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Posconflicto colombiano: Veredas, sentimientos y desposesión

Robinson Salazar-Pérez*

La paz en construcción que propone Colombia a través de los Acuerdos de La Habana trae consigo varias interrogantes, debido a la naturaleza del conflicto, las características de los actores dialogantes, la circunstancia histórica donde el gran capital y los gobiernos de facto son agentes intervinientes que direccionan los acontecimientos y pretenden imponer un fin de armisticio sin saldos ni deuda social.

El dolor social, las angustias, los desplazados de sus territorios, las muertes por asesinatos, los falsos positivos para enumerar algunos casos son hechos relevantes que no están en los compromisos de los Acuerdos ni hay predisposición por resolver la reinserción social, recomponer los hilos y tejido asociativo, recuperar sus enseres los desterrados de sus lugares y aplicar la ley a un paramilitarismo que arrasó pueblos y comunidades.

Contexto

Asumir el reto de explicar, desde la perspectiva sociológica, los escenarios de pos conflicto en Colombia es una tarea encomiable, si tenemos en cuenta la naturaleza particular de las hostilidades en el país y asimismo los actores que participan dentro de la conflictividad, cuya multidimensionalidad brinda diversas y distintas aristas que están derivadas de los intereses en disputa y ante todo los agentes externos que marcan una incidencia sobre la posibilidad de construir una paz duradera.

Los antecedentes del conflicto que derivó en una guerra sin cuartel que avasalló ciudades, pueblos y veredas en los 4 puntos cardinales del país tiene muchas explicaciones y agregar otra versión no anexaría algo nuevo, más bien combinaría variables analizadas en anteriores estudios. Lo importante, desde el punto de vista particular, es brindar una reflexión que dé cuenta sobre los escenarios que pueden derivarse del pos conflicto y los riesgos que están dibujados en cada espacio de situaciones políticas en que van re-insertándose los actores desarmados y los que nunca renunciaran a las armas.

Un dato inalterable es el inicio de Siglo XXI que diseñó dentro de las estructuras políticas y los actores en pugna un mapa de gobierno militar con asesoría y capacitación externa (EE.UU) , una guerrilla empoderada en varios frentes de lucha y capacidad de fuego significativa, se advierte que sumaban en su totalidad cerca de 25 mil rebeldes, y un abanico variado de paramilitarismo que respondían a intereses de gobierno-militares, grupos de hacendados, gobiernos locales, a narcotraficantes y delincuencia asociada.

Saldos del conflicto

Un hecho que admitimos es la sensación de prisionero de la guerra que vive el país, no sólo por la confrontación sino por los efectos que han recaído una y otras veces sobre la población, los cuales se expresan o materializan en desempleo extendido, salarios escasos, desplazamientos humanos por amenazas y despojos, familias desagregadas por persecuciones, asesinatos y exilios, extorsiones, chantajes, amenazas y enrolamiento forzado en las filas del ejército de la nación, la guerrilla o grupos paramilitares.

Aquí estamos observando la complejidad de un acuerdo de paz duradero, dado que la firma de la carta de intención y pactar un cese al fuego bilateral no es suficiente para resolver el saldo que lleva construyéndose varios años, más aun, tiene marcas y registros en la subjetividad colectiva de la población, exacerbación contra el opositor, animadversión hacia los grupos alzados en quienes descargan responsabilidad de la situación de postración y cuadro de dificultades que atraviesan, intolerancia ante una paz que selle un perdón y olvido en familias desmembradas y/o con el dolor de un pariente muerto atrozmente.

Estas razones de carácter subjetivo que están presentes en el cuerpo social en muchas ocasiones impiden descargar cemento social en la urdimbre y en los lazos sociales de las comunidades rurales y urbanas, rompiendo los hilos asociativos de tal manera que entre los grupos y familias heredan los resentimientos, no hay miramientos ni reflexión mediada por las ideologías que portan o defienden los actores en luchas, sino que los adjetivos de terroristas, violentos, asesinos, violadores y malvivientes dan rostro a cada uno involucrado en la lucha, donde quienes los apoyan desde afuera, son colaboradores asesinos que forman parte de la red de complicidad de infiltrados interesados por lucrar con las muertes y la guerra. Y los que brindan simpatía interna actúan como reservorio alimentador de los alzados en armas.

La guerrilla, vista desde la perspectiva de grupo armado rebelde no obtuvo el consenso que disfrutó en los años 60 y 70 del Siglo XX, dado que su evolución le fue dotando de ciertas particularidades que en algunas regiones tuvo distanciamiento con las comunidades, en otras ocasiones el comportamiento de grupo insurgente chocó con las expectativas de los pobladores y el crecimiento expedito y repentino en algunos años, rompió la cadena de mando, asignó responsabilidades a luchadores no entrenados para conducir columnas armadas y muchos menos con sensibilidad para trasmitir el mensaje y objetivo de la lucha.

Fue una guerrilla masificada, con un hilo de conducción unipersonal, fincado en ideas patriotas, pensamiento hibrido que combinaba algunos preceptos marxistas con otros nacionalista agrarios, las asignaciones de mando en las columnas regionales fueron por lealtad, distinta a la guerrilla salvadoreña y nicaragüense, donde los frentes tenían un referente de liderazgo y perfil de formas de lucha para acceder al poder, para el caso colombiano no, de ahí que el crecimiento sin control de los frentes de lucha fue adquiriendo autonomía de mando, asumieron estrategia de sobrevivencia de nexos con el narcotráfico, venta de zonas de traslado y sembradíos, sin que existiera una autoridad que impidiera la distorsión de las formas de lucha.

La autonomía que tuvieron los diferentes frentes de batalla adolecieron de una línea de comunicación para tomar decisiones trascendentales, cada líder de columna decidía como transitar y entrar en batalla, de qué manera incorporaban nuevos soldados, los adoctrinamientos instituidos tenían sesgo y ante todo, el uso de estrategias de presión con la población rural o comunidades para obtener aceptación o silencio cómplice, fue minando la confianza y detonaron conflictos que no fueron subsanados hasta ahora.

Las disputas de intereses y los resultados de las amenazas, reclutamiento forzado, presiones por torcer voluntades de comunidades rurales e indígenas abrió una brecha irreconciliable entre el grupo insurgente y grupos sociales que no doblegaron su espíritu ni tradiciones ante los amedrentamientos, justo en esa hendedura los paramilitares hicieron su trabajo de inserción en las poblaciones y veredas apartadas, forjaron el espacio de tercer actor en la guerra y abriendo el abanico de la complejidad del conflicto en la medida que el ejército regular de la nación, guerrilla y paramilitares confrontaban en terrenos comunitarios ajenos a los intereses pero afectados enormemente por los saldos de la lucha y uso de las armas y explosivos.

Las veredas y comunidades rurales e indígenas poco a poco cayeron prisioneras del conflicto, los dispositivos coactivo y coercitivos de los alzados en armas ( guerrilleros y paramilitares) de manera cotidiana sembraron en ellos persecución física y emocional con el propósito de que formaran parte de sus filas, prestaran sus servicios de informantes, correo de avituallamiento, incorporación de sus hijos como agentes armados, delator de enemigos y prestador de servicios especiales. El valor de la vida tuvo su justa dimensión en el mercado de la guerra, cuya tasación en la mesa de negocios tenia a la familia, la supervivencia, los hijos, la tierra, la casa, los animales, las herramientas y la dignidad para evitar el ultraje humano.

Fue una guerra sin cuartel en las comunidades, no se ganaba a tiros ni bombas, sino con doblegar al hombre o mujer, a la familia y la comunidad, hasta ponerla a su servicio no importando el costo, la renuncia a sus pertenencias u oficio, ganar un adepto o someter al otro y tenerlo a su disposición , era la otra cara del conflicto que se vivió en el interior de Colombia.

No había cabida a preceptos ideológicos, el sentido de la lucha estuvo tan profundamente perdido como la voz de auxilio en la garganta de las montañas del país, era otra forma de sobrevivir en un país prisionero de unas hostilidades con más de 50 años de existencia, donde el sentido de discordia armada entraba en la fosa disolvente, las razones de la disputa estaban disipándose y la guerra de exterminio abarcó otros espacios y escaques de la vida cotidiana que tuvo tintes de exterminio de locura o tragedia humanitaria.

Ahora bien, el estado calamitoso que fue extendiéndose hacia zonas productivas tuvo consecuencias infaustas, fincas ganaderas, tierras cultivables, riberas de ríos, puertos, barrios marginales, municipios conurbados absorbieron la tragedia, cordones de violencia inundaron las ciudades y la formula de exterminio que propuso el gobierno de Álvaro Uribe de tipificar a los grupos armados en terroristas, negar la guerra, arrasar con comunidades y grupos de ciudadanos inocentes para que aparecieran como trofeo de guerra y eliminación del virus terrorista, puso al país en estado de indefensión absoluta, los falsos positivos cuyo significado era asesinar a un grupo de personas inocentes, para que el ejército, fuerzas militares o el gobierno las muestren como “positivos en la guerra contra los terroristas” ( En este caso los miembros de las FARC) elevó las cifras de homicidios a porcentajes alarmantes, los delatores comprados por gobierno proliferaron hasta ser utilizados para disipar rencillas personales, las imputaciones de delitos contra la paz, el gobierno o simplemente subversivo fue la carta que estuvo a la orden en los centros educativos, sindicatos, centros laborales y localidades cerca de zonas de guerra.

Las evidencias están en las estadísticas que circulan por los medios impresos y en las redes sociales. En 60 años de irresolución de disputa armada, 5.5 millones de víctimas ha sembrado por el sendero de la guerra, de los 87 pueblos indígenas, 34 están en riesgo de extinción, el 10% de la población aborigen está fuera de su territorio por desplazamiento a consecuencias de la guerra, 2,683.355 es la suma de homicidios, de esa suma 1.163,218 son menores afectados por la conflictividad. A todo ello agreguemos 4,586 atentados en los últimos diez años, 400 mil refugiados, 500 mil delitos sexuales por violación, 3000 falsos positivos, 3 millones de hectáreas abandonadas y 5 millones 800 mil desplazados por despojo de sus pertenencias Y 2.087 masacres comunitarias.(S/A, 2013. Proyecto victimas)

Recogiendo lo más importante, el abandono, el escenario sombrío y el drama de despojo, dolor y olvido no está conjugado en el imaginario colectivo de las comunidades y grupos que fueron vencidos en la guerra que no era de ellos, porque despojarlos de sus pertenencias sin estar medido por el asesinato de un miembro familiar abre la posibilidad de reinsertarse en otro lugar, no obstante la muerte como eje central de despojo y abandono es un punto que convoca al dolor

El dolor de la muerte, la separación, la exclusión y privación de la libertad está asociado al ámbito social de ahí que lo definamos como dolor social. Pese a que el dolor social no cuenta en su registro una definición pre-existente, los componentes de angustia, separación de cuerpos, epidemia colectiva, desastres naturales y efectos de la guerra hereda un resultado dramático, catastrófico, espeluznante y calamitoso que inunda de sufrimiento, malestar y padecimientos a muchas personas de un territorio.

Entonces dolor social es todo aquello que daña las fibras que dan forma a la urdimbre social, corta de tajo los lazos familiares y sociales, irrumpe la circulación de diálogo por los hilos asociativos, resquebraja el cemento social de todo conglomerado y obnubila la mente, razón y visión de los aquejados, quienes buscan culpables en todo lo ajeno, en lo desconocido y hasta lo extraño en su cotidianidad. Ese culpable nunca es identificado, sólo es un ilusión para ocultar o apaciguar el dolor social.

Paradojas y drama social

Volviendo la mirada hacia atrás, yendo al Siglo XX en sus postrimerías, la globalización y su brazo operador el neoliberalismo, diseminó masivamente los preceptos de su doctrina del mercado y los beneficios que traía en la alforja si aplicaban ordenadamente las medidas indefectibles para modernizar el país: Privatizar la salud, el transporte, los servicios públicos y la educación, muchos acólitos arroparon las ideas privatizadoras e incluso la propagaron en estudios y discursos en actos públicos y centros de estudios. Sin embargo, en la realidad colombiana, en zonas rurales, veredas y comunidades indígenas esas recomendaciones no tuvieron espacios para su aplicación porque la lógica del conflicto conducía a una desposesión de la propiedad, una forma de desprivatizar en la medida que despojaban al pobre de sus raquíticos bienes y eran obligados a renunciar de la propiedad de su tierra, casa y animales domésticos.

La paradoja privatizar/ despojar es la fuente del drama social en las zonas de hostilidades armadas, donde la conflagración tuvo de invitado a las fuerzas armadas de la nación, la guerrilla insurgente, los paramilitares y narcotraficantes y el apoyo logístico de los EE.UU en los bombardeos, todos ellos en un escenario ajeno a los lugareños, porque la comarca no era asentamiento insurgente ni paramilitar, sino corredor o camino de tránsito de los actores confrontados pero no pertenecientes a las comunidades rurales ni veredas.

Llama la atención la afectación y dolor social que anida dentro del espectro social y quienes lo portan y soportan, y cabe aquí destacar la naturaleza y particularidad de la guerra en Colombia. No todo el territorio estaba en conflagración, cada actor alzado en arma escogió una zona del país donde podía realizar un trabajo político y de reclutamiento paulatino; asimismo trazar una ruta de abastecimiento y logística de acopio de armas y avituallamiento, principalmente donde obtuviesen ventajas para atacar y refugiarse, de ahí la preferencia en zonas montañosas o territorio con geografía accidentada.

Es claro que tomar territorios ajenos como campo de batalla o refugio de entrenamiento provocó rupturas en muchos ambientes de la cotidianidad rural o indígena, irrumpió en trazos de vida y convivencia, en algunos casos sembró dudas y alimentó rencores que terminaron en alejamiento o fracturas en el tejido social, la sociabilidad tuvo como invitado a la discordia y los celos, la política confrontadora penetró la porosidad comunitaria y el dolor social fue germinando como plaga desgarradora en muchas regiones colombianas.

El primer asomo de la discordia fue la fragmentación social en la familia, en los nexos de amistades e inter-comunitarios o inter-veredas, sigilo, clandestinidad obligada, discreción en la socialización cotidiana, silencios cómplices o de simulación, prudencia y hasta delaciones mediadas por dinero u ofrecimiento material. Las consecuencias del dolor social se fueron orillando hacia la desembocadura de los odios armados y hasta la desunión por enrolarse de manera obligada a uno de los bandos confrontados.

Otro punto irascible fueron los desplazamiento forzados, se sintieron de manera tal que pareció un autoexilio sin abandonar el país, sin lazos ni nexos familiares tocó andar y desandar caminos de territorios recónditos hasta sentirse un paria en su país, muchas de las veces los hijos fueron transferidos a los abuelos o familiar que viviese en zona segura, sin embargo la mayoría de los hijos escindidos del tronco familiar no volvieron a ver a sus padres porque éstos fueron asesinados, de ahí que en la costa atlántica, los sitios fronterizos y las capitales crearon bolsones de refugio, guetos de desplazados que vivían de la solidaridad y la misericordia, pero ante todo fue el costal de oportunidades que tuvieron los paramilitares para enrolar o reclutar sicarios, sujetos de trabajo anónimo, faena poco remunerada a cambio de seguridad y ser parte de la red ilícita que sembró de pánico y muerte la extensa geografía colombiana.

Como si fuese poco los desastres dramáticos arrojados sobre las familias desgajadas de su territorialidad y de su grupo afín, los desplazados en un porcentaje significativo y en varias ciudades del país fueron adquiriendo la identidad de sujetos superfluos y/o “residuos humanos”, que comprende poblaciones de refugiados, desalojados y parias que son desterradas o excretadas por poca utilidad para el propósito que ocupa en el lugar de origen, entonces son reabsorbidas por otras comarcas o demandantes de su fuerza laboral asignándole una identidad distinta a la original, siendo una de ellas la de sicario por supervivencia.

Otro hecho revelador de la naturaleza del conflicto colombiano y el dolor social, es la re significación del dinero. Esto es, el recurso monetario tiene un significado que va más allá de la percepción salarial, ahora es un signo de opulencia, consumo, de estatus social y hasta de poder. La modalidad de exhibirlo varía de acuerdo al oficio de quien lo ostenta, en síntesis el valor añadido al dinero fue creando nuevos sentidos y significados alrededor de la moneda, de ahí que todo aquel que presuma y obtenga mayor cantidad de dinero ocupa un lugar singular en las esfera de la vida social.

El dinero como la pieza que está sobre todas las cosas era necesario obtenerlo no importaba la vía legal o ilegal, la ilegalidad escondida bajo la vestidura del dinero no fue ni es perseguida como delito, antes por el contrario, asumió el rol de suministrador de flujos en efectivo a la justicia y los custodios. Las avenidas y coordenadas del narcotráfico confluyeron en los “depósitos de sujetos superfluos”, el tráfico de droga en la versión de menudeo, nuevas drogas, traslado de mujeres, trata de blanca, tráfico de niños, ventas de armas, secuestros exprés, obtención de documentos oficiales, cambio de identidad, mercado de ilícitos plagaron las plazas, mercados y sirvieron, en cierta medida y tiempo perentorio, amortiguar el impacto de la guerra y posibilitaron la funcionalidad del mercado y sus negocios.

Otra forma que hubo de contribuir en la ilicitud y endiosamiento del dinero fue la tolerancia al delito, la estratificación de los sujetos desechables, de acuerdo a la cartografía urbana las ciudades se subdividieron en zonas o estratos sociales, cumplían una función de acuerdo a las necesidades y demanda de sus servicios, hubo sujetos descartables con desempeño de sicario para solventar adeudos entre comerciantes, otros coaccionaban para forzar ventas de propiedades, hubo quienes traficaban con armas y moneda falsa, venta de servicios de custodia, asesinar por encargo, a crédito y ajustar cuentas entre personas en desavenencia.

La nube extensa de la indiferencia e indolencia fue gradual y vertiginosamente ganando la subjetividad colectiva, la actitud insensible despreció a la política y la desvistió dejándola desnuda, sin posibilidad de orientar a la ciudadanía, de ofrecer un horizonte de certidumbre, los atropellos por parte de las fuerzas oficiales que destruyeron la barrera endeble de la seguridad social y pública y Colombia quedó en la frontera de un país sin imaginario de paz, tranquilidad y trabajo, mientras que los medios de comunicación vendían un poema ilusorio de nación tranquila, opulenta, ataviada por el consumo y las telenovelas que desmitificaban la vida de los narcotraficantes y sus nexos con fuerzas armadas y agentes de gobierno.

Es conveniente advertir que la sociedad de consumo es el espejo esquivo de los colombianos dado que la vida de la pantalla es lo oculto e inaccesible para la mayoría de la población, desde hace años impuso una moda en ciertos lugares de las ciudades, donde la singularidad era el signo del éxito y el prestigio, la medida es meta obcecada en el cuerpo y la geometría una medición inaplazable en las mujeres y hombres jóvenes. Los centros comerciales y espacios públicos privados son escenarios de presumir y lo barato y guetos de desplazados los lugares para sobrevivir.

¿Qué queda para negociar?

En el mercado de la política en el primer cuarto del Siglo XXI, los objetos transferibles y negociables son la seguridad para la inversión, la privatización de recursos estratégicos, la cesión de tierras para la minería y explotación agrícola extensivas, la adecuación de leyes para lucrar con los bienes públicos, impedir los reglamentarismos jurídicos vinculantes de imputaciones por desvíos de fondos u obras públicas, aceptación de las normas internacionales que imponen los grupos de facto, incorporar al país a la esfera de los tratados comerciales donde influyen los países potencia, domesticar a las fuerzas insurgentes mediante la revelación de acuerdos internacionales indisoluble en materia militar, tecnológica y sistema de compartimentación funcional estilo célula eucariota de bases de datos filtración de identidades para la seguridad hemisférica y garantía de estabilidad en la región y la nación.

Los aspectos inmanentes del conflicto entran en la agenda de la negociación, sin embargo no hay garantía de cumplirse por los plazos laxos, los recursos financieros insuficientes para atender la demanda de los factores humanos y de reinserción social, la poca profesionalización de los actores internos para atender el rompimiento de los hilos asociativos y traumas de la guerra y finalmente, la parte institucional que resguarde el cumplimiento de la totalidad de lo acordado en la negociación bilateral y cese al fuego.

Las cifras que requiere el pos conflicto ronda por 106 billones de pesos (unos 31.240 millones de dólares) durante los primeros diez años, aseguraron los miembros de la Comisión de Paz del Congreso, monto a aplicarse entre 2017-2018, las fuentes del financiamiento aun no están dadas a conocer, los países que han comprometido una ayuda al fondo de contingencia son: Canadá con 57 millones, Reino unido 8.4 millones y EE.UU 450 millones, que suman 515.4 millones, la duda sobre el dinero faltante que se aplicará en la re sanación y en el proceso de reconciliación y reinserción social aun no se sabe de donde provengan.

Lo que quedará irresuelto son los genocidios, falsos positivos y violaciones sexuales -consideradas como tortura- entre otros hechos de barbarie, producto de la venganza y del odio, están por fuera de las acciones de guerra, no hacen parte de los crímenes que podrán ser exonerados en el marco de una justicia restaurativa de fin del conflicto -que no es de perdón y olvido, de igual manera es menester entender que Los llamados falsos positivos de Colombia, -a pesar de la necesidad de pasar la página de la terrible tragedia, de la que pocos escapan unos como víctimas, otros como victimarios, unos como alentadores, otros como ejecutores-, no caben en la justicia restaurativa de fin del conflicto armado por ser crímenes de lesa humanidad que afectan la dignidad de la humanidad entera, contravienen el sentido de ser humanos de este tiempo. Son delitos que agravian no sólo a las víctimas y sus propias comunidades sino a todos los seres humanos, lesionan el núcleo de humanidad que todos compartimos y nos distingue de los demás seres de la naturaleza. Con los falsos positivos, hubo una agresión planeada contra miles de jóvenes extraídos de la población civil no combatiente que fueron asesinados con sevicia por miembros activos de las fuerzas militares. Fue una trasgresión generalizada y sistemática con pleno conocimiento del ataque humillante y bárbaro, que convierte a los agresores en objetivo legítimo de la humanidad que el pueblo debe llevar a la justicia.(Restrepo Domínguez, Manuel, 2016)

Como complemento está la estrategia movilizadora de La Minga que incluyó en el mes de mayo de 2016 i acciones en 65 municipios de 23 departamentos, con 100 puntos de acción en los que participaron más de 100 mil personas denunciando los incumplimientos de acuerdos que se habían firmado con el gobierno y reclamando debatir el modelo de país, planteamiento que surgen de la Cumbre Agraria.

En relación con las implicaciones, la extracción de oro, cobre, plata, platino, plomo y zinc en el departamento de Tolima, para escoger un caso elocuente, el 30% del territorio del municipio, según las estadísticas de la Agencia Nacional Minera, se encuentra repartido en 99 títulos mineros otorgados con un área de 42.712 hectáreas, más 44 títulos mineros solicitados con un área de 33.251 hectáreas, es decir el 23% del territorio total del municipio. De estos, 27 títulos son propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti con un área de 31.354 hectáreas (73,4%), 1 título es de la Continental Gold Ltd con un área de 4.223 hectáreas (9,9%) y 3 títulos son de propiedad de Negocios Mineros S.A. con un área de 2.752 (6,4%) y 68 títulos son propiedad de otras empresas con un área de 4.382 hectáreas (10,3%).

Estas concesiones se encuentran en la cuenca del rio Combeima, que registra 39 títulos otorgados con un área de 7.595,4 hectáreas (27,7% del total), incluyendo la zona aledañas a la bocatoma del Ibal y la quebrada Cay. A apenas 17 kilómetros del casco urbano de Ibagué, en el domo del volcán Machín, se registra 1 título minero otorgado con un área de 160,5 hectáreas (37,2% del domo), más 2 títulos mineros solicitados con un área de 269,7 hectáreas (62,8% del área total del domo). Tampoco se salvan los páramos, donde se registran 10 títulos otorgados con un área de 5.297,2 hectáreas (30,4% del área total de páramos).( Gutiérrez D. José Antonio, 2016)

No son ingredientes directos del conflicto pero son parte del espectro social que el gobierno licitó o concesionó de manera arbitraria aprovechando la mampara de la guerra y los decretos exprés que diligenció gozando de atribuciones extralegales o en contubernio con sectores del congreso nacional. El daño ecológico, el impacto socio-ambiental, el envenenamiento de las aguas, la contaminación de sectores de la población y los recursos que no son reconocidos ni entregados al departamento van fraguando un malestar que moviliza muchas poblaciones y comunidades, los cierres de caminos y carreteras son parte del arsenal de lucha, sin descartar que el Tolima tiene una larga trayectoria en grupos armados y experimentados líderes que han participado en diversos movimientos y confrontaciones políticas.

Hasta el presente la iglesia, cómplice y agente importante dentro del conflicto no aparece con rol protagónico, hay mucha implicancia de la institución eclesiástica en las desapariciones y muertes, PacificSchool of Religion en Berkeley, California, y su programa de ChangemakerFellowship, elaboraron un informe de insumo para la comisión de la verdad, agrupando más de 40 casos en los que se demuestran la participación activa de la iglesia católica en la guerra, mencionando nombre y lugar donde desempeñan su labor los representantes de la iglesia colombiana. (ALPINSAN, 2016)

En cuanto a los militares retirados y un sector de alto rango al igual que grupos de las FARC, se oponen a los acuerdos expeditos celebrados en La Habana, los lugares de reagrupación no son bien consensuados dentro de los guerrilleros, la entrega de armas aun es un aspecto dilemático, la sociedad civil no cuenta con espacios dialógicos para consensuar el nuevo escenario que deviene en los próximos meses. Los partidos políticos esconden sus mejores armas discursivas, observan, sopesan la plataforma divulgativa y propagandística del gobierno pero están absorto ante las fechas del fin del armisticio sin que se sepa cuál va ser el destino de más de 20 mil miembros de las FARC si contamos los soldados armados y los de cobertura y soporte contrainsurgente.

Cabria preguntarse, ya para finalizar la reflexión sobre el devenir de una paz firmada mas no construida.

Cuáles son los beneficios de los muchos pueblos en Colombia unidos por la pobreza y el dolor social, que transitan a diario por calles y caminos sombríos con una alforja llena de angustia y vacía por la des identidad nacional que los arrojó como parias, escuchando el sonido de la globalización ajena, la paz negociada en una mesa ausente de actores implicados; con una almohada que en las noche recoge sus pensamientos que atesoran un dolor por tantos sentimientos reprimidos que fueron vasija de largos episodios nutrientes de violencia armada que robó el futuro de los niños, cerro el cielo con nubes de incertidumbre sin sello ni apellido, abandonados y recogidos en el ayer y viviendo un perpetuo presente.

Nada bueno se asoma, así es la vida de Gladys Hernández Pinzón, la colombiana que es universo y singularidad de un pueblo que agotó las provisiones de la esperanza.

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Notas

S/A, 2013. Proyecto victimasRevista Semana, leído en http://www.semana.com/especiales/proyectovictimas/#intro

Restrepo Domínguez, Manuel Humberto,2016. Falsos positivos: barbarie sin exoneración, http://www.alainet.org/es/articulo/178851, leído 18 de julio de 2016

Gutiérrez D. José Antonio, 2016, Tolima, el corazón de la disputa por los territorios y la resistencia a los megaproyectos/ Publicado en la Revista El Salmón, edición N° 26, junio de 2016. Universidad del Tolima, tomado de https://www.rebelion.org/noticia.php?id=213385

Alpisan, 2016, Obispos y sacerdotes vinculados con crímenes del paramilitarismo en Colombia, leído en http://www.rebelion.org/docs/214314.pdf, miércoles, 06 julio 2016 03:53

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El artículo está dedicado a Gladys Hernández Pinzón a quien el autor define como “prisionera del conflicto y mujer valiente del centro colombiano”.

* Sociólogo, Director de www.insumisos.com. salazar.robinson @gmail.com