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Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria CRAC- PC de Guerrero inicia cierre de carreteras y bloqueos por violencia para-militar

Desinformémonos :: 02.12.16

Los comunitarios consideran que la aparición de estos “grupos paramilitares” es una estrategia del gobierno de Guerrero para aniquilar a los activistas y acabar con la disidencia en contra de los tres niveles de gobierno

CRAC-PC anuncia bloqueos ante extrema violencia, grupo paramilitar impone toque de queda en Tixtla
https://desinformemonos.org/crac-pc-anuncia-bloqueos-ante-extrema-violencia-grupo-paramilitar-en-tixtla/
1 diciembre 2016

Tixtla, Guerrero I Desinformémonos. En un comunicado emitido el 30 de noviembre, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria CRAC- PC anuncia que a partir del 1 de diciembre realizarán medidas de presión como cierre de carreteras y bloqueos para protestar por la situación de extrema violencia que vive la ciudadanía de Tixtla de Guerrero y denuncian el “narco-estado” y gobierno fallido en el que se encuentran y que permite que la criminalidad vaya en aumento: “Día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. La inseguridad va en aumento y, a pesar sus operativos con policía estatal y militares, las ejecuciones continúan”.

La revista Proceso reporta, que en el comunicado, la Coordinadora denuncia la presencia de un grupo criminal denominado La Nueva Familia de Los Jefes, que a través de mensajes en las redes sociales anunció un toque de queda en Tixtla después de la 11 de la noche. Este anuncio ha provocado pánico y terror entre los pobladores.

La Policía Comunitaria, que tiene su bastión en el barrio de El Fortín en Tixtla, señala que desde hace varios meses la violencia en Guerrero se ha disparado, principalmente contra los normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y activistas en Tixtla.

Los comunitarios consideran que la aparición de estos “grupos paramilitares” es una estrategia del gobierno de Guerrero para aniquilar a los activistas y acabar con la disidencia en contra de los tres niveles de gobierno y responsabilizan de los recientes crímenes contra dirigentes suyos a la clase política de Guerrero, y en particular al gobernador Héctor Astudillo y al alcalde Hossein Nabor Guillén.

Hacen un llamado a la sociedad de su municipio, empresarios, comerciantes, maestros, campesinos, amas de casa, estudiantes, recolectores de basura y líderes comunitarios a que se unan a la exigencia para evitar que la “profunda guerra sucia infunda terror y siga cobrando vidas. Debemos evitar que el narco-gobierno tome los destinos de nuestras vidas”.

Continúa diciendo la CRAC-PC que, ante la omisión e insensibilidad, así como la falta de oficio político del gobierno, “les comunicamos que a partir de este momento asumimos un compromiso moral y social con nuestras comunidades, y de la mano de cada ciudadano indignado en este municipio tomaremos acciones de manera inmediata y, a partir de este Jueves 1 de diciembre nos vemos obligados a realizar acciones de presión como tomas de carreteras, bloqueos, y toda acción necesaria hasta que nuestras demandas sean atendidas”.

Los crímenes más recientes son el levantamiento y asesinato del profesor Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la Policía Comunitaria de Tixtla el pasado 23 de noviembre, apareciendo muerto junto con otros dos hombres, dos días después en el municipio de Chilapa. Los victimarios dejaron junto a los cuerpos “embolsados” un narco mensaje con la leyenda: “Esto les pasó por no alinearse con el jefe, y esto va para todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata, es la mera riata. Atte. Los Jefes”

El lunes 28, un grupo armado se llevó por la fuerza al ex regidor y promotor de las autodefensas, Luis Tenero Encarnación, quien también fue ejecutados y apareció muerto sobre el libramiento Chilpancingo – Tixtla, junto a dos hombres más. El hallazgo de los cuerpos fue a la altura del poblado de Matlalapa.

Entre sus demandas, también está la instalación de un observatorio internacional de derechos humanos en Tixtla, así como operativos de vigilancia con la participación de la policía federal, estatal, municipal y comunitaria, coordinados por la sociedad civil.


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