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Se basarán en reportes de medios de comunicación

Diputado Borda alista norma que amenaza con cerrar ONG’s en Bolivia

Erbol
Jueves, 13 Agosto, 2015 - 08:30

El vicepresidente de la Cámara de Diputados y miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció que prepara un complemento legal para la Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), con la cual se pretende transparentar los recursos de estas instituciones y cerrar las mismas en caso de detectar alguna irregularidad.

“Se trata de que las ONG’s garanticen, a través de una escritura pública, cuánto en recursos y en qué los invierten, si cumplen o no con el objetivo para el que fueron destinados. Si hay algún incumplimiento, si tenían un objetivo para esos recursos y no lo cumplieron, entonces el Gobierno central tendrá la tuición de cerrar la ONG que incurra en esta irregularidad”, explicó el legislador en un contacto telefónico con ERBOL.

Borda indicó que algunas ONG’s financiaron movimientos y protestas que apoyaban a la “derecha”, acción que puso en riesgo la estabilidad del Gobierno del presidente Evo Morales.

“Hay que recordar el caso de los marchistas del TIPNIS, en la época de la Asamblea Constituyente, varios hechos que demostraron que las ONG’s están apoyando a la derecha, porque se vio la injerencia política de estas instituciones que financiaron a los grupos de protesta”, aseguró.

Consultado si existen pruebas de esta presunta injerencia de las ONG’s, Borda respondió que se basarán en los diferentes reportes de los medios de comunicación para avalar la norma que se prepara.

“Las pruebas están en los mismos medios de comunicación, las notas periodísticas que tergiversan la información, que no muestran la realidad de las políticas del Gobierno”, señaló.

Posición de Unitas

Para la directora ejecutiva de Unitas (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social), Susana Eróstegui, esta es el anuncio de una forma de controlar y restringir la labor de las ONG’s en Bolivia. Agregó que esta normativa, anunciada por Borda, no tiene fundamento, debido a que las instituciones no gubernamentales entregan informes constantes al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo sobre los manejos económicos de las ONG’s.

“No tendría objetivo esta norma, porque se entregan informes constantes, no sólo al Viceministerio de Inversión Pública, sino al Ministerio de Trabajo, a Impuestos Nacionales, todo el manejo de nuestros recursos está a la mano del Gobierno, por eso creo que lo único que quiere el Gobierno es controlar y restringir el trabajo de estas instituciones”, señaló a ERBOL.

Agregó que si el MAS pretende que el Gobierno se base en reportes de los medios de comunicación para asegurar que las ONG’s apoyan en movimientos de “la derecha”, la normativa “está fuera de lugar”.

“Un reporte de un medio de comunicación no es base legal para decir que estamos apoyando actividades que para ellos están mal vistas, tenemos que entender que con esta normativa se está atentando, no solo a las ONG’s, sino a la democracia”, aseveró
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Advierte que podrían haber sanciones

Ministro Siles anuncia fiscalización a ONG’s que mencionó el “Vice”

Erbol
Miércoles, 12 Agosto, 2015 - 12:49

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, informó que de forma inmediata se iniciarán labores con miras a la fiscalización del trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales (ONG`s) que, según el vicepresidente Álvaro García Linera, están vinculadas a Gonzalo Sánchez de Lozada o responden a intereses extranjeros.

“Sobre la información que ha dado el Vicepresidente, vamos a cruzar datos y vamos a incluir a otros actores para que se sumen a esta fiscalización”, dijo la autoridad.

Siles explicó que se verificará si estas ONG’s cumplen con el objetivo que declararon en sus reglamentos y estatutos. Advirtió que de hallar irregularidades estas organizaciones “pueden ser susceptibles de la sanción o la anulación”.

“Debemos hacerlo en coordinación con asambleístas que son los que tienen capacidad fiscalizadora. Como Ministerio de Autonomías, nosotros tomaremos en cuenta todas las recomendaciones y las afirmaciones que hizo nuestro hermano Vicepresidente y también haremos algún tipo de acción”, señaló.

García Linera mencionó a la Fundación Tierra, la Fundación Milenio, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Acusó a estas organizaciones de hacer política y “mentir”.

Siles insistió en que se trabajará “sobre los nombres específicos que ha dado el Vicepresidente”.

El Ministerio de Autonomías está encargado de registrar a las ONG’s, fundaciones y entidades sin fines de lucro cuyo trabajo es a nivel nacional.
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250 de 2.176 ONG’s lograron renovar su personería jurídica

Martes, 11 Agosto, 2015 - 19:46

Solamente 250 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de las 2.176 que cumplen su trabajo en Bolivia lograron renovar hasta el momento su personería jurídica, debido a una serie de dificultades y presuntas represalias que enfrentaron durante ese trámite.

La denuncia corresponde a la directora ejecutiva de Unitas (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social), Susana Eróstegui, quien además aseguró que estas dificultades obligaron a las organizaciones a incurrir en gastos no previstos para hacer efectivo el mencionado trámite.

“Hasta el año pasado había cuatro instituciones que habían logrado el trámite y este año tenemos el dato que al menos unas 250 instituciones (ya) han logrado concluir el trámite. Sin embargo han sufrido una serie de obstáculos, parece que hubiera una serie de diferencias, como si algunas instituciones tuvieran mayor posibilidad para renovar sus personerías que las ONG’s”, indicó Eróstegui, en entrevista con ERBOL.

Agregó que en los datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo figuran 2.176 ONG’s registradas en el país y de ellas, las organizaciones que lograron hasta el momento su personería jurídica son muy pocas.

“Si pensamos que solamente 250 ONG’s han logrado concluir el trámite, son muy pocas, muchas lo van a poder hacer quizá a nivel departamental, pero no todas las ONG’s responden a un solo departamento. Nos interesa que existan garantías para que las ONG’s desarrollen su acción sin ningún tipo de restricción”, señaló.

Eróstegui dijo que las dificultades que atraviesan las organizaciones para renovar su personería jurídica, son una prueba que el Gobierno pretende controlar el trabajo de todas las ONG’s en Bolivia.

“No deberíamos partir del control, sino más bien de un reconocimiento de esos aportes al desarrollo que hacen y que siguen haciendo las ONG’s; más que (la idea de) fiscalizar, hay una intención de control que se nota de manera fehaciente”, remarcó.

La situación de las ONG’s parece ser incierta después de que el vicepresidente Álvaro García Linera acusó a cuatro de las organizaciones de “mentir” para favorecer a los intereses extranjeros, que pretenderían que Bolivia se estanque en su desarrollo sin explotar sus riquezas. En ese sentido, García incluso advirtió con expulsar estas instituciones si se entrometen en asuntos políticos.

Eróstegui dijo estar sorprendida por esas declaraciones, que además de ser preocupantes, demuestran una amenaza al pueblo boliviano que recibe el apoyo de estas organizaciones para el desarrollo de varios proyectos.

“No solo eso, también se está amenazando la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas al señalar que se está haciendo política en el marco de favorecer a intereses extranjeros. Se está poniendo en crisis a una situación de debilidad a la democracia en el país”, afirmó.

Según un medio escrito de La Paz, Unitas ya anunció en 2013 que las ONG’s decidieron dejar de ser críticas con el actual Gobierno por miedo a perder su personería jurídica o finalmente a ser ilegalizadas o expulsadas del país.

El director del Centro de Documentación de Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, acotó que desde la promulgación de la Ley de Personalidades Jurídicas en 2013, su organización no puede renovar su personería.

“Estamos a punto de ser ilegalizados. Con el linchamiento mediático, al que nos han sometido, probablemente ninguna instancia que tiene que resolver este trámite en favor nuestro lo va hacer”, advirtió.

Gobierno quiere limitar el derecho a la expresión

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), mediante un comunicado, también respondió a las acusaciones de García Linera y aseguró que las autoridades gubernamentales tienen la intención política de limitar el derecho a la libre opinión y expresión de esta asociación civil privada.

“Reiteramos públicamente (nuestra orientación) para despejar cualquier duda que sobre la naturaleza de nuestra institución hayan podido provocar algunas declaraciones y acusaciones sin fundamento de autoridades de gobierno, que tienen la clara intención política de limitar nuestros derechos a la libre opinión y expresión, y a nuestro derecho de asociación para el trabajo”, expresa el documento.

Antes los elogiaron y ahora dicen que mienten

Evo Morales, en su condición de diputado nacional, firmó una nota en el año 2013 dirigida al CEDIB, en la cual destacaba el trabajo de esta institución por decir la verdad y ayudar a los cocaleros.

Pero ahora, el Vicepresidente amenaza a esta institución con expulsarla del país por “mentir” y por supuestamente responder a intereses extranjeros.

Antecedentes

El Gobierno afirmó que algunas de las ONG’s financiaron en 2011 la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y las acusó de actuar al margen de los objetivos con los que fueron creadas.

Recientemente, en junio de este año, el presidente Morales nuevamente volvió a amenazar con expulsar a las ONG’s que perjudiquen la explotación de los recursos naturales.
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Denuncian que estatuto de La Paz los margina

Indígenas informaron a la ONU sobre vulneración de sus derechos

Erbol
Miércoles, 12 Agosto, 2015 - 17:51

Organizaciones indígenas de La Paz informaron ante representantes del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Bolivia, la vulneración de sus derechos y la negativa de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz de modificar el proyecto de estatuto autonómico para ser incluidos.

La reunión se realizó el martes en la sede de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), donde asistieron representantes del Suyu Pakajaqui, de los pueblos Leco, Mosetén y Tacana. Asimismo estuvieron presentes asambleístas de la bancada indígena.

El legislador Celín Quenevo informó a Erbol que los temas que abordaron con los representantes de la ONU estuvieron relacionas a la vulneración de la consulta previa y los derechos de la Madre Tierra, entre otros, que dijo no contempla el estatuto departamental.

“Esta misión era para ver un poco el tema de derechos humanos de la nación pueblo indígena afroboliviano y empresas, (ahora) lo que hemos hecho es informar a la misión de que en Bolivia se viene vulnerando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, toda vez que la Constitución los reconoce”, señaló.

“A pesar de que se habla de un ‘proceso de cambio’ y de inclusión no se quiere incluir los derechos de los pueblos indígenas dentro del estatuto autonómico, es un reporte que se ha hecho, es un informe que se ha dado a la ONU con la finalidad de que eso se refleje a nivel internacional, que en Bolivia si bien están constitucionalizados los derechos de los pueblos, pero no se respeta los derechos de los pueblos”, remarcó.

El presidente de la bancada indígena, Tomás Mamani, indicó que la presidencia de la Asamblea Departamental se comprometió a responder este jueves su petición de complementar el proyecto del estatuto con sus principales demandas.

“Estamos esperando hasta mañana (este jueves) una respuesta a nuestra petición de enmienda porque estos son temas que nos preocupan como pueblos indígenas originarios”, afirmó.

Las organizaciones indígena originarios, como el afroboliviano, convocaron para el 21 de agosto a un encuentro para tratar esta situación, si hasta entonces la Asamblea Departamental no atiende su petición de ser incluidos en el estatuto autonómico, además de otros aspectos.
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Legislador indígena, Emigio Poiché:
‘Si hemos apoyado a este Gobierno, no es para que nos divida’
Emigio Poiché (tercero a la derecha) representa al pueblo Chiquitano de Santa Cruz. Foto: El Deber.

Erbol
Miércoles, 12 Agosto, 2015 - 11:51

Hace aproximadamente cuatro años que el idilio entre el movimiento indígena de pueblos de tierras bajas del país y el gobierno está fracturado, debido a la vulneración de sus derechos con la implementación de proyectos de desarrollo en sus territorios que no fueron consensuados con ese sector, entre otros factores; frente a este panorama el legislador departamental de Santa Cruz, Emigio Poiché, salió a la palestra para apuntar con el dedo al gobierno de entrometerse en sus organizaciones para dividirlos.

Recordó que si bien apoyaron al Movimiento Al Socialismo (MAS) para la modificación de la Constitución Política del Estado, en 2006, no fue para que fracture a sus organizaciones que los representa a nivel nacional como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

“(…) lo que debería hacer el Estado central es no inmiscuirse en lo orgánico, no (debería) creer que porque nosotros los pueblos indígena hemos apostado por un ‘proceso de cambio’ y le hemos puesto el hombro para que naciera una nueva Constitución, el gobierno se atribuya (el poder) para dividirnos a los pueblos indígenas”, declaró Poiché a radio Santa Cruz de la Red Erbol.

Anunció que se hará una alianza entre los cinco pueblos de Santa Cruz para unir a su organización matriz. “Nosotros los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz vamos a hacer un voto de alianza para que se vuelva a reestructura nuestra organización como era antes”, manifestó.

Señaló además que apoyarán la marcha internacional que anunció la Subcentral Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se realizará, tras la advertencia del presidente Evo Morales que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pasará por medio del área protegida.

“Pedimos al gobierno central el respeto al territorio de los pueblos del Beni y a los pueblos del TIPNIS para, ya se le ha dicho en la octava marcha, (que) no (se haga) la construcción de la carretera por la zona ecológica, que se respete a los pueblos indígenas del departamento del Beni”, remarcó.

El chiquitano manifestó además que el gobierno debe dejar de entrometerse en sus organizaciones.

“(El gobierno) ha dividido al movimiento indígena, pero nosotros creemos aún en nuestra propia estructura, en nuestros propios valores, estamos unidos y vamos a hacer respetar el derecho de los demás pueblos indígenas que aún se encuentran todavía divididos (…) el gobierno central debe más bien respetar nuestra propia identidad y hacer que los pueblos indígenas nos organicemos como tal, respetando nuestras propias estructuras, nuestros usos y costumbres”, puntualizó.

Tras las dos marchas en defensa del TIPNIS, entre 2011 y 2012, la CIDOB que lideró ambas caminatas que llegaron a la ciudad de La Paz, en contra de la construcción de la carretera, quedó dividida en dos directorios; una al frente de Adolfo Chávez y otra dirigida por Melva Hurtado, ésta última aliada al gobierno del MAS.
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