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El 30 de junio habrá una gran marcha nacional en defensa de la educación panameña. Ante la alharaca que hacen los medios de comunicación por la ampliación del Canal, lo más democrático es que los ingresos que emerjan de esto se viertan en la educación pública.
Uno de los objetivos fundamentales para el desarrollo de los países es brindar un servicio de educación pública de calidad. Lo que debe comprender desde erradicar el analfabetismo hasta aumentar el porcentaje de egresados universitarios. Para esto, es necesario escuelas dignas y salarios justos, – condición sine qua non – se puede mejorar la educación. Es inexplicable que aún existan escuelas ranchos, que los docentes tengan que esperar meses para que se les pague cuando no son permanentes, esto es bochornoso. En esta misma línea, es mezquino que no se quiera cumplir con el acuerdo del ajuste salarial a los docentes.
Por nuestra posición geográfica y el Canal de Panamá tenemos una economía creciendo tenuemente (según los pronósticos del Banco Mundial) y, con un Canal ampliado que incrementará los ingresos. Esto tiene que permear concretamente en la población que más necesita. Se hace impostergable cumplir con la Ley Orgánica de Educación y equiparar con el 6% del PIB al presupuesto del sector educativo. Con esto se podría construir las escuelas necesarias para acabar con las escuelas ranchos, equipararlas con las herramientas tecnológicas; y cumplir con el aumento salarial escalonado. Esto conllevaría a un compromiso de los docentes para sacar adelante al sistema público de educación.
La forma más democrática de que el Canal sea para todos es que aporte al sistema educativo público, entre otras cosas. El orgullo de que el Canal sea de los panameños, se tiene que materializar en una educación pública de calidad. Los resultados en educación no se ven a corto plazo, es natural que las autoridades correspondientes quieran ver los efectos de su gestión, pero en esto el inmediatismo no es buen aliado.
Las reivindicaciones que han alcanzado el sector docente son el resultado de jornadas de luchas, en esta ocasión no será la excepción. El Gobierno ahora quiere condicionar el ajuste salarial a una evaluación. Es una constante que los gobiernos sean dóciles ante los lineamientos de los organismos internacionales que intentan flexibilizar la labor docente, lo que se podría instrumentalizar como un mecanismo de persecución, en particular hacia los dirigentes magisteriales. Esto es lo que denunciaron los compañeros maestros en Oaxaca y fueron brutalmente reprimidos.
Si el Gobierno quiere mejorar la educación tiene que invertir socialmente en escuelas dignas y salarios justos a los docentes, no hay otro camino.
Abdiel Rodríguez Reyes
Profesor de Filosofía
Mi blogs: http://filosofiaysociedadpanama.blogspot.com.es/