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Provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, dos de las regiones más afectadas por la presión del extractivismo y donde se han desarrollado procesos interesantes de resistencia.
¡NANKI ACHIKTA! Una mirada a las resistencias indígenas al extractivismo en la Amazonía peruana (Condorcanqui y Datem del Marañón)
Vie, 03/10/2014
http://www.aldeah.org/es/nanki-achikta-una-mirada-las-resistencias-indigenas-al-extractivismo-en-la-amazonia-peruana-condor-0
En 2011, el ex militar Ollanta Humala realizó su campaña electoral haciendo grandes promesas a los pueblos indígenas y campesinos del Perú: el líder del partido nacionalista hablaba de un cambio de ruta en la política peruana, un proyecto de “gran transformación” que habría defendido los intereses de la población frente a la voracidad de las multinacionales. A los pocos meses de su elección, Ollanta se quitó su disfrace respondiendo con una brutal represión a los campesinos de Cajamarca que se oponían al proyecto Conga, proyecto de mega-minería a cielo abierto de la empresa Yanacocha (Newmont – Buenaventura). En abril de 2012, el presidente de Petroperú anunció la concesión de 22 nuevos lotes petroleros en la selva amazónica. En julio de este año (2014) el gobierno promulga una serie de medidas legislativas para “reactivar la economía”: se recortan las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, institución del Ministerio de Energía y Minas ya criticada por su ineficiencia y su condescendencia hacia las empresas responsables de la contaminación; se reducen las sanciones que el OEEA puede imponer a las empresas hasta el 35% del máximo actual; los tiempos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental también se reducen y se impone que sea el Consejo de Ministros, y no el Ministero del Ambiente, el que decida en la creación de áreas reservadas, y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP) de contaminación. Una serie de medidas elaboradas expresamente para que la legislación medioambiental no pueda interferir con el trabajo de las empresas. Un regalo al sector minero-energético que suena a provocación, en un país donde existen más de 200 conflictos socio-ambientales y donde cada gobierno deja un saldo de varias decenas de manifestantes muertos por las balas de la policía…
Proponemos aquí una mirada a las resistencias a las empresas mineras y petroleras en las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, dos de las regiones más afectadas por la presión del extractivismo y donde se han desarrollado procesos interesantes de resistencia.
¡NANKI ACHIKTA!
Una mirada a las resistencias indígenas al extractivismo en la Amazonía peruana (Condorcanqui y Datem del Marañón)
Simone Garra
Nanki achiktá, empuña la lanza, es el título de una cumbia awajún sobre el baguazo. Hace seis años, en el norte de la Amazonia peruana, los pueblos awajun y wampis empuñaban sus lanzas y se declaraban en pie de guerra: era el inicio de dos periodos de movilizaciones nacionales (2008 y 2009) en la Amazonia peruana contra la invasión del capitalismo internacional y la depredación de los recursos en las tierras indígenas. “La selva no se vende, la selva se defiende” fue la respuesta de miles de mujeres y hombres que lucharon en contra de un paquete de leyes cuyo objetivo claro y explicito era eliminar cualquier obstáculo para las grandes inversiones en la región amazónica. El cinco de junio 2009, balas contra lanzas, quizás la represión del Estado no esperaba encontrar una respuesta tan aguerrida: policías desarmados por los manifestantes mueren de sus mismas balas, solidarios en la ciudad de Bagua se levantan y queman los edificios públicos, todo el país tiembla por la ola de rabia que desde la Amazonia llega a los Andes y las costas oceánicas. Las cifras oficiales hablan de 34 muertos y cientos de heridos. Decenas de arrestos, persecución de organizaciones indígenas e instituciones cercanas, torturas en las prisiones. Tres de los manifestantes presos ya transcurrieron más de cinco años en la cárcel, para otros 51 el juicio empezó en mayo 2014 y las acusaciones prevén penas que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua1.
En 2011, el ex militar Ollanta Humala realizó su campaña electoral haciendo grandes promesas a los pueblos indígenas y campesinos del Perú: el líder del partido nacionalista hablaba de un cambio de ruta en la política peruana, un proyecto de “gran transformación” que habría defendido los intereses de la población frente a la voracidad de las multinacionales. A los pocos meses de su elección, Ollanta se quitó su disfrace respondiendo con una brutal represión a los campesinos de Cajamarca que se oponían al proyecto Conga, proyecto de mega-minería a cielo abierto de la empresa Yanacocha (Newmont – Buenaventura). En abril de 2012, el presidente de Petroperú anunció la concesión de 22 nuevos lotes petroleros en la selva amazónica. En julio de este año (2014) el gobierno promulga una serie de medidas legislativas para “reactivar la economía”: se recortan las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, institución del Ministerio de Energía y Minas ya criticada por su ineficiencia y su condescendencia hacia las empresas responsables de la contaminación; se reducen las sanciones que el OEEA puede imponer a las empresas hasta el 35% del máximo actual; los tiempos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental también se reducen y se impone que sea el Consejo de Ministros, y no el Ministero del Ambiente, el que decida en la creación de áreas reservadas, y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP) de contaminación. Una serie de medidas elaboradas expresamente para que la legislación medioambiental no pueda interferir con el trabajo de las empresas. Un regalo al sector minero-energético que suena a provocación, en un país donde existen más de 200 conflictos socio-ambientales y donde cada gobierno deja un saldo de varias decenas de manifestantes muertos por las balas de la policía…
Proponemos aquí una mirada a las resistencias a las empresas mineras y petroleras en las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, dos de las regiones más afectadas por la presión del extractivismo y donde se han desarrollado procesos interesantes de resistencia. La gran mayoría de la población indígenas de estas regiones mantiene hasta nuestros días un fuerte sentido de identidad cultural, una economía basada principalmente en la subsistencia y una fuerte relación material y simbólica con el entorno geográfico. Las fuertes relaciones que existen entre los grupos indígenas de esta región se debe también al hecho de que ellos pertenecen en su casi totalidad al conjunto etno-linguistico Jívaro (Awajún, Huambisa, Shuar, Achuar y según algunos investigadores Shapra y Kandoshi). Tradicionalmente organizados en grupos dispersos y semi -nómadas, los Jívaro tienen desde la época colonial fama de “indios bravos” en contraposición a los “indios mansos” que habían sido “reducidos” en las misiones católicas. En efecto, las fuentes etno-históricas relatan numerosos levantamientos de los Jívaro a lo largo de todo el siglo XVI, hasta la expulsión definitiva de los Conquistadores españoles en 1599. También en la época republicana, tenemos información de ataques continuos a los puestos de los comerciantes caucheros en el río Marañón y episodios de rebelión a los abusos de los militares, en los ríos Cenepa, Santiago y Morona.
En el siglo XX, los Jívaro fueron entre los grupos de la Amazonía peruana que con más fuerza se insertaron en la política indígena, organizándose en federaciones a nivel local y regional, y contribuyendo activamente a la creación de las organizaciones indígenas amazónicas nacionales (AIDESEP y CONAP). Por otro lado, en estas culturas existe un fuerte sentido de autonomía de los grupos locales y una organización “acéfala”, donde es la dinámica de la alianza y el conflicto que redefine constantemente las relaciones sociales. Como veremos, en el actual contexto socio-político, y particularmente después del trágico Baguazo, las empresas extractivas están utilizando a su favor este rasgo cultural de los pueblos Jívaro. La política clásica del divide et impera, parece tener un fuerte impacto en tales sociedades, y nuevos conflictos están surgiendo en el interior de las organizaciones, entre las comunidades e incluso dentro de una misma comunidad. Esta situación, en varias oportunidades, ha corrido el riesgo de degenerar en enfrentamientos abiertos, como fue en el caso de los Achuar, por el cual la empresa canadiense Talisman se encuentra enjuiciada en la Fiscalía de la Nación del Perú por el delito de “genocidio en tentativa”.
Lo que se propone es una síntesis de la información disponible en el web (en los sitios de información sobre el tema como servindi.org, los medios de prensa y las páginas de las empresas interesadas) y entrevistas realizadas por el autor a lo largo de varias estadías en las comunidades awajún y wampis de los ríos Cenepa, Santiago y Morona y en los pueblos de Santa María de Nieva y San Lorenzo, las dos capitales de provincias.
Resistencias a la minería y el petróleo en la provincia de Condorcanqui
1.1 Características generales de la región y panorama socio-cultural
La provincia de Condorcanqui, a nivel administrativo, pertenece al departamento de Amazonas y está subdividida en tres distritos, correspondientes a las tres principales cuencas hidrográficas: Nieva, Cenepa y Santiago. Estos tres ríos desembocan en el río Marañón, el eje transversal y la más importante vía de comunicación de la región. La capital de la provincia es la pequeña ciudad de Santa María de Nieva (6,000 habitantes), ubicada en la confluencia entre el río Nieva y el río Marañón. La única carretera es la Marginal de la Selva, que conecta las ciudades de Bagua (Amazonas) y Sarameriza (Loreto), pasando por las comunidades nativas y los poblados ubicados en la margen derecha del Marañón (entre ellos: Urakusa y Santa María de Nieva). La población estimada de Condorcanqui es de 50,746 habitantes (26,267 en el distrito de Nieva; 9,402 en el distrito de El Cenepa; 15.073 en el distrito de Santiago).
El territorio que corresponde a la provincia de Condorcanqui está ocupado al menos desde la época incaica por poblaciones pertenecientes al conjunto etno -linguistico Jívaro. Actualmente, la gran mayoría de la población de la provincia se identifica como Awajún (o Aguaruna) y Wampis (o Huambisa). Los Awajún tienen una población muy numerosa (cerca de 60,000 personas) y ocupa un territorio que sobrepasa los límites de la provincia de Condorcanqui y del departamento de Amazonas, abarcando también las regiones de Cajamarca, San Martin y Loreto. Los Wampis, por su parte, están estrechamente emparentados con los Shuar de Ecuador, y se sitúan en las cuencas de los ríos Santiago y Morona, entre las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón (Loreto).
A partir de la segunda mitad del siglo XX, los misioneros jesuitas y los lingüistas del Instituto Lingüístico del Verano impulsaron la escolarización y el reasentamiento en “comunidades” de la población indígena de Condorcanqui. Desde 1974, tales comunidades obtuvieron un reconocimiento legal, un territorio titulado y adoptaron una forma de democracia directa, cuyos pilares son la asamblea y los reglamentos comunales. En la actualidad la casi totalidad de la provincia de Condorcanqui está titulada por comunidades nativas, en su mayoría Awajún. La subsistencia en estas comunidades se basa en las actividades tradicionales (cacería, pesca, horticultura y recolección). Sin embargo, en las aldeas más grandes, que concentran entre 1.000 y 2.000 habitantes, los recursos del bosque ya no alcanzan para satisfacer las necesidades de la población, lo que provoca toda una séquela de problemas de salud y sociales. Algunos cultivos comerciales (principalmente cacao y plátano) y la minería artesanal2 complementan la economía de las familias Awajún y Wampis.
Los servicios básicos (luz, desagüe) son ausentes en la casi totalidad de las comunidades y los centros de atención médica son escasos y mal equipados. Los servicios escolares también son inadecuados a las demandas de la población, por lo que asistimos a un fenómeno de migración de los jóvenes en busca de mejores oportunidades educativas, particularmente hacia Santa María de Nieva, Bagua y Chiclayo. A nivel político, si bien cada comunidad tiene cierta autonomía en las decisiones que le conciernen, los Awajún y los Wampis están organizados en federaciones que funcionan sobre todo a nivel de cuencas y sub-cuencas hidrográficas. La más conocida de estas organizaciones es el Consejo Aguaruna Huambisa que, entre las décadas de 1970 y 1980, logró unificar a los representantes de las comunidades de los “cinco ríos”: Marañón, Cenepa, Santiago, Chiriaco y Nieva. A partir de los años 90, el CAH se fragmentó en un gran número de organizaciones. Actualmente, la casi totalidad de las organizaciones indígenas locales están afiliadas a la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P).
1.2 El recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja y las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor
Ubicación: Cordillera del Cóndor – cuencas de los ríos Cenepa, Comaina, Numpatkaim
Empresa(s): Afrodita/Dorato Perú; New Dimension Resources
Pueblos indígenas directamente afectados: Awajún, Wampis
Organizaciones: Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Organización de Desarrollo de las Comunidades del Alto Comaina (ODECOAC), Organización de Desarrollo de las Comunidades Indígenas de Numpatkaim y Alto Comaina (ODECINAC)
Al término del conflicto de 1995 entre Perú y Ecuador, ambos países se comprometieron a crear dos “zonas de protección ecológica bajo soberanía y jurisdicción del Estado respectivo” en la Cordillera del Cóndor, el lugar que había sido el teatro de los enfrentamientos. En el Perú, se declaró la creación de la Zona Reservada Santiago-Comaina, bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales. Después de un periodo de investigación biológica, realizado conjuntamente con la ONG Conservación Internacional, se optó por la creación de un Parque Nacional en la Cordillera del Cóndor. Se trata de un territorio de gran importancia para la población indígena de la zona, puesto que allí se encuentran las cabeceras de los ríos Cenepa, Comaina y Numpatkaim, en cuyas partes medias y bajas están asentados miles de Awaún y Wampis. Además, por su relativo aislamiento, la Cordillera constituye una zona de refugio para muchas especies animales y vegetales que han empezado a escasear en los territorios más poblados de la región.
La decisión de aceptar la constitución del Parque fue muy discutida por los pobladores, ya que una parte de ellos temía que se tratara de una estrategia del Estado para substraerles este territorio tan lleno de recursos. Finalmente, con el consentimiento de las organizaciones indígenas, a partir de 2002 inició el proceso de categorización de esta zona. INRENA y Conservación Internacional realizaron talleres en las comunidades y escogieron promotores indígenas para concientizar a la población local de la importancia del proyecto e involucrarla directamente en su realización. De esta manera, en el 2004, los representantes de las comunidades nativas incluidas en la Zona Reservada Santiago Comaina, en presencia del INRENA y del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural) firmaron un Acta en Huampami, en el que se daba conformidad a la creación del Parque Nacional Cordillera del Cóndor – Ichigkat Muja. El acta estableció que los límites del parque correspondían a los límites de las comunidades tituladas y a los límites de los pedidos de ampliación, fijando un total de 152.873 has para su extensión (ODECOFROC 2009).
Sin embargo, en los años siguientes, se hizo evidente la falta de voluntad del Estado peruano de cumplir los acuerdos pactados. En agosto de 2007 , mediante el DS 023-2007-AG, se creó oficialmente el Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, con una superficie de 88.477 has, es decir, 64,000 hectáreas menos de la superficie acordada en el Acta de Huampami. Con esta categorización, se dejaron sin protección todas las cabeceras de los ríos Comaina, Numpatkaim y Sawientsa, afluentes del Cenepa. El territorio que quedó afuera del Parque fue concesionado a empresas mineras, sin ningún proceso de consulta previo a las comunidades y organizaciones indígenas.
Área recortada a la propuesta original del Parque Ichigkat Muja (Fuente: ODECOFROC 2009)
Desde al año 1993, el Estado peruano había otorgado las primeras concesiones en la Cordillera del Cóndor a la compañía Metalfin (empresa que en 1996-7 creó la Minera Afrodita, transfiriéndole el íntegro de sus concesiones en la Cordillera). Sin embargo, con el establecimiento de la Zona Reservada en 1998, la compatibilidad de la actividad minera con los objetivos de conservación ecológica quedó sujeta a la opinión de INRENA. En el 2001, cuando la empresa peruano-canadiense Minería Afrodita pidió autorización para realizar trabajos de exploración en la Cordillera del Cóndor, INRENA desestimó esta autorización, declarando que: “los impactos que se pudieran generar como producto de la actividad de exploración y explotación minera afectarían directamente los objetivos de conservación de la zona ”. A pesar de esto, como ha documentado detalladamente la organización awajún ODECOFROC (2009), entre el 2005 y el 2006, la compañía minera se entrometió en las políticas ambientales implementadas por el INRENA, también presionó a la Cancillería y al Ministerio de Defensa con el fin de obtener el permiso para trabajar en la Cordillera del Cóndor. Esta presión dio sus resultados en enero de 2006, cuando INRENA cambió su posición inicial, autorizando los trabajos de la Minera Afrodita, sin alegar ninguna razón y más bien señalando la necesidad de respetar rígidamente todas las medidas de seguridad por la peligrosidad de la actividad minera en esta zona. Actualmente, existen 109 concesiones para la exploración y la explotación de minerales en la Cordillera del Cóndor (otorgadas y en trámite), de las cuales 107 pertenecen a dos empresas canadienses: Dorato Resources/Afrodita (la gran mayoría), y New Dimension Resources (19 concesiones).
La población indígena del Cenepa se siente traicionada por el INRENA y las ONG ambientalistas como CI. La contaminación de las fuentes de agua, la deforestación y el alejamiento de la fauna de la Cordillera amenazan seriamente la supervivencia de las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Cenepa, Comaina y Numpatkaim. Desde el año 2007, esta situación desencadenó un conflicto entre por un lado las comunidades y las organizaciones indígenas de la cuenca del Cenepa (en particular la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa – ODECOFROC) y por el otro la empresa minera canadiense Afrodita y el gobierno peruano. En 2008, los representantes de los Awajún del Cenepa enviaron un comunicado anunciando que la Minería Afrodita tenía un plazo de 48 horas para retirar se. Al no recibir respuesta por parte del gobierno ni de la empresa, una numerosa comitiva desmanteló las instalaciones de Afrodita delante de la guarnición militar fronteriza3. Posteriormente, los líderes awajún de ODECOFROC pidieron nuevamente un diálogo con el gobierno, y una vez fueron ignorados. En enero del 2009, seis trabajadores de la empresa minera fueron detenidos en la comunidad de Huampami y liberados seis días después con la condición de que el Gobierno garantice enviar una Comisión de Alto Nivel a esa comunidad. Sin embargo, la Comisión nunca llegó a Huampami y el Presidente de ODECOFROC fue denunciado penalmente por el supuesto delito de secuestro, a pesar de que no se encontraba presente cuando los comuneros decidieron retener a la comitiva de la empresa. En marzo de ese mismo año, otra vez, fueron retenidos en Huampami dos funcionarios del Estado, uno del Ministerio de Energía y Minas y otro del Ministerio de Agricultura, quienes llegaron a la comunidad para realizar un taller sobre la extracción de hidrocarburos, sin haber consultado previamente con la ODECOFROC, ni con las autoridades comunales. A las pocas horas, estos trabajadores fueron liberados por los comuneros, quienes reiteraron su rechazo a las actividades extractivas. Estos eventos antecedieron el paro amazónico de 2009, donde hubo una participación masiva de la población de Condorcanqui.
En los meses siguientes a los eventos de Bagua de 2009, nacieron varias organizaciones indígenas, a nivel nacional, regional y local, que tomaron posiciones favorables a las compañías extractivas y las políticas del gobierno. En Condorcanqui, surgió una organización llamada Coordinadora Awajún, que pidió disculpas al gobierno por el Baguazo, en nombre de todo el pueblo Awajún. Tales declaraciones fueron inmediatamente desmentidas por el resto de las organizaciones de la zona que, a través de varios comunicados, denunció que la Coordinadora es una “organización fantasma”, puesto que no tiene bases en las comunidades. Desde 2010 hasta nuestros días, las concesiones de la compañía minera Afroida/Dorato Perú se encuentran suspendidas, sin embargo la tensión no ha disminuido. En efecto, según los testigos de ODECOFROC, la compañía sigue realizando actividades de exploración en la zona y negociando la explotación de los yacimientos de la Cordillera con el gobierno peruano. Además, Afrodita ha instaurado relaciones clientelares con algunas comunidades cercanas a sus instalaciones, quienes han entrado en abierto conflicto con la ODECOFROC, emprendiendo una campaña de difamación en contra de sus dirigentes y obstaculizando su trabajo de información y monitoreo. En más de una ocasión, esta situación ha corrido el riesgo de desencadenar situaciones de violencia entre las comunidades y hasta dentro de las comunidades.
1.3 Nuevas tensiones en un terreno ya conflictivo: la creación el lote 116 en Condorcanqui
Ubicación: ríos Marañón, Cenepa, Santiago y Nieva
Empresa(s): Maurel et Prom, Pacific Rubiales
Pueblos indígenas directamente afectados: Awajún, Wampis
Organizaciones: Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), Consejo Aguaruna Huambisa (CAH), Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Federación de las Comunidades Huambisa del Río Santiago (FECOHRSA), Federación de las Comunidades Awajún del Bajo Santiago (FECAS), Organización de los Pueblos Indígenas Wampis y Awajún del río Kanus (OPIWAK), Federación Aguaruna del Domingusa (FAD), Federación de Comunidades Nativas Aguaruna del Río Nieva (FECONARIN), Organización de Desarrollo de las Comunidades Aguaruna del río Marañón (ODECAM), Federación Indígena de Shawit (FISH), Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis (CEPPAW).
El lote 116 fue creado en 2006 y concesionado inicialmente a la empresa Hocol. En 2010 fue asumido por la francesa Maurel et Prom que, a partir del año en curso, se asoció a la canadiense Pacific Rubiales (empresa acusada en Colombia de desplazamientos forzados de la población, colusiones con los paramilitares y violaciones de los derechos laborales4). El Lote116 tiene una extensión de 658,879 hectáreas y se sobrepone al territorio de 90 comunidades nativas de Condorcanqui, la Reserva Comunal Tuntanain (en 48.5% de su extensión) y la Zona Reservada Santiago Comaina (en 36.6%). El proyecto tiene como objetivo la perforación de dos pozos desde una plataforma operativa que estará ubicada en la comunidad de Kashap y la construcción de un campamiento de base en el centro poblado de Ciro Alegría12. A pesar de su ubicación en el territorio de los Awajún y Wampis, la concesión del Lote fue realizada por el gobierno peruano sin ningún proceso de consulta. Según los testimonios recogidos en el campo, la empresa busca negociar individualmente con los jefes de las comunidades, ofreciéndoles dinero, servicios y puestos de trabajo a cambio de la aceptación de las actividades extractivas, como lo ha hecho como mínimo con la comunidad de Kashap,.
En varias ocasiones, los representantes de las comunidades de Condorcanqui se reunieron y expresaron su rechazo a las actividades petroleras. Los primeros en pronunciarse fueron los representantes de 55 comunidades del río Santiago, quienes en 2007 realizaron una “Declaración unitaria” donde anunciaron su intención de luchar - incluso a costa de sus vidas contra la explotación del lote 116 y solicitaron un diálogo directo de alto nivel con el gobierno central para dar a conocer sus propuestas de desarrollo y promover actividades de bajo impacto ambiental. La anulación del contrato de exploración y explotación del Lote 116 estuvo también entre los pedidos contenidos en la plataforma de lucha de Condorcanqui en las protestas de 2008 y 2009. En 2012, se realizó en Santa María de Nieva el denominado “Encuentro de Jefes y Líderes frente a la amenaza de las actividades hidrocarburíferas y mineras en el territorio ancestral de los Pueblos Awajun Wampis”, congregando a 74 participantes, entre jefes comunales, líderes de organizaciones de base, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y medios de prensa. A pesar de la invitación efectuada por la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajun Wampis, la empresa petrolera Maurel Et Prom no acudió al encuentro, desairando la expectativa de los participantes que la invitaron con anticipación. En 2013, nuevamente, cerca de 80 líderes y lideresas indígenas exigieron al Estado peruano suspender las actividades sin consulta que realizan Maurel Et Prom y Pacific Rubiales, señalando que ambas empresas habían iniciado sus actividades de exploración y estaban desarrollando acciones orientadas a comprar dirigentes y autoridades y promover la división de las organizaciones indígenas. El evento fue convocado por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN -P), entidad regional afiliada a la nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Por su parte, la empresa está realizando reuniones con un grupo de dirigentes Awajún y con los jefes de apenas tres de las comunidades afectadas por el Lote, haciendo promesas de empleo y desarrollo a través de unos “antropólogos” y relacionistas comunitarios que sin alguna vergüenza mienten a la población, maquillando las intenciones y ocultando los antecedentes de de Maurel et Prom y Pacific Rubiales (empresas conocidas respectivamente en Africa y Colombia por la contaminación y la violencia que han generado).
2 Resistencias a las empresas petroleras y proyectos de autonomía en el Datem del Marañón
2.1 Características generales de la región y panorama socio-cultural
La provincia de Datem del Marañón5 se ubica en el departamento de Loreto y se subdivide en seis distritos: Andoas, Barranca, Cahuapanas, Manseriche, Morona y Pastaza. Tiene una superficie de 46,619 km2 y una población de aproximadamente 50,000 habitantes. La capital de la provincia es la pequeña ciudad de San Lorenzo (cerca de 8,000 habitantes), situada a orillas del río Marañón. Tratándose de una región bajo amazónica, los ríos constituyen las más importantes vías de comunicación. En este tramo el Marañón tiene un caudal muy amplio y es recorrido por las grandes lanchas que vienen de Iquitos, capital del departamento. La única carretera existente en el Datem del Marañón es la que conecta Bagua con Villa Saramiriza, localidad que adquirió cierta importancia regional a partir de los años 1970, por el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el río Pastaza y la construcción del Oleoducto Nor Peruano.
La población de las cuencas del río Marañón y sus grandes afluentes Morona, Pastaza, Potro, Apaga y Cahuapanas, presenta desde la época prehispánica una gran variedad lingüística y cultural. En esa época como hoy, los grupos indígenas de la región pertenecía n principalmente a las familias etnolingüísticas Jívaro, Candoa y Shawi. Entre los siglos XVII y XVIII, las reducciones jesuitas de Maynas tuvieron un profundo impacto en los procesos de transculturación y reformulación de las identidades locales, así como en la forma de vivir de estas poblaciones. Posteriormente tales poblaciones fueron involucradas en las redes comerciales de jebe y pieles de animales que conectaban la ciudad de Iquitos con los afluentes de los ríos Amazonas y Marañón. Si bien no degeneró en un verdadero sistema de esclavitud, como ocurrió en otras partes de Amazonía, el comercio se basó en el sistema conocido como “enganche”, es decir en el perpetuo endeudamiento de la población, que se transformaba de esta manera en peonaje de los “patrones” o “regatones”. Desde la mitad del siglo XX, en la región tuvieron un rol social preponderante los misioneros-lingüistas del ILV, quienes impulsaron la escolarización y el reasentamiento en comunidades de la población indígena.
Actualmente, tenemos en el Datem del Marañón una miríada de comunidades nativas culturalmente y lingüísticamente identificadas como Awajún, Achuar, Wampis, Shiwilo, Shapra, Kandoshi, Shawi y Quichuas. Algunos millares de hispanohablantes, conocidos en la región como ribereños y dedicados al comercio y la pesca, completan el panorama socio- cultural del Datem del Marañón.
La provincia tiene una historia reciente, ya que fue creada en 2005, después de una huelga indefinida de la población indígena que terminó con el saldo de un muerto y varios heridos. El objetivo de esta jornada de protesta fue el conseguimiento de más recursos económicos y mayor participación para las instituciones locales, anteriormente bajo la administración de Alto Amazonas (con capital en Yurimaguas). Al momento de la creación de la provincia, las organizaciones indígenas locales y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, afiliada a la AIDESEP, trabajaron en estrecha colaboración con la administración local, que en su primer periodo fue guiada por el alcalde awajún Emir Masegkai del Movimiento Integracionista del Amazonía Peruana (MIAP). Entre los resultados de esta fuerte presencia indígena en la política local podemos mencionar la Ordenanza municipal nº 012-2008-MPDM-A del 3 de noviembre del 2008. Basándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (textos internacionales ambos suscritos por el Perú), la Ordenanza declara que los gobiernos locales son competentes en materia de acondicionamiento territorial y que los pueblos indígenas deben decidir sus propias prioridades en lo que se refiere al proceso de desarrollo. La ordenanza pasa en seguida a reconocer oficialmente la existencia en la provincia de los pueblos indígenas de la región y los derechos territoriales históricos que poseen.
En el marco de esta medida legislativa las federaciones indígenas afiliadas a la CORPI empezaron un proceso de autodefinición territorial, cuyo objetivo es la demanda de reconocimiento de Territorios Integrales Indígenas. La noción de “integralidad” implica una visión del territorio que va mucho más allá de la titulación de superficies de tierra para acercarse a las cosmologías indígenas, donde es la interrelación con los seres del entorno que permite la existencia de la humanidad. En este sentido, es el conjunto del espacio de vida de cada pueblo lo que se reclama como territorio y no tiene sentido separar la tierra, el bosque, los cursos de agua, el aire y el subsuelo de todos sus habitantes humanos y no humanos. Por otro lado, el proyecto de Territorio Integral apunta a la integración de las comunidades nativas de un mismo grupo étnico en un solo espacio territorial que incluiría también aquellos territorios no titulados dentro de las “comunidades”, pero que tienen igualmente una importancia histórica, material o espiritual-religiosa para el grupo étnico en cuestión6.
Como resultado de un largo trabajo organizativo - cuyo objetivo fue establecer los límites geográficos de los diferentes territorios étnicos - y de un igualmente largo trabajo cartográfico realizado por los equipos de CORPI, tenemos aquí un mapa de los territorios integrales afiliados a esta organización (el mapa incluye también los pueblos afiliados a la organización que viven en la provincia de Alto Amazonas).
Este proceso de recomposición de los espacios territoriales étnicos, llevado adelante por las organizaciones de base afiliadas a CORPI, con el apoyo de algunas ONG nacionales e internacionales, debería llevar, según sus promotores, a la creación de una Región Indígena Autónoma en el norte de la Amazonía peruana. Por otro lado, como muestra el mapa siguiente, el Estado no considera como relevante la presencia de poblaciones indígenas en el Datem del Marañón. El único interés que parece tener el gobierno central en la región es aquello generado por la renta petrolera, a pesar de las dramáticas consecuencias medioambientales que la extracción de petróleo ya ha generado en el Lote 1AB en el Alto Pastaza. El caso del Pastaza está hoy en el centro de la atención internacional, puesto que el nuevo contrato para la explotación de estos yacimientos será objeto del primer proceso de consulta a los pueblos indígenas en el Perú. Aún no está muy claro si también serán objeto de consulta los otros lotes de la región, con contratos ya subscritos por el MINEM y empresas petroleras transnacionales. De estos lotes recientes, el único donde han empezado los trabajos de perforación es el Lote 64, entre los ríos Morona y Pastaza. Como se detallará, en tan solo diez años, la economía petrolera ha tenido un impacto social desastroso, generando toda una serie de tensiones y conflictos hasta ahora irresueltos. A continuación se presentará una reseña informativa sobre cada uno de estos lotes y los conflictos socio -ambientales relacionados.
2.2 El caso del Pastaza: cuarenta años de contaminación y nuevas concesiones
Ubicación: Parte alta de los río Huituyacu, Huasaga, Pastaza
Empresa(s): Pluspetrol (Lote 1AB y 115), Pluspetrol, Ramshorn International, Shona Energy International y Andean Oil and Gas S.A.C (Lote 102)
Pueblos indígenas directamente afectados: Quechua, Achuar
Organizaciones: Federación de los Indígenas Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Federación de la Nación Achuar del Perú (FENAP), Organización Achuar Chayat (ORACH), Organización Achuarti Iruntramu (ATI)
El caso del río Pastaza constituye un ejemplo emblemático de extractivismo en la Amazonía peruana. El Lote 1AB tiene una extensión de 479,265 hectáreas y está ubicado en la parte alta de la cuenca de este río, distrito de Andoas, territorio del pueblo Quechua. La estación recolectora principal (Nuevo Andoas) y la planta de bombeo inicial del Ramal Norte del Oleoducto Nor-peruano se encuentran también en el mismo distrito. La extracción de petróleo en Andoas se remonta a principios de la década de 1970, cuando el Estado peruano concesionó el lote a la empresa norteamericana Occidental Petroleum Corporation del Perú (OXY). En el año 2000, la OXY fue remplazada por la empresa argentina Pluspetrol, que de esta manera asumió también los pasivos ambientales de la gestión antecedente. En 2005, Pluspetrol adquirió la licencia del lote 115, ubicado en las partes altas de Huasaga y Huituyacu, territorio de los Achuar, que tiene una extensión de 241,226 hectáreas. Finalmente, desde 2009, Pluspetrol también tiene el 51% del Lote 102 (que anteriormente estaba incluido en el Lote 1AB) junto con las empresas estadounidenses Ramshorn International, Shona Energy International y Andean Oil and Gas S.A.C7.
Desde un principio, las actividades petroleras en esta región se desarrollaron en un contexto de total ausencia de fiscalización ambiental por parte del Estado y sin alguna medida de precaución por parte de la empresa. Durante cuarenta años, las aguas del subsuelo, con altos grados de contaminantes, concentración salina y elevada temperatura, junto con los hidrocarburos y los demás concentrados propios de la producción petrolera fueron vertidas al Pastaza y sus afluentes. Ya en el año 1984, después de la primera década de operaciones petroleras en la región, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales declaró que se trataba de una de las zonas medioambientales dañadas más críticas del país. En 2004, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) resolvió cerrar 17 pozos de producción del Lote 1AB durante un periodo de cuatro meses y aplicó una multa a Pluspetrol por la contaminación determinada por el vertimiento de aguas de producción8. Sin embargo, fue solamente en el año 2006, cuando se publicó un estudio realizado por la Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA) en la vecina cuenca del Corrientes (Lote 8 también de Pluspetrol), que se conocieron las dramáticas consecuencias de estas actividades. En los resultados de este estudio se evidenciaba que, debido a la contaminación del agua, más del 98% de los pobladores Achuar menores de 18 años superaba los valores límites de cadmio en sangre y el 66,21% de ellos el límite establecido para el plomo (La Torre 1999). En 2007, después de una larga huelga, los Achuar del Pastaza obtuvieron que Pluspetrol se comprometa a reinyectar en el subsuelo el 100% de las aguas de producción de los Lotes 8 y 1AB.
Frente al incumplimiento de tales compromisos, en el año 2008, los Quechua del Pastaza también se movilizaron, tomando las instalaciones del aeródromo de Pluspetrol en Andoas. Durante un operativo de desalojo, un miembro de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) fue muerto, lo que desencadenó en los días siguientes una serie de acciones de represalias por parte de la DINOES. Según las denuncias de los pobladores, un mes después de la manifestación, fue asesinado un comunero quichua y varios fueron amenazados y torturados (Isla 2009). En los días siguientes, los abogados y periodistas del Programa de Defensa de los Derechos Indígenas (PDDI) denunciaron que Pluspetrol les impidió el acceso a la zona9. En 2010, tres dirigentes de la Federación de los Indígenas Quichua del Pastaza (FEDIQUEP) presentaron ante el Congreso de la República del Perú una denuncia por la contaminación y los abusos a la población provocados por Pluspetrol, exigiendo investigaciones por parte de organismos independientes. En su informe, FEDIQUEP acusó Pluspetrol del envenenamiento de aguas y suelo y de casos de diarrea, vómitos y enfermedades de la piel entre los pobladores del alto Pastaza10.
En 2011, el gobierno peruano subscribió con los Quechua el denominado “Acta del Pastaza” prometiendo la prestación de servicios de salud y educación y una investigación exhaustiva del impacto de la contaminación. Una vez más, los Quechua tuvieron que movilizarse para exigir el cumplimiento de estos compromisos. En junio de 2012, las comunidades reiniciaron sus movilizaciones en un clima de fuerte militarización11. Frente a tales reclamos, el gobierno peruano conformó una Comisión Multisectorial, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, para analizar, diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de las cuencas afectadas. En octubre de ese mismo año, el viceministro de Interculturalidad anunció que en 2013 se realizaría el primer proceso de consulta previa en el Perú, en los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, en vista del nuevo proceso de licitación pública del lote 192 que deberá sustituir el contrato del lote 1AB en el año 2015. En marzo de 2013, luego de la presentación preliminar del informe de la Comisión Multisectorial, el gobierno declaró el estado de Emergencia Ambiental en los distritos de Andoas y Pastaza. En julio, después de una nueva movilización de los Quechua del Pastaza, Pluspetrol aceptó pagar una compensación a las comunidades nativas y los representantes de la PCM se comprometieron a realizar exámenes toxicológicos a la población12
En los últimos meses, en este marco de mayor atención nacional e internacional hacia el caso del Pastaza, FEDIQUEP ha venido presentando una serie de informes sobre los daños producidos por Pluspetrol al medioambiente y la salud humana. Entre ellos, se han documentado la contaminación de pozos y piletas de agua en las comunidades, la desaparición de una laguna y hasta 112 derrames de hidrocarburos entre 2007 y 2011 por fallas del ducto de transporte de hidrocarburos o desbordes de los tanques sumideros. Por su parte, una serie de estudios gubernamentales a cargo del Autoridad Nacional del Agua, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) han confirmado los altos índices de contaminación de las aguas y los suelos por hidrocarburos, arsénico, bario, cadmio, zinc y plomo13.
Justo en estos días (noviembre 2013), mientras se redacta el presente documento, el OEFA, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, impuso una multa de 7 millones 220 mil dólares por las actividades realizadas entre mayo y octubre de 2012 en la laguna de Shanshococha (2856 m2), que llevaron a su completa desaparición14. De esta manera, gracias a la lucha de las comunidades y el intenso trabajo político y documental realizado por sus federaciones, unas nuevas esperanzas de reparación parecen abrirse para los pobladores del Pastaza.
2.4 Extracción petrolera y conflictos en el Lote 64
Ubicación: Cuencas de los ríos Morona, Huituyacu, Huasaga
Empresa(s): Talisman - Perupetro
Pueblos indígenas directamente afectados: Achuar, Shapra, Wampis
Organizaciones: Federación de la Nación Achuar del Perú (FENAP), Organización Achuar Chayat (ORACH), Organización Achuarti Iruntramu (ATI), Organización Shuar del Morona (OSHAM), Federación Shapra del Morona (FESHAM), Federación Arutam Wampis del Bajo Morona (FAWABAM), Asociación Indígena del Morona (AIM)
El lote 64 se ubica en las cuencas de los ríos Morona, Huituyacu y Huasaga, territorio s riquísimos en biodiversidad y reconocidos por la Convención Ramsar como uno de los ecosistemas acuáticos más productivos en la selva amazónica. La región está ocupada por los pueblos Achuar y Shuar (o Wampis) y Shapra y colinda con los territorios de los pueblos Quechua.
La historia del lote 64 se remonta al año 1995, cuando el Estado suscribió un contrato con la empresa Atlantic Richfield Perú Inc (ARCO). Al enterarse de esto, y conociendo las consecuencias de las actividades petroleras en el río Corrientes, las organizaciones Achuar manifestaron de inmediato su oposición, logrando que en el año 2000 la empresa ARCO abandone el proyecto. En febrero de 2001, el Estado peruano subscribió un nuevo contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 64 con tres empresas: las estadounidenses OXY (50%) y Burlington Resources (25%) y la española Repsol (25%). En el año 2003, nuevamente, los Achuar consiguieron que la empresa Burlington Resources Peru Limited se retire por no contar con el acuerdo de las comunidades15. En 2004 la concesión pasó a la canadiense Talisman, empresa ya responsable de violaciones de derechos humanos y acusada de genocidio en Sudan2516. En 2004, Talisman también obtuvo la licencia de exploración y explotación del lote 101, contiguo al Lote 64, sumando un total de 1′698,230 has.
Desde 2004 hasta la actualidad, las actividades de Talisman en el Morona han venido provocando graves conflictos y divisiones internas entre las organizaciones. El episodio más grave ocurrió en 2009, cuando cerca 130 integrantes Achuar viajaron a un campamento de Talisman Energy para solicitar a los directivos de la empresa que ésta se retirase del lugar. Al llegar al sitio, se encontraron con otro grupo de Achuar armados de escopetas, pertenecientes a las comunidades y la organización que habían negociado la entrada de Talisman. El hecho provocó una confrontación que casi degeneró en enfrentamiento armado, lo que fue denunciado a la Fiscalía de la Nación por los representantes de la Federación de Nacionalidades Achuar del Perú (FENAP). Según las denuncias, Talisman es responsable de haber armado y transportado al contingente achuar que defendió su campamiento, por lo que se le imputa el delito de “genocidio en tentativa”. Actualmente el caso se encuentra en el tercer Juzgado Penal de la Sala Penal Nacional17.
Según las notas informativas18 y los testimonios recogidos por el autor en el Morona, entre 2004 y 2012, la política de Talisman consistió en negociar el consenso de las comunidades donde se encuentran sus instalaciones, a través de donaciones en dinero, objetos, servicios, becas escolares y universitarias. De esta manera, la empresa logró también crear organizaciones indígenas favorables a sus actividades y dispuestas a legitimar su “responsabilidad social” en talleres y reuniones con representantes del Estado. Sin embargo, la mayoría de las comunidades, afectadas por el tráfico fluvial, la deforestación y la contaminación, sigue oponiéndose a tales actividades. En varias ocasiones, en los últimos años, los nativos del Morona (Achuar, Shuar y Shapra) cerraron el río y retuvieron las embarcaciones de Talisman en señal de protesta. En 2012, una delegación de Achu ar, apoyados por las ONG Racimos de Ungurahui y Amazon Watch, viajó a Canada y tuvo reuniones con parlamentarios de este país. Los líderes indígenas denunciaron que la empresa Talisman se encuentra operando en territorios indígenas sin haber respetado la normativa internacional sobre la Consulta Previa, dividiendo sistemáticamente la población para conseguir sus intereses19.
El 13 de setiembre de 2012, Talisman anunció su decisión de cesar las actividades de exploración petrolera en la Amazonía peruana y de salir del país tras la finalización de las operaciones comerciales en curso. Cuatro meses después, la empresa nacional Petroperú recibió la transferencia del Lote 64 mediante el Decreto Supremo N° 011-2013-EM. El presidente de Perupetro afirmó que la etapa productiva del Lote 64, que debería empezar en enero 2016, podría oscilar entre 2,000 y 4,000 barriles diarios y que las reservas alcanza rían los 40 millones de barriles de reserva. La inversión prevista por Petroperú comprende el mantenimiento de los pozos petroleros y el tendido de un ducto de 97 kilómetros20.
El anuncio de Talisman de salir del país ha sido tomado por la población indígena como una prueba más de la falta de responsabilidad de esta empresa. En un “Memorial del pueblo Achuar del Pastaza” de abril 2013, los representantes de este pueblo manifestaron su “incomodidad y disconformidad por cómo el gobierno peruano, a través de su empresa de hidrocarburos Petroperu, han facilitado la salida de la empresa canadiense Talismán, que durante más de 8 años ha venido explorando el denominado lote 64, ubicado entre las cuencas del Morona y Pastaza, generando con su forma prepotente de trabajo conflictos sociales graves y hasta hoy no resueltos entre las comunidades de ambas cuencas”21. En este mismo documento, los Achuar denuncian el desprecio que el gobierno ha demostrado hacia la propuesta de reconocimiento de los Territorios Integrales Indígenas. Según refieren, l ejos de haberle prestado atención, y pese a la normativa internacional sobre los derechos indígenas que legitima sus pedidos, el gobierno peruano pretende realizar una nueva ronda petrolera sobre 20 nuevos lotes, entre ellos los lotes 165 y 196 en su territorio (actualmente no disponemos de mayor información sobre estos dos lotes) . En una reunión ulterior, en mayo 2013, las organizaciones indígenas Achuar acordaron rechazar la actividad petrolera en sus territorios ancestrales y declararon oponerse al ingreso de Petroperú al Lote 64 por amenazar el medioambiente y poner en riesgo su forma de vida22. Poco después, entre julio y agosto de este año, los Shapra del Morona, que habían negociado con Talisman la construcción del ducto en su territorio, realizaron acciones de protestas reclamando el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la empresa antes de su partida definitiva.
2.4 Otros lotes recién concesionados o en estado de exploración en el Datem del Marañón
1) El lote 109:
El lote 109, actualmente en estado de exploración, fue concesionado a la transnacional española Repsol YPF en diciembre del 2005 y sucesivamente adquirido en un 30% por la colombiana Ecopetrol. Por su extensión está comprendido en tres provincias administr ativas: Datem del Marañón y Alto Amazonas en Loreto y Moyobamba en San Martin. En el Datem del Marañón se sobrepone al territorio de las comunidades Awajún y Shawi de las cuencas de los ríos Potro, Apaga y Cahuapanas.
En el mes de febrero 2012, la comunidad Atahualpa en el distrito de Manseriche, denunció que Repsol estaba promocionando sus actividades a espaldas de las autoridades legítimas de la comunidad, para obtener el visto bueno de la población para el inicio de las operaciones extractivas. Según el comunicado, el ingreso de Repsol a la comunidad de Atahualpa y anexos se realizó con el fin de “informar confusamente a la población respecto a las actividades petroleras y de conseguir sus firmas (de los pobladores) a cambio de alimentos u otros para simular talleres de consulta”. El comunicado confirmaba también la anulación de la elección de autoridades comunales elegidas fraudulentamente en noviembre de 2011 e inscritas ante los registros públicos con el respaldo de Repsol23. En el mes de marzo de ese mismo año, los representantes de REPSOL se reunieron en la comunidad de Santa Martha con la mayoría de las autoridades de las comunidades nativas de la cuenca del río Cahuapanas y sus organizaciones representativas. Si bien en esta asamblea la mayoría de las autoridades comunales manifestó su desacuerdo con el ingreso de la empresa, dos meses después la empresa petrolera volvió a entrar en la zona para regalar víveres en la comunidad de Santa Martha, la única que firmó un acuerdo con la empresa. Los días 5 y 6 de mayo de 2012, los pobladores shawi retuvieron en Santa María de Cahuapanas dos deslizadores y un bote que transportaban un centenar de pollos, gasolina y materiales de la empresa REPSOL. El 10 de mayo 2012 cerca de 1000 comuneros shawi y awajún se concentraron en Santa María de Cahuapanas declarándose en pié de lucha contra la petrolera REPSOL-YPF que había ingresado a su territorio sin autorización24. Actualmente, el contrato de Repsol en el Lote 109 se encuentra “con obligaciones suspendidas por situación de fuerza mayor”, por falta de “aprobación de instrumento ambiental”.
2) El lote 144:
El lote 144 se encuentra ubicado en la parte medio-baja de la cuenca del Pastaza y una parte de la cuenca del río Marañón. Cuenta con una extensión de 683.616 y desde el año 2009 está concesionado a la empresa australiana KEI (Peru 112) PTY LTD Sucursal del Perú. Desde 2011, el pueblo Kandoshi, a través de su Organización Kandozi Musa Karusha del Distrito Pastaza (ORKAMUKADIP) es amenazado por la concesión del Lote 144, que abarca su territorio titulado y ancestral, un sistema de lagos, ríos, bosques inundables, y pantanos que alimenta al lago Rimachi o Musa Karusha, el más grande de la Amazonía peruana25. Para los Kandoshi, el lago Rimachi es un lugar de gran importancia material y simbólica y en el año 1991, se produjo un fuerte conflicto entre el entonces Ministerio de Pesquería y esta población, debido a la sobreexplotación pesquera del lago.
El rechazo actual de los Kandoshi a las actividades petroleras se debe también a un grave antecedente histórico. Como refiere el antropólogo Surrallés (1993; 2007), a inicios de los años 1990, la compañía estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY) obtuvo la concesión para exploraciones petrolíferas del llamado Lote 4 sobre una extensión de cerca de 900000 hectáreas, donde se encontraba buena parte del territorio titulado de este pueblo. En 1994, la empresa empezó los trabajos de perforación de un pozo exploratorio en las inmediaciones del río Chapuli. Tales operaciones fueron realizadas por cientos de trabajadores ajenos a las comunidades, protegidos por cuerpos armados de seguridad privada.
Ante esta situación, los Kandoshi y la organización nacional AIDESEP empezaron una campaña en contra de la petrolera, exigiendo su retiro del Pastaza. Finalmente, los resultados de la exploración fueron negativos y a mediados de 1995 la compañía abandonó el lugar. Sin embargo, las dramáticas consecuencias sanitarias de estas operaciones p erduran hasta nuestros días. Como documenta detalladamente Surrallés (1993; 2007), poco tiempo después aparecieron los primeros signos inquietantes de una epidemia de hepatitis B y Delta de una gran virulencia. Se trata de la epidemia de hepatitis B con los índices más altos de prevalencia de toda América del Sur y con consecuencias dramáticas entre la población que se cuentan por decenas de muertes, especialmente entre adolescentes. La correlación temporal y geográfica entre el foco de infección y la presencia de los trabajadores está comprobada por los datos reportados por el autor citado (Surrallés 2007). De esta manera, mientras los Kandoshi aún siguen pagando con sus vidas las consecuencias de un antiguo proyecto extractivo jamás llevado a cabo, el gobierno peruano vuelve a imponer su voluntad por encima de aquella de los habitantes de la zona, adjudicando nuevas concesiones.
Una resistencia jamás vencida…
Hace 500 años, durante el Virreinato de Castilla, los españoles organizaban expediciones en la Amazonía buscando El Dorado. En la región del Alto Marañón, con la complicidad de los misioneros, los militares capturaban a los indios y los obligaban a trabajar en las minas de oro. Se narra que, desesperadas, las madres preferían ahorcar a sus hijos antes que dejar que sean capturados por los Conquistadores. A inicios del siglo XX fue la época de la “fiebre del caucho” en el Perú, el boom de la extracción de la goma natural destinada a las industrias europeas y norteamericanas, para fabricar máquinas y carros. La economía del caucho instauró un asombroso sistema de terror en la Amazonía, cuyos pilares fueron la esclavitud y la tortura de millares de trabajadores indígenas. Poblaciones enteras fueron aniquiladas para el desarrollo de la industria occidental bajo el hambre, la fatiga, las torturas, las enfermedades, o directamente ejecutadas por sus patrones…
Hoy la amenaza a la existencia de estos pueblos proviene de las empresas del petróleo y el oro: desplazamiento de trabajadores y maquinaria pesada, deforestación (campamentos, helipuertos, trochas, zonas de perforación, línea sísmicas) y perturbación social, vertimiento de aguas de formación de elevada temperatura y con alto contenido de metales pesado, o en el caso de la minería, liberación de mercurio en la atmosfera y en los ríos. Entre los Quechua y los Achuar, los niños tienen metales pesados en la sangre, aparecen nuevas enfermedades y plagas, la fauna se enferma y muere, la subsistencia se vuelve imposible. Si estos son los casos más antiguos, hoy la casi totalidad del territorio amazónico peruano está concesionado a alguna empresa petrolera o minera para la exploración y la explotación de recursos. Obviamente sin mínimamente consultar a las poblaciones de estos territorios.
Los pueblos indígenas no quieren una guerra y por esto sus organizaciones están intentando agotar hasta la última medida legal, apelándose a todas las instancias nacionales e internacionales, reclamando que se respeten sus derechos. Hace cinco años corrió la sangre en estas tierras, y algunos pagarán pasando sus vidas en unas jaulas por haber resistido al dominio de las petroleras. Hoy se promueven nuevas leyes que debilitan los mecanismos de fiscalización ambiental. Frente a esto, los movimientos de resistencias se multiplican, las redes de solidaridad se extienden, las conciencias se despiertan contra una sociedad basada en la explotación de los seres humanos y la naturaleza. Desde la Amazonía peruana hasta el corazón de la Europa post-industrializada, un grito de resistencia amenaza los proyectos del dominio: ¡no pasarán!