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A pesar de la militarización de la ciudad de El Alto, miles de alteños descendieron desde esa urbe a la sede de Gobierno para protestar por los hechos registrados el fin semana y ratificaron su solicitud de renuncia del Presidente de la República y su rechazo a la exportación del gas por puertos chilenos.
Mientras en la ciudad de El Alto no cesaban los enfrentamientos entre efectivos militares y manifestantes, inclusive, hubo una explosión en un surtidor de gasolina, en la sede de gobierno desde las primeras horas grupos de personas se concentraron en la plaza San Francisco y otras vías adyacentes para bloquearla, a pesar de la presencia de los efectivos policiales.
Un grupo de manifestantes quemó llantas y otros objetos en la avenida Mariscal Santa Cruz, El Prado, enfurecidos por los muertos y heridos en la ciudad de El Alto. En tanto, en la avenida Camacho, grupos de adolescentes protagonizaron destrozos en instituciones públicas y privadas; los cajeros automáticos y los bancos fueron el blanco de los incidentes.
La Intendencia Municipal fue asaltada por la turba de manifestantes, mientras que los bancos Sol y Ganadero sufrieron destrozos cuando la gente intentó ingresar a esas instalaciones.
Asimismo, los cajeros automáticos situados en esa avenida fueron destrozados por la turba que intentó sustraer el dinero que en ellos existe.
Después de media hora de desmanes y actos vandálicos provocados, en su mayoría por jóvenes, los efectivos de la Policía llegaron y los dispersaron mediante el uso de gases lacrimógenos y balines de goma. Asimismo, se pudo apreciar la presencia de policías civiles armados.
Los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, desplegaron un fuerte control de seguridad en el perímetro de la plaza Murillo, pero no lo hicieron en avenidas y calles céntricas de la ciudad de La Paz que se transformó en un campo de batalla hasta pasado el mediodía, pues, mientras la Policía los dispersaba los manifestantes se volvían a organizar para protestar.
Las actividades en la administración pública y privada, además de las labores escolares fueron suspendidas. El Ministerio de Trabajo tuvo que emitir una circular instruyendo la paralización de funciones, pues a pesar de que algunos trabajadores se dieron modos para llegar a sus fuentes de trabajo, éstos fueron obligados a abandonar las dependencias estatales, ante el temor de que se repitan los saqueos registrados el 12 y 13 de febrero.
Desde las laderas de esta ciudad bajaron grupos de personas afiliadas a las juntas vecinales, inclusive, marcharon desde la zona Sur y con palos, estandartes y las banderas bolivianas se movilizaron en el centro paceño.
Los efectivos policiales lidiaron por varias horas con los manifestantes, pero horas más tarde, en la Unidad de Tránsito, los uniformados sacaron sus banderas blancas pidiendo paz a la turba que, inclusive, empezó a tomar algunos centros comerciales.
El decreto supremo del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada aprobado en la madrugada del domingo que establece que su Gobierno no exportará gas a nuevos mercados mientras no se realice una consulta a la gente, que deberá concluir hasta el 31 de diciembre, fue rechazado por las organizaciones sindicales.
La ciudad de La Paz quedó desierta, ningún vehículo transitó durante toda la jornada.
Tropas del Ejército y de la Policía ocuparon anoche el centro de la ciudad de La Paz, sede del gobierno, y desalojaron a varios centenares de manifestantes que bloqueaban las principales vías urbanas.
La llegada de los soldados se produjo aproximadamente a las 20.00 hora local (24.00 gmt), con el apoyo de una docena de tanques de asalto militar que se instalaron en lugares estratégicos de la urbe paceña.
Desde muy temprano por la mañana varios miles de personas de El Alto realizaron una marcha que, tras los 12 kilómetros que separan a ambas poblaciones, concluyó en la zona central de la ciudad de La Paz.
La protesta abarrotó los cuatro costados de la plaza Murillo, donde se encuentran los palacios de Gobierno y del Congreso, pero los soldados repelieron la concentración hasta disuadir a los atacantes hacia el final del día.
Las fuerzas del gobierno debieron lanzar con profusión gas lacrimógeno y balas de goma, lo que causó varios heridos.
En la calle Murillo, detrás de la emblemática iglesia de San Francisco, uno de los grupos de manifestantes atacó una estación policial y también una galería comercial que fueron incendiadas a pesar de la presencia de los guardias.
Cuando parecía que la noche paceña sería interminable por la presencia de los opositores al gobierno, una fuerza combinada militar-policial ingresó por la autopista que comunica La Paz con El Alto y se apropió de las calles y avenidas del centro.
Desde la plaza Pérez Velasco y el templete de la iglesia San Francisco, los soldados obligaron a los manifestantes a retirarse a fuerza de gritos amenazadores y de gas lacrimógeno, que afectó también a los transeúntes.
La fuerza militar y policial se desplazó algunas calles hacia la ladera oeste paceña, donde se encuentran mercados populares, y enlazó su área de protección con la guardia que protege el palacio presidencial de la Plaza Murillo.
Fuentes oficiales explicaron que las tropas de las Fuerzas Armadas desplegadas, custodiarán la zona central de la urbe paceña.
Desde que comenzó la convulsión social en el país, a mediados de septiembre, se han registrado al menos 49 muertos, 40 de los cuales se produjeron entre el domingo y el lunes pasados, en las ciudades de El Alto y La Paz, en choques de manifestantes y fuerzas de seguridad.
Ambas ciudades sufren el desabastecimiento de gasolina y gas licuado de petróleo debido a que los bloqueos y movilizaciones impiden la distribución de estos carburantes, que son llevados desde la plnta ubicada en la región de Senkata.
La oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Hidrocarburos informó que a pesar de que existen camiones cisternas listos para salir de la planta de Senkata, debido a la jornada de protesta de ayer no se lo pudo hacer.
Los surtidores de gasolina no atendieron al público debido a que no se los abasteció del carburante, lo que ha dejado a la sede de gobierno sin transporte.
La Paz requiere entre 600 y 800 metros cúbicos de gasolina y 30.000 garrafas de gas licuado de petróleo al día para satisfacer la demanda de la población, que por el momento es difícil de atender.
Vandalismo. Los manifestantes alteños provocaron incendios a su paso por las calles del centro de la capital paceña
Evacúan a 70 turistas en naves de la Fuerza Aérea
Un total de 70 turistas, entre ellos 36 estadounidenses y varios europeos, fueron evacuados cerca de la medianoche de ayer en dos aviones militares desde el aeropuerto de La Paz, donde la rebelión popular había declinado, hasta nuestra ciudad.
El único aeropuerto de La Paz, está emplazado en la ciudad de El Alto, principal foco de la insurrección popular contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya renuncia exige, y donde cruentos enfrentamientos dejaron un saldo de al menos treinta muertos desde el jueves, de un total de 58 desde iniciado el conflicto hace casi un mes.
La operación aérea fue coordinada por la funcionaria de la embajada de Gran Bretaña, Amanda Walker.
Además de los ciudadanos estadounidenses partieron cinco británicos, cuatro franceses, cuatro españoles y otros europeos de diversas nacionalidades.
En la terminal aeroportuaria permanecen aún varados sin poder desplazarse hacia La Paz, distante 12 km del lugar, cerca de 70 viajeros, la mayoría bolivianos, algunos latinoamericanos y periodistas extranjeros, por razones de seguridad.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), declaró la huelga general indefinida en el Departamento, debido a los acontecimientos funestos que se registraron en la ciudad de El Alto, donde más de 26 personas murieron a consecuencia de la “brutal” represión de las fuerzas del orden.
Así lo confirmó el secretario general de Comcipo, René Navarro, luego que concluyó la reunión de directorio efectuada ayer por la tarde.
En esta sesión se realizó un análisis de la situación social, política y económica que vive el país y se tomaron determinaciones para respaldar a las organizaciones laborales del país.
Por ello, Comcipo también exige la renuncia del Jefe de Estado, Gonzalo Sánchez de Lozada, por lo hechos sangrientos que causaron la pérdida de vidas humanas “como si se tratase de una carnicería”, dijo.
Por su parte, el Comité Cívico de Oruro declaró un paro departamental de 48 horas que se inicia este martes, cuya principal exigencia es la renuncia del presidente de la República.
El titular del ente Cívico, Alejandro Condarco, argumentó que el primer mandatario ya no goza del apoyo de la población y criticó su incapacidad de solucionar los conflictos que se viven en el país que han causado ya muchas muertes.
Condarco dijo que el gobierno hace oídos sordos para instalar una mesa de diálogo con todos los sectores en conflicto para encontrar soluciones a los grandes problemas del país.
Indicó que la democracia no puede ser destruida por sectores radicales ni por la posición del gobierno, por lo que es un deber preservarla como un instrumento de realización nacional.
Unos 6.000 gremiales de Oruro iniciaron ayer la “Marcha por la vida” hasta La Paz, cuya principal exigencia es la vigencia del régimen simplificado. Anoche, los marchistas llegaron a Caracollo, distante a 37 kilómetros de Oruro.
Los comerciantes empezaron a caminar después de una misa en la iglesia del Socavón, identificados por sus estandartes que llevaban un crespón negro en señal de duelo por los muertos en la sede de gobierno.
Los mineros masifican la movilización Los trabajadores mineros del Departamento de Potosí resolvieron fortalecer las medidas de presión para lo cual miles de los denominados “hombres topo” se constituirán en la Villa Imperial a partir de esta jornada.
La presencia de los mineros será vital para paralizar las diferentes actividades que se desarrollan en esta parte del país como ocurrió en la víspera, según hizo conocer el ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Freddy Gutiérrez.
El dirigente asistió ayer a una reunión efectuada en la mina Andacaba donde se resolvió consolidar la huelga general indefinida que fue ordenada por la COB exigiendo la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuestionando la venta del gas, en oposición a la aplicación del Alca y otras demandas.
Gutiérrez, anunció que la lucha de los trabajadores bolivianos permitirá que el Estado recupere las minas que actualmente están en manos de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Dio a conocer que el Presidente a través de su empresa logró acceder a las minas de, Porco, Colquiri y Bolívar, así como a la planta de Vinto pagando precios ínfimos por el arrendamiento de las mismas.
A través de la modificación de las leyes quieren dejar sin efecto los contratos que tiene Goni para manejar los mencionados centros productivos.