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Vea el libro de 400 página en http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0708_libro_rebelion_VERSION_FINAL_eb.pdf

La presentación del voluminoso libro de 438 páginas se efectuó el 30 de enero en la Plaza del Zócalo San Luis Acatlán, Guerrero, México.

Fue editado por el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” del H. Congreso del Estado de Guerrero, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), ONG danesa interesada en mejorar las relaciones entre gobiernos y comunidades, en cuya página se encuentran varias publicaciones de interés, entre ellas varias dedicadas a los zapatistas. Ver en: http://www.iwgia.org/esp

Aquí la Presentación del libro, a cargo de Marcos Matías Alonso, Investigador Titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México.

Presentación

Marcos Matías Alonso

La presente compilación reúne una serie de artículos sobre el origen de las milicias ciudadanas, la génesis de la autodefensa rural y la microhistoria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). La crónica y el análisis de estos ensayos describen un panorama desolador en el estado de Guerrero.

De esta diversidad de procesos y de la variedad de grupos sociales, he compilado sus voces plurales y los he intitulado La rebelión ciudadana y la justicia comunitaria en Guerrero. La erupción de la milicia ciudadana brotó por la ausencia de justicia, por el vacío institucional, el abandono y la omisión de las autoridades federales, estatales y municipales de ejercer sus obligaciones en materia de procuración de justicia y seguridad pública.

La compilación inicia y termina con artículos de Armando Bartra. El primero, titulado “Armados”, hace las veces de un preámbulo que bosqueja la alarmante situación que se vive en el país en general y en el estado de Guerrero en particular. El grave contexto en que vivimos, lleva a Bartra —y a otros analistas— a sostener que México es un “Estado fracasado”, desplazado por un “Estado criminal liberado” que ha impuesto “soberanías paralelas”. Bartra nos recuerda que somos un “Guerrero bronco” y una entidad violenta. En su artículo, agrega un epígrafe inquietante: “Guerrero es una inmensa congregación de muertos insomnes”. Somos un estado atormentado en donde ni los muertos descansan en paz.

Primicia y colofón son los dos artículos de Armando Bartra. Sus primeros párrafos son una alarma nacional: “México está enfermo de violencia, dolencia que se agravó en la década reciente”. Sus crónicas hacen una especie de envoltura para los 25 artículos que contienen desdichas que lastiman al pueblo de México. Sobre todo, su análisis nos invita a ver el árbol, sin dejar de ver el bosque. Bartra sugiere varios temas emergentes que exigen ser analizados con un enfoque sistémico.

Sin duda, Abel Barrera es una de las voces más autorizadas sobre el tema que aquí abordamos. Los tres artículos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (CDHT), incluidos en esta compilación, nos dan un contexto de la crisis que vive Guerrero en materia de justicia y seguridad comunitaria. El CDHT relata la inédita experiencia y la alternativa potencial de la CRAC-PC. En el primer artículo del Tlachinollan, titulado “La justicia del pueblo y para el pueblo”, se presenta la microhistoria de la CRAC-PC y los testimonios emergentes de nuevas experiencias locales como las del Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán, la Policía Ciudadana de Olinalá, la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo y la Policía de los Pueblos de Ayuta. El análisis sugiere identificar las amenazas y los desafíos de la justicia comunitaria en Guerrero. Los procesos comunitarios representan una esperanza para los pueblos.

Las amenazas anunciadas por el Tlachinollan contra la CRAC-PC no se han hecho esperar en este 2014, año de las mayores turbulencias para aniquilar este esfuerzo comunitario de casi 20 años de duración. En medio de la crisis más severa de la Policía Comunitaria, el CDHT es el primer organismo que muestra públicamente su solidaridad en el artículo titulado “En defensa del proyecto histórico de la CRAC-PC”. Así, analiza los factores involucrados en el desmantelamiento de este proyecto histórico e identifica la injerencia del factor gubernamental. Sintetiza: “El éxito alcanzado en pocos años, no se debió al tipo y número de armas que manejaba, ni al dinero que recibía del gobierno, sino al respaldo y apoyo que obtenía de los pueblos…”

La relación, las características y las diferencias entre la Policía Comunitaria, los grupos de autodefensa y los paramilitares, son temas primordiales para Jesús Ramírez Cuevas. En su artículo, “Policías comunitarias y grupos de autodefensa: muy diferentes”, este autor nos invita a no perder de vista la tradición indígena en los procesos de autodefensa comunitaria. Señala que la grave crisis de inseguridad y el abandono del Estado obligó a los pueblos a protegerse de sí mismos. También coloca un tema central: el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas que les permite asumir su propia seguridad y justicia comunitaria.

La contribución de Alba Teresa Estrada Castañón titulada “La Policía Comunitaria de Guerrero y los grupos de autodefensa: Legitimidad y desafíos frente a la crisis del Estado mexicano”, reitera sobre el tema de la debilidad institucional, el colapso de la seguridad pública y la crisis del Estado. Para esta autora, a pesar de su crisis interna, la PC tiene una solidez y legitimidad incuestionable que le permitirá crecer y perdurar a través del tiempo.

En su análisis, David Chacón habla de un México y un Guerrero en caos y del surgimiento de un Estado de terror. Su artículo, “La Policía Comunitaria en Guerrero: ¿Abuso de poder o derecho de autodefensa?”, nos deja ver una influencia zapatista en este tipo de agrupaciones, porque quienes toman las armas por convicción u obligación, lo hacen para defender intereses colectivos, por brindarse a sí mismos la seguridad que las instituciones de gobierno no tienen capacidad de ofrecer.

José Antonio Rivera Rosales es un reportero que analiza coyunturas al calor de los acontecimientos. En su artículo, “Legítima defensa: Autodefensa y justicia indígena”, habla del despertar de los pueblos y de la rebelión ciudadana. Su premisa fundamental es que la solución de los graves problemas de inseguridad jamás vendrá del gobierno. Para él, la causa del acoso contra los pueblos son las vetas de oro que el gobierno planea explotar en los próximos años, como el “cinturón de oro”, una zona rica en minerales ubicada en la Montaña y Costa Chica. Coincide con otros autores en que la defensa del territorio es y será la trinchera de lucha de los pueblos indígenas, mestizos y afros.

Francisco López Bárcenas es un intelectual indígena que, en su corta pero profunda crónica, aporta luces sobre el tema de los “Policías comunitarias, grupos de autodefensa y paramilitares”. En su análisis recomienda no echar en el mismo costal todas las expresiones de rebelión ciudadana, ira popular y autodefensas rurales de diverso tipo. Reconoce que la policía comunitaria es una realidad en todo el país, tienen historia y son de diversa naturaleza.

Además de compilar esta serie de artículos, quien esto escribe hace dos aportes al tema. El primero, “CNDH: Guerrero al borde la ingobernabilidad”, es un resumen del “Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero”, presentado el 17 de diciembre de 2013. El informe de la CNDH hace énfasis en la conformación de los grupos de autodefensa como una respuesta a la creciente delincuencia, inseguridad y violencia en que se vieron inmersas las comunidades. Quizá la pobreza no sea la causa directa de la violencia, pero incrementa considerablemente el peligro de la inestabilidad. En el escenario desolador que impera, las recomendaciones de la CNDH siguen vigentes y la ingobernabilidad continúa siendo amenaza para nuestra entidad.

En su contribución, Jesús Mendoza Zaragoza habla del caos social en que se encuentra Guerrero. Argumenta que es el Estado el que lanzó “a las calles a hombres y mujeres armados para defender a sus familias y patrimonio”. En “Autodefensa y Estado de derecho” habla del poder de las comunidades locales. Reconoce que “los pueblos han probado que pueden aportar algo que ni los militares ni los marinos ni las policías convencionales pueden hacer. Se necesitan esquemas de colaboración entre ciudadanos y autoridades; y no, precisamente, de ciudadanos armados”.

Por su parte, en “Los desobedientes (pueblos que se defi enden)”, Alejandrino González señala un problema angustiante: “Hemos desobedecido al gobierno porque no nos atiende, no nos oye, nos dejó solos, nos desprotegió. Por eso tomamos las armas, para defendernos”. El contenido de sus párrafos refleja una realidad dolorosa: “La indolencia gubernamental obligó a cientos de campesinos, amas de casa, agricultores, taxistas, comerciantes y empresarios a levantarse en armas para su defensa porque aquí nadie nos va a ayudar”.

El comienzo de 2014 fue turbulento para la CRAC-PC. En abril recibí de parte de los comandantes regionales un documento titulado “La historia de la CRAC-PC”, en el cual se presentan los antecedentes y un resumen histórico de su sistema comunitario. Revisan su andar y reflexionan sobre su futuro complejo y adverso.

En la reserva de sus fuerzas asumen retos y construyen propuestas para mejorar su proceso organizativo. Concluyen que para sobrevivir, la CRAC-PC debe someterse a una reestructuración; manifiestan la urgencia de dar claridad y rumbo a su institución de raíz comunitaria, y señalan un compromiso insoslayable: la defensa del territorio comunitario y sus recursos naturales estratégicos (tierras, minas, bosques, agua).

Pablo Guzmán, en su carácter de ex coordinador de la CRAC, hace una autocrítica y sugiere diversas acciones a tomar. En “Filosofía del proceso de reeducación en el sistema comunitario”, nos dice que no es el castigo o la tortura lo que puede provocar una transformación en el individuo que quebranta la ley, sino la reeducación, como un proceso integral que lleve al renacimiento de los infractores y su reintegración en la comunidad que habitan.

En su segunda colaboración, y ante la proliferación de las CRAC, del surgimiento de diversas iniciativas de autodefensa rural y, sobre todo, debido a la disputa del mando de la CRAC-PC, el Tlachinollan se pregunta —y hace que todos lo hagamos—: “¿Qué grupo de la CRAC da la pelea por la justicia comunitaria?”. El Tlachinollan nos recuerda que la CRAC-PC siempre ha tenido amenazas por parte del gobierno local y el Estado nacional.

María Teresa Sierra, como especialista con larga experiencia en el tema de la Policía Comunitaria, nos hace una microhistoria de la CRAC. En “Construyendo seguridad y justicia en los márgenes del Estado: La experiencia de la Policía Comunitaria de Guerrero”, nos dice que “la justicia de la Comunitaria es un producto interlegal que combina tradiciones jurídicas indígenas con normas propias del derecho positivo, así como las nuevas regulaciones generadas en la confluencia de la legislación internacional y nacional sobre derechos indígenas y derechos humanos”. En este enfoque de combinar tradiciones jurídicas, también aclara que “la Comunitaria no surge para confrontar al Estado, sino para garantizar la paz en su territorio”. Advierte que con la llegada del narcotráfi co y el crimen organizado, también arriban nuevas conflictividades que lesionan la cohesión social.

El significativo estudio de Víctor Manuel Arcos Vélez, “México, indicios de una guerra civil”, es alarma nacional y su reflexión es preventiva para el próximo acontecer en nuestro país. Para este autor “el vendaval de violencia azota cada vez con mayor fuerza y, en poco a mucho, está alcanzando a todo vecino de la comunidad guerrerense… Hoy el futuro de México se encuentra inmerso en un mar de sangre”. Su aporte muestra el desastre que es México y Guerrero: “El Estado… para el ciudadano común, representa un peligro, pues sus agentes de la seguridad pública, la mayoría, son parte de la delincuencia… Estamos al borde del colapso… al fi lo de una guerra civil…, de la desaparición del Estado de derecho”.

El segundo artículo de quien esto escribe, “La Policía Comunitaria: Su legalidad y legitimidad”, explica las bases jurídicas de este tipo de agrupación, bases sustentadas en el artículo primero y segundo de nuestra Carta Magna, así como en el artículo 37 de la Ley 701 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. También se sustenta su legalidad en los convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Las amenazas anunciadas por el Tlachinollan contra la CRAC-PC no se han hecho esperar en este 2014, año de las mayores turbulencias para aniquilar este esfuerzo comunitario de casi 20 años de duración. En medio de la crisis más severa de la Policía Comunitaria, el CDHT es el primer organismo que muestra públicamente su solidaridad en el artículo titulado “En defensa del proyecto histórico de la CRAC-PC”. Así, analiza los factores involucrados en el desmantelamiento de este proyecto histórico e identifi ca la injerencia del factor gubernamental. Sintetiza: “El éxito alcanzado en pocos años, no se debió al tipo y número de armas que manejaba, ni al dinero que recibía del gobierno, sino al respaldo y apoyo que obtenía de los pueblos…”

Carlos Reyes Romero, en “La CRAC, la UPOEG y la justicia comunitaria”, incursiona en el cuarto nivel de gobierno y exige al poder local no pisotear “más los derechos y la cultura de los pueblos originarios […] urge edifi car una nueva relación con los pueblos y comunidades indígenas […] es conveniente legalizar y fortalecer el cuarto nivel de gobierno”.

Por su parte, en la “Casa de Justicia de El Paraíso: Matices y sesgos de la CRAC-PC”, Maribel Nicasio analiza la formación de grupos ciudadanos que se organizan para procurarse seguridad ante la ausencia de las instancias gubernamentales.

La autora presenta una caracterización de los grupos de autodefensa y de la Policía Ciudadana de la Montaña, Centro y Costa Chica. Hace una reseña de los líderes comunitarios encarcelados en diversas prisiones del país, para concluir que las detenciones son una muestra clara del interés del gobierno por descabezar, desarticular y debilitar a la Policía Comunitaria.

En “Las mujeres indígenas ante la justicia comunitaria: Perspectivas desde la interculturalidad y los derechos”, su segunda aportación en esta obra, María Teresa Sierra reconoce que la globalización abre “nuevas opciones a las mujeres indígenas para defender sus derechos, discutir sus costumbres y para repensar las formas tradicionales del ser mujer”. Para el caso de Guerrero, es incipiente la participación de las mujeres indígenas.

En “El discurso de las televisoras de cadena nacional en la transmisión de información sobre los grupos de autodefensa y grupos de Policía Comunitaria en Guerrero en 2013”, Javier Bernal Vences analiza los efectos de la información que las televisoras vierten sobre temas candentes como el de las personas civiles que se arman para defender su patrimonio. Sus sondeos informativos nos acercan a un tema poco tratado en el análisis de la comunicación política y del manejo emocional de las noticias. El autor proporciona datos concretos y medibles sobre la reacción de la sociedad y los grupos de autodefensa en Guerrero.

En “Bruno Plácido: Mozo, preso y líder de la UPOEG”, Zacarías Cervantes presenta una breve biografía del fundador de la CRAC-PC y del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana. Este personaje, polémico, controvertido e incansable en la batalla por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tuvo la visión de articular tres demandas: la seguridad, la justicia y el desarrollo.

Manuel Vázquez Quintero, joven autoadscrito como abogado comunitario, contribuye con “La fundación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana”. A pesar de su juventud, Vázquez ha vivido acontecimientos relevantes en la hisoria conflictiva del estado de Guerrero.

El análisis de Lourdes Chávez se centra en las autodefensas y la UPOEG. En su trabajo titulado “Autodefensas: SSyJC de la UPOEG”, la autora nos dice que “el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) es una de las expresiones populares surgidas en Guerrero como respuesta a la violencia e inseguridad que trastocó la tranquilidad y la vida cotidiana de miles de habitantes y ante la ineficacia y omisión de los tres órdenes de gobierno…”. Relata el levantamiento en cascada de pueblos dispuestos a organizarse para proteger a sus familias. El SSyJC de la UPOEG construyó en corto tiempo un poder ciudadano cuestionando profundamente la inefi cacia e inefi ciencia gubernamental. La expansión del SSyJC incluyó a municipios de la Montaña, Centro y Costa Chica y se convirtió en un espacio de encuentro y construcción de fortaleza de los pueblos negros, indios y mestizos.

En “Con los pies sobre la tierra. No nos vamos a ir”, notas fi nales de la presente compilación, Armando Bartra lanza un clamor inevitable: “No nos vamos a ir”. La raíz comunitaria es profunda y aguantará todos los vendavales que amenazan con arrancar el gran tronco de los pueblos. Bartra nos recuerda que “la ancestral lucha por la tierra está de regreso convertida en defensa del territorio” y del patrimonio de los pueblos. En el tercer milenio, indígenas y campesinos mexicanos siguen luchando por la tierra y el territorio como lo han hecho dignamente durante más de 500 años. En este colofón, el autor nos presenta un recuento de resistencias y luchas históricas (la amenaza minera en diversas regiones indígenas, la imposición de diversas represas y proyectos hidroeléctricos, el saqueo del agua y el exterminio del bosque, la protección del patrimonio genético y la disputa por el espectro electromagnético) como algunas de las batallas estratégicas por las cuales los hombres del campo permanecen construyendo utopías. Sueños que han costado sangre en todo lo ancho y largo del territorio mexicano. Y a pesar de todos los pronósticos, el mundo indígena y campesino sobrevive en un contexto adverso.

Nuevas amenazas brotan y surgen conflictos que hace 20 años ni siquiera imaginábamos. En este doloroso contexto, surgieron los “narcoterritorios”. Bartra nos dice: “En lo que va del siglo, los cárteles de la droga irrumpieron masivamente en las comunidades rurales, a veces expulsando a la gente de sus territorios y otras obligándola a trabajar en el negocio […] en la práctica, los cárteles son un Estado […] Y la gente del campo ha tenido que aprender a sobrevivir en el mundo de los cárteles […] más gente ha sido expulsada de sus comunidades por el narco que por todas las presas y las minas juntas”.

Este nuevo fenómeno ha provocado desplazamientos forzados. Las comunidades están desgarradas. El Estado orilló a que las familias tomaran en sus propias manos su protección. La proliferación de autodefensas comunitarias armadas es la expresión más reciente de la autodefensa del territorio por parte de los pueblos indígenas y de múltiples sectores que tuvieron que salir a defender lo que el gobierno abandonó.

Vivimos tiempos con mucha turbulencia. Ahora más que nunca debemos defender los territorios comunitarios con los pies y el corazón sobre la tierra; debemos tener la capacidad de mirar el conjunto de los procesos sociales y no perdernos en sólo una de las partes. Seguros estamos de que en todas las reflexiones de la presente compilación se analizan diversos temas trascendentes para el país.

Los primeros años del siglo XXI no podrán explicarse sin la erupción de la milicia ciudadana, de la presencia de la Policía Comunitaria y del legítimo derecho de asumir la defensa individual y colectiva de los pueblos. Los artículos compilado señalan coincidencias relevantes, como la crisis del Estado, el colapso de la seguridad pública y la indolencia gubernamental al no actuar a la altura de las circunstancias. Los responsables de salvaguardar la seguridad incumplieron con su responsabilidad esencial de proteger a la ciudadanía. No sólo hay vacío o debilidad institucional, sino un severo descalabro de las políticas públicas, por su incapacidad de atacar la alarmante situación de pobreza que impera en Guerrero. La pobreza es caldo de cultivo para muchas calamidades y el rezago acumulado es parte esencial de la descomposición social que hoy azota a nuestros pueblos.

La paz, los derechos humanos y el derecho al desarrollo, son interdependientes e inseparables. El grito es incontenible: urge el retorno de la paz social. Los guerrerenses merecemos un amanecer más luminoso.

Cierro estas palabras con mi agradecimiento al Dr. Agustín Escobar, director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), por brindar las facilidades institucionales en la preparación de la presente compilación. Mi gratitud al Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, del Congreso del Estado de Guerrero, y al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Asimismo, mi reconocimiento para Norma Montoya y Carlos Reyes Romero por su paciente revisión de los artículos que ponemos a la disposición de los lectores interesados. Mucha gracias a todos los que participaron con sus ensayos y por autorizar que sus artículos se incluyeran en esta obra colectiva.

Acatlán de Álvarez, Guerrero, octubre de 2014

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* Marcos Matías Alonso es Investigador Titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).