Imprimir
El 08 de diciembre del presente año se constituyó el Gobierno Autónomo del Pueblo Kandozi en la comunidad nativa de Musa Karusha.
¡Se constituye gobierno autónomo del Pueblo Kandozi!
Por Gil Inoach Shawit*
9 de diciembre, 2016.- El 08 de diciembre del presente año se constituyó el Gobierno Autónomo del Pueblo Kandozi en la comunidad nativa de Musa Karusha. Este pueblo, junto con otros pueblos vecinos, se dedicó por mucho tiempo a recomponer su territorio ancestral a través de la auto demarcación de su posesión territorial.
Hace un año emprendió un proceso participativo para la elaboración de su Estatuto que es la matriz de su propuesta y que establece reglas para administrar su territorio.
Finalmente en la asamblea que se llevó a cabo los días 7 y 8 de diciembre, el pueblo constituye su propia institución denominado GOBIERNO AUTONOMO DEL PUEBLO KANDOZI. A través de su gobierno interno ya empieza a ejercitar su derecho a la libre determinación. Este no es otro que el derecho del pueblo a decidir la forma cíomo se propone desarrollarse y bajo que reglas administrará su territorio.
El primer pueblo indígena que se constituyó en gobierno autónomo en el Perú fue el pueblo/nación Wampis en noviembre del año 2015. El pueblo Kandozi es el segundo pueblo que se constituye en gobierno autónomo, y muy pronto ocurrirá también con el pueblo Chapra.
De esta manera los pueblos indígenas amazónicos del Perú se organizan para defender y proteger el integro de sus territorios porque saben que si solo se limitan a proteger y defender sus espacios a nivel de territorios comunales, pueden terceros apropiarse de sus territorios tradicionales o ancestrales.
El primer gobierno electo del Pueblo Kandozi recayó en la persona de Daniel Simón Kamarampi que ocupa el cargo de Uurkari (presidente).
*Gil Inoach Shawit, es indígena del pueblo Awajun y se desempeñó como Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) durante dos periodos, de 1996 al 2002.
——————————————————————-
Del Baguazo al gobierno autónomo
Por Raúl Zibechi
13 de diciembre, 2015.- La formación del primer gobierno autónomo indígena del Perú, el domingo 29 de noviembre en la comunidad Soledad del distrito de Río Santiago, en la amazónica provincia Condorcanqui, es el fruto de una larga historia de frustraciones y luchas. Ese día 300 representantes de 85 comunidades wampis instalaron su autogobierno como forma de defender 1,3 millones de hectáreas de bosques de las multinacionales extractivas.
Eligieron el primer presidente del gobierno territorial autónomo y a los 80 miembros de su parlamento, que se instalará en febrero. El períodico Lucha Indígena, dirigido por Hugo Blanco, adelantó la noticia en su edición de julio señalando: “El apelar a la autonomía como forma de solucionar los problemas es algo novedoso en el país, pero está presente en varias nacionalidades indígenas de otros países. Esperemos que este sea el inicio de una nueva forma de actuar de nuestros movimientos sociales”.
El antecedente inmediato de la instalación del gobierno autónomo fue la Cumbre Wampis sobre Territorio Integral y Gobernanza Autónoma celebrada el 29 y 30 de junio pasado en la comunidad Nueva Alegría, donde se reunieron 120 representantes de las comunidades cercanas a los ríos Morona y Santiago, en el norte del Perú cerca de la frontera con Ecuador. En el encuentro se debatió la situación interna del pueblo wampis, se aprobó el Estatuto Autonómico del Gobierno Territorial de la Nación Wampis, se designó a comisión para la constitución del gobierno y se presentó el proyecto de corredor biológico en su territorio.
El documento de nueve páginas es el tradicional texto de los pueblos indígenas, donde debajo de las tres páginas de redacción aparecen otras seis repletas de firmas, sellos y hasta huellas que rubrican lo acordado, comunidad por comunidad, cumpliendo el ritual de las grandes decisiones. Es una muestra de la democracia de abajo.
En la primera parte, el documento titulado “Acta de Validación de Estatuto Autónomo del Gobierno Territorial de la Nación Wampis”, analiza las debilidades en las comunidades y organizaciones, destaca la amenaza que representa para el pueblo la presencia de empresas petroleras, mineras y madereras, y defiende la unión para “hacer valer nuestros derechos ante el Estado y ante el sector privado”. El Estatuto aprobado consta de 61 artículos y tres disposiciones transitorias cuyos contenidos fueron ampliados durante el debate, mientras algunos fueron suprimidos.
Entre los acuerdos figura el rechazo al ingreso inconsulto de las empresas extractivas, “no permitir que sigan surgiendo más organizaciones indígenas ya que estamos preparando para instalar una estructura propia de gobierno”. Este apartado se justifica en la afirmación de la soberanía y la autodeterminación frente a la injerencia del Estado, la cooperación internacional y las ONGs que suelen fomentar la formación de organizaciones fuera del control de las comunidades, para debilitar el proyecto de nación indígena.
Finalmente, el encuentro fijó las fechas del 28 y 29 de noviembre para instalar el gobierno autónomo, como efectivamente se hizo.
El antecedente lejano implica remontarse a la década de 1970 cuando se conformó el Consejo Aguaruna Huambisa integrado por awajún y wampis (nombres en lengua de estas comunidades guerreras), hacia 1977, que significó un profundo cambio en la historia de los pueblos. A la primera Asamblea General acudieron los representantes de las comunidades provenientes de los ríos Cenepa, Nieva, Marañón y Santiago.
Fue la primera ocasión en que ambos pueblos superaron su rivalidad histórica para enfrentar amenazas externas. Luego vendría un largo período de resistencias más o menos abiertas, más o menos implícitas, como han vivido tantos pueblos originarios de este continente.
El 5 de junio de 2009 se produjo una masacre contra los pueblos awajún y wampi que se venían movilizando contra decretos del gobierno de Alan García que entregaban sus riquezas en el marco del TLC con Estados Unidos. El gobierno envió a la fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali. Tres helicópteros MI-17 sobrevolaron la carretera que une la selva con el Pacífico en la Curva del Diablo, que estaba ocupada por unos cinco mil awajún y wampis. Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que también dispararon metralletas) mientras policías arremetieron en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles.
La población de Bagua salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Decenas de indígenas fueron muertos por los soldados y una cantidad aún no determinada fueron desaparecidos. Varios policías fueron muertos por los indígenas. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), calificó las demandas indígenas de “caprichos”.
La decisión de formar su autogobierno puede ser un paso decisivo para las luchas populares del Perú. En el caso de los wampis parece el corolario de un largo camino en el que fueron comprendiendo que nada pueden esperar de los de arriba.
Fuente: Publicado en el blog Desinformémonos el 7 de diciembre de 2015: http://desinformemonos.org.mx/del-baguazo-al-gobierno-autonomo
————————————————————
“El Estado peruano debe reconocer el gobierno territorial wampis”
Servindi
- Debe ser el inicio del cumplimiento de sus obligaciones internacionales para con los pueblos indígenas, afirma Gil Inoach Shawit, abogado indígena awajún, ex presidente de la AIDESEP.
Servindi dialogó con Gil Inoach Shawit, destacado líder indígena quién presidió por dos periodos la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), acerca de la constitución del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis. Se trata de un hecho ocurrido recientemente y que marca un hito en la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos territoriales y la afirmación de su derecho a la libre determinación. Aquí el resultado del diálogo:
- ¿Qué opina usted de la decisión del pueblo Wampis de constituir su gobierno territorial autónomo?
Este es un claro ejercicio de derecho que tienen los pueblos indígenas al autogobierno y a la libre determinación. Es una decisión que se encuentra dentro de los derechos que reconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que es un instrumento internacional que los Estados aprobaron en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2007, entre estos, el Perú.
- ¿Cuál es la diferencia sustancial entre el “pueblo” y las comunidades nativas?
Una comunidad nativa es una figura jurídica que se circunscribe en el ámbito del reconocimiento de las familias indígenas de un determinado pueblo indígena. Por ejemplo, el pueblo o la nación Wampis es la matriz de la identidad de un colectivo humano que ocupa un determinado espacio territorial que actualmente tiene un aproximado de 13 mil habitantes. De este seno colectivo las familias se agrupan y crean asentamientos humanos a los cuales la ley peruana los ha reconocido como comunidades nativas. Una comunidad nativa puede constituirse con 10 familias que sumado a los hijos y parientes involucrados llegan a ser algo de 80 habitantes. También podría alcanzar, por ejemplo a 100 familias que contando con todos sus integrantes puede llegar a 700 o 1,000 habitantes.
Las tierras que ocupan las comunidades nativas cuentan con títulos otorgados por el Estado pero no por esto se garantiza la existencia de un pueblo. La propiedad comunal solo garantiza la existencia de familias pero no existe una figura legal que reconozca la propiedad territorial de un “pueblo indígena”. Los wampis se han dado cuenta que si no hacen valer la posesión territorial que sus ancestros les dieron por herencia y por derecho consuetudinario existen serios riesgos de perderla.
- ¿Han intentado antes legalizar sus tierras por la vía comunal?
En un momento de su historia los wampis han trabajado por legalizar sus posesiones ancestrales vía la titulación de tierras en la modalidad de comunidades nativas, pero se han dado cuenta que este mecanismo tiene límites. En el territorio que ocupan ancestralmente queda aún extensas áreas no tituladas. De modo que ahora con la constitución del gobierno autónomo pasan a controlar todos esos espacios. Es decir, esta vez asume el pueblo el control de su propio territorio.
- ¿Esas áreas o espacios libres son formalmente del Estado?
Efectivamente, las áreas libres son del Estado, siempre y en cuanto sean libres y no sean posesión de nadie. Sin embargo, en el caso del pueblo Wampis está demostrado que ningún área está libre. Podríamos afirmar que un 70 por ciento de su territorio ancestral está legalizado a través de títulos de propiedad comunal, pero el resto aún no está saneado.
En esas áreas, los wampis andan para encontrarse con Arutam, están las cataratas para su meditación espiritual, estas áreas las conservan celosamente porque es fuente principal de alimentos. Además, es el espacio donde cruzan sus caminos, entre el río Morona y el río Santiago, para visitarse con sus familiares. Por si fuera poco, ahí están sus purmas, las tumbas de sus abuelos.
En similar situación la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yakye Axa vs Paraguay, en su párrafo 135 señaló textualmente que
“La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural”.
Añadió además en su párrafo 136 que lo anterior guarda relación con lo expresado en el artículo 13 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido de que los Estados deberán respetar
“la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.”
Pues, así las cosas, queda claro que todo el territorio que cuida y posee el pueblo Wampis desde tiempos inmemoriales, les pertenece, son de ellos. Por tanto están en su legítimo derecho de hablar por su territorio. No hay que olvidar que el Convenio 169 de la OIT desde que fue ratificado por el Estado peruano, forma parte del derecho nacional y ostenta de rango constitucional.
- ¿No te parece que el termino “territorio integral” puede confundir a algunos y relacionarlo a la integridad territorial del Estado?
Parece pero no es así. Cuando el pueblo Wampis habla de “territorio integral”, se refiere a su relación espiritual con el territorio ancestral que posee y ocupa. Esta relación es inseparable. Intentar lo contrario es ir en contra de los derechos fundamentales de sus miembros.
También se refiere al conjunto de la propiedad comunal de las comunidades nativas que está unido al seno de la propiedad territorial del pueblo Wampis. Es decir, las comunidades nativas son instituciones internas del pueblo y estas no pueden estar separadas con la matriz que es el pueblo como unidad, como conjunto.
El pueblo Wampis, como los demás pueblos indígenas del mundo, concibe el territorio como una comunidad de vida que emana de su naturaleza ingentes recursos de subsistencia y es de donde el hombre y la mujer satisfacen sus necesidades. Esta naturaleza comprende el agua, el suelo, el bosque, la fauna, etc. El pueblo Wampis sin estos elementos sería incompleto.
- ¿En que medida la decisión adoptada por el pueblo Wampis puede ser interpretada por algunos como que se orienta a separarse, a disgregarse del Estado?
De ninguna manera. En absoluto. Por ahí no va el asunto. El mensaje que emite el pueblo Wampis con esta medida es como decir: ¡Oiga, Estado! a partir de ahora para adelante no solo nos atenderás nuestras demandas en forma de comunidades nativas, también nos atenderás con nuestras demandas en calidad de pueblo. Tengo mi propia visión de desarrollo como pueblo, y también tengo derecho a ser escuchado. Esto es lo que dice el pueblo Wampis.
Naturalmente, dicho mensaje no llegaría con claridad si todas las comunidades hablaran a la vez. Por esto, ahora ya cuentan con un solo interlocutor. Este es el gobierno territorial.
Con eso no quieren decir que las comunidades nativas solo dependerán del gobierno territorial. El Estatuto del gobierno territorial ha establecido cuáles son las funciones que asumirán las comunidades, respetando lo que dice la Constitución, y en qué aspectos descansará la responsabilidad en el Gobierno Territorial.
- ¿Como lidiar con el problema de que la Constitución Política no contempla este tipo de personalidad jurídica: el gobierno territorial o la representación política y jurídica de un pueblo indígena como tal?
Esta es una oportunidad que tiene el Estado para crear mecanismos adecuados de trabajo conjunto, por una parte, para cumplir las obligaciones internacionales que ha asumido al ratificar el Convenio 169 de la OIT; y, por otra parte, para implementar políticas que hagan viable que su adhesión a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas redunde en hechos concretos.
Otorgar personería jurídica al Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis mediante una ley especial, como lo pide el pueblo Wampis, se condice plenamente con la posición de la Corte IDH en el sentido que “…el reconocimiento de la personalidad jurídica del pueblo como un todo permite que sean las iniciativas tomadas por los representantes electos del pueblo las que defiendan el territorio comunal” (caso de Pueblo Saramaka Vs Surinam, párrafo 169).
Institucionalizar la jurisdicción especial a nivel de gobierno territorial como una instancia supracomunal sería otra medida importante que debería tomar el Estado para empoderar el sistema de justicia indígena del pueblo Wampis. En fin sería el inicio de una serie de medidas que vayan en concordancia a los estándares internacionales establecidos que protegen los derechos colectivos de los pueblos indígenas.