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Urbanización y violaciones a los derechos humanos
Miguel Concha
La Jornada

Los derechos humanos son herramientas con que las comunidades y las personas pueden defenderse frente a los embates del Estado, que paradójicamente debería protegerlos y garantizarlos. Muchas veces esta situación va condicionada por los intereses de unos cuantos, quienes reproducen el sistema de despojo y explotación. Hoy en la ciudad de México quedan también muchos pendientes en materia de derechos asociados sobre todo con políticas urbanas, laborales y de participación ciudadana.

En relación con el desarrollo urbano y medioambiental, del que me ocuparé a propósito de un caso, debo decir que existe cierto desfase entre los intereses de un paradigma de crecimiento económico y urbano y lo que pueblos y personas que habitan o transitan por ella requieren para satisfacer sus necesidades mínimas. No es ajeno a nadie que hoy en la ciudad, una de las más grandes del mundo, las violaciones a derechos son el pan de cada día. En su texto Planeta de ciudades miseria, Mike Davis señala atinadamente que “la ameba gigante que es la ciudad de México, después de haberse tragado a Toluca, está extendiendo los seudópodos que acabarán por abarcar gran parte del México central”. Continúa diciendo que esto incluirá a ciudades como Pachuca, Cuautla, Cuernavaca, Puebla e incluso Querétaro. Davis augura que toda esta fusión generará una megalópolis, que para mediados del siglo XXI contará con una población de 50 millones de habitantes, lo que según sus proyecciones representaría 40 por ciento de la población total del país.

Parece ser que a este dato habrá que agregarle la precarización de la vida de las personas y pueblos que habitan este tipo de urbes. Y como él pronostica, emergerían entonces grandes áreas hiperdegradadas ( slums) a causa de la concentración de recursos en determinadas zonas, destinados sólo para algunos grupos de privilegiados. Las violaciones a derechos sociales y medioambientales también se incrementarán. Así, en los años venideros el gobierno de la ciudad de México tiene aún retos más grandes, y por ello será clave que los atienda desde ahora, sin omitir el parecer de quienes viven y dinamizan la ciudad.

Si estos augurios del investigador estadunidense se van cumpliendo, entonces cobra sentido aludir aquí a un caso del que tenemos conocimiento desde hace más de un año y da cuenta de una serie de agravios que han alterado su vida comunitaria. El pueblo de San Pedro Mártir se ubica al sur de la ciudad, justo hacia donde apunta uno de los tentáculos de esta mancha urbana. Desde hace décadas sus habitantes se han caracterizado por su profundo sentido de comunidad, y su tejido social se ha fortalecido precisamente con los intercambios que han tenido con las causas sociales, no sólo del Distrito Federal, sino de todo el país. El 25 de diciembre pasado se cumplió un año del desalojo violento del Campamento Ixtliyólotl, que pobladores mantenían contra una gasolinera ilegal instalada en el pueblo. Un proyecto urbano impuesto sin consulta y sin que las autoridades hayan escuchado las opiniones de la comunidad. En ese entonces, cientos de granaderos destruyeron el campamento con un operativo desproporcionado. Por más de 12 horas encapsularon a un grupo de 30 personas, en su mayoría mujeres y adultos mayores, quienes fueron agredidos física y verbalmente. Ante la indolencia y complicidad de las autoridades, y teniendo como respuesta el uso en su contra de la fuerza policial, los vecinos se vieron obligados a asumir la defensa legal contra la gasolinera. En 2011 se inició un juicio ante la primera sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Distrito Federal, el cual decretó las nulidades del certificado de zonificación, las autorizaciones de impacto ambiental y urbano y la licencia de construcción. De los detalles de este proceso judicial me ocupé en pasados artículos ( La Jornada, 13/04/2013 y 01/02/2014). Pues bien, de todo este proceso se cuenta ahora con una tercera sentencia, con la que lamentablemente los argumentos de la sala superior volvieron a favorecer a la empresa encargada de administrar la gasolinera, CorpoGas, justificando que todo es “legal” y dando por cumplida una orden anterior de ir al fondo del asunto.

Ante ello, y para destruir los argumentos de la sala superior del TCA, que dio como válidos los documentos ya impugnados, los vecinos interpusieron un nuevo amparo en el 15 tribunal colegiado. Los habitantes del pueblo han demostrado que no están dispuestos a permitir que intereses privados, en contubernio con magistrados del TCA, y las autoridades del gobierno del Distrito Federal pasen por encima de sus derechos ni burlen con impunidad las leyes ambientales y el ordenamiento territorial vigentes en la capital. Esta comunidad ha demostrado que permisos arbitrarios e ilegales como los otorgados no se expiden por error ni por obra de la casualidad. Además, hasta hoy no se ha iniciado ninguna investigación de responsabilidad de los servidores públicos que participaron en su expedición, como corresponde cuando un servidor público actúa fuera del marco de la ley. El 21 de julio de este año los habitantes expusieron sus demandas al jefe de Gobierno y al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, quienes hasta la fecha no han cumplido con su obligación de dar respuesta oportuna a los ciudadanos demandantes.

A un año del desalojo violento, los vecinos continúan con su lucha social organizada y pacífica y con el proceso jurídico. Tan es así que el 23 de diciembre realizaron una protesta para seguir informando sobre la ilegalidad y el peligro de mantener dicha gasolinera. Allí mismo denunciaron la represión, corrupción e impunidad por parte de las autoridades del GDF y la delegación Tlalpan. El pueblo sigue indignado y lo seguirá mientras no haya respuesta efectiva de las autoridades. Casos como éste dan cuenta de los problemas estructurales que corroen las instituciones en las grandes ciudades y dejan ver cómo, aun en medio de protestas, los proyectos urbanos se imponen con violencia y descrédito. La ciudad de México ahora tiene una deuda más con el pueblo de San Pedro Mártir: resarcir el daño.