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“Somos la basurtita en el ojo del gobierno”
Comunidad indígena en lucha
Bajo asedio, autodefensas de Ostula
Al hostigamiento federal se suma el estatal
“Somos la basurita en el ojo del gobierno”, afirman
Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 8 de noviembre de 2015, p. 2
Aquila, Mich.
Germán Ramírez, Toro, sucedió al encarcelado Cemeí Verdía en el puesto de comandante general de la Policía Comunitaria y es dado, como su antecesor, a las frases lapidarias:
–Vamos a marcar la historia.
–…
–¿Sabe cómo?
–¿Cómo?
–Vamos a quedar tirados, muertos, porque necesitamos morir para que haya un cambio. Mañana o pasado vienen por nosotros, porque nuestra vida es ya nuestra muerte.
¿Se victimizan los nahuas de Ostula? Puede ser, pero tienen sus razones. La lucha de esta comunidad, rica en minas y maderas preciosas, no puede separarse de los números del horror: 35 comuneros asesinados y cinco desaparecidos, cerros pelones por la tala ilegal, decenas de desplazados y años de silencio bajo la bota de los templarios fue el precio que la comunidad indígena pagó por su decisión de enfrentar al crimen organizado.
En febrero de 2014, los jóvenes exiliados de Ostula –pasaron cuatro años fuera, porque se iban o los mataban– volvieron de la única forma que podían hacerlo: con armas y acompañados de las autodefensas de los municipios vecinos.
Desde entonces, presumen en Ostula, en la región “se acabaron secuestros, asesinatos y extorsiones”.
¿Los templarios se fueron? Según la gente de Ostula siguen por ahí, agazapados en la sierra o bien “a sus anchas en Colima”, como prueban los atentados sufridos por la Policía Comunitaria.
El frente templario, por tanto, está siempre en las preocupaciones de la Policía Comunitaria de Ostula y de sus aliados de los municipios vecinos, se llamen comunitarios, autodefensas o Fuerza Rural (en la base de operaciones de Coahuayana están inscritos los tres nombres). Para el caso es lo mismo, porque se trata del movimiento quizá más representativo entre todo lo conocido como autodefensas. No fue casualidad que José Manuel Mireles, que no era profeta en su tierra, hubiese encontrado respaldo en la Sierra Sur y la Costa.
La Tierra Caliente se cuece aparte: allá, los armados de Tepalcatepec fueron designados por los ricos del pueblo o bien se ganaron un lugar con su carisma y su valentía, como Hipólito Mora. Acá no. Ostula es el único lugar donde el jefe fue electo en una asamblea general y cuyas decisiones están bajo el permanente escrutinio de la autoridad civil.
Los templarios que merodean quizá no sean el problema inmediato de los comunitarios de Ostula, pero cada tanto reciben mensajes de alerta desde la capital del país o de Morelia. Cuando se charla con él, el comandante Germán acaba de recibir una llamada del Distrito Federal: “Dicen que pronto van a venir por la gente de Toro”.
Por si algo faltara, al flanco federal se ha sumado el estatal, con el gobernador perredista Silvano Aureoles empeñado en echar a andar el mando único policial, lo que en la mirada de los comunitarios significaría su fin.
“A los presidentes municipales les ha dicho que firman o firman, dándoles a entender que quien no lo haga se va a la cárcel”, dice Ramírez, quien resume la decepción de los lugareños con quien llaman nuestro gobernador: “Hubo cambio de gobierno pero no de formas. Lo más lamentable es que haya llegado al poder gracias a nosotros”.
Ramírez recuerda que, en campaña, Aureoles dijo que el distrito de Coalcomán “se iba a considerar aparte, pero desde que tomó posesión ha sido mayor el hostigamiento”.
“Quieren destruir lo que hemos hecho, y no se vale. No nos conviene, porque tendríamos que hacer lo que ellos quisieran”, completa Marino, comandante en Coahuayana.
Otra cosa esperan del nuevo presidente municipal de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, quien también llegó al cargo bajo las siglas del PRD, pero en buena medida gracias al apoyo de los comunitarios. Ramírez está seguro de que Arteaga resistirá el embate y no firmará la aceptación del mando único: “El presidente de Aquila va a poner a su seguridad, y al director lo tiene usted a su lado”.
Las suites de los federales
Al dejar la plaza principal, la caravana de comunitarios se dirige a cargar gasolina en la única estación del lugar. Desde el otro lado de la carretera 200 los miran los agentes federales que se hospedan en el hotel Miranda, una de las 62 propiedades confiscadas a los templarios.
El Miranda era propiedad de Federico Lico González, jefe de plaza de los templarios (”Desde niño fui cabrón, si me buscan me defiendo”, dice su corrido).
Donde antes hubo mesas con sombrillas para los huéspedes ahora hay costales de arena detrás de los cuales un policía federal acaricia una ametralladora calibre .762
Inaugurado en diciembre de 2012, el pequeño hotel fue “bañado en agua bendita” por el párroco de Aquila. En las fotos de la inauguración se puede ver el momento en que la esposa del jefe templario, Georgina Barbosa de González, corta el listón en compañía de dos ex alcaldes de Aquila: José Cortés Ramos y Mario Álvarez López, a quien los habitantes de Ostula llaman El Chacal.
Álvarez fue dos veces alcalde, además de diputado local. Su último cargo público, en la gestión de Fausto Vallejo, fue coordinador regional de Desarrollo Rural (nombrado en marzo de 2012).
Según vecinos de La Placita, el dueño de las 600 hectáreas que Ostula disputa con los pequeños propietarios es el padre de Julio Mejía, un perredista que, derrotado en la contienda interna, buscó la presidencia municipal bajo las siglas del PAN. Pero los comuneros de Ostula afirman que la mayor parte es propiedad de Mario Álvarez y de Lico González.
Los González, en todo caso, ya no pudieron disfrutar el hotel que prometía manjares preparados por chefs internacionales. Las “cuatro suites embajadores” y la suite presidencial son ahora cuartos de los agentes federales.
“Creo en los hechos”, dice el comandante Toro
La aprehensión de Cemeí Verdía, el 19 de julio pasado, provocó la protesta de la comunidad de Ostula y sus aliados, los disparos del Ejército y la muerte de Edilberto Reyes García, de 12 años de edad, además de heridas a otras seis personas, en un episodio aún no esclarecido.
Desde la detención, Ostula mantiene negociaciones con las autoridades. A mediados de octubre, el secretario de Gobierno estatal acudió a la cabecera de este municipio a una reunión con los comuneros de Ostula y otros lugares. Por el gobierno federal estuvo el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián, el mismo funcionario encargado de rechazar que el Ejército hubiese disparado durante las protestas por la detención de Verdía.
Cuando le plantearon el tema de la libertad de su dirigente, el funcionario federal argumentó que no estaba en sus manos. “Le dijimos que entendíamos, pero también le hicimos ver que pesa mucho la palabra del gobernante”, dice Agustín Vera, presidente de Bienes Comunales de Ostula.
Por lo demás, se acordó instalar una mesa interinstitucional para atender los problemas de seguridad, sociales y de desarrollo de la región.
–¿Cree en las ofertas delgobierno?
–Yo creo en los hechos, y no hemos visto hechos– dice Ramírez.
La demanda de Ostula, el reconocimiento de su Policía Comunitaria, choca con la decisión de Aureoles de lograr en un plazo corto la instauración del mando único. Los comunitarios fueron a la reunión esperando avanzar en el reconocimiento de su policía, pero el comunicado del gobierno de Michoacán expresó otra idea, que desdeña el espíritu del artículo 115 constitucional: “Se busca garantizar la seguridad de los habitantes en un esquema integral en el que participen las comunidades y presidentes municipales para que no existan civiles armados patrullando la zona”.
En 2014, una parte de los integrantes de la Policía Comunitaria fueron registrados por el gobierno, pero “la legalización nunca terminó”, pues en todo el municipio sólo registraron poco más de 30 elementos.
Son muchos más los que patrullan ahora, todos los días, en camionetas que recorren caminos y brechas, y pasan a cada rato frente a marinos, soldados y federales.
Las minas y los profes
Germán Ramírez estudió la licenciatura en educación primaria para el medio indígena en la Universidad Pedagógica Nacional. Su padre, Diego, también profesor, fue asesinado por los templarios en julio de 2008, luego de que la comunidad lo pusiera a la cabeza de la comisión especial para la recuperación de tierras.
“Como una señal ominosa, su cuerpo apareció en la playa conocida como Las Peñas, uno de los parajes que conforman las más de mil hectáreas que nuestra comunidad reclama”, denunciaron entonces las autoridades de Ostula.
Las comunidades indígenas de Ostula, El Coire y Pómaro tienen un territorio de unas 200 mil hectáreas que van de la Sierra del Sur a las playas del Pacífico.
En la mitad del territorio de Ostula, unas 8 mil hectáreas, hay 14 concesiones mineras, la mitad pertenecientes a una subsidiaria de la empresa ítalo-argentina Ternium. Oro y plata, hierro y cobre, son el manjar que los templarios le disputaban a la trasnacional.
Tras el asesinato de su padre, Germán tuvo que salir de Ostula, al igual que una decena de jóvenes amenazados de muerte por los templarios. Anduvo en varias ciudades del norte hasta que consiguió recibir el cobijo de la sección 18 del SNTE (capítulo Coordinadora), a la que pertenece.
–¿Y en este cargo recibe apoyo de la sección 18?
–A los líderes de la 18 ya se les olvidaron los héroes que tanto pregonan, Zapata, Villa, Lucio, Genaro. Nada dicen.
“Sin ustedes, nosotros somos nada”
El convoy de comunitarios deja la costa. Pasa la cabecera municipal de Aquila y la emprende hacia arriba, donde están sus aliados de los municipios de Villa Victoria y Coalcomán. A medio camino entre Aquila y Chinicuila está la desviación a Huitzontla, una comunidad nahua de unos 600 habitantes, porque la otra mitad está en California.
Castigada por Patricia, que se llevó la cosecha de maíz, la comunidad también se quedó incomunicada unas horas. Los propios habitantes se ocuparon de limpiar ramas y piedras para abrir el camino. No hay a la vista ni un solo vehículo oficial de ayuda frente a la tragedia, quizá porque aquí no están las cámaras que llegaron por racimos a las costas de Jalisco y Colima.
“Ya estamos acostumbrados, desde hace tres años nos pasa lo mismo”, dice, con resignación ancestral, un comunitario de 63 años que carga una vieja escopeta.
Los pobladores que se han sumado al “movimiento” se reúnen a media luz en el patio de una casa. El primer tema a discusión es la participación de más habitantes de Huitzontla en los “recorridos”, como llaman los comunitarios a su andar en vehículos por los caminos en la región, mostrando los cañones de sus rifles. “Venimos a pedirles el apoyo, porque si no las personas que andan por aquí y que vienen por las riquezas se van a llevar todo”, dice Germán.
Luego le llueven críticas al nuevo alcalde de Villa Victoria porque parece dispuesto a firmar la aceptación del mando único.
Los voluntarios se ofrecen poco a poco, en medio de críticas a todos los niveles de gobierno.
“Ahora no sólo es contra los templarios. Es contra el gobierno porque está atentando contra todos, y si nos dejamos el gobierno nos va a venir a destruir”, dice un hombre en la penumbra.
“Al gobierno le estorbamos para saquear las minas. Pero debe entender que estamos al tiro”, dice otra voz.
Carmen Reyna Carrillo toma la palabra y demanda, en diálogo con el comandante comunitario, que las mujeres tengan mayor participación:
–Pedimos reconocimiento y respeto, porque ha habido habladitas. Sin nosotros, ustedes son menos.
–Sin ustedes, nosotros somos nada –le responde Ramírez.
Antes de leerle la cartilla a un hombre, “hermano de un templario”, que agarraron en el camino con una pistola, Ramírez se despide de los comuneros de Huitzontla, en el patio a media luz, con una frase que les pide no olvidar y que subraya cómo se mira a sí mismo el movimiento de los comuneros de Ostula: “Somos la basurita en el ojo del gobierno”.
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“Los templarios están vivos”
Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 8 de noviembre de 2015, p. 3
Aquila, Mich.
El 25 de mayo pasado Cemeí Verdía fue emboscado en La Cobanera, pequeña comunidad entre la cabecera de Ostula y la carretera 200. En el ataque resultó herido Juan Manuel Satién Cándido, escolta de Verdía. En el lugar, los comunitarios encontraron cartuchos percutidos, pero no huellas de vehículos, por lo que iniciaron la persecución.
Germán Ramírez, su remplazo al frente de la Policía Comunitaria, cuenta que la búsqueda a la que siguieron varios choques duró hasta pasadas las 10 de la mañana del día siguiente.
En Coahuayana, el comandante Marino afirma que apenas ocurrió el ataque solicitaron la ayuda de todas las corporaciones federales. “El Ejército estaba en la casa de Lico (jefe templario prófugo). Fui y nos dijeron que no podían ir porque no tenían autorización”. Lo mismo ocurrió con la Marina y la Policía Federal.
En la madrugada, los comunitarios cercaron a los pistoleros.
“Le estaba tirando a uno del lado izquierdo y no vi al otro que me tiró una ráfaga. Afortunadamente nada más me dieron dos”, dice Marino, cuando muestra las cicatrices.
Marino vive en el cuartel de Coahuayana. En su cuarto muestra la radiografía donde se ven cuatro tornillos y un montón de pedacitos de metal que le dejaron el brazo inútil: una evidencia de que las autodefensas tienen razón cuando dicen, como Marino, que “los templarios están vivos y van a querer dañar”.
Tras recibir los tiros Marino ya no supo nada, pero sus compañeros de armas le contaron que uno de los sicarios quedó malherido y que, en su agonía, “se arrepintió y dijo quiénes les habían pagado”.
El sicario dio dos nombres: Juan Hernández, presidente municipal de Aquila, y José Antioco Calvillo, maestro rural que encabezada la autodefensa de Huahua, adscrita a la encargatura de Pómaro.
“Aquí nos vino a chillar, quesque El Flaco (Alejandro Mendoza Álvarez, jefe templario) lo quería matar. Y hasta por allá arriba fuimos a sacar a su familia.
“Nunca nos dimos cuenta de que era gallo-gallina y nos traicionó”, se lamenta todavía Marino.
Del interrogatorio al que sometieron a Antioco sacaron en claro que “lo habían sembrado para que pasara información; ahora sabemos que le llegaron al precio, le daban 15 mil mensuales”, afirma Agustín Vera.
Tanto el alcalde como Antioco fueron encarcelados, pero ambos están libres desde mediados de octubre.
En el interrogatorio, Antioco aseguró que el móvil para atentar contra Cemeí fue la explotación de tres minas en la comunidad de Pómaro que estaban planeando el alcalde, Jesús Peralta (miembros del grupo Los Viagras), y Adolfo Eloy Peralta, subsecretario de Seguridad Pública estatal dejado en el cargo por el comisionado Alfredo Castillo.
Según el relato de Antioco, el alcalde ofreció medio millón de pesos por la cabeza de Verdía, además de la promesa de que su grupo recibiría poco más de 70 mil pesos mensuales una vez quitado el obstáculo y cuando las minas comenzaran a ser explotadas.
Ya en la cárcel Antioco negaría todos los cargos y diría que fue torturado y amenazado por los hombres de Verdía tanto para declararse culpable como para incriminar al alcalde de extracción priísta porque los de Ostula habían decidido jugársela con el PRD.
“Así que ahí tiene: el que protegía al pueblo está en la cárcel, mientras el ex presidente municipal, que es un asesino, se la pasa en Colima a sus anchas. Y mientras Antioco está en su pueblo donde lo cuida la Fuerza Rural”, dice Vera.
Tras el ataque, el gobierno de Michoacán, entonces encabezado por Salvador Jara, emitió un comunicado en el que afirmó que personal de la Fuerza Rural sostuvo un enfrentamiento en el que murieron dos comunitarios y cuatro sicarios, a quienes identificó como integrantes de la “estructura criminal” de Federico Lico González.
Sin embargo, luego acusaría a Cemeí de homicidio. La juez lo exoneró por este caso aunque precisó que podían presentarse nuevas acusaciones.