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Los pueblos y las regiones tienen que asumir y efectuar las autonomías, departamentales e indígenas, provinciales y regionales. No se requiere permiso de nadie
Condiciones de posibilidad de la cohesión social
Raúl Prada Alcoreza
¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para la cohesión social? Las revoluciones democráticas nos enseñaron esto en la historia política. Los Estado-nación se constituyeron sobre la base de ese principio; el principio de la igualdad; acompañado indisolublemente por el otro principio fundamental, el principio de la libertad. No hay cohesión social si no hay igualdad, tampoco si no hay libertad. Que la igualdad haya terminado siendo jurídica y no exactamente política es parte de la historia de la lucha de clases. La burguesía, que se consideraba representante de la nación, limitó la igualdad a su representación jurídica, restringió la igualdad política a la representación y delegación, es decir, a mediaciones burocráticas. La burguesía limitó la libertad, por lo tanto la cuartó, a la circunscripción de la libertad de mercado, que tampoco, en estos recortes, llegó a ser tal, pues lo que efectivamente se dio es la emergencia de los monopolios en contra del mercado. Dese esta perspectiva histórica, la cohesión social, la unidad de la nación, fue escamoteada por la burguesía, que prefirió apuntar a sus restrictivos horizontes dibujados por los objetivos de las ganancias.
Hoy asistimos, a nuevos escamoteos de la cohesión social, no exactamente por la burguesía histórica, la burguesía industrial, como en los tiempos del siglo XIX, sino por los nuevos populismos. Los neopopulismos prefieren mantener la representación de la igualdad, en vez de aplicarla efectivamente; prefieren practicar las restricciones de las libertades civiles, políticas, sociales, colectivas, excusándose que de lo que se trata es de “defender el proceso de cambio”. ¿Cómo puede darse un proceso de cambio sin plenas libertades?
El gobierno popular no trata como iguales a las y los potosinos; no trata como igual al departamento de potosí. Ciertamente, además de no cumplir la Constitución, que establece claramente la estructura jurídico-política del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, no trata de la misma manera al departamento de Potosí como a los departamentos del eje central y los departamentos ricos en hidrocarburos. ¿Cómo puede darse la cohesión social, la unidad nacional, si no hay igualdad jurídica-política-económica-social-geográfica? A lo único que atina al gobierno central es a acusar a los y las potosinas movilizadas de agitadores, de activistas, de conspiradores. Ni siquiera quería dialogar; ahora lo hace a regañadientes y forzado por las movilizaciones. ¿Qué clase de populismo es este? Por cierto demagógico, como todo populismo; sin embargo, este populismo “andino-amazónico” a decir de su “ideólogo”, se encuentra en una fase, en la cual ya no quiere ni guardar las apariencias; ha decidido, en principio no dialogar, sino imponer a secas; ahora dialoga forzado, sin la mejores intenciones. ¿Sobre qué se basa este criterio prepotente? ¿En su reciente victoria electoral en las elecciones nacionales? ¿En su imagen deteriorada de ser el gobierno de los movimientos sociales? ¿En egos insólitos, anclados en el recuerdo repetido y desgastado de que fueron ungidos como líderes? ¿Qué es lo que lleva a esta gente gubernamental a hacer mala política?
Una hipótesis explicativa podría ser que se disloca la relación con la realidad efectiva. Atrapados en las burbujas del poder, ya no reciben la información adecuada, actualizada; sólo toman como información las distorsiones efectuadas por sus propios medios de comunicación, su masa sumisa de aduladores, sus “intelectuales” apologistas. Cuando no se tiene buena información, cuando no se tiene una relación de retroalimentación con la realidad efectiva, es cuando se ha perdido no solamente el principio de realidad, sino, sobre todo, se ha perdido el instinto de sobrevivencia.
En relación a este problema de diletantismo político, la consecuencia más preocupante no es tanto que se anuncie, en este deterioro y decadencia, el derrumbe, la implosión, sino la consecuencia destructiva de la cohesión social, atentando contra la propia unidad de la nación y del Estado-nación. Su líder oficioso, su “ideólogo” pretensioso, sus apologistas aburridos y reiterativos, los grises aduladores, no miden consecuencias de su actuación. Creen que se trata de una pelea con la oposición, a la que consideran, como condena glacial, de “derecha”, sin darse cuenta que la “derecha” efectiva son ellos, el gobierno populista. En esta pelea entre oficialismo y oposición, de tanto pelear, con los mismos argumentos reiterativos, como si las coyunturas no hubieran cambiado, los opuestos han terminado pareciéndose; hacen lo mismo, sobre todo cuando gozan del poder. Si fuese un problema entre ellos, entre políticos engreídos, no sería preocupante el problema; el caso es que afecta a la cohesión social, a la unidad nacional, además, como ya lo dijimos tantas veces y de distintas maneras, destruye el proceso de cambio. Fuera, claro está, de entregar los recursos naturales a las empresas trasnacionales, nuevamente, solo con la demagogia de la nacionalización, que, en realidad, efectivamente se desnacionalizó con los contratos de operaciones.
Esta pelea no es solo de los y las potosinas movilizadas, de los mineros, de los profesores, de las juntas de vecinos. Esta pelea es de todos y todas las bolivianas. Pues de lo que se trata, en primer lugar, es cohesionar socialmente a la nación – que parece que es la condición para avanzar en la construcción del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico -. En segundo lugar, es menester resarcir a las regiones de los daños provocados por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Sobre todo las regiones mineras no pueden quedar como cementerios mineros. En tercer lugar, es menester ejercer la Constitución. Si el gobierno ha decidido convertir en un libro de vitrina la Constitución, incumplir y vulnerar sus mandados, es indispensable que los pueblos, las regiones, tomen en sus manos el ejercicio constitucional. Sólo a los intérpretes oficialistas, herederos de las prácticas leguleyas, se les ha ocurrido que para aplicar la Constitución se requiere de mediadores, de intérpretes, de representantes, de delegados. La Constitución es clara; el sistema de gobierno establecido por la Constitución es el de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa. Los pueblos y las regiones tienen que asumir y efectuar las autonomías, departamentales e indígenas, provinciales y regionales. No se requiere permiso de nadie; ya el pueblo boliviano aprobó por amplia mayoría la Constitución; las divagaciones del “clarividente”, del ministro leguleyo, de los congresistas trasnochados, no vienen al caso. Solo son muestras de sus recalcitrantes conservadurismos.