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Tres grandes áreas enfrentan al Gobierno y a la oposición

Lunes, 22 de Septiembre de 2014

Los conflictos entre los dos sectores se han agudizado en las últimas semanas. Reacciones crean polémica.

El Gobierno no ha dado paso al derecho de participación ciudadana que no solo implica escuchar, sino también el que se tomen en cuenta las propuestas o críticas de quienes no están en el poder, considera David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La aplicación de esa política impositiva y vertical, añade, ha generado el que se abran frentes de resistencia en varios sectores sociales, lo que se vio reflejado en la última movilización obrera, que fue la oportunidad para que sectores no sindicalistas demuestren su descontento con las políticas del Régimen.

Para Rosero, los temas más conflictivos son la posible alza de pasajes, sin que en la mesa de diálogo consten los estudiantes o la sociedad civil, ya que se habla solo con los transportistas; las cocinas de inducción, que ha generado que ciertos sectores aseguren que es una manera discreta de eliminar el subsidio al gas; el tema de las utilidades de los trabajadores de las telefónicas; el traspaso de los fondos de cesantía a manos del Biess, o las enmiendas constitucionales que son objeto de críticas de sectores empresariales, sociales, políticos, especialistas en Derecho y de trabajadores. Esto sin contar con la propuesta de Código Laboral. “El Gobierno impone y el pueblo soporta”, afirma el consejero.

‘Satanizando’ al contrincante

Para Jorge León, analista político, la práctica del Gobierno ha sido abrirse frentes de oposición, pero la diferencia está en que hoy no los puede controlar a través de esa suerte de “satanización” al contrincante.

Esta posibilidad de reaccionar ha hecho que varias personas que están en situaciones diferentes, que viven realidades distintas terminan por identificarse con conflictos comunes y les hace estar unidos para defender, juntos, objetivos distintos.

Por ejemplo, los estudiantes protestan por la posible alza de pasajes, mientras que los obreros por el Código Laboral. Los dos sectores se aliaron para expresar su rechazo al Régimen. “Las demandas sociales que antes no funcionaban, ahora están expresándose”, dice León.

No se puede contentar a todos

Para la asambleísta Mary Verduga (PAIS), el Gobierno no se está abriendo frentes y comprende la inquietud de los sectores de oposición, pero asegura que no se puede contentar a todo el mundo. “Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo”, manifiesta.

Marisol Peñafiel (PAIS) en cambio considera que lo que se está expresando en las calles es la resistencia de ciertos grupos de poder que estaban acostumbrados a privilegios o a quienes las leyes no les podía tocar. “Si el Fondo del Magisterio, que ha estado acostumbrado a manejar los recursos a su antojo, crea resistencia cuando le ponemos en orden, por supuesto que crea una reacción pero eso no nos puede hacer retroceder”, manifestó Peñafiel. (HCR)

LOS GRANDES FRENTES ABIERTOS DEL GOBIERNO

Tema laboral

El tema laboral es de los que más inquieta a los sectores sindicales que han demostrado que recobraron vigencia a raíz de las últimas movilizaciones. El hecho de que las versiones de la propuesta de Código Laboral estén en permanente cambio por parte del Gobierno genera dudas y desconfianza entre los dirigentes.

El Gobierno esbozó en el 2013 un primer esquema con cerca de 25 puntos, luego presentó el primero de mayo de este año, en Esmeraldas, un borrador de proyecto de Código Laboral, y antes de la movilización obrera anunció al menos ocho cambios a ese borrador. Nada está dicho y las centrales sindicales aseguran que dentro de estas propuestas no se contemplan las que ellos presentaron en el 2012 a la Asamblea Nacional.

A esta preocupación se añade la propuesta de enmienda constitucional, ya que entre los temas planteados por el oficialismo consta que, en el sector público, los trabajadores regidos por el Código de Trabajo pasen a ser regulados por la Ley del Servicio Público. Para los dirigentes esto significaría la eliminación del sindicalismo, de la contratación colectiva y facilitaría los despidos intempestivos.

Tema económico

Desde diversos sectores se considera que el verdadero objetivo atrás de la propuesta de que los Fondos de Cesantía pasen a ser administrados por el Biees, está el de inyectar recursos al Estado. La crítica pasa porque consideran que se está tratando de meter bajo el control estatal recursos que son privados.

Para otros sectores, es una norma camuflada que busca terminar de cerrar el cerco al Movimiento Popular Democrático (MPD), que a través de la UNE es el puntal del Fondo de Cesantía del Magisterio. Este fondo es el más grande de los 64 existentes en el país, con más de 140 mil partícipes que son trabajadores del sistema educativo.

También está el proyecto para redistribuir las utilidades de los trabajadores de las telefónicas, de manera que un 12% se quede en manos del Estado y solo el 3% se entregue a los empleados, por lo que a criterio de la oposición también busca inyectar recursos al Estado. La propuesta que realizan quienes cuestionan esta reforma es que el Gobierno debería redistribuir el margen de utilidades de los accionistas de las empresas telefónicas, pero no de sus trabajadores.

Las tarifas polémicas

En este tema el Gobierno no solo que ha abierto un frente con los estudiantes sino que ha ahondado más la pugna que mantiene con, principalmente, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sin descartar a otros alcalde como Mauricio Rodas, de Quito.

Ejecutivo y Gobiernos Autónomos mantienen un “mano a mano por echarse la pelotita”. Nadie quiere asumir esa responsabilidad que significaría un alto costo político por sus implicaciones sociales, aseguran varios analistas.

En medio de la polémica que se genera sobre a quién le corresponde fijar un incremento de los pasajes, si al Gobierno o a los Municipios, aparecen los estudiantes, que han salido a las calles a demostrar su descontento por la propuesta.