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Han hecho uso político del miedo que se ha inoculado a la población durante décadas, haciéndola partícipe de un discurso que promoviendo “el orden” ha sembrado el autoritarismo en nuestras sociedades.
Ellxs siembran el autoritarismo en la sociedad
En la actualidad, la demanda contra la inseguridad, el delito o por la “paz” se ha convertido en una reivindicación generalizada en América Latina. Movilizaciones de este tipo se han llevado a cabo en países como Colombia, Argentina, El Salvador, Guatemala, o México. Aún cuando se trata de contextos notablemente distintos, estas movilizaciones comparten algunos postulados, reivindicaciones, formas de desarrollarse; así como a lxs actores sociales que las impulsan. Sectores de la derecha, clases medias y altas, integrantes de la clase política, así como medios de comunicación de paga, han sido lxs protagonistas de estas movilizaciones, quienes a su vez han hecho uso político del miedo que se ha inoculado a la población durante décadas, haciéndola partícipe de un discurso que promoviendo “el orden” ha sembrado el autoritarismo en nuestras sociedades.
En el caso de México cada tanto, este tipo de movilizaciones donde se pide a la gente vestir de blanco y que se presentan como manifestaciones presuntamente apolíticas, reaparece. Antecedentes de este tipo de marchas se cuentan desde 1997, cuando protestas en contra de la delincuencia, especialmente en contra de los secuestros extorsivos se llevaron a cabo. La primera de estas expresiones fue realizada en el estado de Morelos, donde la corrupción de las autoridades en connivencia con grupos de secuestradores pusieron en vilo a la sociedad. La interpelación a la “ciudadanía”, distinguiéndola de la clase política y las autoridades carentes de credibilidad y confianza, también ha sido una constante desde entonces. Sin embargo la mayor parte de las veces quienes han aprovechado la muestra de fuerza de estas movilizaciones han sido personajes identificados con el mundo empresarial y la derecha política, quienes han logrado colarse en espacios de interlocución con los gobiernos y colocar en la agenda de las políticas públicas medidas autoritarias para contrarrestar el sentimiento de inseguridad. Algunxs de ellxs incluso han dado el salto a la disputa por puestos de elección popular aprovechando la notoriedad de sus casos o de las manifestaciones de las que han sido los rostros más visibles. Podemos contabilizar al menos 3 movilizaciones de este tipo de gran envergadura en la Ciudad de México (noviembre de 1997, junio de 2004 y agosto de 2008) y con singular apoyo de los medios de comunicación de paga. Movilizaciones locales se han replicado en distintos estados de la República contra la inseguridad, la violencia o el narcotráfico como es el caso de aquellas convocadas en el estado de Jalisco como resultado de los enfrentamientos del 01 de mayo entre el Ejército mexicano y El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual aparece, dicho sea de paso como el nuevo cartel a combatir, el enemigo público número uno, de acuerdo a la jerga priísta, en reemplazo de los Zetas y los Caballeros Templarios.
La gestación de este tipo de movilizaciones se caracterizó por el componente “inusual” en este tipo de formas de acción colectiva. Las crónicas periodísticas destacaban el tipo de asistentes a las mismas: integrantes de la clase media y alta atemorizadxs y bien vestidxs, para quienes en muchos casos era la primera vez que salían a la calle a protestar. Pero además sobresalían los sectores convocantes, compuestos por organizaciones de derecha: desde la Unión Nacional de Padres de Familia, o una que nuclea a las patronales del país, la COPARMEX; hasta organizaciones que surgieron al calor de estas coyunturas como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), México S.O.S., Iluminemos México o el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 1. Mención aparte merece aquella organización de carácter clandestino conocida como El Yunque y de la cual se han señalado como miembros a Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega dos de los convocantes y referentes de la movilización a favor de las Fuerzas Armadas en este 2015 y de las anteriores en contra de la inseguridad a las que hicimos referencia 2. Entre muchos otros integrantes de la clase política, de todo el espectro del sistema de partidos, destaca el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien acudió y respaldó varias de estas movilizaciones y demandas; y quien durante su periodo a cargo del Ejecutivo, mantuvo interlocución con las organizaciones y personajes identificados con éste tipo de reivindicaciones. Sin embargo, lo más destacado de su sexenio fue precisamente la militarización de la seguridad pública o ciudadana, la conversión de México en un escenario de guerra, lo cual fue posible, según pensamos, en buena medida por el discurso en torno a la seguridad que estas movilizaciones ayudaron a crear.
En cuanto a las demandas de este tipo de marchas podemos contar desde la propuesta de reformas penales que incluyen el incremento en las sentencias a determinados delitos (especialmente a secuestros extorsivos), la reducción de imputabilidad penal e incluso la pena de muerte. En materia de políticas públicas de seguridad, han insistido en la colocación de cámaras de vigilancia, la depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos y la implementación de la llamada tolerancia cero 3. Un conjunto de medidas que en síntesis apuestan por la “mano dura” en el tratamiento del delito. Lo que ocultaron estas movilizaciones y que es parte del discurso en torno a la “inseguridad” que se generaliza en la sociedad, es el carácter sistémico, estructural de la violencia, así como de la inseguridad y el miedo: que vivimos en un orden profundamente excluyente y en sí mismo violento.
Para el caso mexicano, como resultado de estas marchas el gobierno federal impulsó las llamadas “Cruzadas contra la delincuencia”, y posteriormente el programa “México Seguro”; operativos de seguridad en los que participaron distintas policías y las fuerzas armadas, que serían los primeros atisbos de militarización de la seguridad pública que se generalizaría partir de 2006 4. En ese sentido, también la creación de la Policía Federal Preventiva, fue uno de los “logros” posibilitados por la realización de estas movilizaciones: una policía militarizada con atribuciones federales y que a partir de 2006 ha formado parte de la llamada “guerra contra el crimen organizado”, al mismo tiempo que ha sido señalada como una dependencia proclive a violar los derechos humanos de la población 5. En la catarsis provocada por esa demanda, se comenzaron a generar los sentidos en torno a la identificación de porciones de la población como el enemigo de la sociedad: todxs aquellxs quienes son colocados por fuera del ámbito social-civil y sobre los cuales se pueden aplicar también formas diferenciadas del derecho, lo que ha redundado en la criminalización de la pobreza y la juventud. Al mismo tiempo y siguiendo una tendencia general, estas movilizaciones lograron colocar en el centro de las preocupaciones sociales el tema de la inseguridad pública, que en lo sucesivo sería uno de los capitales políticos más preciados en una época de descrédito, también generalizado de “la” política. De esta manera las campañas electorales y las “plataformas políticas” de cualquier partido en México tienen como una de sus principales fuentes de votantes el miedo de la población, que se verifica en las promesas de más cámaras de vigilancia, alumbrado público, incremento de penas y como en el caso del Partido Verde Ecologista de México, de manera abierta la pena de muerte a secuestradores.
En ese marco es que situamos la realización, el pasado domingo 31 de mayo, de la “Marcha por la Paz en Jalisco y en todo México”. Con escasa asistencia, aunque notable cobertura mediática, la movilización partió del Ángel de la Independencia para arribar al Campo Marte, una instalación del Ejército, en donde se encuentra “El monumento a los caídos”, dedicado a los militares muertos en la “guerra contra el narcotráfico”, y que en el periodo 2006-2012 tuvo 352 víctimas fatales de las fuerzas federales. En lo que se refiere a lxs civiles, algunxs de ellxs presuntamente vinculados con el “crimen organizado” y población inerme en general, superó la suma de los cien mil asesinatos, aun cuando no existe una cifra fidedigna, por la opacidad de los datos proporcionados por el gobierno y por la existencia de métodos para desaparecer cadáveres como las fosas comunes 6. Para estxs fue construido a un costado del Campo Marte un “Memorial de víctimas” en los últimos meses de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. En aquel momento distintas voces se opusieron a este monumento, no sólo por el simbolismo asociado a su localización, sino por el sentido con que fue propuesto: compuesto por placas de metal con una parte oxidada y otra reflejante; promueve la idea de que todxs somos potenciales víctimas de una violencia sin adjetivos, sin diferenciar los robos, de las ejecuciones; la que proviene de las disputas por el negocio de los estimulantes ilegales, de aquella que es ejercida por el Estado mexicano. Una de las principales impulsoras de ese memorial, así como de las marchas contra la inseguridad, es la presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, María Isabel Miranda de Wallace, personaje que encabeza también desde hace años las posturas manuduristas en relación a las políticas de seguridad pública. Reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos de México en 2010 durante la presidencia de Calderón Hinojosa; esta mujer insiste en que México sólo se defienden los Derechos Humanos de los “delincuentes” 7. Pero al igual que lo señalado sobre otrxs impulsores de estas movilizaciones, toman partido en la criminalización de la lucha social. A comienzos de este año fue cabeza de lanza, junto con Alejandro Martí, empresario y padre de un joven asesinado tras un secuestro extorsivo (también convertido en “especialista” de temas de seguridad), de una campaña de desprestigio para impedir la liberación de la ex coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado. El 12 de enero del presente año, llevaron acabo una rueda de prensa en la que exigían que Nestora no fuera liberada, a pesar de que desde abril del año pasado fue exonerada por un juez federal. De acuerdo a ambxs “líderes ciudadanos”, Nestora es una secuestradora y forma parte de la delincuencia organizada.
Tenemos pues que la motivación de la marcha realizada el último día de mayo del presente año era solidarizarse con las familias de los militares que han perdido la vida en la lucha contra el “crimen organizado”, un discurso que se ha tratado de promover especialmente a partir de los supuestos enfrentamientos del pasado primero de mayo, entre integrantes de las fuerzas federales y del Cartel Nueva Generación de Jalisco, en el que habrían muerto 9 soldados y un integrante de la policía federal.
Como señalábamos, más allá de la escasa asistencia, se trató de la primera movilización que reivindica a las fuerzas federales desde el lanzamiento de la “guerra contra el narcotráfico” y también se trata de la primera vez que la Secretaría de la Defensa Nacional abren las puertas de sus instalaciones a una marcha 8. El discurso de este tipo de movilización es peligroso porque busca legitimar y “blanquear” el papel de las policías y el Ejército mexicano, quienes han cometido múltiples atropellos sobre la población, no sólo como parte del supuesto enfrentamiento contra el “crimen organizado”, sino cuando han sido utilizados para reprimir a la población movilizada que enarbola distintas demandas, a lo largo de toda la geografía del país. Las masacres de Tlatlaya, Apatzingán, o la de Iguala a la que siguió la desaparición forzada de los 43 normalistas, sirven como ejemplos que hablan del carácter general de las funciones que han adquirido el Ejército mexicano y los distintos cuerpos represivos. Estos han cometido ejecuciones extrajudiciales (en ocasiones bajo una modalidad similar a la de los falsos positivos de Colombia), desaparición forzada y otro tipo de abusos sobre la población. Pensamos que este tipo de expresiones de apoyo a las labores castrenses pueden ser el germen de la profundización de la militarización de la cultura y la subjetividad, como ha ocurrido en Colombia, donde la propaganda gubernamental repite insistentemente que en dicho país los héroes sí existen y que estos son las fuerzas armadas, aun cuando también participan en la represión de la población y el control de los territorios.