Clajadep :: Red de divulgación e intercambios sobre autonomía y poder popular

Pronunciamiento público de la asamblea comunitaria de las autoridades y comunidades indígenas en Toribio Cauca.

Desde las voces de las Autoridades Indígenas del Norte del Cauca que integramos la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN y CRIC, con profundo dolor rechazamos el asesinato de nuestros dos kiwe thegnas, y ratificamos nuestra posición política de autonomía y de lucha por la defensa de la vida y del territorio.

El país es conocedor de lo ocurrido en los territorios del pueblo nasa, saludamos las manifestaciones de rechazo que de diversos voces y sectores se han pronunciado frente a este hecho y el conflicto que vive el país, por ello es nuestro deber continuar invitando a que se mantengan los Diálogos de la Habana, porque estamos convencidos que este es el único camino posible para terminar con una guerra absurda que por más de 50 años ha dejado una huella imborrable en el país de sangre, lágrimas y víctimas.

Los pueblos indígenas históricamente hemos demostrado nuestra a apuesta a la paz, innumerables han sido nuestros gestos por la búsqueda a una salida política y negociada al conflicto armado, con vehemencia hemos respaldado la mesa de negociaciones de paz en la Habana y hemos planteado a toda la sociedad que cuenta con nosotros y nosotras para la paz, nunca para la guerra.

Nuestro territorio durante todos estos años ha sido escenario de múltiples acciones armadas, provocados por los distintos grupos en conflicto; hemos sufrido masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento, confinamiento, torturas, violencias sexual a mujeres y niñas, judicializaciones; confrontaciones armadas, que atentan contra la vida, el territorio y la autonomía, pese a ello actuamos en coherencia con nuestros principios, con la palabra, con nuestros bastones, con la fuerza de la unidad.

Las consecuencias de este conflicto va desde la destrucción de la madre tierra; a través de las instalaciones de las bases y campamentos militares, construcción trincheras, instalación de las minas anti personal, abandono de los restos y explosivos de guerra en nuestros sitios sagrados entre otros; Ocupación territorial; representada en la militarización de los territorios, lo que ha conllevado a una permanentemente violación a los Derechos Humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, hasta el despojo territorial; estrategia que se desarrolla a través de la entrega de los territorios por la vía de las concesiones mineras y la instalación de los diferentes mega proyectos de infraestructura y los llamados cultivos agroindustriales y Mega proyectos que se adelantan desconociendo los derechos fundamentales que tenemos como pueblos indígenas colocando en alto riesgo el carácter colectivo de los territorios indígenas. Y también el despojo territorial por la implementación e incremento de los cultivos de uso ilícitos que son promovidos como una economía para la guerra.

Como muestra de esta afectación en los últimos años desde 2012 al 2014 han sido asesinados 307 personas en nuestros territorios. Año tras año han asesinado mujeres, hombres, niños, jóvenes, mayores en total impunidad. En el año 2009 fueron asesinadas 91 personas, en el año 2010, 52, en el 2011 fueron asesinadas 69, en el año 2012 fueron asesinadas 79, en el año 2013 14 personas y en lo trascurrido en el año 2014 han sido asesinadas 8 personas, entre ellos maestros comunitarios, líderes y Kiwe Thegnas. Todo esto evidencia un plan de exterminio de los diversos grupos armados contra los pueblos indígenas.

Esto ocurre a pesar que el pueblo nasa es uno de los casos emblemáticos citados por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, en el cual se advierte al Estado Colombiano sobre la urgencia de “La Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.”

Ocurre también a pesar que el 14 de noviembre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambalo, originadas en la situación de alto riesgo de los miembros del pueblo indígena Nasa en estos cuatro resguardos del norte del departamento del Cauca.

Esto demuestra que no existe garantías reales para los pueblos indígenas así como lo demás colombianos, colombianas, que la guerra no se ha ido de nuestros territorios y que la vida como pueblo continúa en riesgo.
Este hecho tan lamentable ocurre en medio de los diálogos de la Habana frente a los cuales tenemos gran esperanza, más aun cuando las voces de las victimas están empezando a ser escuchadas lo cual valoramos como un gran paso.

Nuevamente somos agredidas por la acción de los grupos armados, esta vez por la guerrilla de la FARC, quienes de una manera cobarde el 5 de noviembre de 2014 asesinaron dos kiwe thegnas (guardias indígenas) del Pueblo Nasa: Daniel Coicué y Manuel Antonio Tumiña, cuando realizaban una acción legitima y autónoma de control territorial, lo cual es un mandato comunitario que tanto las autoridades y kiwe thegnas deben dar cumpliendo en coherencia al principio de “mandar obedeciendo a la comunidad”. Es de mencionar que en mandato comunitario de Toribio del 20 de Julio del 2011 las comunidades cansadas de la Guerra legislaron para que se realizaran actos de armonización y control territorial en procura de la defensa de la vida, el territorio y la autonomía.

La verdad sobre estos hechos no es la que han justificado en el comunicado del secretariado de la FARC, por el contrario, los Comuneros indígenas integrados a un comando de las FARC, instalaron vallas alusivas a la guerra en el territorio cerca a los centros educativos, esto conlleva a que la guardia solicitara el retiro de esta propaganda, dando un tiempo prudencial para ello, lo que no es acatado por el grupo, contrario a ello una vez cumplido el tiempo cuando la guardia hace el retiro de esta propaganda, los atacan indiscriminadamente con ráfagas de fusil, dejando un guardia herido, esto hace que la guardia reaccione y salga en busca de los atacantes quienes al sentirse perseguidos disparan a quema ropa asesinando a dos Kiwe Thegnas; situación que conlleva a que la comunidad en su decisión y acción legitima de defensa de la vida, tras el asesinato de los guardias indígenas a que procedieron a capturar a siete comuneros que contribuyen a la desarmonización del territorio, quienes actúan dentro de la estructura militares de la FARC y asumieron su responsabilidad frente a los hechos.

Frente a la acción de la comunidad desarmada los miembros de la FARC amenazaron con granadas, por que plantean “que tienen órdenes superiores para defender de enemigos que intenten desarmarlos o detener la puesta de las vallas”. Asimismo las autoridades en ejercicio del derecho propio confiscaron siete fusiles de las FARC porque con ellos asesinaron a nuestros kiwe thegnas y realizaron ataque militar indiscriminado a la comunidad.
Tristemente entre los detenidos se encuentran dos menores de edad de nuestra comunidad, lo que evidencia la estrategia sistemática de reclutamiento forzado que se ha venido implementando por la FARC en nuestros territorios, colocando nuestros niños, niñas y jóvenes para atacar a su propia comunidad.

Sin duda, el asesinato de estos dos protectores del territorio por parte de las FARC, representa una agresión contra el ejercicio de autonomía de los pueblos indígenas es un genocidio, una muestra más de su soberbia, de su autoritarismo, de su inconsecuencia porque en vez de defender los derechos del Pueblo como lo proclaman lo exterminan de manera cobarde, y de forma desvergonzada plantean que lo hicieron “porque la guardia indígena los iba desarmar”.

Frente a estos hechos que no pueden ser negados, ni justificados de ninguna manera, ejercemos nuestro derecho ancestral y los derechos que nos asisten en la constitución política nacional y la legislación internacional, armonizaremos y aplicaremos remedio a los comuneros pertenecientes a las FARC responsables del asesinato de los guardias indígenas, pese a las amenazas recibidas el 7 de noviembre a través del comunicado atribuido a las FARC en que nos sentencia a muerte declarándonos como objetivo militar, que aunque no lo reconocen el secretario de la FARC en su pronunciamiento oficial justifica el hecho con los mismo argumentos de dicho comunicado. Actuaremos una vez más con la fuerza de la unidad, protegidos por nuestros espíritus en correspondencia con nuestro principio de defensa de la vida, el territorio y la autonomía.

Los pueblos indígenas como pueblos de Paz, frente a estos hechos planteamos las siguientes exigencias y propuestas.

Hacemos un llamado a la FARC y al gobierno nacional a continuar los diálogos hasta llegar a un acuerdo que permita la solución del conflicto armado, que no se levanten de la mesa hasta no concluir este proceso. Hay que terminar la guerra. Todos y todas la estamos perdiendo.

Exigimos el cese biliteral al fuego como una condición indispensable para poder avanzar en este proceso y una expresión de la voluntad real de PAZ.

Les exigimos el respecto al derecho internacional humanitario, exigimos respeto irrestricto a la población civil, que cumplan las exigencias humanitarias que les hemos hecho reiteradamente, que terminen el reclutamiento forzado a los niños y niñas, las violencia sexual a las mujeres, el minado al territorio, el confinamiento de las comunidades.
Invitamos a todos los actores y sectores de la sociedad civil que junto a los pueblos indígenas, también debatamos y demos salidas a temas trascendentales y estructurales del país como la minería, la reforma Agraria, los TLC, el modelo económico, la justicia y reparación integral a las víctimas, para que la construcción de la propuesta de Paz se a viable y duradera para el País.

Señores de la guerrilla de la FARC y gobierno nacional entiendan que Colombia es más, mucho más, que la guerrilla y el ejército, y que la paz debe ser una construcción de todos y todas las colombianas.

Llamamos tanto a la guerrilla y el Gobierno Nacional cumplan en la práctica nuestras exigencias de respetar nuestra autonomía, libre autodeterminación, justicia y el gobierno propio de los pueblos indígenas, habitantes ancestrales de estos territorios.

TORIBIO- CAUCA NOVIEMBRE 9 DE 2014
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA – CRIC
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA -ACIN
ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA - ONIC

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Sobre la justicia indígena. Agencias:

¿Cómo indígenas hacen frente a las FARC con latigazos?
Los ocho milicianos de las FARC fueron juzgados por la muerte de dos guardias indígenas. Foto: AFP.

Martes, 11 Noviembre, 2014 - 11:27

En el auditorio cabían unas mil personas. Pero un número todavía mayor acompañó el juicio desde la calle.

Y a través de ellas, por aclamación y mano alzada, fue una comunidad entera la que dictó sentencia en contra de los guerrilleros de las FARC involucrados en la muerte de dos guardias indígenas cerca de Toribío, Cauca, la semana pasada.

Primero fueron 60 años de cárcel para Carlos Silva Yatacué, presunto responsable de las muerte de dos comuneros nasa que intentaban retirar de su territorio un cartel en homenaje al excomandante guerrillero, Alfonso Cano.

Otros cuatro guerrilleros vinculados a las FARC –Arcenio Vitonas, Robert Pequi, Emilio Ilyo y Freiman Dagua– luego fueron condenados a 40 años de prisión, por disparar indiscriminadamente en contra de los guardias.

Mientras que los últimos dos acusados, al tener únicamente 14 y 17 años, fueron sentenciados a 20 “fuetazos” administrados ahí mismo, lejos del lente de las cámaras.

Los menores también fueron enviados a un centro de resocialización, con la advertencia de que su sentencia se revisará cuando alcancen la mayoría de edad en unos años.

Mientras que los mayores –en realidad muy jóvenes todos, también pertencientes al pueblo nasa– purgarán su condena en “patio prestado”.

Es decir, serán recluidos en una cárcel estatal. Pero estarán bajo custodia de la Guardia Indígena de la ACIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

Y, por una vez, el resto de Colombia no parece haber encontrado razones para criticar el actuar de la justicia indígena, que desde 1991 tiene amplia jurisdicción sobre lo que ocurre dentro de sus resguardos.

“Nunca creí que la justicia indígena me produjera tanta admiración”, escribió por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial por el Partido Conservador Marta Lucía Ramírez.

“¿Eficacia (de la) justicia indígena ejemplo para el Estado colombiano?”, agregó Ramírez, en una pregunta repetida por numerosos medios colombianos.

“Y fue gracias a los indígenas que los colombianos volvieron a creer en la justicia”, trinó por su parte Juan Felipe Muñoz, el exdirector de comunicaciones del gobierno de Juan Manuel Santos.

Mientras que opiniones muy similares fueron expresadas por numerosos ciudadanos “del común” y representantes de todos los sectores políticos del país, unidos en torno a una valoración positiva de la justicia indígena colombiana.

Aunque ese no ha sido siempre el caso.

Justicia polémica

Efectivamente, los intentos de las comunidades indígenas por juzgar desde sus propios valores y costumbres temas como las relaciones carnales con menores, penadas por la legislación ordinaria, a menudo son objeto de polémica.

Y lo mismo se puede decir de su recurso al castigo corporal, pues en sus sentencias no son extraños el cepo ni los fuetazos (latigazos).

Mientras que sus esfuerzos por hacer valer su autoridad dentro de sus territorios ancestrales tampoco han sido bien vistos por ciertos sectores de la Colombia ladina o “blanca”, sobre todo cuando de por medio está el conflicto armado.

En julio de 2012, por ejemplo, la decisión de castigar con “nada más” 30 latigazos a unos guerrilleros capturados en esa misma zona del norte del Cauca, poco después de la polémica expulsión de un grupo de soldados del ejército que habían montado un campamento en un cerro aledaño, le valió muchas críticas a los mismos nasas.

Y por episodios como ese, la derecha colombiana a menudo acusa a los indígenas de simpatizar con los guerrilleros y oponerse al Estado colombiano.

Los nasa, sin embargo, siempre se han declarado neutrales en el conflicto y exigido la salida de todos los actores armados de su territorios, sin excepción, para no seguir cayendo víctimas del fuego cruzado.

Mientras que su visión de justicia no está orientada al castigo, sino al restablecimiento del equilibrio roto por los actos criminales.

Y es por eso que, en lugar de cárcel, a menudo optan por castigos corporales que se combinan con bebedizos para tratar de “enderezar” a los torcidos.

En otras ocasiones, el “remedio” se busca a través del trabajo comunitario.

Y, en el peor de los casos, se recurre a la expulsión del territorio, que para muchos indígenas es el peor de los castigos imaginables.

Protegidos por la Constitución

Por lo demás, el derecho de los indígenas a impartir su propia justicia “de conformidad con sus propias normas y procedimientos” está avalado por la Constitución de 1991, que establece como única excepción posible contradicciones con “la Constitución y leyes de la República”.

Y el juicio de este domingo en el Cauca claramente se ajusta a los criterios establecidos por la Corte Constitucional para determinar si la jurisdicción indígena puede prevalecer por encima de la justicia ordinaria.

Los acusados son todos indígenas, en este caso parte del pueblo nasa, y el delito fue cometido en territorio de uno de sus muchos resguardos de esa etnia en las montañosa región norte del departamento del Cauca.

En esos territorios los nasa también cuentan con instituciones tradicionales claramente establecidas que les permiten impartir justicia y ejercer autoridad, la misma que intentaban imponer los guardias indígenas al momento de su asesinato.

Y con eso, podría argumentarse, se satisface además el cuarto criterio identificado por la Corte: la naturaleza del bien jurídico tutelado: “si se trata de un interés de la comunidad indígena o de la sociedad mayoritaria”.

Por lo pronto, en cualquier caso, no parece que nadie quiera discutir el derecho de los nasas a juzgar el caso, si bien algunos comuneros ya han denunciado amenazas.

Las mismas FARC, sin embargo, lamentaron la muerte de los guardias indígenas a través de un comunicado en el que también de distanciaron de un panfleto a su nombre que amenazaba con considerar a los líderes indígenas objetivos militares.

Y la rigurosa condena impuesta a los milicianos contentó incluso a esa derecha que siempre ha visto con sospecha a la justicia indígena, reflejando además una indignación compartida por la inmensa mayoría de los colombianos.

Estos, sin embargo, no deberían perder de vista que lo del domingo es también un recordatorio de unas viejas demandas: las demandas de un pueblo que todavía pelea por la autodeterminación y el respeto de sus costumbres, que además sufre al ver a sus jóvenes ingresar a las filas de los grupos armados, a menudo por falta de oportunidades.

Un pueblo que se rehúsa a seguir sufriendo por un conflicto que considera ajeno, pero que le ha obligado a verter demasiada sangre. (BBC)