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Maduro expresó durante un acto realizado en el Banco Central de Venezuela para impulsar el desarrollo del motor minero tener el apoyo de las comunidades indígenas, sin embargo, estos pueblos continúan rechazando el proyecto.
Comunidades indígenas rechazan imposición del Arco Minero del Orinoco
http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/item/48178-comunidades-indigenas-rechazan-imposicion-del-arco-minero-del-orinoco
Tras la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO), el pasado 24 de febrero, se ha generado controversia entre especialistas y la comunidad indígena, ya que en dicho documento el Ejecutivo nacional designa una extensión de tierra de 111.843 kilómetros cuadrados destinada a la explotación de minerales en el estado Bolívar, con el fin de estimular otros sectores productivos en el país, lo cual generaría un impacto socioambiental devastador para el área y sus habitantes.
Pese a las declaraciones de Jorge Arreaza, vicepresidente del Área Social, durante la segunda reunión de la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, en la que destacó la protección e inclusión de la comunidad indígena en la actividad minera, organizaciones indígenas expresaron a través de un comunicado su rechazo ante la explotación del AMO, y además ante la imposición del proyecto en sus tierras.
Consulta previa y libre
Organizaciones indígenas del estado Amazonas, liderado por Orpia, alegan que la promoción de proyectos mineros en el sector atentan las garantías presentes en el capítulo VIII (de los derechos humanos y garantías, y de los deberes de los pueblos indígenas) de la Constitución.
Las comunidades denuncian que la invasión a sus tierras ocasionará que los “modos de vida serían afectados irreversiblemente por la actividad minera”.
Los pueblos víctimas del proyecto en el estado Bolívar son: Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Yekwana, Sanema y Pemón; los cuales se encuentran dentro del territorio del Arco Minero. También sufrirán daño comunidades indígenas cercanas del Amazonas y Delta Amacuro.
Exhortan a las instituciones en el cumplimiento de los estatutos planteados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se reconoce y protege la vida y existencia de los nativos. Así como también “la consulta previa, libre e informativa” con las comunidades.
Representantes indígenas refutan el intento del Gobierno nacional por ocultar el impacto ecológico y la ilegalidad tras el AMO. “La decisión de crear el AMO se realiza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas”, dicta el comunicado, refiriéndose al artículo 129 de la Constitución.
Para el abogado especialista en derecho indígena, politólogo, doctor en Estudios del Desarrollo y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar, hay una “relación directa entre el balance negativo de los derechos indígenas con la aceleración de la política extractivista del Estado”.
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Indígenas se alzan contra abusos militares en zona del Arco Minero
http://www.elcorreodelorinoco.com/indigenas-militares-arco-minero/
Las mafias por la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco causan efectos sobre los indígenas al sur del estado Bolívar. Desde este lunes se mantienen retenidos 15 militares de Luepa en la comunidad Araima Tepuy, a 74 kilómetros del municipio Sifontes, siendo acusados de extorsión.
De acuerdo con el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, los militares prohíben el transporte aéreo de alimentos hacia las zonas indígenas ubicadas en ámbito geográfico del Arco Minero del Orinoco.
Esta vez, lo que terminó por desencadenar la retención de los 15 militares fue la presunta extorsión de la que suelen ser objeto las comunidades indígenas.
Previo a este hecho, se conoció que los efectivos adscritos al Ejército habían tomado posesión de alimentos de otras comunidades, haciendo uso del maltrato y la humillación. Estos alertaron a los habitantes de Araima Tepuy, quienes tomaron acciones, comandadas por una de las líderes de esta comunidad.
Indígenas aseguraron que los uniformados están en perfectas condiciones de salud, siendo atendidos en la Casa Comunal del sector. A su vez, exigen la presencia de autoridades gubernamentales, en especial de los ministros de las áreas Indígenas y del Desarrollo Minero y Ecológico.
No es la primera vez que se da este tipo de situaciones en las zonas mineras del sur de Bolívar. En 2015, 10 militares fueron retenidos por el sector indígena del Alto Caura, municipio Sucre de Bolívar, también cansados de los abusos de los uniformados.
Para 2013, fueron 43 los militares detenidos y desarmados en Urimán. En aquel entonces la exigencia era la nulidad del Decreto 39.759, el cual otorga la exclusividad de la explotación de oro al Estado venezolano, que reserva la explotación del oro al Estado, respeto a las tierras indígenas y desmilitarizar la zona.
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PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS YE’KWANA-SANEMA Y PEMON DE LA CUENCA DEL CAURA SOBRE EL DECRETO NÚMERO
2.248 DEL “ARCO MINERO ORINOCO”
http://ntn24america.com/noticia/pueblos-indigenas-rechazaron-la-mineria-ilegal-y-el-arco-minero-del-orinoco-propuesto-por-maduro-99878
EN EL MARCO DE LA XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN KUYUJANI.
PLAYÓN, 21 AL 24 DE ABRIL DE 2016
Esta carta es elaborada por todas las autoridades legítimas de 49 comunidades Ye´kwana y Sanema participantes a la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, organización de base comunitaria indígena del poder popular ancestral, originario y tradicional de los pueblos antes mencionados, quienes acordamos en plenaria dirigir la presente comunicación en atención a las siguientes consideraciones y en consecuencia solicitar su actuación conforme a las leyes indígenas y de la República Bolivariana de Venezuela. La XX Asamblea General Ordinaria reunida en la fecha 21 a 24 de abril de año 2016 en la comunidad El Playón se pronunció sobre el Decreto del Arco Minero que afecta directamente a las poblaciones de la cuenca del Caura y en especial las comunidades indígenas de los Pueblos Ye´kwana –Sanema y pemon el cual
RECHAZAMOS DEFINITIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARCO MINERO EN NUESTRO TERRITORIOS y HÁBITATS.
En el caso particular del Caura y es de preocuparse los resultados de los estudios científicos del año 2010 y del 2011 reportan el impacto ambiental en nuestro territorio tradicional incluyendo, el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así como bio-acumulación de mercurio en tejido muscular de los principales peces de consumo masivo por parte de nuestras comunidades indígenas, especialmente en niños, niñas y adultos mayores. El resultado de los estudios científicos reportan bio-acumulación de mercurio en tejido humano (cabellos) en miembros de las comunidades indígenas Ye´kwana y Sanema de la cuenca del río Caura. La cuenca del río Caura tiene en su ordenamiento territorial vigente diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) incluyendo el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal El Caura, Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y Zona Protectora Sur del estado Bolívar, los cuales consagran la protección y salvaguarda de los bosques, recursos hídricos, suelos agrícolas y demás recursos de la biodiversidad, regulando para ello el uso y aprovechamiento bajo normas de manejo con fines de desarrollo sustentable de las poblaciones autóctonas, indígenas y de la nación venezolana, prohibiendo taxativamente la actividad minera. Para los pueblos antes mencionados consideramos que el Arco Minero es una violación de nuestro derecho legítimo a la salud y a un territorio seguro, propio y con calidad de vida.
Consideramos incoherente la decisión tomada sobre la política minera dentro de territorios indígenas desestimando los derechos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el año 1999, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el Convenio sobre los Derechos Humanos Universales, en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, en la Ley Ordinaria de Demarcación de Tierras y Hábitats Indígenas y todas las demás leyes, convenios, pactos y tratados debidamente suscritos y ratificados por la República y de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades nacionales civiles y militares sin excepción. Las culturas Ye´kwana y Sanema dependen de los bosques, caños y demás ecosistemas y recursos naturales de la cuenca del río Caura para poder seguir existiendo, y como consecuencia de la actividad de minería ilegal en nuestro territorio se han dado los primeros impactos ambientales y de salud humana que constituyen pasos tempranos de un proceso que a nivel internacional se tipifica como etnogenocidio, el cual estamos a tiempo todavía de evitar. La conservación de los recursos naturales del territorio ancestral son fuente de alimentación y necesidades vitales manejadas desde nuestro origen, los cuales están en grave peligro por la presencia de la minería ilegal y el decreto del arco Minero del Orinoco.
Yaajö Sawedi, nos dijo que cuidáramos a Atukaadoda (hierro), Adeumoiyana
(agua),Enuujukuñamana (aire) como él los cuidó. Las tierra es fundamental para el pueblo Ye´kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural: educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones. Exigimos que en representación de todas las autoridades legítimas de esta XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, debidamente constituida, sea presentada en punto de cuenta ante el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y comunique por vía escrita a las demás autoridades del consejo de ministros y, en especial, al ministro de Defensa y a la Procuraduría General de la República. Es el deseo expreso de esta XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI no al ARCO MINERO SI AL ¡BUEN VIVIR! en los territorios indígenas, solicitamos actuar conforme al marco legal previsto en la Constitución, las leyes, convenios, pactos y tratados de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia exigimos que mediante la presente, el Alto Mando Militar y la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela también cumplan con sus obligaciones según dictan las Leyes.
¡
QUEREMOS SEGUIR EXISTIENDO! ¡EXIGIMOS NUESTRO TERRITORIO PARA SEGUIR VIVIENDO BIEN ¡
¡La vida vale, más que El oro
Centro Indígena Ye’kwana Kuyujani Mai. Av. San Vicente de Paúl con
callejón Los Teques. Barrio Hueco Lindo. Ciudad Bolívar. Edo-Bolívar.Cel. 04167929079, 0416-2460349. E-mail: kuyujani2010@gmail.com
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Pueblos indígenas se oponen a explotación del Arco Minero
6 Agosto, 2016
http://lanacionweb.com/nacional/pueblos-indigenas-se-oponen-a-explotacion-del-arco-minero/
Los pueblos indígenas de Venezuela emitieron un comunicado donde expresan su rechazo al plan del presidente, Nicolás Maduro, para explorar el Arco Minero del Orinoco y explotar sus reservas auríferas.
“La decisión se hace incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades propensas a generar daños a los ecosistemas (artículo 129), así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 7 del Convenio169 de la Organización Internacional del Trabajo)”, se lee en el comunicado.
Las organizaciones relacionadas con las etnias explicaron que en el territorio decretado como Arco Minero del Orinoco en el estado Bolívar habitan los pueblos Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Yekuana, Sanemá y Pemón, cuyos modos de vida serían perturbados irreversiblemente por la actividad minera.
“No puede continuar promoviéndose este proyecto sin cumplir los requisitos constitucionales”, manifiesta el texto.
El mandatario nacional expresó durante un acto realizado en el Banco Central de Venezuela para impulsar el desarrollo del motor minero tener el apoyo de las comunidades indígenas, sin embargo, estos pueblos continúan rechazando el proyecto.