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Indígenas creoles se oponen a obra que viola sus derechos
“El Canal es un robo a la vista”

Foro presenta las implicaciones negativas que tendría para el país la construcción del proyecto. Organizaciones independientes aseguran que concesión no fue entregada a Wang Jing, sino a Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras, cuyos socios son accionistas de la firma Taboada y Asociados

Cinthia Membreño | Julián Navarrete | 30/9/2014
@LaMembrete

Un representante de los pueblos indígenas del Caribe expresa su preocupación por la construcción del llamado Gran Canal. Carlos Herrera/Confidencial. Foto: Un representante de los pueblos indígenas del Caribe expresa su preocupación por la construcción del llamado Gran Canal. Carlos Herrera/Confidencial.

“No estamos dispuestos a negociar o vender nuestros territorios”. Esa fue la advertencia que hicieron representantes de ocho comunidades indígenas durante un foro nacional organizado este lunes por el Centro Humboldt y en el que se presentaron los hallazgos de un estudio independiente que calificó la construcción del Gran Canal de Nicaragua como un proyecto inadmisible para el país desde el punto de vista ambiental y jurídico.

En el encuentro, los ponentes -quienes viajaron desde las comunidades más remotas de la Costa Caribe- explicaron sus principales preocupaciones ante un público compuesto por nacionales y extranjeros. Éstos enfocaron sus discursos en cómo la megaobra violenta sus derechos y demandaron al gobierno del comandante Daniel Ortega realizar un proceso de consulta en sus territorios que garantice su concepción sobre tenencia de la tierra.

María Luisa Acosta –coordinadora del Centro de Asistencia de Pueblos Indígenas (CALPI) y quien participó también en el foro- denunció que el pasado sábado funcionarios públicos del gobierno de Ortega crearon una junta directiva paralela al gobierno comunal creole indígena de Bluefields (RAAS), acción que viola el derecho de autodeterminación y autonomía de dichos pueblos para manejar asuntos internos, en especial las repercusiones que generarían las expropiaciones por el paso del canal sobre sus territorios.

La consultora legal en Derechos Humanos también informó públicamente que el pueblo rama-creole y el pueblo indígena negro-creole de Bluefields, junto al consejo de ancianos de la comunidad mískita de Tasbapauni, ubicada en el Caribe Sur, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, alegando que el gobierno no hizo una consulta libre, previa e informada que permita un consentimiento de la misma índole. Según el convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Estado debería garantizarlos, indicó.

“La idea es que el Estado inicie un proceso de consulta en el que muestre su documentación y explique por qué el proyecto es apto para los pueblos indígenas. Tienen que hacerlo de acuerdo a las costumbres y tradiciones de éstos, garantizar que tengan acceso a técnicos independientes y puedan tomar una decisión, pero nada de esto ha ocurrido”, lamentó Acosta, quien también explicó que los indígenas recurrieron ante la OEA luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara el recurso por inconstitucionalidad que presentaron a mediados de año contra la Ley 840.

En ese sentido, la abogada ambientalista Mónica López Baltodano manifestó que las poblaciones indígenas llevan todas las de perder si el gobierno otorga propiedades a Wang Jing para su completo beneficio como inversionista y concesionario. Ejemplificó con el caso de los negros creoles de Bluefields, quienes han luchado durante años por obtener los títulos de las tierras donde han vivido, sin obtener ningún resultado.

“Legalmente hablando, esas tierras son propiedad del Estado y la concesión canalera es clara al decir que no se pagará ni un peso por las mismas. Uno se pregunta entonces qué aplicará la comisión del canal y el inversionista. ¿Considerarán estas tierras privadas y comunales o las van a considerar del Estado, para ser entregadas gratuitamente? Desde el punto de vista político, al gobierno no le conviene hacer eso”, observó.

Indígenas demandan respeto

Dane Hudson, representante del gobierno comunal creole de Bluefields, lamentó este lunes que el gobierno del comandante Ortega formara una comisión paralela a la de su gobierno indígena. “Nos sorprende que hagan esto cuando estamos en un proceso de demarcación y titulación de tierras. Ante la opinión internacional, ellos dan la imagen de que nos tratan bien, pero no es así. Hacemos un llamado a que nos respeten. No tenemos más información que la que hemos visto acá (en la presentación del estudio independiente del Centro Humboldt). ¿Cuál es el miedo?”, cuestionó.

Nazario Martínez, representante del gobierno territorial Rama-Kriol (GTRK), relató que la Comisión del Gran Canal los visitó en Agosto y que durante este encuentro, su comunidad demandó al gobierno la modificación de los aspectos de la concesión que los dejan en el limbo legal. Sin embargo, éste reveló que hasta la fecha no han tenido una respuesta positiva, lo que los mantiene en un ambiente de zozobra. Éste creole aseguró que los técnicos de HKND han llegado a la zona de Bluefields con “equipos sofisticados” para le medición de propiedades, sin contar con el consentimiento de las personas que allí habitan.

Por su parte, Jaime Antonio Obando, representante de la delagación de La Unión, aseguró que la población afectada está dispuesta a manifestarse contra las expropiaciones y la llegada de los técnicos chinos a sus tierras. “Debemos defender nuestros derechos, sino quién lo hará por nosotros. Este es un robo a la vista. Considero que este gobierno, que dice ser cristiano y solidario, hará muy poco por nosotros”, expresó.

En el foro organizado por el Centro Humboldt también participó Octavio Ortega. El presidente de la Fundación de Municipios de Rivas (Fundemur), contó que en la localidad de La Cruz Verde, dos asiáticos de HKND llegaron a una propiedad acompañados de dos militares y que un único campesino impidió su paso al amenazarlos con un machete. “Se fueron y al rato regresaron con seis oficiales de la policía, pero para ese momento otros seis campesinos habían llegado a la zona con sus machetes y lograron que los asiáticos no pudieran entrar. Sabían que si lo hacían la comunidad de Tolesmayda llegaría en auxilio de los campesinos”, indicó.

Ortega recordó que todavía falta realizar dos marchas más que están programadas para las próximas semanas y en la que participarán habitantes de las comunidades de Obrejuelo, El Cangrejal y La Galpa. El presidente de Fundemur explicó que una de las frustaciones de la población radica en que son los habitantes de más escasos recursos lo que serán afectados por los obras paralelas del canal. Para ellos, las grandes empresas -que manejan proyectos de generación de energía eólica- no se verán perjudicados tanto como los que poseen tierras de menores dimensiones, lo que consideran injusto.

Una caja de sorpresas

La abogada Mónica López Baltodano, quien también es miembro de la organización Popol Nah, también presentó este lunes los hallazgos de un informe exhaustivo sobre el entramado jurídico de la concesión canalera. El documento contiene un análisis que refleja cómo el acuerdo entre el gobierno de Ortega y el empresario Wang Jing refleja la voluntad política de ambas partes, sin que el discurso oficial se vea afectado por los intereses reales de la obra.

Para ella, los cuatro complejos turísticos que fungen como proyectos paralelos del Gran Canal hacen de la concesión una “caja de sorpresas”, puesto que toda la infraestructura que el inversionista crea necesaria durante los próximos años tendrá que incorporarse en la obra. “Igualmente han anunciado otros proyectos: generadoras de electricidad, plantas de acero, plantas de cementos, fábricas de explosivos… Es decir que la dinámica de la concesión va ir cambiando e irá jugando de esta manera, porque así fue aprobado”, alegó.

Adicionalmente, López Baltodano hizo hincapié en que el gobierno promueve la concesión con la promesa de que generará un pago en efectivo para el Estado, así como devolución de inmuebles y el derecho de colocar la bandera de Nicaragua en las áreas donde haya infraestructura ligada a la megaobra. “Nos van a pagar 10 millones de dólares por diez años después que inicie operaciones el canal, esos son 100 millones de dólares por una concesión de 100 años, eso entra en dos meses de remesas familiares”, criticó la jurista.

López Baltodano también explicó que, tras varios meses de investigación, organizaciones independientes descrubrieron que la concesión no fue entregada a Wang Jing ni a HKND Group, sino a la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras, una compañía nicaragüense creada en Noviembre de 2012 con un capital de 400 dólares y cuyos socios son accionistas de la firma Taboada y Asociados. “Sabemos que existen otras sociedades involucradas como HKND Group en Islas Caimán, como HKC en Hong Kong, creada con capital social, mil doscientos dólares y diez sociedades más”, dijo.

En cuanto al rechazo de las poblaciones del departamento de Rivas, la experta considera que este será un costo que el gobierno tendrá que enfrentar. “Si las cosas no salen bien, en caso de eventos políticos de fuerza mayor como disturbios, manifestaciones o huelgas, el Estado de Nicaragua está obligado a pagarle la cantidad necesaria al inversionista para cubrir sus costos fijos por el período que dure la protesta”, advirtió.

De acuerdo a López Baltodano, la población nicaragüense se encuentra desorientada porque no existe información sobre la subscripción de acuerdos de accionistas, memorándums y estatutos generados por HKND Group. Esto, dado que el gobierno de Ortega aceptó firmar cláusulas de confidencialidad eterna en todos los documentos que tengan que ver con el proyecto, en especial en lo que respecta a aspectos técnicos y comerciales.

Para ella, los ciudadanos se están enterando paulatinamente de las implicaciones reales de la concesión. “Nadie sabe si se hará el canal o no, pero el asunto es ése, que la concesión funciona legalmente sin canal. El gobierno puede decir en diciembre que no lo construirá porque quiere proteger el ambiente. Pero no importa, porque pueden hacer un oleoducto, un puerto de aguas profundas y expropiaciones. No se sabe la intención que está detrás, pero sí sé que ellos crearon un instrumento jurídico que seguirá funcionando por cien años, con todos los beneficios que este aplique”, concluyó.
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Autoridades indígenas y afrodescendientes del Caribe sur de Nicaragua demandaron hoy mayor información sobre el proyecto de un canal interoceánico por este país centroamericano o de lo contrario no permitirán que se realice un censo en sus comunidades.

“No vamos a permitir ningún tipo de censo ni de trabajo, porque no estamos de acuerdo con eso (canal interoceánico). Nos tienen que hacer la consulta previa, libre e informada sobre ese proyecto”, dijo a Efe el presidente del gobierno territorial Rama y Kriol de Bluefields, Rupert Allen Clair.

El dirigente aseguró que los habitantes del territorio Rama y Kriol, ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), no permitirían “ningún tipo de censo o trabajo en sus localidades”, sin que antes las autoridades centrales hagan con ellos una “consulta previa, libre e informada” sobre el proyecto del canal.

Entre otros, los indígenas y afrodescendientes quieren saber de qué manera les impactaría sus patrimonios, porque está previsto que la ruta del canal atraviese esa zona.

Según el dirigente, el territorio Rama y Kriol está compuesto de nueve comunidades con al menos 3.200 habitantes que en su mayoría no están de acuerdo con la construcción de un canal, porque “afectaría las tierras comunales, tierras estatales y que son patrimonio indígena”.

“Hemos visto las presentaciones que han hecho (…) hemos estado viendo que partirían nuestro territorio en dos”, advirtió.

El Ejecutivo nicaragüense y la empresa china HKND Group firmaron el 14 de junio de 2013 un acuerdo marco para la construcción del proyecto Gran Canal Interoceánico, que contempla su concesión y explotación por 50 años, prorrogables por otros 50.

La Comisión del Gran Canal de Nicaragua y HKND Group presentaron en julio pasado la ruta prevista de la vía interoceánica, que recorrerá 278 kilómetros desde el litoral del Pacífico hasta el Caribe del país centroamericano.

El proyecto del canal, cuyo ancho será de entre 230 metros y 520 metros, con una profundidad de hasta 30 metros, incluye la construcción de dos puertos, un aeropuerto, un lago artificial, dos esclusas, una zona de libre comercio, un complejo turístico y carreteras, así como instalar fábricas de cemento y acero.

El costo de la obra, según la concesionaria, sería de 50.000 millones de dólares.

Está previsto iniciar la construcción a finales de 2014 y culminarla cinco años después.

El proyecto ha sido criticado por científicos locales y organizaciones ambientalistas que sostienen que el canal es una amenaza para el Gran Lago de Nicaragua y para la disponibilidad de agua del país centroamericano.

El canal tendría capacidad para el paso de barcos más grandes que los que pasen por el de Panamá, agilizando el transporte global de mercancías, según HKND Group.