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12-12-2016
Democracia boliviana en perspectiva

Arturo D. Villanueva Imaña
Rebelión

En otro artículo realicé algunas reflexiones acerca de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Allí se efectúa un rápido repaso sobre el actual estado de situación de la democracia en los últimos 10 años. (Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217900&titular=democracia-en-el-estado-plurinacional-).

Aquí intentaré efectuar un análisis sobre las perspectivas que surgen como resultado de los acontecimientos y el contexto nacional, en un periodo que parte de mediados de los años 80, (cuando se impuso el modelo y gobiernos neoliberales), hasta la actualidad. Es decir, se tratará de efectuar un abordaje a partir de los hechos, antes que de principios, valores o visiones (de carácter más intelectual, conceptual o esquemático), que pueda tenerse sobre la democracia. El propósito es escudriñar el tipo y las características que la democracia ha ido tomando en nuestra realidad, para perfilar el futuro.

Se ve la conveniencia de efectuar este tipo de abordaje, en el entendido de que la democracia es un constructo que responde más a la dinámica de los acontecimientos históricos y sociales, antes que constituir un referente imaginario que responde a preocupaciones intelectuales o conceptuales (cosa que por supuesto no es desdeñable en sí misma). Por consiguiente, lo que se quiere resaltar es la forma, los mecanismos y la dinámica de los acontecimientos que dan lugar a la conformación y construcción de un determinado tipo de democracia en los hechos, antes que remitirse a un imaginario que surge más bien de lo que pudiera esperar o desearse para que se produzca en la realidad.

Hay una diferencia sustancial entre concebir y propugnar una idea de democracia emergente de la imaginación de algún intelectual, o extraída del modelo de una sociedad (como por ejemplo del estilo uruguayo, chileno o inglés), que construir una forma de democracia que responda a la propia realidad y la manera cómo los acontecimientos sociales han generado su forma de gobierno.

EL DESCABEZAMIENTO Y LA DESMEMBRACIÓN MATERIAL E IDEOLÓGICA.

La situación actual de la democracia en Bolivia, es imposible entenderla sin tomar en cuenta la Marcha Nacional por la Vida de los mineros en el año 1986. Este acontecimiento histórico marcó no solamente la demolición material e ideológica del proletariado y la clase obrera boliviana (que eufemísticamente terminó “relocalizada”; es decir despedida, dispersa y atomizada a lo largo del país), sino que en términos democráticos acabó con la fuerza de contrapeso que la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y las clases obreras habían creado y constituido frente al poder del Estado y las tentaciones autoritarias y despóticas que regularmente surgían en asonadas golpistas.

Esta derrota que impuso el largo periodo neoliberal en Bolivia hasta finales del siglo XX, también implicó un largo periodo de desideologización y desmontaje de las organizaciones sociales que habían quedado huérfanas de su referente político y organizativo, que hasta ese momento representaban la poderosa COB y la FSTMB.

Desde entonces, hasta que estallan las revueltas sociales de la Guerra del Agua (en el año 2000) y Octubre Negro (en el 2003) [1] /, la relación entre el Estado y la sociedad se había caracterizado por débiles acciones interpelatorias en vista del vacío dejado por la COB, y la consecuente predominancia de gobiernos y regímenes que aprovecharon esa especie de anomia organizativa y la ausencia de su referente popular, para apostar por el neoliberalismo y la enajenación de la nación y el Estado.

Dispersos y atomizados, a los sectores sociales que formaban parte de la COB y otras organizaciones matrices, no les quedaba otro camino que expresarse y pugnar (en muchos casos aisladamente), por la reivindicación y conquista de sus derechos que eran sistemáticamente conculcados por el modelo impuesto (con el respaldo y entusiasta iniciativa de los organismos internacionales, que no dudaron en hacer prevalecer sus directrices).

El neoliberalismo tuvo varios años para regodearse por su arremetida. Sin embargo y sin proponérselo, ni sospechar; al desmembrar y fraccionar a la COB que durante décadas se había constituido en el contrapeso necesario de la sociedad frente al poder del Estado, el neoliberalismo estaba logrando todo lo contrario de lo que se había propuesto y todo lo contrario de lo que sus intereses aconsejaban. Es decir, abrieron una nueva fase de múltiples y diversos conflictos que estallaban en las situaciones y los lugares más inesperados. Allí, los sectores sociales (que anteriormente canalizaban en forma unitaria su protesta por medio de la COB), terminaron rechazando y poniendo en jaque la “democracia pactada” que le había servido a las élites dominantes tradicionales para gobernar y turnarse en el poder.

Descabezada y fraccionada material e ideológicamente la COB, el largo periodo neoliberal solo tuvo la oposición de incipientes sectores sociales que emergían tímidamente por la sistemática conculcación y violación de sus derechos y el tácito desconocimiento y descalificación de sus organizaciones matrices que literalmente habían sido destruidas. Tan brutal había sido el golpe contra las clases obreras y sus organizaciones matrices, que los sectores sociales no solo perdieron un referente ideológico, sino que tuvieron que rehacerse partiendo de la desmovilización provocada por el neoliberalismo. Es decir, volver a rearticularse habiendo perdido el horizonte y partiendo de la elemental reacción cuando se vulneran derechos básicos. La iniciativa para perfilar un nuevo tipo de sociedad y Estado, había quedado embargada en manos del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, a su turno, no tuvo mejor idea que enajenar el Estado, sus recursos y la misma nación.

Como secuencia natural del nuevo modelo impuesto, se producía el sistemático achicamiento del aparato del Estado (y consiguientemente de sus facultades, o las posibilidades de crear una fuerte institucionalidad por ejemplo), porque se decidió favorecer a los intereses privados (nacionales y extranjeros), entregándoles las facultades para “organizar” y apropiarse de las empresas, los recursos naturales y la economía del país, atendiendo las directrices neoliberales y privatizadoras que ordenaban los organismos internacionales y las empresas transnacionales.

A medida que se producía la paulatina pero sistemática enajenación de las empresas, los recursos y el propio Estado nacional; los sectores sociales y sus demandas fueron cobrando cada vez mayor fuerza, esta vez sin la necesidad de contar con un único referente organizativo como era la COB en el pasado. A pesar de la eventual dispersión inicial de las luchas, probablemente el mayor logro de este proceso signado por las demandas sectoriales (muchas veces con carácter corporativo y excluyente), haya sido la construcción y fortalecimiento de espacios de deliberación, interpelación y acción colectivas. Como correlato, esta fuerza era movilizada en las calles, primero para que sean escuchadas y atendidas sus demandas y, posteriormente, (cuando la acumulación y potencia social alcanzaron la fuerza necesaria), para establecer la agenda nacional de transformaciones.

RECONFIGURACIÓN Y MOMENTO CONSTITUTIVO.

La democracia en este punto, tal y como se había inscrito en el imaginario social, evidentemente estaba cercada y jaqueada. El Estado no solo estaba políticamente deslegitimado por la recurrencia permanente a los “pactos electorales” que burlaban la voluntad del pueblo, sino que había sido sistemáticamente achicado por sus propios detentores que decidieron ponerlo al servicio de intereses privados y transnacionales. Es decir, era imposible reclamar un mínimo de respeto, porque sencillamente el pueblo percibía que ese ya no era su Estado, sino todo lo contrario, un ente al servicio de intereses antinacionales.

A diferencia de lo que ocurrió el 86 con el asedio militar, el cerco y la amenaza de bombardeo a la Marcha por la Vida que terminó desmembrando y fraccionando ideológica y materialmente a la COB; las revueltas populares del 2000 y 2003, deben ser entendidas como un verdadero momento constitutivo. Dicha coyuntura no solamente marca la derrota y expulsión de intereses transnacionales y corporativos, así como el establecimiento de una agenda popular que establecía el mandato de la Constituyente y las nacionalizaciones; sino porque el propio concepto y praxis de la democracia adquiere un nuevo sentido. Se trata de lo que podría denominarse como una democracia plebeya, mucho más arraigada a la participación directa, la deliberación y la decisión que el pueblo y los sectores sociales tomaban para sí en la acción y las movilizaciones, rescatando una larga tradición asambleística, las propias formas de decisión comunitaria y los innumerables episodios de lucha social. Muy en contrario de lo que los sectores reaccionarios y conservadores quieren hacer creer (para defender y preservar sus mezquinos intereses), como si se tratase de acciones subversivas y conspirativas contra orden democráticamente establecido; en realidad constituyen una respuesta alternativa y legítima, ante la pretensión y tácito intento neoliberal de embargarla y enajenarla en manos de intereses extranjeros y antinacionales.

Es por eso que el desenlace posterior que terminó en la Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado (muy a pesar de haber sido viciada posteriormente por modificaciones acordadas con la derecha y la reacción conservadora), no puede ser considerada como un acontecimiento despreciable, fortuito o aislado, puesto que se trata de un momento histórico de confluencia colectiva, que deja de ser una reivindicación o demanda sectorial, para convertirse en una voluntad nacional que marca un momento constitutivo de una nueva fase democrática.

Por eso, no por nada se insertan en la Constitución las nuevas formas de democracia comunitaria y participativa (además de la representativa que corresponde a la antigua visión liberal y republicana), así como la configuración de un nuevo tipo de Estado.

PERSPECTIVAS A FUTURO.

A 7 años de la aprobación de la nueva Constitución y más de 10 del gobierno que fue elegido mayoritariamente para encarar y cumplir aquellos mandatos populares y constitucionales, la democracia y la relación Estado – pueblo, ha adquirido características y connotaciones diferentes a las esperadas.

Los sectores sociales y populares que se constituyeron innegablemente como los protagonistas para la apertura y puesta en marcha de aquel proceso de cambio y transformación, han terminado cooptados, prebendalizados y corrompidos por el manejo clientelar de una buena parte de sus dirigentes, que a su turno han permitido el secuestro y usurpación de su independencia organizativa y política, que constituía la única herramienta para garantizar el control social sobre la gestión gubernamental y el Estado.

Como retribución a la desmedida pretensión de conservar y reproducir el gobierno “cueste lo que cueste”, que (traicionando y abandonando las tareas de transformación y cambio), se ha convertido en el principal objetivo del gobierno del Presidente Evo Morales y los sectores sociales oficialistas que lo respaldan; se ha generalizado la práctica del cuoteo y la asignación de puestos legislativos y canonjías en todo el aparato del Estado y sus instituciones. Los cargos y prebendas son repartidos entre sectores afines y dirigentes, como pago por las adhesiones y el respaldo electoral que les permite reproducirse y crear las nuevas élites económicas y políticas del país.

Antes que ejercer el control social en base a la independencia organizativa y política que les había permitido ganar la fuerza y potencia necesarias en el pasado; los sectores sociales y sus dirigentes, permitieron su cooptación para convertirse en funcionarios y burócratas del Estado. De esa manera se condenaron a una suerte subsunción y sometimiento a los intereses electorales para conservar el poder a como dé lugar, que se había adueñado del gobierno.

El resultado de esta perversa distorsión del proceso de cambio (incluyendo las novedosas formas democráticas que se perfilaban), ha sido la corporativización del poder y la pérdida de independencia (organizativa e ideológica) de los sectores sociales que prefirieron medrar por cuotas de poder en el aparato del Estado. Así, perdieron toda oportunidad para ser el contrapeso indispensable que controle los excesos de poder y el gobierno (así como sus desvaríos y tentaciones autoritarias y prorroguistas). Tampoco pudieron exigir el cumplimiento de aquella agenda nacional que estaba orientada a construir una nueva democracia y un nuevo Estado.

Por eso se puede sostener que los sectores oficialistas y el propio gobierno se han extraviado y persisten terca y obstinadamente, en el propósito de reelegir otra vez más (y muy a pesar de haber perdido un referéndum nacional que mayoritariamente decidió que no), nada menos que para “cumplir” y ejecutar una agenda salvajemente extractivista y desarrollista que se encuentra en la antípoda del mandato popular y Constitucional.

Tal es el extravío y la traición, que las propias megaobras, el incesante despilfarro de los recursos públicos, el salvaje extractivismo (incluida la quema, como el propósito de inundar grandes extensiones de bosques y biodiversidad), así como la incesante tarea de endeudar el país con el argumento de conseguir “inversiones” extranjeras; constituyen el mentís principal y la más grande prueba de que han hecho todo, menos cumplir aquello que manda la Constitución y ni siquiera las elementales y básicas tareas para garantizar derechos esenciales para la vida, como el agua para la gente.

A más de 10 años de gobierno, parece que aquella idea de construir una manera diferente de gestionar el Estado y la democracia, cuya lógica se empate con la construcción de un nuevo paradigma que se enfrente y resista al sistema capitalista; hubiese quedado en el pasado. Peor aún, queda(ría) demostrado que un verdadero “gobierno del pueblo” (demos=pueblo; kratos=gobierno), nunca puede constituirse como parte del aparato del Estado, porque se burocratizará, pervertirá y jerarquizará las decisiones que le competen a la comunidad y el mismo pueblo (tal como se puede apreciar de la actual gestión gubernamental). Que el poder corrompe si es que no está del lado del pueblo y en sus bases.

Es decir, que existe un correlato directo entre la forma de gobierno y el tipo de democracia que se ejerce, dependiendo de si el poder reside y permanece en el pueblo, o más bien es secuestrado por el Estado y el aparato de gobierno (aun cuando diga hacerlo a su nombre).

En el primer caso, cuando el poder y la capacidad de decisión residen en el pueblo, se sientan las bases y condiciones para horizontalizar el Estado, anulando la jerarquización burocrática que tiende a imponer intereses sectarios. En este caso, en la medida en que la sociedad y sus organizaciones sociales ejercen libre e independientemente la capacidad de participar y decidir, entonces cuentan y tienen las condiciones para constituirse en un verdadero contrapeso que evita y controla las tentaciones autoritarias y despóticas, al mismo tiempo de conservar su capacidad propositiva.

En el segundo caso, cuando el poder es absorbido en el Estado y el aparato de gobierno, naturalmente se tiene a reducir y coartar las libertades que constituyen la fuente de acumulación y secuestro del poder en manos de los grupos o sectores que se han hecho cargo (o han tomado) el gobierno. No es casual que todo proceso democrático en el marco del sistema capitalista, de manera natural, tenderá a desplazar unos sectores para catapultar y perfilar nuevos actores emergentes y nuevas élites. Se reconstituye el tejido social y se tiende a reproducir un nuevo ciclo de acumulación económica, con nuevos sectores beneficiados y la emergencia de nuevas élites dominantes. Bajo este régimen democrático (incluida la versión republicana y liberal que propugna la construcción del Estado de derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad y la vigencia de los derechos humanos), se perpetúa el criterio de construir poder sobre la sociedad (por eso aparece como importante la institucionalidad o la independencia de poderes que “equilibren”), y no construir libertad y autodeterminación para devolverle al pueblo la capacidad de decisión y autogestión. En realidad y muy a pesar de que idílicamente se la quiera mostrar como un régimen perfecto de equilibrios por contrapeso, respeto a los derechos humanos, fortaleza institucional basada en el estado de derecho; finalmente mantiene aquella jerarquización tan útil para preservar las decisiones y el poder en manos de unos pocos (y con ella la corrupción y los males consiguientes del sistema).

Retornando a lo que ocurre en la realidad nacional y comprobada la distorsión y manoseo de un proceso que había despertado tantas esperanzas, como sacrificadas luchas sociales; la sociedad desencantada con los sectores sociales y el propio gobierno por su franca traición, ha ido construyendo innumerables colectivos, redes, plataformas, grupos de diverso propósito e interés, para hacer patente su presencia.

Desengañados y en muchos casos furiosos por el desempeño, la cooptación y el envilecimiento de los dirigentes, así como del caudillismo predominante que se lo entiende como uno de los peores males de las organizaciones y los sectores sociales, porque únicamente han servido de escalera para acomodarse y usufructuar del poder y el mando; diversos movimientos sociales se organizan (inclusive fugazmente), para infinidad de propósitos.

Una característica resaltante es su rechazo a la formalización, una institucionalidad forzada y la definición de jerarquías y “jefes”, para hacer prevalecer la horizontalidad, el respeto a la diferencia y el disenso y la voluntad para alcanzar objetivos concretos. Es como si existiera un escarmiento respecto de las institucionalidades organizativas, las jerarquías y los caciques.

Se trata de una potente como innumerable fuerza que se manifiesta periódicamente haciendo conocer su criterio en diversos campos, logrando coincidencias masivas en temas de interés nacional.

Así como no se puede hablar de una militancia (mucho menos permanente y continua, de acuerdo al modo clásico), destacan grupos y colectivos que se han dado a la tarea de resolver por propia iniciativa problemas que les atañen directamente, así como impulsar iniciativas comunitarias de autogestión que encaran la satisfacción de necesidades que el Estado o el aparato de gobierno y las instituciones competentes no realizan, ni cumplen.

Se trata de movimientos sociales que aunque su característica es la dispersión, al tener problemas comunes, sufrir la desatención del Estado, o formar parte de aquellos colectivos histórica y tradicionalmente excluidos y desamparados, suelen confluir en movilizaciones de mayor envergadura y establecer alianzas coyunturales.

Este germen, cada vez más influyente y masivo a medida que el gobierno y los sectores sociales afines van encapsulándose y pretendiendo retener el poder a cualquier costo, no expresan ni parecen tener ninguna afinidad con una alternativa democrática al estilo occidental, máxime si se extrapola lo sucedido con movimientos similares que decidieron lo que decidieron en EE.UU. Colombia, Inglaterra, etc. En todo caso, parece claro que aquella idea de una democracia idílica con Estado de derecho, institucionalidad, jerarquías y preservación del orden (conservador) constituido, etc., no parece ser parte de su imaginario y la forma de gobierno que quieren, aunque en el corto plazo tengan que volver a acudir a las urnas para elegir un nuevo gobierno.

Notas
[1] / Es ampliamente conocido que se trata de movilizaciones populares cuya envergadura y trascendencia implicaron, en el primer caso, la expulsión de una corporación transnacional que pretendía privatizar y apropiarse de un recurso vital como es el agua, así como anular el acceso, uso y ejercicio del derecho al agua que constituye un recurso esencial para la vida. Y en el segundo caso, agendar el proceso Constituyente, así como establecer el mandato de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y las empresas estratégicas del país, que finalmente fueron instituidos en la Constitución Política del Estado.

Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Noviembre 30 de 2016.