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Como la carretera del Tipnis en Bolivia
Los de Abajo
Lucha contra autopista
Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
Han sido 10 años de lucha en contra de una carretera que atravesará sus territorios, los despojará de sus tierras de cultivo, de sus lugares sagrados y de su flora y fauna. El pueblo de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, ha sabido resistir de múltiples formas: sus pobladores han puesto el cuerpo frente a la maquinaria; han recorrido la vía jurídica; se han movilizado en las calles y frente a organismos de derechos humanos. Un decreto de expropiación de sus tierras no los desanimó y se ampararon contra el atropello. Finalmente, el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México concedió la suspensión del decreto. Pero falta.
El proyecto de autopista fue puesto en marcha por el entonces gobernador del estado y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, nada menos que por la constructora Autopistas de Vanguardia, perteneciente al Grupo Higa, y no sólo afecta a Xochicuautla sino al menos a otras 12 comunidades, entre ellas San Lorenzo Huitizizilapan y Santa Cruz Ayotuzco, que también la han rechazado.
El manual del despojo operó aquí como en el resto del país. Vino la división de los pueblos, la compra de voluntades, el engaño para apoderarse de las tierras. Luego la represión. Primero fueron detenidos 14 opositores, y el 3 de noviembre de 2014 otros ocho. Después, el decreto expropiatorio de 37 hectáreas, 93 áreas y 86 centiáreas de uso común. Este es el decreto que lograron echar para atrás.
Pero el pueblo de Xochicuautla no se confía, y tiene razones para ello. Y si no, que le pregunten a la tribu yaqui, que ganó todas las instancias posibles contra un acueducto que casi está terminado. Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y, en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo, explicaron en un comunicado.
La defensa continúa y las movilizaciones no cesarán hasta que “la autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades como pueblo indígena otomí”, por lo que desde el estado de México demandan estar alertas por posibles represalias que estas suspensiones generen en contra de los defensores del bosque sagrado.
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