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Ante el desastre que se perfila, la fuente de esperanza puede estar en la posibilidad de que la propia gente ejerza desde abajo capacidad de gobierno, al constatar que arriba se perdió esa capacidad.
Gobernarnos
Gustavo Esteva
La Jornada
Arrinconados en su callejón, gobernantes desconcertados y patéticos buscan salida a su predicamento imposible: no pueden desconocer ni reconocer su propia ignominia, el hecho de que sus “cuerpos de seguridad” operaron en Nochixtlán, igual que en Ayotzinapa, como bandas de criminales. No funciona ya la fórmula desgastada del chivo expiatorio. La campaña mediática produce efectos contrarios a los que buscan. Desesperados, parecen dispuestos a lanzarse al precipicio, a cualquier costo. Y ese costo sería inmenso para todos.
El martes 21, en el sepelio de uno de los muchachos asesinados en Nochixtlán, hijo de un maestro, regidor de salud en el cabildo de Apazco, sentíamos todos el dolor de la familia. Nos conmovió aún más la reflexión de su padre: “Sí, este es el precio que teníamos que pagar. Pero la lucha tiene que seguir, la lucha no puede parar acá. No son los primeros muertos, ni van a ser los últimos. Ni modo. Estamos aprendiendo en la lucha cosas así”.
Un par de días después, en una reunión de productores campesinos en la Mixteca, la conversación resultó muy agitada. Quedó de lado lo que los había traído. Sentían como propia la agresión a los maestros, pero ya no se movilizaban por mera solidaridad. Habían llegado a su límite. Era el momento de luchar por lo suyo, por su propia supervivencia, bajo la convicción de que unidos sería posible cambiar un estado de cosas insoportable.
Se multiplican los frentes de batalla bajo configuraciones y estilos muy distintos. No es lo mismo la Mixteca que Monterrey. Lo que resulta claro es que la lucha magisterial articula descontentos generalizados que buscan su mejor forma de expresión.
Gobiernos, medios de paga, empresarios, los llamados “poderes fácticos”, siguen poniendo el grito en el cielo por el desafío que enfrentan. Buscan razones y pretextos que justifiquen la mano dura, para la que preparan a la opinión pública. Algunas personas comunes comparten su exigencia de “restablecer el orden”.
Desde arriba insisten así en que el tiempo se agota y urge devolver la tranquilidad a los millones de ciudadanos afectados. Esconden bajo la alfombra la manera en que la perdieron. Los maestros intentaron todas las formas posibles de gestión antes de tomar el curso actual. Tres días antes de las elecciones del año pasado el gobierno rompió las negociaciones y se negó a regresar a ellas hasta que Nochixtlán lo obligó a hacerlo.
En la agenda oficial de diálogo está Nochixtlán, donde el gobierno pretende “reparar el daño” con meras compensaciones económicas. Puede incluir asuntos laborales como ceses arbitrarios, descuentos y retención de sueldos, y hasta presos políticos y otros atropellos. Pero nada más, nada del meollo del asunto. No entienden la reacción de la gente. Cuando una de las víctimas de Nochixtlán les dice que estuvieron en el lugar de los hechos “porque creemos que esta reforma tenemos que echarla abajo”, necesitan atribuir ese comportamiento a la manipulación, a “rollos ideológicos”, e incluso, como en Chiapas, a la injerencia de “grupos extremistas”. No quieren darse por enterados de lo que pasa.
Las autoridades están derivando la peor de las lecciones de la movilización de hace 10 años. Al crear en 2007 la comisión investigadora de lo ocurrido en Oaxaca, la Suprema Corte se dio por enterada de que las corporaciones policiacas “afectaron físicamente a gran número de personas en forma cruel e inhumana”, produciendo lesionados, torturados y muertos, y afirmó que se había producido “una suspensión de hecho de las garantías constitucionales”. La Corte parecía interesada en hacer justicia. Lo que hizo, en cambio, fue extender certificado de impunidad a los violadores. Le pareció que “el uso de la fuerza pública fue legítimo” …aunque tardío: debieron hacer antes lo que hicieron. Contra su estatuto y sus propias palabras, la Corte dictaminó que las autoridades pueden y deben violar las garantías constitucionales.
Bajo ese paraguas quieren cobijarse hoy las autoridades. Sueltan así todos nuestros demonios. Ante el desastre que se perfila, la fuente de esperanza puede estar en la posibilidad de que la propia gente ejerza desde abajo capacidad de gobierno, al constatar que arriba se perdió esa capacidad. Se han dado ya los primeros pasos por ese camino, como muestran los cambios en la estrategia de movilización.
Ciudadanos y ciudadanas de a pie, lo mismo en una barricada que entre dirigentes de la CNTE, debemos tomar decisiones de gobierno. Los maestros de Oaxaca pueden ponerse a implementar su Programa de Transformación de la Educación, con su sensato sistema de valuación y sus innovaciones pedagógicas. Empezaríamos así a prescindir de la injerencia de las burocracias corrompidas de la SEP en el contenido y la forma de la educación.
En todo caso, sería suicida seguir pidiendo peras al olmo, esperando que estas clases políticas hagan lo que hace falta. Nos toca a todas y a todos. Hacerlo en esta circunstancia crítica nos servirá de práctica para lo que sigue.
gustavoesteva@gmail.com