaqui promueve un juicio agrario, obtienen una medida cautelar y tampoco se respeta. En el 2011 la tribu promueve el primer juicio de amparo contra la autorización de impacto ambiental, porque no los consultaron como lo exigen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la protección de los pueblos indígenas, que establece que cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar a una comunidad indígena debe hacerse una consulta, con requisitos que deben cumplirse, como que sea culturalmente adecuada, en su idioma, conforme a sus tradiciones, respetando sus modos de tomar decisiones. Nada de esto se hizo y por eso se ganó el amparo en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena que se lleve a cabo el proceso de consulta, señalando que si se advertía un daño irreparable debería detenerse la operación del Acueducto Independencia.
Además de ese triunfo de los yaqui, la obra se inicia violando la suspensión del 2010, por lo que podemos concluir que cada tubo de ese acueducto, cada tornillo, cada motor se instaló en violación a suspensiones dictadas en los juicios de amparo. Es sumamente incongruente que la autoridad, quién debe de velar por respetar el estado de derecho, sea la que impulse una obra pública que afecta al sur de Sonora y que viola la ley y las órdenes judiciales.
¿Cuál es el camino jurídico que sigue la tribu yaqui?
En el 2011, como ya dijimos, los yaqui promueven un juicio de amparo que ganan. En el 2012 interponen otro amparo (y si llevamos la cuenta es el séptimo promovido por un ejido del valle del Yaqui, en este caso, el ejido Lázaro Cárdenas). Este juicio es contra los títulos de asignación de aguas nacionales, la autorización de impacto ambiental; y todo lo que tiene que ver con el proyecto del acueducto, su ejecución, su construcción, su puesta en operación, ahí se decretan suspensiones de plano en contra de las ejecuciones de estos actos.
Pero violando la suspensión se continúa la construcción del acueducto, se inicia su operación y hasta el momento se continúa con esta operación. Esto sucedió en el 2012, año en el que el municipio de Cájeme y San Ignacio Río Muerto promueven dos controversias constitucionales en contra de todos los actos relacionados con el acueducto. Estos dos juicios están por resolverse en la Suprema Corte.
En el 2014 se promueve un nuevo juicio de amparo, ya el octavo, por la tribu yaqui, en contra de los títulos de asignación de aguas nacionales, otorgados por la Comisión Nacional del Agua a la Comisión Estatal del Agua y en ese juicio se decreta la suspensión de plano. La característica especial que tiene esta suspensión es que de forma expresa dice que debe suspenderse la operación del acueducto, no deja lugar a dudas. Obviamente no consultaron a la tribu para emitir los títulos de asignación de aguas, una violación muy grave a los tratados internacionales, y por lo tanto es una violación de derechos humanos establecido en la Constitución. Por eso tiene un significado especial esta suspensión.
En este momento debe detenerse la operación del acueducto, mientras se resuelven las impugnaciones que se presenten. Pero desde que se da la notificación las autoridades cumplir inmediatamente.
¿Y en qué situación se encuentran los amparos promovidos por los productores del Valle Yaqui?
En diciembre del 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió a favor de los productores en dos juicios de amparo contra esos mismos títulos de asignación, señalando que se violó su garantía de audiencia. En estos momentos, la Conagua tiene que reponer un procedimiento para resolver de nueva cuenta si mantiene la validez de los títulos de asignación, si lo revoca o los modifica. El término para resolver el asunto era los primeros días de junio, pero la Conagua pidió una prórroga y se la dieron por tres meses, por lo que ahora tienen hasta los primeros días de septiembre. Probablemente resuelvan antes, y ojalá que sea así, pues están desde el 2010 y es mejor para todas las partes generar certeza jurídica.
En resumen ¿cuáles juicios están en proceso de cumplimiento de sentencia?
El juicio de amparo de los Yaquis contra la autorización de impacto ambiental y los dos juicios promovidos por productores agrícolas del valle del Yaqui en contra de los títulos de asignación de aguas nacionales, donde Conagua, al no acatar el amparo, tiene que emitir una nueva resolución respecto a la validez de sus títulos. Esto quiere decir que el resto de los juicios aún no llegan a sus últimas instancias. Ya se han resuelto en primera instancia otros tres juicios de amparo en contra de la licitación y construcción del acueducto, en los que se consideró que la construcción y operación era inconstitucional al violar la garantía de audiencia de los productores agrícolas, y que por lo tanto no podía continuar el acueducto.
La construcción no ha estado concluida totalmente. Existen obras que forman parte del proyecto y que aún no se han hecho, como el famoso Ramal Norte, el Ramal Sur, potabilizadores, tratadoras de agua residuales, etcétera. En este sentido, no puede ni debe continuarse con la construcción y operación, pero hay que esperar a ver qué se resuelve en las impugnaciones, ya sean el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte, si decide ejercer la facultad de atracción, como lo hizo en el amparo de los yaquis y de los productores agrícolas.
Como puede verse, no se han concluido todos los juicios- Y los que ya terminaron están en la etapa de ejecución de sentencia. Son amparos para efectos, hay que volver a tomar resoluciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por parte de la tribu Yaqui; y por parte de la Conagua, en el caso de los productores agrícolas.
Si ellos no cumplen, incurren en desacato y eso es un delito. El desacato a una orden judicial que concede la suspensión tiene dos consecuencias: una responsabilidad penal que debe perseguirse y castigarse. El juez está obligado a hacer cumplir la suspensión, independientemente de que se reclame y se persiga la responsabilidad penal. El juez tendría que empezar a hacer uso de los medios de apremio con los que cuenta, tales como multas, hasta llegar incluso al uso de la fuerza pública, si persiste la contumacia por parte de la autoridad responsable.
El gobierno ya incumplió porque no ha detenido la construcción del acueducto y ya está notificado. Bajo ese supuesto, consideramos que ya incurrió en desacato, porque tenemos entendido que el acueducto sigue operando.
¿Qué pasa cuando se gana todo jurídicamente y también en las calles, con el apoyo de la gente, y se sigue operando?
Me parece que el respeto al estado de derecho es selectivo. Hay casos en los que se cumple, pero hay otros que, sin entender las causas, se ve influencia de ciertos poderes políticos y económicos. El estado de derecho no se respeta en nuestro país en casos especiales, con intereses especiales y oscuros que puede haber detrás de esas obras públicas, donde existen desacatos a las órdenes del poder judicial, se rompen las divisiones de poderes y el respeto al estado de derecho.
Estamos convencidos de que si esta misma situación sucediera en otro país, donde hubiera pleno respeto al estado de derecho, esa obra no ni siquiera se hubiera adjudicado. Por lo mismo hay una denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados desde el 2011 contra Guillermo Padres, pero está congelada.
El equipo jurídico continuará puntualmente vigilando cada uno de los juicios hasta que lleguen a su fin. Nosotros pensábamos que a estas alturas ya no debería de haber conflicto jurídico, son cuatro años ya. Ha sido tal la rebeldía del gobierno del estado en complicidad con el federal, que esto ha llevado a un cúmulo de juicios nuevos, pero hay un gran avance. Puede ya ser algo breve que se solucione en los próximos meses, o puede ser algo que se prolongue.
30 junio del 2014
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“Nos quieren condenar a desaparecer”: Mario Luna desde la cárcel
En entrevista con medios libres, el vocero yaqui se vuelca a explicar el desorden y la corrupción que imperan en el manejo del agua en Sonora; denuncia a la camarilla del gobernador Padrés por especular con el líquido, y describe la campaña de odio desatada contra su pueblo.
Por Otras Voces Otra Historia, Mas de 131, Radio Zapote, Regeneración Radio, La Otra Valle de Chalco, RAPS
Hermosillo, Sonora. En el Centro de Readaptación Social (CERESO) número 2, Mario Luna se concentra en denunciar, en entrevista con los medios libres, todas las irregularidades que enmarcan la construcción y operación del Acueducto Independencia, y que son el contexto de su detención.
El secretario de la autoridad tradicional yaqui sostiene que el gobierno estatal mantiene engañada a la gente y la enfrasca en una guerra contra los yaquis, mientras “ellos gozan de los beneficios y la explotación de los recursos naturales, y llegan incluso a someter a tandeos a una población que tiene sed”.
“Mi detención tiene que ver con el clima político que prevalece en el estado de Sonora; es prácticamente un linchamiento político de parte de Padrés. Hay también el propósito de distraer de cosas graves que han salido a la luz en estos días, por un lado, la contaminación del río Sonora, que es un problema muy grave porque la limpieza de esa agua puede tardar hasta 50 años. También está el destape de la presa privada de Padrés, que nos lleva a pensar en el desorden de la cuenca del río Sonora, en la que existen más de 800 represas construidas ilegalmente y que son las que impiden el abastecimiento de agua a la ciudad de Hermosillo”.
El vocero yaqui, acusado de privación ilegal de la libertad y robo de auto cometidos por dos o más personas, denuncia que en los últimos años, Padrés y sus allegados construyeron un emporio en Sonora gracias a los afluentes de la cuenca y del río Sonora. “Prueba de ello es esa presa privada donde almacena mil millones de metros cúbicos de agua, a la que Padrés llama represo”. El autoridad tradicional yaqui especifica que un represo debe almacenar menos de mil metros cúbicos del líquido. “La diferencia es abismal. Además no existe registro de su existencia ni de trámite alguno para que sea legal, y por si fuera poco, hay muchos políticos -además de Padrés- que también tienen sus represos particulares”, denuncia.
Luna Romero, uno de los rostros más visibles de la resistencia al Acueducto, considera que el conflicto que mantienen para defender su río “nos vuelve a colocar como tribu en el deber de exigir que se cumplan los acuerdos de Bucareli, firmados por la tribu yaqui y el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, el representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobernador del estado de Sinaloa, en el que se contempla el reordenamiento de la cuenca del río”.
El reordenamiento de la cuenca consiste en: revisar que todas las obras hidráulicas cuenten con su estudio de impacto ambiental, que estén debidamente construidas, y que sean de interés público, detalla el yaqui. Implica que se reparen las fugas, y afectará únicamente a los agricultores que riegan sus cultivos con el agua más cara, agua tratada, potable y para consumo humano. “Esta potabilización del agua, que termina siendo destinada para el riego, es costeada actualmente por los usuarios de Hermosillo, lo cual es una violación a la ley de aguas nacionales que indica que debe ser destinada al consumo doméstico”, especifica.
“Es importante señalar que el agua retirada a los yaquis no abastece ni al 20 por ciento de la población de Hermosillo; sin embargo, debido a la falta de legalidad en cuestión de las represas particulares, 4 mil millones de metros cúbicos de agua se pierden en malos manejos, lo que equivale a cinco veces más de la capacidad de abastecimiento de la ciudad”, valora Mario Luna, quien ha llamado a que no se abandone la lucha contra el Acueducto al pelear por su libertad.
Luna Romero explica que, además de la contaminación del río, las obras hidráulicas ilegales, el no cumplimiento de los acuerdos con la tribu -en los que ya se vencieron los tiempos de Semarnat para presentar el peritaje antropológico y el estudio del gasto mínimo ecológico, entre otros-, dos grupos luchan por esa agua: “Por un lado, el grupo camarilla del gobierno del estado, y por otro, empresarios tradicionales arraigados en Sonora”.
El yaqui acusa que la campaña de “odio racial” que el gobierno lanzó, con la ayuda de algunos medios de comunicación, manifiesta ya su impacto, “al imponer un criterio coloquial del ser ‘sonorense’ sobre el ser yaqui. El mismo procurador dice que somos indígenas pero también sonorenses, y que la ley de Sonora se impone a cualquiera”. Para Mario Luna, es una muestra de lo poco que los legisladores locales están dispuestos a hacer valer los derechos indígenas.
Luna agrega que el gobierno argumenta que el beneficio a la población de Hermosillo será mayor en comparación con el daño a poblaciones menores, “lo que es una ponderación injusta”, mientras “en nuestros ocho pueblos no hay agua potable, solo el 30 por ciento de la población tiene agua entubada y el resto le hace como puede, toma agua de riego con químicos y fertilizantes o hacen perforaciones particulares, donde extraen también agua contaminada por químicos y hasta por heces fecales”.
Justicias enfrentadas
Los gobiernos partidistas “quieren imponer su sistema de justicia occidental al que ha regido en nuestros pueblos ancestralmente”, explica. “Siguen abrogando, validando o invalidando el derecho de los pueblos a elegir a sus autoridades. Menosprecian nuestra capacidad de dirigir nuestros propios destinos”. Autoridades tradicionales de Vicam se hicieron responsables por los actos de los que se acusa a Luna Romero, y explicaron que se trata de aplicación del derecho propio, no de delitos, pero el juez que lleva el caso no validó sus testimonios y dictó formal prisión al secretario yaqui –que carece de poder para ordenar tales procesamientos judiciales, pues sus funciones son de vocería.
Los gobernantes partidistas y los medios de comunicación “nos dicen que es más importante el derecho al libre tránsito, que el derecho a exigir justicia y a la vida, omitiendo que ya agotamos todas las instancias legales para que se haga valer nuestro derecho”. Para Luna, este tipo de acciones, con la complacencia del gobierno federal, son otra prueba más del exterminio al que quieren someter a su tribu, “porque alterar nuestro entorno y obligarnos a migrar es condenar a la tribu yaqui a desaparecer”.
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Mario Luna, la voz de los yaquis en resistencia
Su cargo de secretario es el más humilde dentro de la estructura del gobierno tradicional, y cumplir su labor de representar a su gente ante los yoris (blancos) en la lucha por el agua lo tiene en la cárcel.
Enriqueta Lerma
México. La detención de Mario Luna, el secretario yaqui, es la continuidad de un Estado insensible a la voluntad política de los pueblos, que atenta contra la autonomía otorgada a la tribu yaqui en 1937 y que busca acabar con los territorios indígenas. Un gobierno que con tanta corruptela en sus órganos representativos de gobierno no soporta que un simple secretario le muestre cómo se representa obedeciendo.
¿Quién es Mario Luna? Más allá de hablar de un padre de familia, esposo y compañero ejemplar de la tribu yaqui, hay que describir a Luna como un hombre comprometido con su pueblo. No es un líder. No al modo de los líderes que alguna vez tuvieron los yoeme: Muni, Juan Banderas, Cajeme, Tetabiate o Sibaulame. Mario Luna es un Secretario: presta su persona para hablar por los suyos. Este cargo es el que cuenta con menos prestigio en la estructura jerárquica del gobierno tradicional yaqui.
Después del kobanao (el gobernador), quien es la voz principal en las asambleas de la tribu, el jabo’iyo’owe, conocido también como “pueblo mayor” y quien tiene derecho a la palabra porque representa al consejo de ancianos de los viejos gobernadores, está el wiko’ o ya’ut, a veces llamado “coyote”, que interviene en tercer lugar, ya que su responsabilidad es cuidar el territorio. El cuarto de los gobernadores, elnejja ya’ut, casi nunca habla: actúa, ya que funge un papel judicial, vigila el territorio y ejecuta disposiciones para restablecer el orden civil. Al final está el ji’ojtereo: el secretario, “el Mario Luna”, quien no tiene poder de decisión.
Metafóricamente, para los yoeme el territorio es un nido: toosa, le llaman. Su dirigente principal es el kobanoa, la cabeza del pájaro que lo habita; al pueblo -la asamblea comunitaria- le nombran masam u tea: las alas. El pueblo yaqui se ve a sí mismo como una unidad: cuerpo-cabeza-alas, que se articula en la imagen de un pájaro, un cuerpo que decide y actúa de forma conjunta; en éste, el secretario no tiene metáfora. El secretario no tiene historia tradicional, es un cargo que se tuvo que inventar para poder hablar con los yoris, con los “blancos”. Y durante mucho tiempo su función no fue relevante: se requería alguien joven que supiera leer y escribir bien, que tuviera el vigor para aguantar el ir y volver de las oficinas del gobierno estatal y federal, y que llevara y trajera las noticias de los acuerdos con el exterior. De modo que el secretario era marginal.
Antes de Mario Luna, el secretario fue –brevemente- Anselmo Flores Buitimea, quien se retiró porque pensó que no podría con el paquete. Muchos renunciaron antes que él, así que cuando Mario Luna tomó el cargo lo hizo con gusto, pero también con la sospecha de que sería una carga pesada. Mario Luna hizo el juramento yaqui una mañana polvosa bajo la techumbre de la guardia tradicional. Juró separarse de todo si era necesario: de esposa, hijos, amigos, familia, frío, sueño, hambre, dolor, profesión, anhelos personales. Sería el secretario: el más joven y el más insignificante en el gobierno, pero el que corría con mayor peligro por tener que relacionarse con los yoris, “los fieros”.
Con el juramento de su cargo, Luna Romero se integró a la resistencia: impulsó en el territorio yaqui, al lado del Congreso Nacional Indígena, el Primer Encuentro de los Pueblos Indígenas, en 2007; organizó el Primer Foro en Defensa del Agua, en 2010; el Segundo Foro Internacional del Agua, en 2012, y se unió a las protestas acordadas en la asambleas yaquis. De modo que Mario estuvo siempre presente en los cierres carreteros que los yaquis impulsaron como medida de presión para exigir el respeto y ejecución de las resoluciones jurídicas, que la nación yaqui ganó una a una, en juzgados locales, estatales y hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mario Luna es la voz de los yaquis que se oponen a la construcción del Acueducto Independencia, es quien muestra a través de su rostro y dice a través de su voz las expresiones de coraje, indignación e injusticia que resienten los yaquis contra un sistema que los margina. Es la voz de denuncia de la desertificación del territorio yaqui y quien clama, desde ese desierto, por el reparto justo del agua para una sociedad que prefiere la agricultura.
En todo el proceso de resistencia, sin embargo, y aún con todo el carisma que tiene, Mario Luna no habló nunca por sí mismo: tuvo dentro de sí las voces de las alas del pájaro y la cabeza del gobernador, y en el corazón la defensa del nido que protege a los suyos. Mario no es un líder: es una botarga. Eso le dije cuando vimos, debajo de la lluvia en La Realidad, Chiapas, el adiós de la botarga de los zapatistas. “Es como tú”, le dije, y se rió.
Mario Luna tiene la culpa de una sola cosa: de cumplir, como se lo exigió su pueblo. Y su pueblo sólo tiene una demanda: luchar por el agua para evitar el etnocidio al que el gobierno de Sonora les condena.
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Agua, la cara actual de la Guerra del Yaqui
Un recorrido por la historia de este pueblo enseña su resistencia al genocidio y al despojo territorial, y recuerda un dicho: “aunque quedara un solo yaqui con vida, en él estaría representada toda la cultura de su pueblo”.
Eleuterio Gabón
El gobierno promueve la llegada de empresas extranjeras y la batuta en el asunto la lleva el gobernador Padrés Elías, que apropiándose de los medios de comunicación, proclama que el desarrollo llegó para que Hermosillo no muera de sed. “El tubo no tiene los permisos medioambientales correspondientes, y varios de los implicados están buscados por la ley, aunque prevalece la impunidad”.
Los yaquis reclaman que al menos el 50 por ciento del caudal del río les pertenece y así se le ha reconocido legalmente, no obstante, en la práctica siguen sin poder disfrutar de esta agua. Anterior al presente acueducto, se les dijo que iban a construirles uno para hacerles llegar el agua; permitieron las construcciones dentro de su territorio, pero el agua no les llegó sino que fue a parar a las zonas turísticas de la costa de Guaymas.
“Según el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y de acuerdo con la ONU (Organización de las Naciones Unidas), cualquier intervención en territorio indígena debe ser informada y consultada al pueblo, pero sólo les dan folletos informativos para decir que cumplieron”.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón a los yaquis, y la lucha se ganó legalmente, no es así en la práctica. Ante la incapacidad para hacer cumplir la ley, los yaquis se lanzaron a hacer manifestaciones y protestas. Durante casi un año, cortaron la carretera internacional México-Nogales, que atraviesa todo México, permitiendo sólo pases intermitentes. “Al principio se les ignoró, pero luego los medios se les echaron encima acusándolos de perjudicar la economía. Sufrieron toda clase de presiones y ataques, les quitaron las ayudas sociales y las becas a sus jóvenes. El estado de Sonora comenzó una campaña de criminalización contra dos de los voceros del movimiento yaqui, un verdadero montaje político”, explica el entrevistado. Pero la sociedad civil mostró su rechazo no sólo al proyecto del acueducto, sino también a la corrupción de sus gobernantes. Cuando el alcalde de Hermosillo decidió hacer un monumento al tubo como símbolo del progreso en una de las principales calles de la ciudad, no tardó en manifestarse el descontento ciudadano. “El tubo se llenaba de pintadas contra los corruptos hasta que fue retirado definitivamente”, sostiene el investigador.
El Acueducto Independencia se encuadra dentro de los megaproyectos que se planean en todo México. La cuestión del agua lleva emparentadas situaciones de violencia, y son muchos los pueblos desplazados o amenazados por estos planes. “Además está el desamparo ante leyes que no se respetan. El descaro con que se practica la corrupción alienta a los empresarios del saqueo y desanima a otros pueblos que ven cómo la vía legal no funciona. Se avecina un mal panorama con este tipo de modernidad que se vende progresista, y está resultando devastadora”, lanza Giovanni Velázquez. Los yaquis viven un exterminio y hay quienes ya se plantean la posibilidad de volver a las armas. Como su historia indica, nunca van a rendirse. Tienen un lema: “aunque quedara un solo yaqui con vida, en él estaría representada toda la cultura de su pueblo”.
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Brave recuento de la rica historia de resistencia y de autonomía comunitaria de los yaquis desde la llegada de los españoles hasta ahora.
Los yaquis son un pueblo indígena del estado de Sonora, (México), asentados originariamente a lo largo del río Yaqui.
El conjunto del territorio Yaqui comprende tres zonas claramente diferenciadas: una zona serrana (Sierra del Bacatete); una zona pesquera (Guásimas y Bahía de Lobos) y tierras de cultivo (el valle del Yaqui). En la actualidad, la población alcanza aproximadamente los 32 000 habitantes según ciertas fuentes, habiendo sido duramente reducidos por las guerras que libraron por su supervivencia durante más de 50 años. A finales del siglo XIX, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, fueron combatidos y muchos deportados a plantaciones de Yucatán y Quintana Roo. Muchos de ellos regresaron a pie a sus tierras ancestrales, en tanto que otros emigraron a Arizona (Estados Unidos) para escapar de la represión del gobierno mexicano. La población yaqui de Arizona es de 8000 habitantes y la tribu es reconocida por el gobierno estadounidense.
En la actualidad, además de los habitantes de la zona tradicional yaqui, existen otros grupos asentados en las diferentes ciudades del estado de Sonora. Al no regresar a sus pueblos, forman sus propias colonias dentro de las ciudades importantes. En la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, son conocidos como barrios yaqui las colonias de La Matanza, El Coloso y Sarmiento, lugares donde sus habitantes hacen esfuerzos por conservar las tradiciones y raíces culturales de la nación yaqui.
Así sumando los yaquis rurales, urbanos y vivierndo al otro lado de la frontera. tenemos que en número se llegan a contabilizar entre 60 y 80 mil personas, por decir lo menos, que no pierden el contacto entre si, con su cultura y su identidad, lo que hoy día les ha transformado en un potente foco de resistencia desde abajo a los embate del extractivismo que ataca el río fundamental de su historia, el río Yaqui.
Breve historia:
Época colonial
1533. Se da el primer contacto entre españoles y miembros de la etnia, la expedición liderada por Diego de Guzmán llega a orillas del río Yaquí el 4 de octubre de 1533 y es recibido de forma hostil por miembros de la tribu. A consecuencia se da el primer enfrentamiento entre ambos resultando en varios españoles y yaquis muertos así como yaquis hechos prisioneros que fueron utilizados por los españoles como guías para sus siguientes exploraciones.
1607. El capitán Diego Martínez de Hurdaide al territorio yaqui persiguiendo unos indios mayo. Hay varios combates para someter a los yaqui, los cuales, sin embargo, logran acorralar a los españoles. Pero gracias a una ardid del capitán español huyen y desde entonces, reconociendo su valor, apodarán a los españoles (y por extensión a los no indios) yori, los que no respetan la ley tradicional.
1610. Los yaqui ofrecen la paz a los yori y solicitan misioneros jesuitas, ya que vieron el beneficio que les había reportado a sus vecinos mayo.
1617. Llegan a territorio yaqui los jesuitas Fray Andrés Pérez de Rivas y Fray Tomás Basilio, iniciando con ellos un largo periodo de paz. Estos misioneros para poder enseñarles más fácilmente los congregan en ocho pueblos: Cócorit (Chiltepines), Bácum (lagunas), Vícam (puntas de flecha), Pótam (topos), Tórim (ratas), Huírivis (un tipo de pájaro), Ráhum (remansos) y Belem (Belén).
Los misioneros introdujeron, junto con la ganadería, cultivos europeos como el trigo, la vid y las legumbres y mejoraron sus siembras con los avances tecnológicos que les llevaron. En las misiones el trabajo estaba reglamentado: tres días en los asuntos de la misión, otros tres en sus propias tierras comunales y el séptimo estaba dedicado al culto cristiano.
La evangelización resultó tan eficaz que los ritos actualmente se mantienen tal como los enseñaron los misioneros jesuitas en el siglo XVII, en un sincretismo de creencias ancestrales y cristianas, manteniendo la institución del temastián o catequista indígena y demás autoridades religiosas.
1740. Levantamiento de la tribu junto con grupos mayo, pima y ópata, al pretender los blancos apoderarse de sus fértiles tierras y usarlos como mano de obra barata.
1767. La expulsión de los jesuitas de los territorios de la corona de España les causa un fuerte descontrol e inconformidad y se rompe el periodo de paz. Los misioneros franciscanos que sustituyen a los jesuitas no pudieron controlarlos.
Época independiente
1810. Los yaquis no participan en la Guerra De La Independencia puesto que siempre se consideraban una nación independiente.
1825. Se reinician las rebeliones yaqui con choques continuos entre yori y yaqui para formar una nación independiente separada de México, bajo el liderazgo de Juan Banderas. Existen continuamente alzamientos, asaltos, fusilamientos, promesas, divisiones que merman la etnia, obligándoles a refugiarse varias veces en la Sierra del Bacatete y creando un clima de intranquilidad en toda la zona. Entre los levantamientos destacan los de Cajeme en 1870 y las guerrillas de Tetabiate.
1897. Paz de Ortiz con el gobierno mexicano, que se rompe muy pronto y vuelven las hostilidades.
La Guerra del Yaqui surge en el último tercio del siglo XIX como una respuesta a la convocatoria abierta para colonizar las tierras de los Valles del Yaqui y del Mayo por parte del gobierno mexicano. Los yaqui se levantan en defensa de su tierra y su autonomía. En esta guerra fue decisiva la Batalla de Mazocoba (1900), en la que el ejército federal infligió una fuerte derrota a los yaquis, mueren cientos de ellos y el ejército toma a 300 mujeres y niños prisioneros. A partir de este momento comienza la deportación a Yucatán, que se mantiene de una manera constante hasta terminar la primera década del siglo XX, llegando la mayoría en 1908.
Deportación a Yucatán. Para acabar con las rebeliones de los yaqui, el gobierno de Porfirio Díaz deporta a miles de yaqui, inclusive familias enteras, para ir trabajar en las haciendas del henequén de Yucatán, un trabajo muy pesado y que ocasionó una alta mortandad. Los yaqui eran famosos por su fuerza y porque cortaban más pencas que los demás (también hubo chinos, coreanos, tlaxcaltecas, etc. en estas haciendas). Las mujeres trabajaban en la cocina comunal. De los 6500 que se calcula fueron deportados a Yucatán, volvieron unos 3500, de los que la mayoría murió y unos pocos se arraigaron allí al casarse con una mujer u hombre maya (en el censo de INEGI de 1990 en Yucatán sólo se registraron dos hablantes de lengua yaqui). A partir de 1911 comienza de una manera paulatina su regreso a Sonora. La deportación no logró su cometido de desarraigo, al revés, les afianzó más como pueblo y como cultura propia.
Yaquis entre 1910 y 1915
Con la deportación quedaron en Sonora unos 3.000 yaquis, protegidos por hacendados con influencia. La mayoría estaban en Yucatán y otros emigraron hacia Arizona (Estados Unidos). A su regreso, muchos se establecen en Pótam y otros buscan trabajo en Hermosillo donde se instalan en los barrios de El Coloso. El Mariachi y La Matanza, trabajando en numerosas obras públicas como la Penitenciaría, ferrocarril, etc. si bien su presencia en esta ciudad se inicia desde mediados del siglo XIX.
1910. La etnia tuvo una importante participación en el conflicto de la Revolución mexicana, ya que se les había prometido que con su colaboración, al final de la guerra les devolverían sus territorios. Al no cumplir las autoridades, se dieron nuevos levantamientos todavía en 1929.
1937 a 1939. Acuerdos, bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas, donde conceden y ratifican a la etnia el dominio de sus tierras, incorporándola al sistema nacional de ejidos y reconociendo la legitimidad de las autoridades tradicionales yaqui. La margen izquierda del río Yaqui queda en poder de yori y la margen derecha en poder del pueblo yaqui.
En la actualidad, continua la lucha yaqui por la defensa de sus tierras y su autonomía, rigiéndose por sus propias autoridades tradicionales, dentro del marco de la legalidad de México.