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La toma de tierras en diferentes partes del país pone en apuros al Poder Ejecutivo, que -sin embargo- logró establecer un control parcial en La Paz y Santa Cruz, no así en Cochabamba.
El Gobierno y los dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST) anunciaron ayer en Santa Cruz la suscripción de una resolución conjunta para frenar la ocupación de la estancia La Luna, en la provincia Guarayos, y en la hacienda Collana (La Paz) también hubo un acuerdo.
Sin embargo, en Cochabamba los campesinos de Sacaba persisten en tomar la hacienda del ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín. Ayer hubo fuertes enfrentamientos entre militares y campesinos. Seis de éstos fueron heridos, uno de gravedad.
Los militares utilizaron gases lacrimógenos, balines e incluso hubo disparos con armas de fuego, según testimonios.
Ayer, los campesinos y el Gobierno ingresaron en un cuarto intermedio, hasta las 08:00 de hoy, lo que no garantiza que no haya nuevamente peleas.
Muere un campesino en desalojo de tierras
Un campesino que fue herido durante un operativo policiaco-militar de desalojo en un fundo privado, la mañana del lunes, murió horas después en el hospital de la localidad central de Sacaba, 415 kilómetros al este de La Paz, informaron fuentes médicas.
Alcanzado por impactos de arma de fuego en el tórax, Porfirio Cori, de 25 años, falleció “por la gravedad de sus heridas”, confirmó un vocero del hospital de Sacaba, donde el operativo de desalojo de campesinos sin tierra por fuerzas del ejército y la policía dejó además seis labriegos heridos.
Otro de los heridos de gravedad, Francisco Rojas, permanecía en estado de coma, según la misma fuente.
El desalojo se produjo en la hacienda del ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, de la más íntima confianza del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció el pasado 17 de octubre, presionado por organizaciones sociales que lo responsabilizan por la represión que dejó más de 80 muertos entre septiembre y octubre.
De acuerdo con Alfonso Ferrufino, ministro de Gobierno, Sánchez Berzaín alquiló a las fuerzas armadas el fundo de su propiedad en Sacaba, en un hecho que contraviene la legislación local.
Para el Movimiento de los Sin Tierra se trata de “toma de terrenos ociosos”. Campesinos desposeídos también han ocupado pacíficamente en la última semana tierras privadas en los departamentos de Santa Cruz y La Paz.
La llamada guerra de la tierra tiene varios focos de conflictos en el país. En La Paz, en Cochabamba y Tarija hubo ocupaciones, pero en Santa Cruz hay un principio de acuerdo con el Movimiento Sin Tierra (MST).
A menos de 11 días de ocupar la silla presidencial, el mandatario de la República, Carlos Mesa, enfrenta el resquebrajamiento de la paz social por la ola de avasallamientos territoriales impulsada por el MST. Ante tal situación, Mesa instruyó a una misión oficial encabezada por el ministro de Desarrollo Sostenible, Jorge Cortés, prestar urgente atención a demandas campesinas en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
El desalojo, mediante el uso de la fuerza policial, del fundo Ulincate del ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, en Sacaba, Cochabamba, tiñó de sangre la jornada de ayer lunes dejando como saldo 6 campesinos heridos.
El panorama se tornó aún más gris con la ocupación de los fundos La Luna y La Moneda en la provincia Guarayos, Santa Cruz, efectuado por más de 800 personas desde el pasado mes de septiembre con lo que se resquebraja la tregua de paz social en el país.
El flamante prefecto cruceño, Carlos Hugo Molina, se estrenó con su intervención en las negociaciones encabezadas por el ministro de Desarrollo Sostenible, Jorge Cortés, para solucionar la invasión de las propiedades La Luna y La Moneda. El encuentro con dirigentes del MST, culminó con el compromiso de que el INRA tendrá que firmar una resolución suspendiendo todas las actividades agropecuarias a cambio del desalojo pacífico. Para tal efecto, hoy viajará una misión mixta del gobierno, la Prefectura y el INRA hasta Guarayos para hacer entrega del documento a los más de 800 colonos.
La tensión del sector agropecuario y empresarial cruceño fue reflejado a través del pedido de una seguridad jurídica plena de las tierras.
Mientras esto sucedía en Santa Cruz, en el occidente del país, un grupo de campesinos del MST de La Paz desconocieron el acuerdo firmado por su ejecutivo, Ángel Durán con el gobierno, y anunciaron la toma de tierras en los Yungas paceños donde existen 2.300 hectáreas en La Asunta, de propiedad de prominentes políticos, entre ellos, el ex canciller, Carlos Iturralde.
Ayer después de gritar “Jallalla Movimiento Sin Tierra Collana Tholar”, 300 campesinos abandonaron pacificamente la hacienda Collana, de propiedad de Pancarita Iturralde Campuzano, que habían tomado hace más de una semana.
La salida, se produjo a las dos de la tarde, luego de la llegada de algunos funcionarios de gobierno dependientes del ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, del Instituto Nacional de Reforma Agraria y del viceministerio de Justicia. El dirigente del MST, regional La Paz, Gabriel Pinto, rodeado de toda la comunidad reiteró el compromiso adquirido por las autoridades para dar pronta solución al tema de la tierra .
En este contexto, el gobierno admitió que existe mala distribución de tierras, pero indicó que la única salida para este conflicto es el proceso de saneamiento que dará lugar a que campesinos y colonos puedan acceder a la dotación de hectáreas de manera legal.
El ministro de Asuntos Campesinos, Diego Montenegro, efectuó las afirmaciones ante la toma de tierras en Cochabamba y Santa Cruz, además de otros distritos que pretenden ser ocupadas por campesinos, a pesar de la tregua establecida por la dirigencia nacional del MST. “Es irónico que en el país con pocos habitantes se tenga que registrar enfrentamientos con heridos, sabiendo que existen áreas productivas que pueden ser utilizadas para la producción y mejorar los niveles de vida”, precisó la autoridad.
Aclaró que en el caso de Santa Cruz existen tierras productivas que cumplen el rol socioeconómico, no obstante existen otras y están fuera del área productiva donde es importante que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)proceda a sanearlas para su distribución legal.
Solicitó a los colonos dejar concluir este proceso para que no sea interrumpido y evitar enfrentamientos. Consideró que es necesario buscar un acuerdo para todos.
La autoridad admitió que hubo acaparamiento irregular en el proceso de adjudicación en algunas instancias competentes. Sin embargo, adelantó que mediante el INRA se efectúa la verificación no sólo en el campo sino también en el área legal que respalde el derecho propietario.
Contrariamente a su discurso de pasar de la protesta a la propuesta, en forma categórica, el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales Aima, propuso “la toma de todos los bienes muebles e inmuebles, minas, haciendas y otras propiedades del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y sus ministros Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc y Javier Torres Goitia”.
Morales indicó que con parte de lo que “se incaute” se podría resarcir a las familias de las víctimas de la “guerra del gas”, mientras que el resto tendría que ser distribuido entre el pueblo.
Para el polémico parlamentario las cuatro ex autoridades tienen amplias cuentas que rendir a la ciudadanía desde la implementación del DS 21060 . “Son una gavilla de corruptos que tienen que ser castigados de la forma más rápida posible”, dijo.
En su criterio, inclusive, a los cuatro, se los puede acusar ante tribunales internacionales por delitos de “lesa humanidad” luego de las masacres de Sorata, El Alto y La Paz.
Morales Aima declaró que la indemnización de los heridos y los muertos “no debe salir de los bolsillos de los pobres, sino de los bienes de esos caballeros que en toda su vida se enriquecieron a costa del sacrificio y hambre de las mayorías”.
Con relación a la ocupación de tierras, el diputado indicó que “la única forma de frenar la acción de los pobres es revirtiéndolas al Estado para luego repartirlas a los necesitados”.
Los empresarios del Trópico de Cochabamba, a través de su titular Rodolfo Goitia, le recordaron al líder cocalero Evo Morales Aima, que cumpla su palabra de “pasar de la protesta a la propuesta”, para evitar mayores pérdidas al país.
Justo Seoane Parapaino / Min. Asuntos Campesinos e Indígenas
El gobierno perdió la legitimidad
Hay una institucionalidad muy débil, como que el propio gobierno ha perdido legitimidad. Lamentablemente en estos años ha habido un retraso por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria, porque hay un compromiso de que en 10 años se sanee las tierras como lo establece la misma ley, pero apenas se ha logrado un 35%, lo que ha provocado que el Movimiento Sin Tierra y otras agrupaciones sociales hayan perdido la confianza. Obviamente que no se puede hacer milagros, pero estamos cumpliendo dentro del marco que está en nuestras manos. El gobierno siempre se comprometió a hacer una cosa que hasta ahora no pudo cumplir, entonces ahora estamos trabajando diciendo la verdad de lo que se puede hacer. Dando prioridades. Los ministros y el Presidente estamos trabajando con los movimientos sociales y vemos que existe mucha voluntad política como para que podamos recuperar la confianza mutua. No estamos haciendo documentos porque creemos que tenemos moral para cumplir.
MST quiere ver resolución antes de desalojar tierras
Mientras que en Cochabamba se produjeron enfrentamientos entre militares y un grupo de campesinos, que intentó asentarse en tierras de propiedad del ex ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, ayer el gobierno en Santa Cruz logró acuerdos con el MST para desalojar pacíficamente los predios La Luna y la Moneda ubicados en la localidad de El Puente en Guarayos.
Después de cuatro horas de negociaciones entre los dirigentes del MST, el ministro de Desarrollo Sostenible, Jorge Cortés; el ministro de Asuntos Campesinos e Indígenas, Justo Seoane; el prefecto Carlos Hugo Molina y el director regional del INRA, Fernando Cuéllar se lograron acuerdos para evitar desalojos violentos de la zona ocupada por los campesinos.
Como primer punto se acordó que la Prefectura y el INRA emitan una resolución estableciendo la suspensión de todas las actividades en la propiedad La Luna hasta concluir legalmente con el proceso de saneamiento.
“Este documento será llevado mañana (por hoy) por una comisión mixta en una avioneta a los compañeros que están en la propiedad para que se retiren de forma pacífica”, sostuvo Cortés.
Como segundo aspecto, el prefecto Molina se comprometió a convocar para la próxima semana a la Comisión Agraria Departamental (CAD) para que se discuta el problema de tierra en el departamento.
Por su parte, Cortés indicó que a mediano plazo el gobierno se compromete a la institucionalización del INRA a través de los procedimientos legales. “El mensaje final es que la legalidad y la aplicación de la ley se puede lograr y no es solamente el uso de la fuerza”, dijo el ministro.
Moisés Tórrez y Florencio Orko, dirigentes del MST, coincidieron en que si el gobierno demuestra otra actitud de voluntad se podrían solucionar los problemas de tierra. “Tenemos esperanza de que se demuestre el nuevo manejo administrativo que se está intentando hacer”, dijo.